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EL INVERECUNDO ARELLANO, IGUALITO DE COBARDE QUE EL INNOMBRABLE

El juez Víctor Montiglio ordenó ayer su traslado desde la Clínica Villa Soleares al Hospital Militar, donde al general (R) Sergio Arellano se le practicarán pericias para determinar una supuesta demencia y mal de Alzheimer.

LA NACION.CL


En el Hospital Militar se encuentra el ex jefe de la Caravana de la Muerte, general (R) Sergio Arellano Stark (87), donde peritos del Servicio Médico Legal (SML) deberán practicarle una serie de exámenes para determinar la efectividad de una supuesta demencia y mal de Alzheimer.

Los resultados determinarán dónde deberá cumplir la sentencia de seis años de presidio que, en última instancia, resolvió en su contra el pasado 15 de octubre la Sala Penal de la Corte Suprema como coautor de los homicidios de cuatro militantes socialistas el 2 de octubre de 1973 al interior de la Escuela de Artillería de Linares en la Séptima Región, en el episodio San Javier-Linares de los crímenes del escuadrón que dirigió.

Ante la inminencia de su arresto para entrar a cumplir esta sentencia, "El Lobo" como lo apodaron sus camaradas de armas por su terquedad, se refugió en los últimos días en la clínica especializada en deficiencias mentales Villa Soleares ubicada en Río Maule 555 en la comuna de Las Condes, aquejado de un pretendido deterioro mental y enfermedad de Alzheimer.

Allí fue detenido ayer por efectivos de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, previo a que el ministro Víctor Montiglio lo notificara del cumplimiento de su condena y ordenara su traslado inmediato al Hospital Militar.

Ayer el magistrado dijo que demandó varias pericias al SML, de las que "dependerá" el lugar donde Arellano deberá cumplir su condena. El juez expresó que "mientras se realicen estas pericias que son complejas", Arellano se mantendrá en el Hospital Militar.

El abogado querellante Hugo Gutiérrez comparó la situación de "El Lobo" con la del dictador Augusto Pinochet, quien en 2000 y precisamente para tratar de que se revocara su procesamiento por los crímenes de la Caravana de la Muerte y evitar así una próxima condena se declaró demente.

Este estado que fue relativamente confirmado por una rueda de pericias médicas, a juicio de los querellantes, adolecieron entonces de varios vicios.

Estos informes condujeron a que las cortes de Apelaciones de Santiago y Suprema declararan a Pinochet aquejado de un "estado de demencia progresiva e incurable".

Sin embargo, como varios jueces lo afirmaron en privado, éstos se percataron después de que "fuimos engañados" por Pinochet que pronto dio muestras de una buena memoria y facultades mentales aptas para enfrentar un proceso.

"Esto es el síndrome Pinochet, y ahora tenemos a Arellano Stark haciéndose pasar por loco", dijo Gutiérrez, quien hoy junto al abogado del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior, Boris Paredes, interpondrán un escrito para que Arellano sea trasladado a la cárcel de Punta Peuco o al Penal Cordillera de Peñalolén, independientemente de los tests que se le practiquen.

Los prisioneros muertos al paso de la Caravana de la Muerte por ciudades del sur y norte del país superaron los cien, mientras todos los otros capítulos de este operativo siguen aún abiertos en estado de investigación a cargo del juez Montiglio.

EL OTRO "HUÉSPED"

En el mismo Hospital Militar se encuentra también recluido el ex fiscal militar de la Escuela de Artillería de Linares, Carlos Romero Muñoz, igualmente condenado a seis años de presidio por los crímenes de los jóvenes Teófilo Arce Tolosa, José Sepúlveda Baeza, Leopoldo González Norambuena y Segundo Sandoval Gómez.

Romero ingresó el fin de semana a ese recinto para que se le practique una supuesta operación.

Arellano fue finalmente denunciado en el proceso por sus propios hombres, quienes le enrostraron que la misión de la comitiva fue matar prisioneros, y no "acelerar procesos" y "velar por juicios justos" como fue la versión oficial del viaje del escuadrón.

04/11/2008 18:08 inverecundos Enlace permanente. Genocidas inverecundos No hay comentarios. Comentar.

EL INVERECUNDO JUEZ MONTIGLIO ENCUBRE AL INVERECUNDO GENOCIDA ARELLANO

NOTA DE MÁXIMO KINAST: El Juez Víctor Montiglio amerita una acusación por prevaricación de la Justicia. Si la Corte Suprema tuviese lo que debería tener ya lo habría amonestado. Este inverecundo personaje ha dictado sentencias en evidente contradicción con las leyes para apoyar a Pinochet y a sus secuaces. Espero tener el placer de verlo algún día cara a cara y decirle ’momio de mierda, eres un cerdo’.
El Arellano, como ya se sabe por ser algo tradicional en nuestros valientes soldados se curará del Alzheimer gracias a los aires de Santiago y a la milagrosa intervención de la Virgen del Carmen, Patrona y protectora de cuanto sinverguenza uniformado hay en Chile.
Como ya es habitual en nuestras Fuerzas Armadas, el inverecudo asesino y genocida Arellano, se refugió en el Hospital Militar, donde mèdicos cómplices (es el Ejército el que les paga el sueldo) lo declararon loco (igualito al Innombrable) y le facilitaron al inverecundo Montiglio su tarea de burlar la Justicia.

Este es el artículo que Patricia Parga me envía desde Bruselas:


Represor chileno se libra de la cárcel al ser absuelto por demencia
EFE

El general retirado chileno Sergio Arellano Stark se libró de la cárcel por el asesinato, en 1973, de cuatro prisioneros políticos, tras ser declarado demente por el juez Víctor Montiglio, informaron este lunes fuentes judiciales.

El general retirado quedó bajo la custodia de su hijo y fue absuelto de la condena de seis años de presidio efectivo dictada en su contra por el "episodio San Javier" en la llamada "Caravana de la muerte".

Arellano Stark fue en 1973 el jefe de la denominada "Caravana de la Muerte", cuyos miembros asesinaron en un recorrido por Chile a alrededor de un centenar de prisioneros políticos y la condena, primera dictada en su contra, corresponde al "episodio San Javier", del caso.

En San Javier, a 275 kilómetros al sur de Santiago, el 2 de octubre de 1973 la comitiva comandada por Arellano Stark sacó de la cárcel y posteriormente asesinó a cuatro presos políticos: Teófilo Arce Toloza, José Sepúlveda Baeza, Leopoldo González Norambuena y Segundo Sandoval Gómez, este último un estudiante de secundaria de 16 años.

El juez Montiglio informó de la decisión de absolver al ex oficial de la sentencia debido al Alzheimer que padece, según acreditaron los exámenes neurológicos, psiquiátricos y físicos que le practicaron peritos del Servicio Médico Legal.

"Padece una demencia tipo mixta o multifactorial -Alzheimer y vascular- de unos 15 meses de evolución que le determina una enajenación mental que lo inhabilita para comprender el sentido de su sanción", precisó el informe.

Según el análisis su demencia es progresiva, crónica e irreversible y no reviste de peligrosidad para si o para terceros.

Por lo anterior, el juez determinó que el general, quién estuvo internado en el hospital militar, en una clínica psiquiátrica y geriátrica, queda exculpado de los cargos que se le habían imputado y estará bajo la custodia de su hijo, Sergio Arellano Iturriaga, tras el pago de una fianza de 500 mil pesos (unos 794 dólares).

Otro oficial, Carlos Romero Muñoz, condenado también a seis años de prisión en el mismo proceso, se encuentra operado de un cáncer a la próstata en el Hospital Militar.

Montiglio dispuso que Romero Muñoz, una vez recuperado de la operación, sea trasladado a la prisión militar "Cordillera", de Santiago, para cumplir la pena, ratificada por la Corte Suprema el pasado 15 de octubre.

Además de Romero, sentenciado a seis años de prisión efectiva (sin beneficios), fueron condenados Mario Cazenave Pontanilla, José Parada Muñoz y Julio Barrios Espinace a cuatro años de presidio, pero con el beneficio de libertad vigilada.

Los magistrados absolvieron a Claudio Lecaros Carrasco y Gabriel del Río Espinoza.

En lo civil, la Justicia estableció que el Fisco deberá pagar 80 millones de pesos (unos 130.000 dólares) como indemnización por daño moral a los querellantes del caso.

Según familiares de detenidos desaparecidos consultados por Efe, es la primera vez desde el régimen militar del fallecido dictador Augusto Pinochet (1973-1990), que a un acusado por violaciones a los derechos humanos, se le anula una sentencia por demencia.

 Difundido por:

Patricia PARGA-VEGA
Journaliste/Periodista
Investig’Action - Belgique.

17/11/2008 20:33 inverecundos Enlace permanente. Genocidas inverecundos No hay comentarios. Comentar.


INVERECUNDOS EXONERADOS

Los verdaderos falsos exonerados

por Pascale Bonnefoy M.

28 noviembre 2008

 

Cuando en 1998 una segunda ley sobre exonerados políticos amplió el universo de potenciales beneficiarios para incluir a militares y ex parlamentarios, se produjo una avalancha de postulaciones, especialmente del Ejército. Y en ese proceso fueron calificados como exonerados políticos, militares involucrados en violaciones a los derechos humanos, ex parlamentarios golpistas, y funcionarios de la dictadura. Estos son algunos de ellos.

 

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Esta semana, el presidente de un comando de exonerados políticos denunció que hay unas 100 mil pesonas recibiendo beneficios como exonerados políticos sin haberlo sido jamás, y abrió una caja de Pandora cuyos contenidos muchos ya conocían, sospechaban o han intentado ocultar.

 

Las reacciones fueron insólitas. La Coordinadora Nacional del Programa Reconocimiento al Exonerado Político (PREP) del Ministerio del Interior, Marta Joignant, aseguró que era "imposible engañar al sistema", ya que la Contraloría de la República debía tomar razón de cada caso. Sin embargo, la Contraloría hace sólo eso, "tomar razón" de lo que decide el Ejecutivo; o sea, acusa recibo.

 

El presidente del Partido Socialista, Camilo Escalona, le hizo un flaco favor a Joignant, y más encima, salió totalmente impune de sus dichos. Dijo que la propia Contraloría habría permitido que las oficinas parlamentarias registraran a indigentes como exonerados políticos como una manera de asegurarles una pensión. Plop.

 

Más allá de la exagerada cifra entregada por el presidente de la Comisión Nacional Unitaria de Exonerados y ex Presos Políticos, Raúl Celpa, -porque significaría que dos-tercios de los 145.286 calificados como exonerados políticos está mintiendo-, para nadie es un secreto la variedad de irregularidades en la postulación y otorgamiento de beneficios a exonerados políticos. Irregularidades de las que el PREP por cierto se ha enterado, porque a sus oficinas le han llegado decenas de denuncias a través de los años, denuncias, por lo demás, que se han hecho públicas en la prensa.

 

Se han otorgado beneficios (pensiones y abonos de tiempo por lagunas previsionales) a personas que nunca fueron exoneradas; se ha falsificado documentación; se han pagado favores y cobrado comisiones; se ha sido poco riguroso y negligente en el proceso de verificación para calificar a un postulante como exonerado; y se han creado "verdaderas mafias" – como me lo describió un profesional del PREP- para lucrar con la desgracia ajena.

 

Desde la aprobación en 1993 de la primera ley para otorgar beneficios a los exonerados políticos – aquellos que perdieron sus trabajos por razones políticas durante la dictadura militar-, algunos autoproclamados "dirigentes de comandos de exonerados políticos" han cobrado servicios y comisiones por tramitar las postulaciones, a pesar de que el proceso no requiere de intermediarios y es completamente gratuito. Otros han falsificado documentos y/o han inscrito a personas que no cumplen con los requisitos, y sobre esto, basta recordar las denuncias públicas en las Provincias de Osorno y Llanquihue el año pasado.

 

En Río Negro, Fresia y Puerto Montt, entre otras localidades, se denunció que autoridades comunales estaban tramitando y cobrando comisiones indebidamente por postular a exonerados. En algunos casos, se cobraba una comisión considerable a exonerados verdaderos que postulaban a beneficios. En otros, se falsificaba documentación para postular a exonerados falsos, incluyendo la invención de "asentamientos", ya que la ley también acoge a quienes fueron despojados de sus tierras. A algunos de ellos también se les estaba cobrando una comisión.

 

Se habló de más de 100 casos fraudulentos. El diputado Fidel Espinoza dijo al Diario Austral de Osorno (5 marzo 2007) que los mismos beneficiarios le habían informado que "algunas autoridades comunales les han cobrado para hacerlos partícipes de este programa, cuyo ingreso es gratuito, y que en algunos casos, las incorporaciones han sido fraudulentas para hacerles entrega de beneficios que no les corresponden". Entregaron nombres y apellidos, y denunciaron detalladamente la situación al PREP.

 

Pero tal vez donde más se viola el espíritu de la ley del exonerado político es en relación a militares golpistas y políticos de derecha.

 

Una segunda ley sobre exonerados aprobada en 1998 amplió el universo de potenciales beneficiarios para incluir a funcionarios del Congreso Nacional, las Fuerzas Armadas, Carabineros y la Policía de Investigaciones, entre otros. Esto permitió que cualquier parlamentario que hubiese quedado sin trabajo el 12 de septiembre de 1973 –porque fue clausurado el Congreso- podría postular a beneficios como exonerado. Y así postularon y lograron pensiones y abonos de tiempo varios parlamentarios que pública y notoriamente instaron al golpe militar y apoyaron a la dictadura.

 

En cuanto a los militares, la ambigüedad de la ley los favoreció. Podrían postular muchos, ya que la ley hablaba de exoneraciones "debido a cambios en el orden institucional". No preguntaba si eran golpistas o no golpistas, si habían sido miembros o colaboradores de la DINA o la CNI, o si habían torturado, asesinado o desaparecido a personas.

 

Esto provocó una verdadera avalancha de postulaciones entre 1998-2000. Sólo del Ejército postularon más de 1.200 oficiales en retiro; muchos sólo querían mejorar sus pensiones. La mayoría de las veces, dicen en el PREP, bastaba con el aval o patrocinio de algún político o abogado para calificar.

 

En la época, la persona encargada de evaluar los antecedentes presentados por cada postulante y recomendar su calificación era el Jefe Técnico del Programa, Luis Salinas Rojas, segundo en el PREP. No fue terriblemente riguroso en la calificación ni en el mantenimiento de los archivos con los antecedentes y documentación que respaldaría la calificación de exonerado.

 

En diciembre de 2003, cuando uno de los "exonerados" que Salinas había aprobado calificar fue procesado como cómplice del asesinato, se desató un terremoto al interior del PREP. Se buscó desesperadamente el archivo del "exonerado" para ver sus antecedentes, pero nunca se encontró. En el PREP se dieron cuenta de que había varios casos que se "les habían pasado", y se pusieron a buscar y ordenar las carpetas con la documentación de respaldo para revisarlas caso a caso. Sin embargo, muchas carpetas de los militares calificados como exonerados políticos no se encontraron, y siguen sin aparecer, si es que alguna vez existieron. Muy poco después, Luis Salinas se fue raudamente del PREP, pasando a un cargo gerencial en el INP.

 

Así fue que solicitaron y consiguieron beneficios de exonerados algunos militares involucrados en violaciones a los derechos humanos, ex parlamentarios de derecha que conspiraron activamente para el golpe militar, y funcionarios de la Junta.

 

Estos son algunos de ellos:

 

Rafael González Verdugo (también "Berdugo"), ex agente civil del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA). "Espía" de carrera, tras el golpe militar, fue ubicado en el Departamento II (Inteligencia) del Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN). En diciembre de 2003, fue procesado como cómplice de homicidio calificado del estadounidense Charles Horman, ejecutado en septiembre de 1973. Fue calificado como exonerado político de la Fuerza Aérea en noviembre de 1999 y recibe una pensión de 4 mil pesos.

 

Edwin Dimter Bianchi, ex teniente de Ejército, participó en el "tanquetazo" en contra del gobierno de Salvador Allende (junio 1973). Tras el golpe militar, fue enviado como represor al Estadio Chile. Una investigación de esta periodista confirmó que Dimter era el oficial al que los prisioneros políticos del Estadio Chile llamaban "El Príncipe", a quien acusan de dar muerte a Víctor Jara, aunque esto no se ha comprobado judicialmente. Fue citado a declarar en la causa de Jara en 2006 en calidad de imputado. Dimter fue dado de baja en 1976, y consiguió trabajo en el Ministerio de Obras Públicas. En 1985, ingresó a la Superintendencia de AFP, escalando posiciones hasta lograr un alto cargo de confianza. Postuló como "exonerado político" en febrero de 1999, y fue calificado como tal un año después, recibiendo un abono de tiempo de 11 meses y 29 días. Sin embargo, tras la revelación pública de su pasado y una ruidosa funa en su lugar de trabajo, fue despedido de la Superintendencia de AFP y el PREP le quitó el beneficio.

 

Patricio Kellet Oyarsún, ex capitán de Ejército, jefe de inteligencia del Regimiento Cazadores de Valdivia en septiembre de 1973. Posteriormente, fue jefe de gabinete del general Roberto Guillard. Dejó el Ejército en mayo de 1986. Fue calificado como exonerado político en marzo de 2002, gracias a una carta de patrocinio del ex abogado de la Vicaría de la Solidaridad, Luis Toro. Una carta corta, manuscrita, que acreditaba que era un buen tipo. El Jefe Técnico, Luis Salinas, conocido de Toro, entonces recomendó su calificación como exonerado político.

 

Horacio Toro Iturra, ex general de Ejército. Tras el golpe militar, fue designado por Pinochet como segundo jefe del Comité Asesor de la Junta de Gobierno (COAJ). En 1975, fue agregado militar de la Junta en Francia. Pasó a retiro en 1978, y fue calificado como exonerado político en mayo de 2002. Se benefició con un abono de tiempo de 54 meses.

 

Enrique Cruz Laugier, comandante del Grupo de Artillería del Regimiento Tacna al momento del golpe militar. Ese día, atacó el palacio presidencial con artillería. Se retiró del Ejército en septiembre de 1987, y postuló a los beneficios de exonerado político, siendo calificado como tal en enero de 2000. Fue jefe de seguridad del Senado hasta 2004, cuando un reportaje de La Nación Domingo reveló su pasado. Hoy recibe una pensión como exonerado político.

 

Al que no le resultó la movida fue al ex oficial de Ejército Salvador Ballas Siglic. Postuló a los beneficios para exonerados siendo que él fue sumariado y dado de baja del Ejército antes del golpe, y por golpista. Ballas había participado vestido de uniforme en la manifestación de mujeres en contra del entonces Comandante en Jefe del Ejército general Carlos Prats, frente a su casa, en agosto de 1973. Pinochet, quien reemplazó a Prats, ordenó su baja, pero la tramitación demoró y el decreto fue emitido seis meses después del golpe militar, por lo que alcanzó a estar en el periodo para postular como exonerado. Alegó que la baja fue motivada por razones políticas, pero el Programa lo rechazó. Indignado, envió una carta acusando al PREP de discriminación.

 

Y los civiles…

 

Sergio Onofre Jarpa Reyes, ex senador del Partido Nacional y activo promotor del golpe militar. Fue embajador de la dictadura y también su Ministro del Interior. Fue calificado como exonerado político en julio de 2000 y recibió el beneficio de abono de tiempo de 35 meses.

 

Hermógenes Pérez de Arce Ibieta, ex diputado del Partido Nacional, férreo defensor del golpe militar y del general Pinochet hasta el día de hoy. Colaboró en las comisiones legislativas de la Junta Militar, y es columnista eterno de El Mercurio. Pidió ser calificado como exonerado político y lo logró en febrero de 1999, pero no obtuvo ningún beneficio porque nunca perdió trabajo – no tenía lagunas previsionales.

 

Juan de Dios Carmona Peralta, ex senador de la Democracia Cristiana, apoyó el golpe militar y luego fue Consejero de Estado de la Junta Militar. En 2001, recibió la Condecoración 11 de Septiembre de parte de la Corporación 11 de Septiembre. Fue calificado como exonerado político en febrero 1999 y desde entonces recibe una pensión de 4.000 pesos.

 

Mario Arnello Romo, ex diputado del Partido Nacional, apoyó el golpe y fue un entusiasta hincha de Pinochet. Fue calificado como exonerado político en noviembre 1999, con una pensión de 1.000 pesos.

 

Tal vez ahora sea un buen momento para volver a buscar esas carpetas.

29/11/2008 16:26 inverecundos Enlace permanente. Los otros inverecundos No hay comentarios. Comentar.


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