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INVERECUNDO Y CONTUMAZ ENCUBRIDOR VA DE CANDIDATO A PRESIDENCIA MUNDIAL DE LA INTERPOL

EL PASADO QUE INCOMODA AL DIRECTOR
DE LA POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

Por Mónica González y Cristóbal Peña, www.ciperchile.cl, 23 Mayo, 2008.

Arturo Herrera desarrolló casi la mitad de su carrera policial en dictadura. Primero trabajó en Policía Internacional y fue escolta y ayudante del general Ernesto Baeza, quien dirigió Investigaciones hasta 1980 y prestó estrecha colaboración a las actividades de la DINA en el exterior.

Después se transformó en uno de los hombres de mayor confianza del general Fernando Paredes, sucesor de Baeza y promotor de una férrea política represiva en la institución. Fue Paredes quien le enseñó a jugar golf y le confió el cuartel Papudo, creado con el propósito de cautelar y atender los descansos del antiguo director en ese balneario. Dos décadas después, el pasado sigue presente en el mando del actual jefe de la policía civil.

A juzgar por su currículo laboral, la carrera que realmente importa de Arturo Herrera Verdugo parece haber arrancado recién a comienzos de los '90. Desde entonces sus actividades aparecen perfectamente detalladas en el portal institucional, año por año, misión por misión.

De los años previos al retorno de la democracia, el director de la Policía de Investigaciones consigna únicamente que ingresó a la institución en marzo de 1971, con 19 años, y que a partir de entonces, sin señalar fechas ni funciones específicas, "ha servido en diferentes zonas del país y en importantes reparticiones policiales, tales como: Extranjería, Inteligencia, Homicidios, Dirección General, entre otras".

Con casi 37 años de servicio, cinco y medio de los cuales ha dirigido a la Policía civil, la trayectoria de Herrera Verdugo tiene bastantes más claroscuros y matices de los oficiales y de los que sugirió hace una semana el Presidente venezolano. 

Basándose en lo que calificó como simple información disponible en Internet, Hugo Chávez acusó al jefe de la policía chilena de estar involucrado en la operación "Retiro de Televisores", ordenada por Pinochet en 1979 después del descubrimiento un año antes de los cuerpos de desaparecidos enterrados en los hornos de Lonquén. La operación estaba destinada a exhumar los restos de ejecutados políticos en todo el país para lanzarlos al mar y así borrar toda huella de sus asesinatos.

Chávez aludió a la supuesta intervención que habría tenido Herrera para beneficiar en 2005 al entonces jefe de la II división de Ejército y juez militar de Santiago, general Miguel Trincado Araneda, quien en un informe de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos de Investigaciones fue señalado como el responsable de la exhumación ilegal de 26 de los cadáveres de los desaparecidos de Calama, enterrados secretamente en 1973. El hecho trascendió a la opinión pública y provocó el retiro obligado del general Trincado.

Lo que está claro es que, a partir del golpe de Estado, recién egresado de la Escuela de Investigaciones, el actual jefe de la policía civil desarrolló una carrera silenciosa y de bajo perfil, ligada directamente a los dos generales de Ejército que encabezaron la institución bajo el régimen militar.

En un principio fue escolta y ayudante del general (r) Ernesto Baeza, y a contar de 1981, cuando éste debió entregar el mando por el asesinato del estudiante de periodismo José Eduardo Jara a manos de un comando de detectives (Comando de Vengadores de Mártires, COVEMA), se convirtió en ayudante y hombre de confianza del general (r) Fernando Paredes. Ambas administraciones estuvieron marcadas por acusaciones de torturas, asesinatos y obstrucción a la justicia en casos de derechos humanos.

Pese a haber desarrollado casi la mitad de su carrera en dictadura, ninguna de esas funciones se consigna en la trayectoria del hombre que hoy ostenta la jefatura interina de Interpol y que aspira a ser confirmado definitivamente en el cargo en la elección que se llevará a cabo en octubre de este año en San Petersburgo, Rusia.

La amenaza de Iturriaga

Ahora fue Hugo Chávez quien reactivó la curiosidad por el pasado de Herrera. Pero hace un año, cuando el ex jefe del Departamento Exterior de la DINA, general (r) Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, se dio a la fuga para evitar ingresar a la cárcel y cumplir una condena a 5 años por el secuestro del estudiante Luis San Martín, aún desaparecido, detectives antiguos –activos y en retiro- recordaron con preocupación la relación del prófugo con el actual director de Investigaciones.

Una relación que el propio Iturriaga Neumann se encargó de recordar 52 días después de darse a la fuga. Al ser detenido en Viña del Mar por un grupo de detectives, el retirado militar comentó a sus captores: "Yo conozco bien a su jefe".  Iturriaga Neumann se refería a una relación surgida tres décadas atrás cuando poco después del golpe de Estado, y siendo ya un alto oficial de la DINA, comenzó a viajar al extranjero en misiones de terrorismo internacional. Muchas veces lo hizo con Michael Townley, como quedó acreditado en el juicio por el asesinato del general Prats. Y en múltiples oportunidades lo hizo con pasaporte falso, identidades que también quedaron registradas en su prontuario.

También quedó consignado el modus operandi que utilizaba Iturriaga, que ya dirigía el Departamento Exterior de la DINA, tanto para sus viajes como para el de los agentes que enviaba al exterior con distintas misiones.

"Gigio (sobrenombre de Iturriaga) llamaba por teléfono a la dirección general de Investigaciones y partía con su gente al aeropuerto. Allá ya todo estaba arreglado. A medida que los viajes se hicieron más frecuentes, los policías del aeropuerto ya nos conocían", dijo Michael Townley en una de sus declaraciones.

Fue entonces que el joven Arturo Herrera, destinado a Policía Internacional desde 1973, comenzó a familiarizarse con Iturriaga y los desplazamientos de los agentes de la DINA así como con las detenciones practicadas en el mismo terminal internacional y de las cuales no quedaba registro.

Puesto de confianza

A juzgar por cómo continuó su carrera el joven Arturo Herrera, su desempeño en el Departamento de Extranjería a principios de la dictadura debe haber sido óptimo. Porque en 1976 fue promovido a un puesto de absoluta confianza: al gabinete del director de Investigaciones de la época, general de Ejército Ernesto Baeza Michaelsen.

Fue un año después de que la DINA echara a andar la Operación Cóndor, la coordinación con los servicios represivos de las dictaduras del Cono Sur para la eliminación de opositores. También, el momento en que Manuel Contreras incrementó el despliegue de sus agentes por distintos países, ya sea para el seguimiento de opositores o para su eliminación, como ocurrió con el asesinato de Orlando Letelier en Washington, en septiembre de 1976.

De allí que surgiera como una necesidad prioritaria para el Departamento Exterior de la DINA una estrecha coordinación con Investigaciones para que sus agentes no fueran interceptados ni retenidos al salir o entrar del aeropuerto con identidades falsas. También, para que no quedara huella de sus pasos.

En 1976, en la fase operativa más importante de la DINA, Manuel Contreras escogió a uno de sus oficiales de elite para la función de enlace con la dirección de Investigaciones: Raúl Eduardo Iturriaga Neumann. El mismo oficial procesado como autor del asesinato del general Carlos Prats en Buenos Aires y por la desaparición de 119 chilenos detenidos en Chile y hechos aparecer como asesinados por sus propios compañeros en el extranjero, entre otros.

Iturriaga, oficial formado en la Escuela de las Américas, era la mejor carta: estaba casado con Mireya, la hija regalona del general Baeza, director de Investigaciones. Una de sus funciones mas delicadas la cumplió entre enero y abril de 1978, cuando Estados Unidos pidió la extradición de Michael Townley por su implicancia en el crimen de Orlando Letelier, y Manuel Contreras se resistía a entregarlo. Iturriaga era amigo de Townley y obtuvo la ayuda de Investigaciones para esconderlo y ayudarlo hasta que finalmente, en abril de 1978, ya no pudo evitar su expulsión.

En muchas oportunidades su interlocutor en el gabinete de Baeza fue Arturo Herrera.


Ayudante del general Paredes

El actual jefe de la policía chilena no asistió a la caída del general Baeza. En 1978, dos años antes de que éste fuera arrastrado por la muerte del estudiante José Eduardo Jara, Herrera fue destinado a la comisaría de Las Condes. Fue una destinación feliz. Allá conoció a quienes se convertirían en dos de sus principales amigos y hombres de confianza: Luis Alarcón y Rafael Castillo.

El primero es hoy subdirector Administrativo de Investigaciones y tercero en la línea de mando; el segundo fue hasta el año pasado jefe de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos. Lo ocurrido con el general Trincado terminó con la amistad entre ambos policías, que llegarían a tener una relación de compadrazgo y destinos encontrados: a Castillo le corresponderá investigar un caso en que Herrera se vería involucrado de manera indirecta a principios de los '80, cuando estando en la Brigada de Homicidios fue llamado nuevamente al centro del poder de la policía civil como ayudante del general de Ejército Fernando Paredes, sucesor de Baeza en la dirección de Investigaciones.

Durante el desarrollo de la última etapa en la investigación judicial del crimen del líder sindical Tucapel Jiménez, asesinado por un comando CNI-DINE en febrero de 1982, quedó en evidencia –con pruebas documentales- la estrecha colaboración y coordinación entre la Policía de Investigaciones, la CNI, la DINE y el equipo antisubversivo del régimen militar encabezado por el fiscal Fernando Torres Silva en lo que se llamó la "Comunidad de Inteligencia". Una acción enfocada tanto a la obstaculización de la acción de la justicia en los procesos sobre asesinatos y tortura de opositores como para acciones represivas.

En una maniobra claramente ilícita –sancionada en el artículo 246 del Código Penal-, el entonces director de Investigaciones informaba a sus pares, antes que al juez que llevaba la causa, de los resultados de las diligencias que obtenían los detectives asignados a la investigación como también de las pruebas que aportaba la parte querellante.

La acción buscaba impedir a como diera lugar que la investigación avanzara en la identificación de los verdaderos autores del crimen de Jiménez así como del asesinato del carpintero Juan Alegría, ideado y perpetrado por agentes de la DINE para intentar sepultar sus huellas a través de una supuesta carta póstuma en donde Alegría se declaraba culpable del crimen de Jiménez.

En una de esas minutas "confidenciales" que la investigación judicial de los '90 pudo recuperar, enviada desde la ayudantía del despacho del director Paredes, donde actuaba Arturo Herrera, se adjuntan dos retratos hablados de los asesinos y fotografías de la huella dactilar revelada en la parte interna de la aletilla de una puerta del automóvil de Jiménez y reloj marca Jaeger Le–Coultre, sustraído a la víctima e identificado con el Nº 882747.

La minuta, así como otras similares incluidas en el expediente por el crimen de Tucapel Jiménez (foja 333 del Tomo VI), va dirigida a todos los jefes de la que llamaron "Comunidad de Inteligencia", integrada entonces por el general Humberto Gordon, director de la CNI; el general Arturo Alvarez Scoglia, director de Inteligencia del Ejército; el vice-Almirante Ronald Mac-Intyre, jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional; el general Vicente Rodríguez, director de Inteligencia de la Fuerza Aérea; el general Mario Mac-Kay, subdirector de Carabineros, y el comandante Raúl Monsalve, director del Servicio de Inteligencia Naval.

Los mismos antecedentes fueron entregados mucho después al juez que instruía la causa, Sergio Valenzuela Patiño, en un parte oficial fechado el 12 de abril de 1984. La investigación judicial reveló también la llamada "Operación Prueba", para el conocimiento de todos los elementos del proceso, lo que incluyó seguimientos al ministro en visita extraordinaria, intervención de sus teléfonos y acceso permanente al expediente.

El ilícito en que incurrió Paredes como quienes lo ayudaron en el envío de esos antecedentes a quienes aparecían como sospechosos del crimen no fue sancionado en virtud de la prescripción.  La misma estrecha colaboración operativa y de obstaculización a la justicia entre Investigaciones y la CNI quedó demostrada en el juicio por el asesinato de 12 personas en la llamada "Operación Albania".

La buena vida en Papudo

La función de ayudante del director era motivo de envidia al interior de la institución. Aparte de comodidades y estatus con que contaban los asistentes de Paredes, éstos no habituaban cumplir turnos ni tareas operativas. Para los tiempos que se vivían, intensos en materia de lucha antisubversiva, no era poca cosa. Pero si Herrera ya podía sentirse afortunado, a mediados de los '80, después de su paso por la Jefatura de Inteligencia Policial, recibió una designación que significó un premio aún mayor, además de una muestra de confianza excepcional. Paredes le confió la jefatura del nuevo cuartel policial de Papudo.

Según coinciden diversas fuentes, el cuartel de Papudo fue abierto por Paredes por una razón muy personal. Aparte de que su hermano Julio era alcalde designado del balneario, el propio director de la policía civil tenía una casa de descanso en ese lugar. De hecho, el cuartel fue levantado frente a la casa de Fernando Paredes, quien al tiempo de la apertura del cuartel gestionó la construcción de cabañas para el descanso del personal.

En Papudo había poco y nada que hacer en materia estrictamente policial. De acuerdo con las mismas fuentes, la tarea de Herrera y la decena de hombres asignados al cuartel –sin contar cocineros y jardineros- consistía en cuidar y mantener la casa del jefe policial, además de atenderlo en sus habituales visitas de fin de semana.

En esos días era común que Paredes coincidiera en Papudo con el jefe de la Brigada Investigadora de Asaltos, Sergio 'Chueco' Oviedo, que tenía familiares en la zona y una panadería de nombre "Su Majestad", y con el comandante del cuartel Borgoño de la CNI, Álvaro Corbalán, visitante frecuente del club de yates del lugar.

Fue en Papudo que Arturo Herrera cultivó amistad con Fernando Paredes, la que se mantiene hasta hoy. Las visitas familiares entre ambos aún son frecuentes. Es probable que Herrera no olvide que quien le enseñó a jugar golf fue el propio Paredes, un deporte que le abrió las puertas de Cachagua y que le ha permitido practicarlo con empresarios y celebridades como el padre del 'Chino' Ríos.

La vuelta de mano no se hizo esperar. Herrera fue el primer jefe de Investigaciones designado en democracia que facilitó el retorno del ex general a los actos oficiales de la institución. Atendiendo a sus oscuros antecedentes –que se arrastran desde que estuvo al mando de la Escuela de Caballería de Quillota en 1973, donde ocurrieron ejecuciones políticas-, tanto Horacio Toro como Nelson Mery prefirieron apartarlo del protocolo institucional.

Hubo un segundo gesto de Herrera hacia Paredes. En febrero del año pasado el actual jefe policial reabrió el cuartel de Papudo, que había sido cerrado en la administración de Toro.

En la decisión pudo haber influido un hecho personal: tras su designación, Herrera compró un departamento en Papudo que aún conserva.

El manto de la Masonería

Tras el fin del gobierno militar, Arturo Herrera ascendió en una carrera académica sin sobresaltos. A fines de los '80, como vivía en La Florida e ingresó al Instituto Superior para optar al grado de subprefecto, fue destinado en media jornada a la comisaría de esa comuna. Después seguiría en cargos académicos hasta que, en 1997, fue designado director de la Escuela de Investigaciones y tres años después quedó al frente de la Academia Superior de Estudios Policiales, ASEPOL. Ambas designaciones fueron interpretadas como una jugada que Nelson Mery, ex director de la policía, ejecutó para preparar el ascenso de su sucesor a la dirección, lo que obligó al retiro de los siete mandos que lo antecedían. Ambos compartían filiación en la Masonería.

Arturo Herrera pertenece a la Logia "Lealtad Nª 156″. Fue allí donde hizo amistad con el abogado Andrés de la Maza, esposo de la ministra Gloria Ana Chevesich, fallecido en 2004. Una relación que le provocó más de un llamado de atención desde La Moneda en tiempos de Ricardo Lagos, cuando se supo de reuniones que ambos sostenían en el momento más álgido del proceso por las irregularidades en el ministerio de Obras Públicas.

Cuando Herrera llegaba a la reunión del grupo en la casa de la Masonería de calle Marcoleta, dejaba sus presillas y reconocía el liderazgo de Andrés de la Maza. El ex esposo de la jueza Chevesich ostentaba el grado de maestro y era secretario de la Logia.

La masonería ha seguido gravitando en el alto mando de Investigaciones. Los dos subdirectores de la institución, René Castellón y Luis Alarcón Adrián (segundo y tercero en el mando) son también masones. Pero no solo comparten ese lazo férreo y secreto. También una historia en común.

Castellón perteneció a la Brigada Especial, la fuerza de elite que Fernando Paredes creó en 1982 para combatir la "amenaza subversiva" y cuidar de la seguridad personal del director y su familia. En esos mismos años duros Alarcón formó parte de la Brigada Investigadora de Asaltos, BIA, la otra fuerza creada para ayudar al combate a la subversión, en estrecho contacto con la CNI. Desde entonces Alarcón es cercano al 'Chueco' Oviedo, ex jefe de la BIA a quien le DEA acusó de tráfico de cocaína, lo que no fue impedimento para que llegara al tercer mando de la institución en democracia.

Puede que su antigua amistad con Herrera, iniciada en la Comisaría de Las Condes en 1978, justifique el meteórico ascenso de Alarcón. Apenas Herrera llegó la dirección de Investigaciones, lo nombró jefe de gabinete. De allí pasó a la jefatura nacional de Inteligencia y luego a inspector general. Hoy es subdirector administrativo y controla un área tan sensible como las finanzas de Investigaciones. Y todo eso en cinco años.

Las complicidades por el pasado no terminan ahí en el alto mando policial. La cuarta antigüedad, Óscar Gutiérrez, jefe de la Región Policial Metropolitana, integró también la Brigada Especial de Paredes. Lo mismo ocurre con el actual jefe de Inteligencia, prefecto inspector Héctor Puga, quien ha permanecido gran parte de su carrera en esta área, pasando sin contratiempos desde la dictadura a la democracia.

Y en el estratégico cargo de Jefe Nacional de Comunicaciones figura el prefecto Carlos González, quien fuera uno de los escoltas favoritos del general Fernando Paredes.

La influencia de este grupo en el mando es el que ha posibilitado que uno de los detectives vinculado al asesinato del estudiante de Periodismo Eduardo Jara a manos del Covema, José Marchant, sea hoy instructor del curso especial que creó Arturo Herrera para alumnos que teniendo una carrera profesional han optado por insertarse como oficiales de la policía.
Todo eso es pasado. Para Herrera, que a los 57 años se acerca al fin de su mando, lo único que importa es la elección de presidente de la INTERPOL. Cinco meses lo separan de la meta.

Arturo Herrera y los derechos humanos

Desde sus primeros pasos en la dirección de la Escuela de Investigaciones, Herrera decidió dictar clases de Ética y también de Derechos Humanos, cursos que sigue impartiendo hasta hoy. Su decisión respecto del segundo curso causó extrañeza entre quienes lo conocen bien. Y es que el caballo de batalla de Herrera ha sido siempre la modernización, en una línea de acción que implicó, desde que asumió la dirección de Investigaciones el 2 de octubre de 2003, reducir a su mínima expresión la dotación y los recursos destinados a terminar las investigaciones judiciales de los crímenes cometidos en dictadura.

Si bien la tarea había sido acotada por su antecesor Nelson Mery a un pequeño equipo de excelencia, su decisión significó desarmar al equipo policial con la mayor experiencia, conocimiento y rigurosidad alcanzado por un país del Cono Sur en la materia una vez terminadas las dictaduras. Y lo hizo en la fase más delicada del proceso, el momento en que los ministros con dedicación exclusiva a juicios de derechos humanos asumían el fin de sus investigaciones para determinar con exactitud cómo ocurrió el secuestro de la víctima, su ejecución y el paradero de restos de desaparecidos así como de los responsables de cada una de esas etapas y de su exhumación ilegal.

Era la etapa final, la de la preparación del cierre de los juicios para dictar los procesamientos. Y en el medio, al menos cuatro juicios en pleno desarrollo y con consecuencias relevantes para los institutos armados y para el país.

Esa fue la situación que debieron asumir el ministro Víctor Montiglio, quien lleva el juicio por el secuestro y desaparición de la dirección del Partido Comunista desde la casa de calle Conferencia; el ministro Claudio Pavez, que investigaba la muerte del ex coronel de la DINA, Gerardo Huber, implicado en el hasta ahora no aclarado enriquecimiento ilícito de oficiales de Ejército por la venta de armas al exterior, entre los que se cuenta el tráfico de armas a Croacia; el ministro Alejandro Madrid, con el juicio por el secuestro y muerte del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos, y los cinco procesos laterales por asesinato de chilenos con utilización de armas químicas, lo que incluye la investigación de la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva; y el proceso que sigue en Valparaíso la jueza Eliana Quezada por el asesinato del sacerdote Michael Woodward, que por primera vez llevó a prisión a altos oficiales en retiro de la Armada.

La preocupación de Herrera por el desarrollo del juicio en Valparaíso, que constató judicialmente que en el buque escuela Esmeralda efectivamente se torturó, lo que durante 34 años había negado la Armada, podría adjudicarse a la incorporación de su hijo a la Escuela Naval. No así su actitud respecto a la investigación de la verdadera causal de muerte de Frei Montalva.

Este último puede que sea el caso más controversial de todos para la seguridad nacional del país. Y ello, porque además de tener como meta dilucidar si efectivamente se utilizaron armas químicas para provocar su muerte, la investigación del ministro Madrid está develando que durante la dictadura Chile fabricó armas químicas, las vendió al extranjero y urge saber su paradero actual. Fue el propio Pinochet quien firmó un tratado internacional por el cual se comprometió a no fabricar esas armas prohibidas por la ONU.

Aún así, el equipo que trabajaba en el caso se vio reducido a su mínima expresión. Y fue el propio senador Eduardo Frei quien debió apelar a su cooperación en entrevista personal para que las pesquisas no se debilitaran. Cuando el ministro Alejandro Madrid pidió a Uruguay la extradición de los tres militares de ese país vinculados al secuestro y muerte de Berríos, Herrera no ocultó entre su grupo más cercano su rechazo a la decisión del juez y su escepticismo. Y cuando finalmente la Corte Suprema uruguaya aprobó las extradiciones, ocurrió un hecho insólito: Arturo Herrera coordinó directamente con el Ejército el traslado y llegada de los inculpados, pasando por alto al ministro Madrid, quien se enteró por la prensa que los tres uruguayos ya estaban en Chile.

Un segundo hecho cuestionable ocurrió poco después de que el estudio jurídico en el que trabaja el abogado Carlos Castro Vargas asumiera la defensa de los militares uruguayos en la Causa 7.981 del 6º Juzgado del Crimen. Nadie hasta hoy ha representado la incongruencia de que el abogado Castro, contratado por Herrera como asesor jurídico personal e institucional, además de hacer clases en la Escuela Policial, defienda a los tres militares uruguayos procesados por el secuestro y muerte de Eugenio Berríos y cuya complicidad con los mandos de Pinochet en la Operación Cóndor y otras materias de seguridad nacional está comprobada.

De La Florida a Los Dominicos

Poco después asumir la dirección de Investigaciones, Arturo Herrera abandonó su casa de los últimos años en La Florida para trasladarse al barrio alto de Santiago. Lo natural habría sido que habitara la casa institucional en calle Juan de Austria, en Las Condes, la misma que ocupó Nelson Mery durante su gestión. Pero no fue así. El nuevo director prefirió arrendar a costa de la institución una amplia propiedad en Camino del Alba, en Los Dominicos, la que tiene el estatus de cuartel. A lo anterior se sumó la adquisición de dos vehículos institucionales por $ 150 millones. La compra de fines de 2005 fue objetada por Contraloría al no contar con la toma de razón.

No ha sido el único problema que ha tenido el director general de Investigaciones con los autos institucionales.

El menor de sus hijos, el cadete naval Arturo Herrera Riveros, quien practica motocross, chocó una camioneta nueva del cuartel de Lo Barnechea, la cual le fue facilitada para que trasladara su moto de competencia. El director de la policía pagó de su cuenta personal los daños del vehículo fiscal. Herrera Riveros es uno de los cuatro hijos que tiene el director de la policía civil. Su hija menor siguió sus pasos y hoy es subcomisaria en la XI Región.
 

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COMUNICADO

El Comité Memoria y Justicia de Ginebra critica la postulación de un policía chileno, ex-funcionario del régimen de Pinochet, a la Presidencia de INTERPOL

Ante la candidatura al puesto de Presidente de Interpol del señor Arturo Herrera Verdugo, actual Director de la Policía de Investigaciones de Chile, quien ocupa actualmente el cargo de Vicepresidente del Comité Ejecutivo de Interpol, el Comité Memoria y Justicia de Ginebra declara:

Nuestra asociación se hace eco del repudio que esta candidatura ha provocado en muchos medios Chile y en el extranjero. Compartimos la opinión de muchos medios, de que dicho funcionario no da las garantías necesarias, desde el punto de vista de su compromiso con los Derechos Humanos.

El funcionario Herrera Verdugo ha tenido participación directa en el encubrimiento de una situación de violación de derechos humanos (caso del general Trincado), para sustraerlo a la acción de los Tribunales. Asimismo, ha tenido un rol activo en el desmantelamiento del Dpto. Quinto de Investigaciones (Derechos Humanos), alejando a funcionarios meritorios cuyo compromiso en la investigación de casos de asesinatos y desapariciones durante la dictadura ha permitido a la Justicia avanzar.

Nos parece grave que el Gobierno de Chile promueva la candidatura de un funcionario (Herrera Verdugo) cuya conducta aparece poco afín con lo que se espera de un Estado que ha sido admitido recientemente en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Esperamos que el Gobierno de Chile haya tomado en cuenta los problemas que le puede acarrear un nombramiento en tales condiciones.

Por otra parte, la historia de Interpol nos muestra que este organismo ha sido, en algunos períodos recientes, dirigido por personeros de ideología contraria a los derechos humanos. Entre sus Presidentes encontramos a los jerarcas nazis: Heydrich (1938-1940), Nebe (1940-1942), y Kaltenbrunner (1942-1943). No está en nuestro ánimo comparar al Sr. Herrera con dichos criminales, pero cualquiera puede comprender que se trata de un contexto delicado, en el cual no sería conveniente, ni para Chile ni para la Interpol, que un Directivo suscitara dudas respecto de su probidad en el campo de los Derechos Humanos.

Nuestra Asociación ha dirigido una carta a los representantes de todas las Misiones diplomáticas acreditadas ante Naciones Unidas en Ginebra, informándolos de nuestra posición frente a esta postulación.

Al mismo tiempo, pedimos al Gobierno de Chile que se anule la candidatura de este funcionario policial, como manera de mostrar que Chile no transige con la imagen internacional de sus representantes, sobre este punto. Esperamos que el Gobierno redoble su vigilancia, para evitar las bochornosas situaciones que se producen cada cierto tiempo, en que representantes de Chile son cuestionados por sus implicaciones en casos de violación de los derechos humanos.
 
Ginebra (Suiza) 30 de septiembre de 2008

 

UN ARTÍCULO SOBRE LOS INVERECUNDOS SENADORES DE CHILE

Las acciones y sociedades que los senadores no declararon. Hace poco más de cuatro meses CIPER publicó las declaraciones de patrimonio de los miembros de la Cámara Alta, ya que pese a ser públicas, su acceso sólo era posible viajando a Valparaíso y copiándolas a mano.

 

Recién ahora, el Senado anunció que este mes pondrá en su web dichos documentos, después de que permanecieran dos años archivados en la secretaría de la corporación. Investigamos exhaustivamente las declaraciones de patrimonio y de intereses: descubrimos no sólo que la información que se exige en ambos documentos es insuficiente para fiscalizar posible enriquecimiento ilícito, o ejercicio del cargo en beneficio propio. Además, varios senadores no incluyeron todas sus inversiones y sociedades: al menos 13 de los 38 están en esta situación, y otros 11 no respondieron las consultas sobre inconsistencias en sus declaraciones. Y para los que omitieron información en la declaración de intereses, no hay sanción. Por Pedro Ramírez y Juan Pablo Figueroa.

 
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05/10/2008 19:41 inverecundos Enlace permanente. Los otros inverecundos No hay comentarios. Comentar.


INVERECUNDOS Y PREPOTENTES LOS DEFENSORES DE LOS GENOCIDAS DE LA ARMADA

DECLARACIÓN PÚBLICA

 Fuente: El Trabajo nº 209

Hoy 29 de septiembre de 2008, en el contexto de la querella por el secuestro del sacerdote Miguel Woodward, se presentó en la Corte de Apelaciones de Valparaíso una apelación, de parte del procesado capitán de navío(r) Luis Holley de la Maza, sobre la negación de la jueza Eliana Quezada a concederle libertad bajo fianza.

La Corte resolvió mantener la negación de libertad bajo fianza.

En la Corte se hicieron presentes un gran número de personas, muchos de los cuales son parte de la "familia naval" en retiro. Por si solo esto no tiene nada de malo, pues hay libertad de estar presente en los alegatos.

Lo que denunciamos es la actitud matonesca de estas personas que, primero, apostadas cerca de la entrada de la sala del tribunal, impidieron el ingreso tranquilo tanto de la familia de Miguel Woodward como de los integrante del grupo "Amigos de Miguel". Gendarmería dispuso entonces que entrase en primer lugar la familia de Miguel, a saber, Patricia Woodward y Fred Bennetts, pero esto se hizo en una especie de "callejón Chino" formado por los marinos jubilados.

Luego, cerraron el paso violentamente a los acompañantes de la familia. En esta encerrona captamos cómo una mujer, vestida de chaqueta roja, LANZABA UNA PATADA A PATRICIA. Esto estaba totalmente planificado, por la forma coordinada de tratar de hacer daño. Por suerte, no logró su objetivo. Al mismo tiempo, estos marinos cerraban nuestro paso, nos insultaban ("roto", "ordinarios","pagados", etc.).

Después de los alegatos uno de nuestros abogados fue verbal y duramente agredido por "damas bien vestidas": esto fue detectado por un gendarme, el cual intervino para que ellas se alejaran del abogado.

Hacemos un llamado a todos los actores, tanto judiciales como de gobierno, a estar atentos y a tomar medidas, respecto a estas muestras de violencia de parte de grupos organizados que en su mayoría son marinos "retirados" que han avalado los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado golpista de Chile.

La violencia de estos matones jubilados de la marina de Chile no nos hará retroceder en la búsqueda de la verdad de lo que le pasó a Miguel Woodward y a todos las victimas de la dictadura militar en chile.

Amigos de Miguel Woodward

29 de septiembre de 2008

07/10/2008 01:29 inverecundos Enlace permanente. Defensores de inverecundos No hay comentarios. Comentar.

INVERECUNDO GENERAL ORTEGA, JEFE DEL DINE

Ricardo Ortega, jefe de inteligencia del Ejército, cuestionado en causa de DDHH

El secreto más oscuro del general

En pocos días más se determinará el alto mando del Ejército. El actual jefe del DINE, que es la quinta antigüedad, hoy se encuentra complicado en el caso por la desaparición de cinco militantes del FPMR en 1987, tras el secuestro del coronel Carlos Carreño. Él mismo admitió su participación en el secuestro de la frentista Karin Eitel, torturada en medio de la compleja operación que involucró a la CNI y a la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército.

 

Por Luis Narváez y Javier Rebolledo / La Nación.cl

Corría recién el primer día de septiembre de 1987 y unos cinco mil agentes de seguridad de la dictadura militar recorrían frenéticos las calles de Santiago y los principales pasos fronterizos. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez parecía haber asestado un golpe de nocaut al corazón mismo del régimen con el secuestro del gerente comercial de FAMAE, el coronel Carlos Carreño Barrera, un personaje entonces desconocido para la opinión pública pero de alta importancia estratégica, pues conocía los antecedentes de la fabricación de armas secretas y de una serie de negocios que involucraban al mismísimo Augusto Pinochet.

Sólo un pequeño grupo, sin embargo, estaba al tanto de cuál era la acción más terrorista que los servicios de seguridad habían urdido para responder al desafío planteado por el grupo subversivo: secuestrar a cinco militantes del Frente, para tener una carta con la que extorsionar al grupo que mantenía cautivo al hombre de FAMAE. Entre los que conocían el plan estaba un pequeño y robusto mayor de Ejército.

Ricardo Ortega Prado tenía 34 años cuando era jefe del G4, un secretísimo comando del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) encargado de vigilar la actividad subversiva en las poblaciones de todas las comunas de la Región Metropolitana. Por ello, cuando desde las direcciones conjuntas de la Dirección de Inteligencia Militar (DINE) y la CNI les ordenaron elaborar un listado con los cinco nombres, el trabajo fue hecho con la máxima rapidez. Según antecedentes de la causa que sigue el ministro Mario Carroza, y que busca esclarecer la suerte de los militantes del Frente Manuel Rodríguez, Ortega habría ayudado a elaborar el fatal listado de nombres de los cinco jóvenes, que hasta el día de hoy siguen desaparecidos.

Con la misma prestancia con que se pidió esta misión, Ortega y su G4 tampoco demoraron en dar con una mujer que se convertiría en rostro emblemático de la represión en el tramo final de la dictadura. Tras varias llamadas a la familia de Carreño, realizadas desde un teléfono público, el G4 pudo dar con la información necesaria para que la CNI detuviera, y posteriormente torturara salvajemente, a Karin Eitel, quien hacía de nexo entre los secuestradores y la familia del militar.

Hoy, el general Ortega es la quinta antigüedad de la institución castrense, y en los próximos días se jugará su continuidad como general de división. También ejerce como director de la DINE, la misma repartición que estuvo involucrada en los secuestros y desapariciones forzadas de los frentistas Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola, Julián Peña Maltés y Alejandro Pinochet Arenas, todos detenidos entre el 9 y 11 de septiembre de 1987.

El hombre de los secretos

El general Ortega dirige la DINE desde una oficina discretamente ubicada en un edificio del Paseo Bulnes. Por sus manos pasa la información más sensible que los servicios de inteligencia puedan recoger acerca de las amenazas contra la integridad territorial del país. La defensa nacional se rige, en gran medida, por toda la información que esta unidad castrense recaba y analiza para mantener al día el estado de los potenciales enemigos y los riesgos de la seguridad nacional. Todos los datos son prolijamente registrados y transformado en material de análisis que puede ser utilizado en cualquier momento en caso de ser necesario.

La oficina de Ortega, en un séptimo piso, funciona día y noche con iluminación artificial. Las persianas están invariablemente cerradas. Además, tiene un vidrio doble, con unos minúsculos parlantes que emiten música entre ambos cristales durante las 24 horas del día. Es una forma de bloquear cualquier equipo de intercepción auditiva que pretenda escuchar los innumerables secretos que este hombre maneja.

Esa es la relevancia del cargo que Ortega tiene y que le fue encomendado en 2006, cuando fue ascendido a grado de general y se le designó como jefe de Inteligencia. Sin embargo, pese al poder que le da la información que maneja, el panorama se le avecina complejo. Tanto los superiores jerárquicos de Ortega en 1987 como uno de sus subalternos se encuentran sometidos a proceso como coautores de secuestro calificado. Y si el ex jefe del G4 aún no cae se debe en buena parte a dos factores: los cambios de versión de algunos de los procesados que lo involucraban y el hecho de que el juez Carroza aún no decide interrogarlo en calidad de inculpado (exhortado a decir la verdad), el paso previo para someterle a proceso.

Ortega se juega muchas cosas en los próximos meses, entre esas, su continuidad en la institución o su llamado a retiro. El 29 de octubre se llevará a cabo la junta de generales, desde donde saldrá la propuesta para el alto mando de 2009 que será luego sometida a la aprobación de la Presidenta Michelle Bachelet. Todo indica que el tranco firme con que avanza la investigación depara más sorpresas y que, por lo mismo, el actual director de Inteligencia del Ejército podría tener que dejar las filas de la institución para enfrentar, ya retirado, el escenario judicial.

Avances en el proceso

La investigación que ha desarrollado la justicia en el caso de los últimos desaparecidos de la dictadura es casi tan notable como la labor que llevó a cabo el ministro Sergio Muñoz cuando aclaró el crimen de Tucapel Jiménez. El dato más significativo es que, cuando se pensaba que todo era responsabilidad de la CNI, las pesquisas del juez lograron descubrir que en el múltiple crimen ocurrido en las postrimerías de 1987 también había cabido un papel fundamental a la DINE y a su brazo operativo, el Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE).

Por ello es que primero fueron encarcelados los agentes de la CNI, encabezados por su director a la época, el general (R) Hugo Salas Wenzel, los mayores Álvaro Corbalán y

Krantz Bauer, y los ex agentes Víctor Ruiz Montoya, Arturo Sanhueza, Luis Santibáñez, Manuel Morales, César Acuña y René Valdovinos.

La sorpresa llegó cuando se procesó al entonces vicecomandante en jefe del Ejército y más tarde senador designado Santiago Sinclair, junto con quienes eran en ese momento los jefes de la DINE, el general (R) Hugo Prado, y del BIE, el coronel en servicio activo Marcos Bustos.

Es este último quien ha estado a punto de sellar la suerte de Ricardo Ortega y es en él en quien se concentran las indagaciones del juez. ¿Por que? Bustos mintió en sus declaraciones y eso Carroza no lo deja pasar.  

Más allá de la función que habría tenido el G4 en la identificación de los cinco jóvenes que más tarde serían detenidos por la CNI, las pesquisas indican que éstos fueron asesinados y posteriormente hechos desaparecer arrojando sus cuerpos al mar, hechos cuya autoría se están enrostrando mutuamente los agentes de ambos organismos.

Hasta ahora, la justicia ha sometido a todos los agentes que comprobadamente estuvieron en el Cuartel Borgoño de la CNI, lugar donde los frentistas permanecieron detenidos y posiblemente fueron asesinados. Y Ortega pasó por ese lugar.

Versiones encontradas

Un agente que integraba uno de los grupos del G4, de apellido Zamorano, señaló que él y su grupo, integrado por Rafael Rojas (El Piscola), Héctor Llanquinao, Marcos Bustos y Abelardo Oviedo (El Manzana) estuvieron durante varios días en el mencionado cuartel. "Estuvimos hasta el final. Permanecimos todo el día en Borgoño. Nos instalamos en el subterráneo en el mismo sector de los calabozos", señala la declaración de Zamorano.

El ex jefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán, declaró que la investigación y los operativos posteriores al secuestro del coronel Carreño "estuvieron centrados en el DINE, precisamente en el BIE, comandado por Julio Cerda. La presencia del DINE era relevante por tratarse de un oficial superior en servicio activo. No es efectivo que la Inteligencia del Ejército haya tenido un rol secundario. La orden de las detenciones (de los cinco frentistas) tienen que haber estado en conocimiento de Cerda".

También el entonces director de la CNI, Hugo Salas Wenzel, asegura que respecto a Carreño y los secuestros, dicho organismo y el BIE "estuvimos coordinados en esta investigación. Yo me relacionaba con Cerda frecuentemente. Y esta orden debió venir del vicecomandante del Ejército. Debí mantener informado, por orden de la Presidencia, al subcomandante (sic) del Ejército (Sinclair)".

Marcos Bustos, el único de los procesados que está en servicio activo, declara en primera instancia que fue "notificado por mi jefe directo, el mayor Ortega, que debía desempeñarme por orden del mando como oficial de enlace en la CNI, conjuntamente con el capitán Rojas, quedando a cargo de éste".

El "Piscola", a su vez, señala que fue asignado al Cuartel Borgoño y que, estando ya en aquel lugar, se percató que existía una coordinación anterior entre la CNI y el G4, y que el capitán Marco Antonio Bustos "estaba al mando del mayor Ricardo Ortega".

Sin embargo, en otra declaración, Bustos comienza a olvidar cosas. "No me recuerdo quién me dio la orden. Hice de enlace con la CNI. Sin perjuicio de ello, si la orden verbal me la dio el señor Ortega, fue por orden de Cerda. La misión de Ortega eran las poblaciones, trabajando las fuentes de información".

El propio Ricardo Ortega se acercó al tribunal para confirmar que su jefe directo era Cerda y que la orden para que Bustos concurriera a Borgoño vino del jefe del BIE. "No sería lógico que Cerda diera directamente la orden a Bustos, sino que tiene que haber sido a través mío. La investigación la llevó la CNI porque ellos eran los expertos", afirmó.

Inteligencia telefónica

Otro episodio en que estuvo involucrado el G4 fue la identificación de la joven universitaria Karin Eitel, quien, tras ser detenida por la CNI, fue torturada y sometida a interrogatorios durante los 34 días que permaneció incomunicada por orden del fiscal Fernando Torres Silva, quien investigaba para la justicia militar el secuestro de Carreño. Aquella vez, una "exclusiva" de TVN mostró a la joven, maquillada y visiblemente dopada, asumiendo la responsabilidad por el plagio del militar.

Casi 20 años después, el general Ricardo Ortega reconoció en tribunales que "la única vez que se coordinaron (con la CNI) fue para el secuestro de Karin Eitel". El militar dijo en esa ocasión que, tras el plagio del gerente comercial de FAMAE, debió asistir a la familia de Carreño y acompañar al sacerdote Alfredo Soiza, quien actuaba como mediador. Según explicó, como el FPMR se contactó telefónicamente con la casa del secuestrado, "se concluyó que las llamadas provenían de un teléfono público y que era una mujer la que hacía el contacto verbal. Se redujo el número de teléfonos públicos dejándolos fuera de servicio y se apostó personal de BIE frente a las casetas, los que estuvieron en comunicación con la central de BIE para hacer saber que el teléfono del que se hacía la llamada estaba siendo ocupado por una mujer".

Según el relato de Ortega, "se siguió a la mujer y se entregaron los antecedentes a la CNI, al general Salas, para que esa repartición detuviera a la mujer que resultó ser Karin Eitel". Pero el director de la DINE niega que personal bajo sus órdenes haya participado en esa acción, así como en los posteriores interrogatorios a los que fue sometida.

"Yo no interrogué a Karin Eitel, yo la vi cuando acompañé al coronel Cerda hasta el Cuartel Borgoño", reconoció Ortega, admitiendo que estuvo en el mismo lugar donde estaban detenidos la mujer y los cinco frentistas. Sin embargo, niega haber concurrido al cuartel en otras oportunidades y niega que tanto el BIE como el G4 hayan tenido otra participación en los hechos.

Pero el agente del BIE Rafael Rojas Tapia señala que sí se le ordenó tomar contacto con un grupo de la CNI: "No obstante se me designó en esa función, ya existía una coordinación anterior y permanente entre el BIE, si mal no recuerdo el G4 dentro del BIE, que estaba al mando del mayor Ricardo Ortega, ignorando las coordinaciones que efectuaba. En mi caso trabajaba con los cabos Zamorano y Llanquinao".

Otro testimonio que relaciona a la sección del BIE dependiente de Ortega con las labores que se desarrollaron durante el período en que los cinco frentistas estuvieron detenidos junto a Karin Eitel es el de Gonzalo Asenjo Zegers, entonces jefe del Departamento de Análisis del Cuartel Borgoño y quien se suicidó en octubre de 2006 de un disparo en el pecho. "Hubo muchos detenidos que pasaron por el cuartel, los cuales eran interrogados a su vez por personal perteneciente al BIE; como prueba de ello, un hecho en que a mí personalmente me consta la participación directa y efectiva del BIE, fue el caso de la detención de Karin Eitel, la cual hacía las veces de vocera de los secuestradores de Carreño".

Hacia lo más alto

La última diligencia dictada por el ministro Carroza apunta a determinar de dónde provino la orden de eliminar a los cinco militantes del Frente. Hasta ahora, los mandos involucrados no han hecho más que tirarse la pelota entre ellos. Pero 15 altos oficiales de la época, entre brigadieres y generales (R) deberán acudir en los próximos días a tribunales para entregar su versión sobre una o varias reuniones que sostuvieron, donde no sólo se determinó destinar un equipo de la DINE para rastrear la pista de Carreño, sino que también se resolvió la muerte los subversivos.

Este dato fue aportado por el ex director de la CNI, Hugo Salas Wenzel, cuando se atribuían los asesinatos exclusivamente a la unidad que comandaba. En sucesivas declaraciones, Salas ha insistido en que todos los operativos que rodearon las pesquisas para dar con el paradero del ex gerente comercial de FAMAE fueron realizadas con recursos que no pertenecían a la Central, y que cada una de las acciones fueron producto de órdenes emanadas del mando institucional, las que se habrían concretado en varias reuniones ordenadas por el general Sinclair y en las que participó el consejo de generales de la Guarnición Militar de Santiago.

Respecto del destino de los cinco frentistas, la declaración de Salas es escalofriante: "La superioridad referida dispuso adoptar cualquier medida que no comprometiera en forma reglamentaria o legal de procedimiento con los detenidos, lo que se interpretó en este caso como que, como estaba siendo vulnerada la ley, por la prolongación de la privación de libertad en dependencias de la Central, esto es, en lugares que no fueran cárceles. Ello se entiende que la superioridad del Ejército disponía tácitamente que las personas que estaban detenidas debían ser ocultadas ( ). Posteriormente supe que el procedimiento empleado para poner término a las detenciones ya referidas fue la muerte de estos y la posterior disposición de los cuerpos".

El general Sinclair declaró primero que nunca tuvo información sobre los hechos de la causa, pero su versión cambió radicalmente en un careo con Salas Wenzel: "Debo señalar a su señoría que luego de ser preguntado por esta reunión de generales recordé que entre otras tantas de la misma clase, tuvo lugar la que se refiere el señor Salas". Esta declaración cargó los dados hacia el ex vicecomandante del Ejército. De ahí que haya sido la defensa del mismo Sinclair la que solicitó que se citara a declarar al resto de los integrantes del alto mando de la época.

Es un caso complejo, que ya cuenta con 27 encausados entre miembros de la CNI, la DINE y quienes permitieron y efectuaron la operación de lanzar al mar a los cinco frentistas, todos hechos acreditados en la causa. Hasta ahora Ortega no ha sido procesado, pero sí todos los que trabajaron con él. Habrá que esperar si el ministro Carroza considera que la evidencia que existe sobre su participación en los crímenes es suficiente para someterlo a proceso.

12/10/2008 16:55 inverecundos Enlace permanente. Ejecutores inverecundos No hay comentarios. Comentar.

UN INVERECUNDO QUE LO SALVA LA MUERTE DE IR A LA JUSTICIA

MURIO RICARDO CLARO, NO SABEN QUE HACER EN EL INFIERNO

Por Rivera Westerberg

Abogado, comerciante, hombre de empresa, soltero. Al parecer una vez le dijeron "enano eunuco" y, también al parecer, se vengó comiendo frío el plato. Católico de esos "ultramontanos". Peligroso. Murió a una hora imprecisa de la madrugada de este 28 de octubre de 2008: el corazón que se cansó de faltar eligió callar para siempre. Una de las grandes hazañas de Claro es haber puesto dos buques a la orden de la dictadura. Imagínense para qué. No importa, el ministro del Interior de Chile manifestó pesar por su muerte. Por algo será.

La historia de las sociedades reside en parte en documentos; los que en el caso de Ricardo Claro Valdés dirán que asesoró en materias de política exterior y de negocios a la dictadura militar-cívica que amó; los que perdieron hacinados en las bodegas de sus barcos si dijeron algo no quedó registrado entonces. Los documentos no amparan el dolor del cuerpo ni las penas del alma. El vino –en términos de algún esoterismo– es la sangre de la Tierra. ¿Qué sangre da cuerpo a los vinos Santa Rita?

Pocos lo echarán de menos, más son quienes –discretamente– suspiraron con cierto alivio al conocer la nueva de su deceso; la Iglesia Católica romana hará misas y probablemente recibirá lo mayor de su herencia: no deja hijos que lo lloren. Quizá quien sí pene, al menos un tiempo, por él será su amigo, colega y socio en asuntos menores Juan Agustín Figueroa –tal vez por eso de que se encontrarán en sus diferentes culpas.

Figueroa no tiene ni tuvo una flota de barcos, a él pertenece aplicar leyes del "antiterrorismo" de la dictadura a las comunidades mapuche. Y haber invertido el legado de Neruda en una empresa –Cristalerías Chile– del fenecido Claro.

Hace años, en 2003 la revista The Clinic publicó parte de la "historia pequeña" de Claro Valdés, pequeñeces que, ay, demasiado se emparentan con la historia a secas de Chile. El texto que sigue pertenece a Alejandra Delgado y Sebastián Foncea (1).

El vengativo señor Claro

En 2001, El Mercurio lo coronó como el hombre más temido de Chile. Sepa por qué el decano tenía la razón.

En 1956, Ricardo Claro Valdés fue expulsado de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile por denunciar a una compañera de curso de ser comunista. Claro, la acusó ante Carabineros y, según testigos consultados por The Clinic, cuando éstos llegaron a buscarla a la Facultad de Derecho donde ambos estudiaban, Claro comenzó a gritar “¡ella es, ella es!”. Y se la llevaron a rastras.

En 2001, una encuesta realizada por El Mercurio coronó a Claro como “el hombre más temido de Chile”. Una treintena de personajes públicos de las más diversas áreas estimaron que el millonario dueño de la Sudamericana de Vapores y de Megavisión les provocaba más temor que el Mamo Contreras (director de la disuelta DINA) o que Pablo Longueira. Es muy probable que este grave incidente universitario sea la hora cero en la construcción del perfil del temido empresario. El debut de un estilo.

Ricardo Claro tenía entonces 21 años y cursaba quinto año de derecho. No tenía ni la sombra del poder económico que ostenta hoy, pues provenía de una rama de los Claro sin mucha fortuna. Pero demostró que ya poseía los elementos personales que lo han hecho famoso: un conservadurismo extremo y, sobre todo, la falta de escrúpulos para hacer de la información un misil contra sus enemigos. En esos años, el PC era uno de ellos.

El joven Claro militaba en la Juventud Conservadora y adhería plenamente a la Ley de Defensa de la Democracia promulgada por el presidente Gabriel González Videla en 1948. En virtud de esa ley, los comunistas fueron perseguidos y relegados. Muchos, como el poeta Pablo Neruda, debieron salir del país o pasar a la clandestinidad. Para 1956, sin embargo, el nuevo presidente, Carlos Ibáñez del Campo, había prometido derogarla. Ante la falta de apoyo, la persecución fue perdiendo fuerza. El ambiente de distensión era mayor en la Facultad de Derecho de la Chile, donde los comunistas ya no se ocultaban.

Claro, por cierto, no estaba de acuerdo con eso.

Ese año, el PC realizó su décimo congreso en Cartagena. Silvia Soto Brito, compañera de curso de Claro y dirigente del centro de alumnos, fue la encargada de repartir las conclusiones del encuentro.
Un día, Ricardo Claro se le acercó y le preguntó si le podía facilitar uno de esos documentos. Soto le respondió que únicamente le quedaba el suyo. Claro le pidió que se lo prestara, sólo para leerlo, y ella se lo pasó. La joven sabía que él era de derecha, pero antes que todo Claro era un compañero de aula.

El folleto contenía anotaciones manuscritas de Silvia Soto y resultó un medio de prueba indesmentible para que Claro y su compañero José Manuel Fernández, la acusaran a la policía del delito de ser comunista.

Al día siguiente, Soto fue detenida en las puertas de la Escuela de Derecho. Ricardo Claro estaba presente.

–Los pacos entraron y Ricardo Claro empezó a gritar: “¡Esta es la cabecilla!, ¡esta es la comunista!, ¡ella es!”, –recuerda el escritor Luis Alberto Mansilla, compañero de cátedra de ambos.

–La detuvieron con mucha violencia. Fue una escena salvaje. Varios compañeros tratamos de arrebatársela a los pacos, pero fue imposible rescatarla –agrega Mansilla.

–Fue macartismo puro –apunta el economista Hugo Fazzio, otro testigo de los incidentes.

Silvia Soto permaneció una semana en la Cárcel Correccional de Mujeres “junto a delincuentes y prostitutas”, según apuntó la revista Vea. Su estadía tras las rejas incluyó tres días de incomunicación.

El hecho indignó a la mayoría de los estudiantes de la Chile. La FECH calificó el acto como “delación”. “Los grupos falangistas, radicales, socialistas y comunistas coincidieron en repudiar la actitud de los delatores”, escribió el semanario Vistazo. Claro fue pasado al tribunal de disciplina de la FECH, donde se defendió con un encendido discurso "valórico".

–Soy católico y, por lo tanto, forzosamente tengo que respetar la declaración del Sumo Pontífice que ha declarado al comunismo como una doctrina intrínsecamente perversa. Además, soy ardiente partidario de la Ley de Defensa de la democracia –declaró a Vistazo. En la revista VEA agregó, “El sentimiento de compañerismo es muy estimable, pero ¿puede invocarse el compañerismo para cometer actos delictuales extra universitarios? Y, por último, ¿no hay acaso valores que deban ser preferidos, aquellos como Dios, la Patria, la Justicia y la Verdad? Para mí, sí, pero en todo caso es un problema de conciencia”.

La argumentación le sirvió de poco. El dirigente estudiantil Arsenio Poupin (quien llegó a ser subsecretario de Allende y fue asesinado tras resistir el bombardeo en La Moneda) calificó de “soplones” y “delatores” a Claro y Fernández y pidió la expulsión de ambos. La FECH aprobó la moción.

–Desde que la FECH se formó en 1906, este ha sido el único caso de expulsión. ¡En toda su historia! –dice Gonzalo Rovira, hijo de Silvia Soto y ex presidente de los estudiantes de la Chile–. Agrega que cuando su madre salió de la cárcel y volvió a la Escuela, “los profesores más conservadores le hicieron la vida imposible. Ella llegó a la conclusión de que la persecución desatada por Claro era tal que tenía que retirarse. A mi madre le cambió la vida. En esa época, las prisiones eran mucho más brutales que hoy. Fue tremendamente duro. Se acababa de casar con mi padre y tenía una niña recién nacida”.

Silvia Soto murió hace poco más de un mes. Su hijo recuerda que hasta el final, cada vez que Claro aparecía en televisión desatando algún escándalo o encabezando alguna campaña de moral pública, ella meneaba la cabeza y decía, “sigue siendo el mismo canalla de siempre”.

Enano eunuco

Esta no es la única historia que vincula a Claro con la persecución de comunistas (ver “Muertos en Elecmetal”). Pero Claro ha dejado sus huellas en muchos otros sectores, al punto que se puede afirmar que el temor que genera es completamente transversal dentro de la sociedad chilena. Abogados de izquierda y políticos de derecha ponen un rictus de preocupación cuando se les pide opiniones y recuerdos sobre este empresario.

El temor se extiende a periodistas, economistas y hasta enólogos. Se comenta, por ejemplo, que hace algunos años Claro invitó a la Viña Santa Rita –una de las empresas de su holding– a un importante grupo de enólogos de nivel internacional. Les ofreció para catar el vino top de su viña y esperó muy serio el dictamen de los expertos. Según confidenciaron fuentes que estuvieron presentes, el vino tenía gusto a corcho. Pero nadie se atrevió a decírselo.

A pesar de ser hijo de un hombre que no terminó el colegio, en 1998 Ricardo Claro figuró en la revista Forbes como el quinto hombre más rico de Chile, con una fortuna superior a los 550 millones de dólares. Según ha contado él mismo, de su padre sólo recibió unas pocas acciones de Elecmetal, empresa que rápidamente llegó a controlar.

–Una vez un político me atacó diciendo que me había enriquecido en los tiempos de Pinochet. Yo le refuté y le dije que la fortuna que tengo se la debo a los dos últimos años de Frei Montalva y, especialmente, al gobierno de Allende. Compré acciones cuando todos vendían –dijo, en 1999, a la revista Capital.

Antes que eso, se desempeñó con éxito como abogado de la oficina Claro y Cía. Mientras acumulaba fortuna y experiencia legal, también ganaba motivos para ser temido. Uno de los episodios que hoy se comentan como parte de ese currículum es el que afectó al empresario Edmundo Eluchans Malherbe a fines de los setentas.

Se comenta que Eluchans tuvo la mala idea de insultar a Claro en público. Fuentes aseguran que el altercado se produjo en medio de una junta de accionistas de la CCU, pero no hay precisión sobre eso. Lo que si está confirmado es que el encontrón existió y los epítetos de Eluchans fueron de grueso calibre. Así lo corrobora el socio y amigo de Claro, el penalista Juan Agustín Figueroa:

–Conozco muy bien ese caso, hubo efectivamente un enfrentamiento violento entre Ricardo y Edmundo.

–¿Es cierto que Eluchans lo trató de “enano eunuco”?

–No sé si fue exactamente eso, pero sí usó expresiones muy injuriosas.

Claro, dicen fuentes ligadas a grandes negocios, rumió la humillación durante años. Pero vengó la afrenta usando su arma mortífera: la ley. La oportunidad se le presentó cuando supo de una querella en contra de Eluchans interpuesta por terceras personas. Claro se hizo cargo de la causa y no cejó hasta enviar a Eluchans a la cárcel.

–Claro compró los “derechos litigiosos”, ocupando el lugar jurídico del demandante de Eluchans. Eso le permitió iniciar las acciones legales que terminaron con Eluchans en la cárcel –explica una fuente que conoció el caso.

Sin embargo, Juan Agustín Figueroa, quien participó en ese juicio, no cree que se pueda vincular los insultos de Eluchans con su estadía en la cárcel.

–Yo no establezco una relación de causa y efecto entre una cosa y otra. Cuando ocurrieron los hechos, había una conducta que estimó delictual y donde, a nuestro juicio, tenía clara responsabilidad Edmundo. Ahora, que Ricardo haya sido motivado con ánimo de venganza, yo creo que no.
The Clinic intentó confirmar con el propio Claro estas y otras historias, pero no accedió a recibirnos.

I love Pinochet

Hay antecedentes que indican que Ricardo Claro incluso le cobró una cuenta al propio Pinochet, en los años en que éste tenía el poder total.

Como la mayor parte de los empresarios, Claro recibió con agrado el golpe de Estado y estuvo disponible para participar en “la tarea de reconstrucción nacional”. En los primeros días de septiembre de 1973, el ministro de Economía, general Rolando González, lo llamó para pedirle consejos. Después le ofrecieron asesorar al ministerio de Relaciones Exteriores, y en eso estuvo dos años. En 1975, el régimen lo envió como embajador plenipotenciario a China.

–Fui con el disfraz de una misión económica, pero realmente fui a conseguir el apoyo de China por si presentaban una moción para expulsar a Chile de la ONU. Por ese trabajo nunca cobré sueldo… Fue un gesto para ayudar al país –dijo a Capital.

Pero Claro ambicionaba más: quería ser canciller. “Nunca me lo ofrecieron… Lo único que me ofreció el general Pinochet fue ser embajador en Washington en diciembre del 74″. Y no aceptó.

Hay quienes sostienen que fue éste su primer motivo de discordia con el régimen. Y que, a partir de ahí cultivó una creciente distancia. Durante la crisis económica que se inició en 1982, Claro aprovechó la tribuna que tenía en La Tercera y publicó una serie de críticas columnas.

“Creo interpretar a la inmensa mayoría de los chilenos al pedirle al presidente un regalo para Chile: que trate de restablecer la confianza. Y creo que para empezar a restablecerla se necesita con urgencia, y como primera medida, un nuevo gabinete que reúna a la mejor gente de Chile”, escribió en una de ellas.

Pero el desencuentro quedó definitivamente de manifiesto en mayo de 1984 cuando se destapó el escándalo inmobiliario conocido como “el caso Melocotón”. Se trataba de una serie de propiedades en San José de Maipo que el fisco había vendido a precio de huevo al coronel de Ejército Ramón Castro. Este, a su vez, traspasó todo y a bajo costo a Pinochet.

Los documentos de esta transacción debían permanecer reservados, pero inexplicablemente comenzaron a circular. Finalmente, se hicieron públicos, con gran escándalo, en la revista Hoy. La situación revestía especial gravedad. Aunque ya se habían conocido los exorbitantes gustos de Pinochet a través de la denuncia de la casa de Lo Curro, el general podía excusarse diciendo que se trataba de una inversión para la casa de los presidentes. Pero en el caso El Melocotón el beneficiado era directamente él.

El periodista de la desaparecida revista Hoy, Mauricio Carvallo, recuerda haber entrevistado a Claro sobre este tema.

–Nunca me reconoció que él era la persona que había filtrado los documentos. Pero me lo dio a entender, asegura el periodista.

Lo que sí está claro es que el empresario zarandeó a Pinochet desde el programa “Improvisando” en Radio Chilena, donde Claro era panelista.

–Me parece que las explicaciones que está dando son insatisfactorias –dijo respecto de la defensa que hacía el régimen sobre la legalidad de las operaciones–. Agregó: “Creo que los hechos denunciados son contrarios a ciertas tradiciones de conducta de los presidentes de Chile. Por otra parte, este presidente no es común: llegó al poder a través de un pronunciamiento militar destinado a solucionar, entre otros, el problema de la corrupción del gobierno anterior”.

–Pinochet sabía que Claro actuaba así porque no le había querido dar la Cancillería. El general siempre relataba esa anécdota y decía: "Este hombre está enojado conmigo porque no le quise dar el puesto"– recuerda un empresario que prefiere mantenerse en el anonimato.

Cuentas con Piñera

Con la transición a la democracia, Claro se hizo de una trinchera poderosa. Compró la señal de televisión abierta Canal 9, Megavisión, uno de los negocios “menos brillantes” de su carrera empresarial, según su socio Juan Agustín Figueroa. El canal ha mantenido una línea editorial conservadora, amiga de la Iglesia, la censura y hasta hace poco, de los balances en rojo.

Ricardo Claro ama el poder y sabe perfectamente lo importante que son las comunicaciones. Pero no tiene idea de televisión. Hasta hace un par de años, en el canal le achacaban la autoría de los peores programas que exhibía el Mega. Por ejemplo, se decía que habían sido ideas suyas la lamentable “Travesía”, que condujo Mary Rose Mac Gill, y “Seamos Concretos”, conducido por Gregorio Amunátegui.

María Luisa Vial, la mujer de Claro, tiene mucho que decir en el Mega. Se comenta que fue ella la que puso el grito en el cielo cuando el programa “Aquí en Vivo” hizo un reportaje sobre el destape en Chile. La cobertura estaba plagada de tetas y potos, con una voz en off de fondo cuestionando estas exhibiciones. En el canal se comentó que María Luisa había considerado pornográfico el programa. Y Claro mandó un comunicado para ser leído en los tres noticiarios de la estación en los que pedía disculpas a los espectadores por haberlos sometido a semejante impudicia. Patricia Guzmán, directora de prensa del canal, presentó su renuncia y Claro no la aceptó.

Tiempo después, Guzmán fue despedida, pero la línea programática del Mega fue evolucionando hacia las tetas y los potos en todo horario (desde Mekano hasta Kike), lo que ha solucionado los problemas de financiamiento de la estación. Al menos, en lo que respecta a la televisión, Claro ha debido ceder a su férrea moral católica, condecorada con la Orden Papal de San Silvestre en 1992.

Claro era otro en ese año. Armado de la famosa radio Kioto, acabó por más de 10 años con las ambiciones presidenciales de Sebastián Piñera y cambió el cuadro de la derecha en forma definitiva. El 23 de agosto, el empresario llegó a su canal y pidió ser invitado al programa “A eso de …”, que conducía Jaime Celedón. Claro dijo que quería hablar acerca de la Orden Papal que había recibido. Al fin y al cabo, el local era suyo. Sin embargo, ya en maquillaje, le soltó a Celedón sus verdaderas intenciones. “Tengo una bomba”, le dijo. Esa noche, el invitado al programa era Sebastián Piñera quien peleaba con Evelyn Matthei la opción a ser el candidato presidencial de la derecha.

–Entró y se sentó entre los panelistas, tras saludarlos a todos atentamente. Ya estaba ahí cuando comenzaron los créditos e inicié el programa. Luego de un rato de conversación, inesperadamente se agachó, puso sobre la mesa el maletín de cuero, lo abrió y sacó una grabadora Kioto– recuerda Jaime Celedón en sus memorias.

Claro dijo que lo que iban a escuchar los telespectadores era extremadamente grave. Se trataba de una grabación que le había sido facilitada por una persona que él no conocía.

–Ustedes saben que yo recibo mucha información, sin que la pida yo; y hoy día, después de almuerzo, recibí a un señor que no conocía, me dijo: usted se precia de ser muy independiente, pero en su canal hay gente que está interviniendo, y me entregó una cinta grabada de una conversación aparentemente telefónica entre un amigo de Jorge Andrés Richards, don Pedro Pablo Díaz, y el senador Piñera, y en esa cinta la voz que aparece como la de Sebastián Piñera le dice a Pedro Pablo Díaz, tú tienes que hablar con Jorge Andrés Richards para que a Evelyn Matthei se la trate en determinada forma, se le pregunte sobre el divorcio, cuál es la posición sobre el divorcio, se la ponga en evidencia de que cambia de opinión igual que su padre, y Pedro Pablo Díaz, que es un ejecutivo de la Coca-Cola a quien conozco, le contesta, mira, yo voy a hablar con el “pelao”.

Tras pedir excusas porque el lenguaje no era de salón, Claro apretó el play y detonó la bomba.

Más tarde se sabría que la grabación fue hecha por agentes del Ejército quienes entregaron la grabación a Evelyn Matthei. Esta la entregó personalmente a Ricardo Claro.

Para cercanos a Piñera, esto fue el resultado de una operación de inteligencia del Ejército para destruir a la derecha liberal. Pero Claro habría encontrado aquí un espacio para otro de sus famosos actos de venganza. Una afrenta que, según dicen cercanos a Piñera, llevaba más de 10 años esperando en la mente del empresario para ser vengada.

–A mediados de los ochentas, Sebastián era el gerente general del Banco CityCorp en Santiago. Claro y Cía. históricamente le había llevado los asuntos legales. En una oportunidad, Sebastián necesitaba la firma de Claro para cerrar un negocio. Como no obtuvo pronta respuesta, Sebastián se fue hasta Nueva York a pedirle personalmente la firma a John Reed, presidente de CityCorp. Claro nunca le perdonó que lo pasara a llevar –relata un amigo de Piñera que prefiere guardar su anonimato.

Treinta y seis años después de su debut en sociedad gritando en las puertas de la Universidad de Chile, Claro reedita su viejo tema. Ahora con mucha más experiencia, poder y en horario estelar. Y lo que ocurrió después tiene muchas similitudes con su expulsión de la FECH. Claro fue rechazado e, incluso, insultado por empresarios tan poderosos como él. El primero en hacerlo fue Juan Carlos Délano, quien asistió al programa acompañando a Piñera. Según el libro Piñera versus Matthei de Carolina García de la Huerta y Francisco Javier Piriz, cuando Claro salía del estudio, Délano lo increpó duramente.

–Mi nombre es Carlos Alberto Délano, soy empresario igual que usted y siempre he tenido la peor impresión suya, pero lo que hizo no tiene nombre… es el peor cristiano que he conocido, debería devolver su medalla papal…

–Yo no me voy a hacer cargo de sus pesadeces, señor Délano –contestó Claro.

–Esto no va a quedar hasta aquí… usted es un bosta –lo paró Délano.

Días después del escándalo, los empresarios más importantes del país asistieron al congreso de Ética Empresarial en el Centro de Extensión de la Universidad Católica. Claro fue uno de los expositores. El cientista político Oscar Godoy le pasó una nota a Claro que decía: “Yo no lo quiero sorprender como usted lo hizo, así que le anuncio que reclamaré por su presencia. Usted no tiene autoridad moral para hablar sobre ética”.

–Al leerla, Claro no dio aviso del golpe, permaneció impertérrito y continuó la conversación con su séquito de delfines –recuerda Godoy.

La molestia del académico no quedó ahí. Habló con el cardenal Raúl Oviedo. Este le prohibió evidenciar su enojo. Luego, se acercó hasta el presidente de la mesa de expositores, el empresario Eliodoro Matte, quien le aseguró que no le darían la palabra.

Cuando Claro comenzó con su discurso, Godoy se puso de pie y a viva voz reclamó alrededor de un minuto por su presencia. Recuerda que Claro miraba perplejo la escena. El moderador repetía: “¡no se le ha concedido la palabra, no se le ha concedido la palabra!”. Godoy asegura que desde el público, “brotaron insultos de grueso calibre. Cerca de 150 asistentes se retiraron, fue una escena impresionante”. Entre ellos estaban los empresarios Bernardo Matte y Felipe Larraín.

Probablemente Claro pensó en algún pasaje bíblico o en la condecoración papal. Lo cierto es que siguió con su discurso como si nada.

Asesinatos en Elecmetal

17 septiembre de 1973. Juan Fernández, miembro del sindicato de Elecmetal, oye el bando militar que ordena a la población volver al trabajo y que promete que no habrá represalias. Juan y sus hermanos Miguel y Mario, que también trabajan en esa empresa de Ricardo Claro, no están muy seguros de hacerlo. Un año antes, la empresa fue intervenida por el Ministerio de Hacienda de la Unidad Popular. Protagonista privilegiado de la intervención fue el sindicato de la industria. Ricardo Claro, el dueño de la empresa, estaba furioso.

–Claro le dijo a mi hermano Juan que iba a vengarse, que él iba a pagar lo que había sucedido. Y lo llevó a efecto –dice Mario Fernández, 30 años después de los hechos, a The Clinic.

Finalmente, los hermanos parten a Elecmetal. Mario se queda en la puerta para ver qué pasa con sus hermanos. Más tarde se entera que han sido citados a la gerencia por el interventor militar Patricio Altamirano, el gerente Gustavo Ross y el director, Fernán Gazmuri.

Una hora más tarde sale de allí Juan. Va esposado, con las manos en la espalda y cubierto con una chaqueta. Carabineros lo suben a una patrulla. Más tarde salen de la empresa, detenidos y transportados en una camioneta de Elecmetal, el presidente del sindicato Augusto Alcayaga Aldunate, José Devia, José Maldonado Fuentes y Miguel Fernández, el otro hermano de Mario.

Mario se sube a una micro y trata de seguirlos, pero pronto los pierde de vista.

El Informe Rettig consigna el hecho:

–Alrededor de las 10.00 se hizo presente en la empresa un contingente de carabineros y militares, quienes, en forma selectiva, procedieron a detener a algunos de los trabajadores. Las detenciones decían relación con los cargos que a la fecha ocupaban en el sindicato de la empresa y en el llamado Cordón Industrial Vicuña Mackenna.

–Esta fue una venganza de Ricardo Claro –dice hoy Mario Fernández–. Asegura que antes y durante la intervención de la empresa por orden de la UP, sus directivos trataron infructuosamente de convencer al sindicato de echar pie atrás. Fernández afirma que a su hermano Juan le ofrecieron una casa para que cambiara de parecer y que como no aceptó, comenzaron a amenazarlo.

–Meses antes de que viniera el golpe, el gerente Gustavo Ross citó a mi hermano Juan para conversar. Le dijo que si no dejaba libre la empresa, sufrirían las consecuencias. Claro, Altamirano y Gazmuri tuvieron muchas reuniones con mi hermano, ellos lo conocieron, ellos sabían quién era. Le decían el loco Fernández, pero de loco no tenía nada. Era una persona muy inteligente, era capaz. Y ellos, incapaces de dominar la mente de mi hermano decidieron matarlo.

El abogado Juan Agustín Figueroa, el mejor amigo de Claro, formaba parte del directorio al momento de los asesinatos. Desmiente tajantemente las declaraciones de Mario Fernández.

–Los directivos de la empresa llamaron a carabineros denunciando un sabotaje. Su intención sólo fue aclarar lo sucedido, jamás atentar contra la vida de los trabajadores –dice el abogado. Agrega–: Cuando llamaron a carabineros, a nadie se le pasó por la mente que los detenidos iban a pasar a una patrulla militar y que los tipos iban a aparecer baleados. A nadie se la pasó por la mente. Varios días después, con verdadero horror, nos enteramos del hecho y tomamos la decisión de asistir económicamente a las familias y compramos las tumbas de esa gente.

–¡Esa es una gran mentira! –contradice Mario–. Las tumbas las pagó el sindicato con una cuota mortuoria. No se les dio ninguna asistencia económica. A mí, me despidieron y me persiguieron. Mis otros hermanos tuvieron que arrancar. Mi madre no tenía qué comer. Destruyeron a mi familia. Pregúntele a Claro si alguna vez me dio un peso de su mugre. ¡Nunca me ha dado nada!”.

Peor aún, Mario sostiene que, aunque la empresa estaba intervenida por los militares, era Ricardo Claro el que daba las ordenes ahí, vía telefónica.

–Claro no estaba presente, pero dirigía todo por teléfono. En ese momento mandaba Altamirano, pero atrás de él había una llamada telefónica que la dirigía Claro. Él nunca perdió el poder. Y todos sabían lo que iba a pasar. Sabían en que condiciones estaban matando a los trabajadores porque se empezó a matar desde el 11 de septiembre hasta el 17. Desde el 11, ellos sabían la masacre que se estaba cometiendo, ellos sabían que había impunidad, que todo era matar.

Cinco días después de la detención, los cuerpos de los cinco obreros fueron encontrados en la vía pública y derivados a la morgue. Luego de una desesperada búsqueda, la mujer de José Devia encontró a su marido sin vida en un frío subterráneo colgando de un gancho, igual que un animal, con la cabeza destrozada producto de las balas. Juan Fernández recibió un disparo en el mentón con salida craneal, y múltiples heridas de bala. A Miguel le cortaron las dos manos y los dos pies con arma blanca, y también recibió múltiples heridas de bala. El estado del resto de los cadáveres era similar.

Ricardo Claro ha declarado lamentar lo ocurrido y no tener ninguna responsabilidad en los asesinatos. Sin embargo Elecmetal jamás interpuso alguna acción judicial para tratar de aclarar las muertes de sus empleados, a los cuales se les vio por última vez con vida saliendo de esa empresa.

(1) www.theclinic.cl  Edición Nº117, del 27 de noviembre de 2003.

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Enviado por:

Patricia PARGA-VEGA
Journaliste/Periodista
Investig'Action - Belgique.

29/10/2008 15:51 inverecundos Enlace permanente. Los otros inverecundos No hay comentarios. Comentar.


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