CHILE, AMNESIA COLECTIVA

Publicado en Chile el 24 Mayo 2017
ESCRITO POR EDUARDO CONTRERAS

¿O es que una parte del país se ha vuelto loca? Porque el homenaje a Agustín Edwards en el Senado, la misma institución que la dictadura disolvió con el aplauso de Edwards, supera toda inconsecuencia, servilismo o estupidez de que haya memoria. 

Sólo falta que en el Congreso se rinda homenaje al “Mamo” Contreras o al “Guatón” Romo. Porque este homenaje al promotor principal del golpe y encubridor de los horrores, representa la pérdida absoluta del pudor, de la vergüenza, del respeto y de la más elemental decencia. Patética la conducta de los parlamentarios que promovieron y asistieron a ese increíble engendro. 

Como diría Pezoa Véliz, “tras la chambonada, nadie dijo nada, nadie dijo nada” : sólo la categórica declaración del Colegio Nacional de Periodistas y la presencia del diputado Boric recordándoles a los “honorables” quien era realmente Edwards, fueron los hechos que salieron al paso del bochornoso espectáculo. 

No hay persona cuerda que asuma como legítimo rendir pleitesía a un golpista. Creo innecesario reiterar aquí los numerosos antecedentes que inculpan al propietario de “El Mercurio”  por su activa participación en la tragedia iniciada el año 73. 

Señalemos solamente que fue el propio Edwards quien, en la causa judicial  rol n° 12 – 2013  reconoció que efectivamente  y antes incluso que asumiera el Presidente Allende, se reunió con las más altas autoridades de la CIA y del gobierno norteamericano; encuentros que, como se sabe, fueron los que dieron origen a la intervención extranjera y al financiamiento a las fuerzas de derecha para tratar de impedir que asumiera el presidente y, más tarde, para derribar su gobierno. 

Como si no bastara con lo del Senado otra noticia vuelve a graficar los niveles de abuso y de la absoluta impudicia de los golpistas. Fue al enterarnos que, al contrario de lo que suponíamos, los autores de crímenes de lesa humanidad nunca perdieron sus derechos y privilegios irritantes de los que gozan los uniformados. 

En efecto, se ha difundido las elevadas sumas por concepto de “pensiones” que reciben los que hicieron desparecer seres humanos, o les arrojaron al mar, o los asesinaron o degollaron o quemaron vivos durante la dictadura. Unos ciento veinte reclusos ganan sumas millonarias, la más alta la del ex fiscal Torres  Silva con $3.255.000 mensuales. 

“Es que eso es legal” chillan sus defensores. Puede serlo, ese no es el tema. Lo de fondo es que revela la negativa actitud de las autoridades de los institutos armados del Estado que en su momento no adoptaron medida alguna en contra de los delincuentes. Apenas fueron procesados bien pudo aplicarse –hace ya muchos años– las medidas correspondientes, su destitución o lo que correspondiere. 

Al no hacerlo de propia iniciativa las FFAA, como debió ser, los otros poderes del Estado, el Gobierno, el Parlamento, deberían hace ya mucho tiempo haber adoptado las medidas jurídicas apropiadas para reparar este daño a los recursos del Estado, a la imagen del país y a la salud moral de la nación. 

Desde el punto de vista no de la legalidad, sino de la ética, de la moral y de la legitimidad, que no es igual que legalidad, es inaceptable que el Estado –que ya tiene a estos asesinos en prisiones de lujo con piscinas, canchas de tenis, salones de recepción, etc,- más encima les pague una millonada mensual. 

En cambio sus víctimas y sus familiares vieron destruidas sus vidas, perdieron sus trabajos, fueron frustrados sus sueños personales y los que sobreviven lo hacen hoy con pensiones del orden de los $120.000 mensuales. ¿Es legítima esta situación objetiva? ¿Es moral? ¿Es ética? 

Por cierto que es deleznable. Y forma parte de la crisis general que afecta a las instituciones armadas del Estado. El “milico gate” o el “paco gate” ¿Son casos excepcionales? Por supuesto que no. Pero si el jefe supremo de toda una época, el general Augusto Pinochet era, además de cobarde, traidor y criminal, un ladronazo de marca mayor, ¿qué más se podía esperar? “Gastos reservados”, “Fondos reservados”. ¿Hasta cuándo? 

Pero lo más grave quizás sea la indiferencia de la sociedad. Preocupados de otros temas, algunos bastante menores, no hay señales concretas en el campo de la política nacional de enmendar rumbos respecto del manejo de cuantiosos recursos del Estado, es decir de la sociedad toda. 

Recursos que no se gastan ni en Educación, ni en Salud, ni en Vivienda, ni en Previsión Social, ni en Infraestructura o en desarrollar actividades económicas por parte de los aparatos del Estado. 

Los partidarios del actual modelo se quejan y sostienen que faltan recursos, que el país no crece, que no se puede hacer cambios estructurales y que no se puede acabar de una vez con el modelo de libre mercado. Mercado que, como todos sabemos, no es nada de libre sino monopólico y en manos de los grupos más poderosos en que se concentra el capital. 

Esta suerte de amnesia colectiva, de mirar hacia el lado, de dejar pasar las peores cosas no es asunto sólo de temas de la política contingente. Porque el olvido, la amnesia y lo anormal cubren un espectro todavía más amplio.

¿O no es otra locura, por ejemplo, que la actual directora del Museo Violeta Parra, doña Cecilia García Huidobro, sea parte del comando de la candidatura de un sujeto de las características de incultura y ambición de riqueza material sin escrúpulos que definen a Piñera? Como han dicho públicamente varias personalidades de la cultura, yo también creo que si Violeta viviera le habría dado un guitarrazo. 

¿O que a nadie le parezca mal que una reciente sentencia declare que fue simple delito común y no de lesa humanidad ese cometido cuando el 24 de enero de 1974, aproximadamente a las 14.30 horas, Francesca Romana Antonieta D’Alessandri Matte conducía en el sector de Las Salinas en Viña del Mar un Fiat 125, patente DM.693 de Las Condes, en compañía de su tía Franca Putignano Leinetti y de sus primos Paolo y María Livia pasaban por el frontis de la Escuela de Operaciones de la Armada y entonces cuando María Livia sacaba fotos, desde las instalaciones militares le dispararon causándole graves heridas en el cuello y muriendo luego en el hospital Gustavo Fricke? 

Nada de esto es casual ni es que las chilenas y chilenos se hayan vuelto locos. Lo que sucede es producto de la pesada impronta de la dictadura y lo que hace que la situación se mantenga en el tiempo después de tantos años, es el resultado del control de los principales medios de comunicación que ejercen los herederos de la dictadura. Son los medios los que controlan y dirigen o inducen el pensamiento colectivo. Los que crean imágenes sin importar si son verdaderas o falsas. Todo vale con tal de mantener el negocio. 

Y de esos todos somos responsables, por supuesto algunos sectores mucho más que otros. En primer término es de la responsabilidad de quienes conducen los órganos del Estado. Un Estado que sigue entregándole enormes recursos económicos a El Mercurio y demás periódicos que fueron parte del golpe y luego cómplices o encubridores de los crímenes de la dictadura. O a radioemisoras y canales de TV que sustentan el actual modelo. Y que, en cambio, no apoya a los medios escritos o radiales o comunitarios de carácter popular, democrático y avanzado, que pugnan por cambiar el modelo impuesto de modo tan brutal.

Y que en cambio y a pesar de las resoluciones judiciales internacionales, siguen reteniendo el legítimo pago a los también legítimos propietarios del popular diario “Clarín”. Si se le devolviera lo sustraído a un medio que estuvo siempre “firme junto al pueblo” otro gallo podría cantar.