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LOS INVERECUNDOS VIERA GALLO, ESPINA Y CHADWICK

Al Senador José Antonio Viera Gallo lo de inverecundo le viene por familia. Es nieto o sobrino nieto del inverecundo secretario de la Intendencia de Tarapacá, que en 1907 fue el promotor de la matanza de la escuela Santa María. No se los antecedentes familiares de Alberto Espina y Andrés Chadwick, pero son inverecundos contumaces.

La última jugada ha sido colar modificaciones a la Ley que crea el Instituto de Derechos Humanos, que no sólo lo dejan inoperante, sino que lo convierten en un instrumento de consolidación de la impunidad y aval de la monstruosa teoría de Los Dos Demonios. Entre los numerosos intentos de colar leyes de punto final, esta barbaridad es una de las mayores y más peligrosas. Gracias a estos desvergonzados nos quedaremos sin Derechos Humanos en Chile.

El siguiente documento prueba lo que he dicho:

 

MINUTA SOBRE LAS MODIFICACIONES AL TEXTO DE LA LEY QUE CREA EL IDH

(INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS)

INTRODUCIDAS POR EL ACUERDO VIERA GALLO - ESPINA - CHADWICK (*)

 

Reformas Introducidas por el acuerdo:

En general las reformas acordadas por una comisión ad hoc, compuesta por Viera Gallo- Chadwick- Espina y trasladada a la comisión de CLJ (Constitución de Legislación y Justicia) en el Senado, representa un significativo retroceso en una serie de aspectos en relación con etexto preexistente.

Revisemos estos cambios:

1º En el artículo 1ro, el acuerdo de la comisión ad hoc introduce la dependencia del IDH para con el Ministerio de Justicia, lo que implica un detrimento de su autonomía, según lo recomiendan los principios de París. [En el caso de un gobierno que viole los DD.HH. prohibiendo, por ejemplo, la libre expresión de opiniones, el IDH no podría jugar ningún papel.]

2º En el artículo 4to numeral 1, el acuerdo de la comisión ad hoc elimina a los organismos del Sistema Internacional de DDHH -órganos especializados de la ONU, OEA, etc.- del listado de destinatarios del informe anual de revisión que debe generar el IDH, como parte de su actuación. Esta restricción no se condice con la obligación de informar periódicamente a dichos órganos que se contempla en la  mayoría de los pactos e instrumentos de DD.HH. y se cierra a la eficaz  fiscalización internacional como herramienta para promover la vigencia de los mismos. [En otros términos, el IDH –dependiente del Gobierno a través del Ministerio de Justicia- sólo emitiría informes para ser conocidos por el propio Gobierno.]

3º […]

 En el artículo 4to numeral 2, el acuerdo de la comisión ad hoc reemplaza la expresión Gobierno y órganos públicos por Gobiernos y órganos de la Administración del Estado como los destinatarios de las comunicaciones relativas a dar cuenta de situaciones que afectan a los DD.HH; con esto se restringe a la órbita del ejecutivo evitando que extienden comunicación a los Tribunales, Comisiones del Congreso u otros órganos públicos ajenos a la administración del estado. [Ver comentario entre corchetes anterior.]

5º En el mismo artículo 4to numeral 2, el acuerdo de la comisión ad hoc reemplaza el concepto de ‘‘situaciones prácticas o actuaciones que infrinjan o sean contrarias a los DDHH’’ por el de situaciones relativas a los derechos humanos mitigando el carácter contravencional de lo que es objeto de vigilancia.

6º En el mismo artículo 4to el acuerdo de la comisión ad hoc elimina el numeral 3 original que facultaba a hacer presente todo acto que importara discriminación arbitraria, con esto se restringe las facultades del Instituto para vigilar la vigencia de derechos fundamentales de nuevo tipo en la sociedad civil, siendo un golpe a los movimiento de mujeres, pueblos originarios y minorías de todo tipo.

7º En el artículo 4to numeral 4 original, actual 3, el acuerdo de la comisión ad hoc reemplaza nuevamente la expresión ‘poderes públicos’ por ‘órganos de la Administración del Estado’ como destinatarios de propuestas de medidas de favorecimiento a la protección de los derechos fundamentales, con esto se restringe a la órbita del Ejecutivo, evitando que extiendan comunicación a los tribunales, comisiones del Congreso u otros órganos públicos ajenos a la Administración del Estado.

8º En el artículo 4to numeral 5, actual 4, el acuerdo de la comisión ad hoc reemplaza la expresión instrumentos y principios internacionales de derechos humanos por la de Tratados Internacionales en materia de derechos humanos en lo que respecta a la obligación de promover la armonización entre la normativa interna y los contenidos de DD.HH. del sistema internacional restringiendo nueva y gravemente el alcance de dichos acuerdos.

9º En el mismo artículo 4to, el acuerdo de la comisión ad hoc elimina el numeral 6 original que facultaba a promover la aprobación, suscripción y ratificación de instrumentos internacionales de DD.HH. Con esto se impide que el IDH tenga un rol motor en la incorporación plena de Chile al Sistema de DD.HH. Internacional y vuelve a manifestar  desconfianza frente a ese sistema.

10º En el mismo artículo 4to, el acuerdo de la comisión ad hoc elimina el numeral 7 original que facultaba a deducir querella y ejercer acciones legales respecto de hechos que sean constitutivos de crimen, de genocidio, lesa humanidad, guerra y crímenes internacionales, lo que importa una de las mas graves amputaciones a su rol en la defensa de los DD.HH. y que desnaturaliza su carácter como herramienta eficaz en el cumplimiento de la obligación de persecución y castigo de los crímenes en contra de los DD.HH.

11º En el artículo 4to numeral 8 original, actual 5, el acuerdo de la comisión ad hoc elimina el párrafo que facultaba hacerse parte o coadyuvar en los procesos criminales relacionados con la determinación del paradero de los detenidos desaparecidos reduciendo su función a recopilar, analizar y sistematizar información útil y proponer medidas reparatorias, en complemento con el punto anteriormente señalado.

Ambas normas cercenan derechamente la mano al Estado en materia de persecución de estos delitos y contravienen las recomendaciones internacionales de perseguir estatalmente a los violadores de DD.HH. Esto es una infracción a obligaciones e imperativos a los que está sujeto nuestro país.

12º En el artículo 5to, el acuerdo de la comisión ad hoc reemplaza nuevamente la expresión solicitar la colaboración del Estado por solicitar la colaboración de la Administración del Estado lo que apunta a restringir la intervención frente a los Tribunales de Justicia.

13º En el mismo artículo 5to, el acuerdo de la comisión ad hoc elimina la facultad de recibir testimonios directos en el acopio de información relativa a hechos de su competencia, restringiendo su rol a la mera recabación de documentos generados por otros órganos del Estado.

14º En el mismo artículo 5to, inciso segundo, el acuerdo de la comisión ad hoc restringe a Director y Consejeros del IDH la facultad de ingresar a recintos donde puedan estar personas privadas de libertad, en el texto original permitía que además ingresara personal del instituto (abogados y otros) reforzando este rol de vigilancia. Claramente es más expedito que vaya a las mazmorras de un cuartel policial  un funcionario del IDH que un consejero que tiene otras funciones que desarrollar.

15º El acuerdo de la comisión ad hoc elimina el artículo 6 original que permitía emitir opinión sobre doctrinas judiciales que afectaran obligaciones contenidas en legislación de DD.HH. nacional o internacional. Con esto nuevamente se inhibe el rol del IDH frente a la Justicia  y en un tema particularmente sensible puesto que, todas las condenas de Chile  en el SIDDHH han sido por resoluciones judiciales.

16º En el artículo 7mo original, actual 6to numeral 1, el acuerdo de la comisión ad hoc modifica la composición del consejo subiendo de uno a dos los consejeros  elegidos por cada una de las cámaras, la norma parece  dirigida a permitir que la derecha, minoritaria en cada una de las Cámaras, instale un tercer y cuarto consejero de designación parlamentaria en el IDH.

17º Se introduce un artículo 7mo nuevo que regla la remoción de los consejeros radicándolo en el pleno de la Corte Suprema a requerimiento exclusivo del Presidente de la República, Cámara de Diputados o 10 de sus miembros.

18º En el artículo 8to numeral 2, el acuerdo de la comisión ad hoc elimina de la lista de organismos al que el Consejo debe presentar el informe anual a los organismos del sistema internacional de DD.HH. - órganos especializados de la ONU, OEA etc. Esta restricción no se condice con la obligación de informar periódicamente a dicho órganos que contempla en la mayoría de los pactos e instrumentos de DDHH y se cierra a la eficaz fiscalización internacional como herramienta para promover la vigencia de los DDHH.

19º En el artículo 11 relativo al Consejo Consultivo Nacional –que representa a organismos sociales y académicos vinculado a la Promoción de DDHH de la sociedad civil- el acuerdo de la comisión ad hoc reemplaza las asesorías que le debe prestar al consejo nacional en materia de competencia de esas organizaciones por asesorías en materias que el Consejo estime convenientes, donde claramente se rebaja su rol (de estos organismos) y sólo se le escucha cuando el consejo pide asesoría.

20º En el artículo 12 el acuerdo de la comisión ad hoc limita a un máximo de 30 la dotación del personal del IDH, este límite hace imposible por ejemplo, su regionalización (o alcance de articulación con las regiones del país).

21º En el artículo 13 se establece tuición de Contraloría General de la República, aunque paradójicamente  el inciso primero señala que en los actos del IDH se regirán por la norma del derecho privado.

22º En el artículo 16, el acuerdo de la comisión ad hoc eleva el quórum para otorgar el premio de DD.HH. a dos tercios de simple mayoría, tratando de dar el poder de veto a la Derecha.

23º En el artículo 3ro transitorio letra b, el acuerdo de la comisión permite que la comisión especial de reapertura Rettig - Valech extienda los beneficios a personas afectadas por acciones de resistencia al régimen llamándolas ‘‘actos de particulares
cometidas con PRETEXTOS políticos’’, esto consagra la teoría de los dos demonios y desnaturaliza el rol reparatorio de los beneficios frente a acciones del Estado.

En resumen las directrices de este acuerdo resultan ser:

Debilitar el IDH restringiéndolo en facultades y dotación Impedir que tenga presencia internacional al eliminar a los organismos internacionales del listado de receptores de su informe anual y eliminarle la facultad de promover la armonización de la legislación interna al ordenamiento internacional de DD.HH, si pensamos que vigilancia de la Comunidad Internacional ha sido histórica y universalmente uno de los más importantes medios de fiscalización de la obligación y que la principal fuente de la teoría de los DD.HH. es ese sistema, entendemos lo grave de esta orientación.

Se rebaja la participación de la Sociedad Civil, desperfilándola en el Consejo Consultivo. Este “social watch” es el segundo gran medio de fiscalización y protección en el cumplimiento de estos principios (promoción y defensa de los DD.HH.).

Privarlo de facultades Judiciales, no solo mediante la eliminación de sus facultades directas de querellarse y hacerse parte en procesos judiciales, sino también cerrando la vía oblicua al reemplazar la expresión “poderes públicos” que comprende al Poder Judicial por “Administración del Estado”, expresión que lo excluye a lo largo de todo el texto. El escenario judicial es central en la lucha por la vigencia de los derechos humanos e inhibir su participación en ella es derechamente cercenarle las manos, lo que va a contrapelo de la obligación internacional de perseguir estatalmente los crímenes de DD.HH. y de lesa humanidad. Pero, además, en forma indirecta le priva de personería para comparecer en juicio al Programa de DDHH del Ministerio del Interior, motor fundamental en muchas de las causas, al desplazarlo como el continuador de la CVR en la obligación de establecer el destino final de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos sin entrega de restos, pues atribuye esta función al IDH emasculándole a su vez las facultades judiciales. Como guinda de la torta, dispone que los archivos del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior pase al IDH, norma que tiene sentido si éste continuara la actividad judicial de persecución de crímenes contra los DD.HH. que ejerce el Programa pero que en el nuevo contexto es solo privarlo de documentación imprescindible para las causas destinándolos a hacer arqueología o academia.

Lo priva de la facultad de ser motor en la lucha contra la discriminación social, de género etc., una de la mas ricas vetas de avance en materia de DD.HH. y, por cierto, también desperfilándolo como agente de vigencia de los DD.HH. a futuro.

En resumen, la lucha está abierta para reponer al IDH en su genuino sentido o crear alternativas que no impliquen que esta viga maestra de la institucionalidad en DD.HH. no sea un mazazo en la cabeza que desnuca a la lucha por la verdad y la justicia que estamos dando, que no desmantele entes que han sido fundamental en los últimos avances, que no ciegue la vía de abordar nuevos temas en la Sociedad Civil, cosa que el proyecto nacido del acuerdo VGECH (Viera Gallo, Espina, Chadwick), tristemente hace.

(*) Minuta preparada por juristas de DD.HH. (BORRADOR)

 

 

10/09/2007 19:27 inverecundos Enlace permanente. Los otros inverecundos No hay comentarios. Comentar.

FUNDACIÓN PRESIDENTE ALLENDE DEMANDA A INVERECUNDOS

En desarrollo del Caso Pinochet la Fundación con sede en Madrid ha solicitado que España dirija una Comisión Rogatoria a las Autoridades competentes de la República de Chile exponiendo los hechos y fundamentos de derecho de la acusación, invitándolas a que incoen el correspondiente proceso ante sus Tribunales, o, si no pueden o no desean hacerlo, que sean los de España quienes sigan adelante con las actuaciones, en conformidad con los principios de jurisdicción universal que les confiere el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, contra los Generales BRADY, BENAVIDES, ARELLANO STARK, BAEZA, CONTRERAS, ESPINOZA, los ex Ministros Mónica MADARIAGA y Sergio FERNÁNDEZ, y  otros.

Los generales BRADY, BENAVIDES, ARELLANO STARK y BAEZA son, junto con Pinochet, los máximos responsables del amotinamiento de tropas contra la República de Chile el 11 de septiembre de 1973. Herman BRADY como Jefe de la Segunda División y de la Guarnición de Santiago, Raúl BENAVIDES como Jefe de Institutos Militares, en reemplazo de los dos generales que habían abandonado esos puestos de mando días antes del motín.  En 1972 BRADY había explotado su filiación masónica para evitar el pase a retiro propuesto por el Comandante en Jefe del Ejército, quien dudaba de su lealtad a las instituciones republicanas.

CONTRERAS SEPÚLVEDA, Manuel -Director-Delegado de la DINA-; ESPINOZA BRAVO, Pedro -adjunto de Manuel Contreras Sepúlveda en la DINA-; MONTERO MARX, Enrique -subsecretario del Ministerio del Interior-; BENAVIDES ESCOBAR, Raúl -Ministro de Defensa-; MADARIAGA GUTIERREZ, Mónica –Ministra de Justicia-; FERNANDEZ FERNANDEZ, Sergio –Ministro del Interior; BAEZA MICHAELSEN,  Ernesto Julio - Director General de Investigaciones (Policía Civil), en el momento de cometerse los hechos,-, así como BRADY ROCHE, Herman, Ministro de Defensa en julio de 1976, están acusados de responsabilidad   mediata en el secuestro, tortura y asesinato del diplomático español D. Carmelo Soria y miles de otras personas.

Los oficiales QUILHOT PALMA, René Patricio, LEPE ORELLANA, Jaime Enrique; SALINAS TORRES, Guillermo; BELMAR LABBÉ, Pablo, e ITURRIAGA NEUMANN, Raúl Eduardo, todos adscritos a la DINA, están acusados de responsabilidad inmediata en la tortura hasta la muerte de D. Carmelo Soria y otras personas.

Sobre SERGIO FERNÁNDEZ y MÓNICA MADARIAGA pesa la acusación de haber colaborado en  la imposición, ilegal y deliberada, de mecanismos legislativos y judiciales para encubrir los crímenes, dificultar su investigación e impedir el enjuiciamiento y sanción de los responsables a través del Decreto núm. 2199, de 18 de abril de 1978, denominado de amnistía.

El procesamiento que se pide de Mónica MADARIAGA y Sergio FERNÁNDEZ  tiene otro precedente en el enjuiciamiento del Ministro de Justicia de Alemania, Franz SCHLEGELBERGER, del Subsecretario de Justicia, Herbert KLEMM,  del Fiscal Jefe del Tribunal del Pueblo alemán, Osvald ROTHAUG y de los más altos responsables del Ministerio de Justicia, de la Fiscalía General del Estado  y de la Alta Magistratura Judicial de Alemania. Las mencionadas autoridades fueron acusadas de participar en una conspiración para cometer, entre otros, crímenes de lesa Humanidad contra civiles alemanes y de otras naciones, en particular asesinatos por motivos políticos y torturas (es este juicio a los Jueces y Fiscales el que en  los años 60 fue llevado al cine bajo el nombre “El Juicio de Nüremberg”).

El Ministro de Justicia Franz SCHLEGELBERGER, el Subsecretario de Justicia Herbert KLEMM y el Fiscal Jefe del Tribunal del Pueblo, fueron condenados a cadena perpetua en la Sentencia de 4 de diciembre de 1947 por los hechos descritos en el Auto de procesamiento, entre ellos los siguientes: 

"(...) 16. El Ministro de Justicia concedió inmunidad y la amnistía, tras su inculpación y condena, a miembros del Partido Nazi por graves crímenes cometidos contra civiles de los territorios ocupados. Fueron perdonados miembros del Partido Nazi que habían sido sentenciados por delitos probados (...) [del cargo Nº 1]

“30. Al dejar en suspenso y ahogar los procesos penales, el Ministro de Justicia participó en el programa de incitar a la población civil alemana a asesinar aviadores Aliados derribados dentro del Reich. Ese programa llevó al asesinato, tortura y maltrato de muchas personas. Esos delitos están concretados en el párrafo 18 de este procesamiento (..) [extracto del cargo Nº 3].

“19. Los delitos descritos constituyen violaciones de los convenios internacionales, en particular de los arts. 7, 23, 43, 45, 46 y 50 de las Reglas de La Haya de 1907, y de los arts. 2, 3 y 4 del Convenio sobre Prisioneros de Guerra (Ginebra, 1929), de las leyes y costumbres de guerra, de los principios generales del derecho penal tal como se desprenden de las leyes penales de todas las naciones civilizadas, del derecho penal interno de los países donde esos crímenes fueron cometidos, y del art. II de la Ley del Control Council Nº 10” [conclusión del cargo Nº 1, reiterada en sustancia en la del cargo Nº 3].” (..)

“Las SS arrestaron a personas por motivos políticos, y fueron detenidas en prisiones y campos de concentración; y los jueces no tenían poder para intervenir de ninguna manera. El perdón fue otorgado a miembros del Partido que habían sido sentenciados por los jueces en delitos  probados. En 1935 varios oficiales del campo de concentración de  Hohenstein fueron condenados por infligir un trato brutal a los detenidos. Altos oficiales Nazis habían tratado de influenciar al Tribunal, y después que fueron sentenciados Hitler les perdonó a todos (...) [en Juicio de los mayores Criminales de Guerra, Nuremberg, 1947, vol. I, pág. 179] (...)

“Durante la guerra, las secciones administrativa y penal del Ministerio de Justicia continuaron cooperando en la protección a los seguidores leales del III Reich respecto de su persecución penal por innumerables atrocidades contra polacos, judíos y otros “elementos indeseables”. (…) En 1941 el acusado SCHLEGELBERGER aseguró a Rudolf Hess que iba a considerar con ‘benevolencia’ una amnistía en todos los casos de atrocidades cometidas después de finalizada la campaña de Polonia.”

En la Sentencia de condena del Ministro de Justicia Franz SCHLEGELBERGER el Tribunal afirma:

“La prueba demuestra convincentemente que con el fin de mantener el favor de Hitler hacia el Ministerio de Justicia (...) Schlegelberger y los otros acusados (...) asumieron el sucio trabajo que los líderes del Estado pidieron, y usaron el Ministerio de Justicia como un medio para exterminar a la población judía y polaca, terrorizar a los habitantes de los países ocupados y barrer a la oposición en casa. (...) La prostitución de un sistema judicial para lograr fines criminales implica un elemento de maldad hacia el Estado que no se encuentra en atrocidades  manifiestas que no ensucian las togas de los jueces.

En la Sentencia de condena del Subsecretario de Justicia Herbert KLEMM se puede leer:

“Durante ese tiempo [KLEMM como Subsecretario] el Ministerio de Justicia aún se ocupaba de los caso de[l Programa] Noche y Niebla [NN]. (..) El acusado (...) admite saber que prisioneros de Noche y Niebla fueron trasladados de Essen a Silesia. Admite que denegó asistencia espiritual a prisioneros NN por clérigos extranjeros. Admite conocer un borrador de una carta de Thierack [Ministro de Justicia] a Borman [Jefe de la chancillería del Partido] para que las mujeres NN que no iban a ser ejecutadas deberían ser avisadas. Admite denegar clemencia a dichos prisioneros NN cuando estaba actuando como adjunto de Thierack. En los restantes 123 casos, Thierack denegó clemencia cuando KLEMM estaba presumiblemente sentado con él en la reunión. (...)

“Difícilmente puede asumirse que el acusado KLEMM no era conocedor de las prácticas de la Gestapo para obtener confesiones. Él se ocupaba de esa cuestión durante su primer período en el Ministerio de Justicia. Es difícilmente creíble que creyera que los métodos de la policía que en un primer momento estaban sometidos a alguna vigilancia del Ministerio de Justicia, se hubieran convertido en menos duros porque la Gestapo en 10/1940 fuera puesta más allá de la jurisdicción de la ley. Tiene que haber sido consciente que una prolífica fuente de casos claros en base a confesiones y, por consiguiente, legalmente incontestables, llegaron a él desde la oscuridad de la cámara de torturas.(...)

“Más específicamente, KLEMM supo de los abusos en los campos de concentración. Supo de la práctica de interrogatorios severos. Supo de la persecución y opresión de los judíos y polacos. Debe asumirse que deber haber conocido, a partir de las pruebas, las bases generales de los procedimientos Noche y Niebla bajo el Ministerio de Justicia. (...)

Como Secretario de Estado conoció del procedimiento Noche y Niebla (...) necesariamente ejerció la supervisión sobre la aplicación de los decretos contra polacos y judíos (...).”

Es decir, los Ministros de Justicia y los Fiscales Jefe de Alemania fueron juzgados y condenados, entre otros, por hechos de igual naturaleza que aquellos por los que se ha solicitado el procesamiento de Mónica MADARIAGA y Sergio FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: por haber preparado y promulgado, en concertación con Augusto Pinochet, el Decreto núm. 2199, de 18 de abril de 1978, denominado de amnistía, destinado a encubrir los crímenes cometidos contra D. Carmelo Soria y los millares de otros crímenes identificados como integrando un delito de genocidio-, y a instaurar la impunidad en que siguen hasta hoy.

Entre el 11.09.1973 y el 11.03.1990 los funcionarios públicos agrupados en las organizaciones DINA y CNI ejecutaron en Chile, y en otros Estados, un programa de crímenes de tipificación semejante a los imputados a funcionarios de las SS, GESTAPO y Partido Nazi; la jefatura político-militar de Hitler tuvo su equivalente en Chile en la del fallecido procesado Pinochet; el territorio ocupado ilegalmente por tropas bajo su mando era el de Chile;  el programa criminal “Noche y Niebla” fue practicado en Chile con la denominación “detención-desaparición forzada”;  los planes de exterminio aplicados por las Autoridades de Alemania a la oposición democrática interna, a los polacos, etc.,  fueron aplicados en Chile a ciudadanos chilenos y de otras naciones, entre ellos los españoles D. Carmelo Soria Espinoza y D. Antonio Llidó Mengual.
 
Más antecedentes e información en Caso Pinochet

Fuente: www.elclarin.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=8421&Itemid=44 

 

10/09/2007 22:33 inverecundos Enlace permanente. Genocidas inverecundos No hay comentarios. Comentar.


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