INVERECUNDO DIEGO PORTALES PALAZUELOS

Separata Sur Andino N° 61

El 18 de septiembre no es el día de la independencia de Chile

Escribe: Haroldo Quinteros Bugueño*

En 1808, el emperador francés Napoleón Bonaparte, que por entonces ya había ocupado toda Europa continental excepto Rusia, procedió a la invasión de España, una de las tres mayores superpotencias colonialistas de la época, junto a Francia e Inglaterra.

 

La resistencia española a los disciplinados, diestros y poderosos ejércitos napoleónicos fue inútil. Napoleón ocupó el país, obligó al rey Carlos IV a abdicar en favor de su hijo Felipe VII, y puso en el trono español a su hermano José.

 

Al conocerse estas noticias en las colonias españolas americanas, sus administradores, obviamente realistas y varios de ellos nacidos en España, organizaron juntas de gobierno cuyo fin era asegurar la continuidad de la posesión española de las colonias. Por lo tanto, éstas, mientras España no se librara de los franceses, serían administradas por fieles súbditos de la lejana corona. La esperanza de la monarquía hispana era que Napoleón fuese finalmente vencido por las restantes potencias europeas, algunas de ellas, como Prusia y demás estados alemanes, ocupadas por el Corso.

 

Administrar la colonia en nombre de la corona de España, sobre cualquiera otra consideración, involucraba un rechazo a los ideales republicanos que, aunque fuese en teoría Napoleón representaba, aventados y sostenidos por los independentistas de toda la América hispana.

 

Por lo tanto, la convocatoria a la junta de realizada en Santiago de Nueva Extremadura (Santiago de hoy) por un pequeño grupo de aristócratas habitantes de una de las colonias del rango más modesto entre ellas (Chile era sólo una “capitanía general” en la nomenclatura imperial española) fue un llamado a reafirmar el coloniaje.

 

En verdad, la reunión del 18 de septiembre de 1810, sólo era parte de una estrategia realista continental, anti-republicana y anti-independentista. Sólo hasta aquí, la conclusión ya es obvia: no hay ninguna razón que sirva para justificar que esta fecha sea el día de la independencia de Chile. Pueden llamarla “día en que la colonia comenzó a ser administrada por criollos realistas,” etc., pero en ningún caso nuestro Día Patrio.

 

De modo que, dicho con toda claridad, se ha engañado al pueblo chileno con esta celebración, porque todas las explicaciones que se han dado para celebrar el 18 de septiembre como el día de nuestra independencia carecen de todo fundamento, tanto histórico como ideológico.

 

Había, se dice, entre los convocados a formar la junta algunos personajes de convicciones independentistas. Eso es cierto, pero eran una ostensible minoría. Si hubiesen sido mayoría, Chile habría proclamado entonces su independencia; además, no habría sido elegido Mateo de Toro y Zambrano su presidente, un anciano aristócrata posesor del título nobiliario Conde la Conquista. (¡vaya! “de la conquista”).

 

Los independentistas que participaron en la Junta eran un pequeño grupo de infiltrados en lo que era una asamblea derechamente realista que se reunió, precisamente porque temía que la derrota del imperio español ante Napoleón pudiera servir a los patriotas a transformar la colonia en una república independiente. Es muy importante tener en cuenta que los patriotas actuaban clandestinamente.

 

También se argumenta en favor de otorgar al 18 de septiembre la categoría de nuestro Día Nacional, la irrupción del “Motín de Figueroa,” pero ese incidente sólo fue expresión de contradicciones entre los realistas, no entre realistas y patriotas.

 

Veamos: El 1° de abril de 1811, más de 6 meses después de reunida la Junta, un teniente coronel español ultraconservador, Tomás de Figueroa, junto a algunos seguidores, se alzó para impedir la constitución de un congreso que remplazaría a la Junta del 18 de septiembre del año anterior y deponer al gobierno colonial. El congreso la ampliaría y modernizaría jurídicamente; es decir, la colonia seguiría siendo colonia, lo que significa que conservaría enteramente su sello y carácter anti-independentista. La razón que tenía Figueroa era su temor que este congreso, cuyos miembros serían elegidos (aunque bajo el principio de fidelidad a la corona) fuese infiltrado por independentistas.

 

Figueroa pensaba -y así lo declaró en su defensa- que para gobernar la colonia bastaba la Real Audiencia y un gobernador leal al rey, mientras el monarca continuara refugiado en Cádiz, el puerto español del sur peninsular que, protegido por la flota inglesa, Napoleón evitó ocupar.

 

Como se comprobó que algunos miembros de la Real Audiencia habían apoyado a Figueroa, la minoría patriota activa en la Junta, entre ellos Ignacio de la Carrera (el ilustre padre de los cuatro hermanos Carrera), un criollo aristócrata que era parte de su testera, quiso dar un paso, aunque fuese débil, hacia la independencia, y se jugó por entero por disolver la Real Audiencia, ejecutar a Figueroa, encarcelar y deportar a los que apoyaron su asonada.

 

Esta explicación es, sin embargo, insuficiente, porque la disolución de Real Audiencia y la destitución del corrupto gobernador García Carrasco ya había sido decidida desde España desde hacía mucho tiempo; de modo que era natural que el poder político y la administración de la colonia terminarían concentrándose en el congreso que sustituyó a la junta de 1810. Figueroa fue finalmente condenado a muerte y fusilado.

 

Volvamos a la junta de aquel 18 de septiembre de 1810: Naturalmente, no hubo en ella ninguna resolución de independencia, en absoluto, lo que en los manuales de Historia de la Educación escolar básica y media de Chile, no se enseña.

 

Menos se enseña el texto del acta evacuada ese mismo día. La junta que se reunió el 18 de septiembre de 1810 no se hizo llamar “Junta Nacional de Gobierno,” como falsamente aún se enseña en nuestras escuelas. Obviamente, no podría ser “nacional” puesto que la nación no existía, lo que explica por qué el nombre real y oficial que le dieron sus organizadores, i. e., los autores del acta-acuerdo que evacuó, fue “Junta Provisional Gubernativa del Reino.” “Provisional” porque existiría sólo hasta cuando el rey de España volviera al trono; y “reino” porque esa palabra era otro nombre que se daba en la época a las colonias.

En suma, esa acta partía por reconocer a Chile como una colonia, y no como un país que se independizaba. Tampoco la educación oficial de Estado chilena ha sido veraz al carácter que tuvo esa reunión. La ha llamado “cabildo abierto,” en circunstancias que tuvo lugar en un recinto cerrado y celosamente custodiado por el ejército colonial de entonces, realista, monárquico y anti-patriota.

 

A todo esto, los patriotas conspiraban. La primera y más importante conspiración patriota fue la de los “Tres Antonios,” anterior, incluso, a la Revolución Francesa. Esta conspiración, que reviste gran importancia en el largo proceso de lucha por la independencia de Chile y de todas las colonias españolas, apenas se menciona en nuestras escuelas, aunque, como chilenos debiera honrarnos proclamarla y enseñarla, porque fue uno de los primeros gritos de libertad en el continente.

 

Tuvo lugar en Chile en 1780, poco después del triunfo de la revolución de independencia de Estados Unidos en 1776, y sólo un años después de la ejecución en Cuzco del patriota indígena peruano Túpac Amaru. Inspirados en los principios del enciclopedismo francés (Rousseau, Voltaire, Diderot, Montesquieu) que diera origen ideológico a la Revolución Francesa, tres hombres de nombre Antonio, protagonizaron en Chile el primer esfuerzo independentista.

 

Dos de ellos eran nacidos en Francia, Antoine Berney y Antoine Gramusset, pero, en verdad, eran muy chilenos porque ya vivían muchos años en Chile y tenían esposas e hijos chilenos; y uno criollo-chileno, Antonio de Rojas. Los Antonios organizaron un grupo independentista que tenía varias células en el país. El jefe mayor del grupo era Antoine Berney, profesor de latín y matemáticas en la única universidad que había en Chile, en Santiago, llamada Universidad de San Felipe, en honor al rey de España Felipe VII. Fueron finalmente descubiertos y capturados.

 

Los dos Antonios franceses no fueron ejecutados porque entonces España no arriesgaría ningún conflicto con la Francia post-revolucionaria. Además, por finales del siglo 18, el enemigo tanto de España como de Francia era Inglaterra. Antonio de Rojas, el Antonio chileno, se salvó porque los dos franceses abogaron por él. Los tres, por su calidad de conspiradores en primer grado, fueron deportados al Perú, para ser juzgados en el virreinato. En Perú fueron condenados al exilio. Partieron a Francia, pero el barco en que iban naufragó en el océano. Los dos Antonios franceses murieron ahogados y Antonio de Rojas, que se salvó, consiguió ser rescatado y llevado finalmente a Francia.

 

Como sucede con los verdaderos revolucionarios, siempre incansables, apenas pudo volvió a Chile, con la intención de seguir luchando. En Chile fue capturado, torturado y murió en prisión a causa de las torturas sufridas. Las proclamas de los Antonios fueron los primeros documentos revolucionarios independentistas chilenos, y fueron conocidos en la región americana colonial española. Nada de esas proclamas se enseña en las escuelas de Chile, aunque muchas se han conservado, gracias a las investigaciones y archivos de varios de nuestros historiadores de la República (Amunátegui, Vicuña Mackenna, Barros Arana, especialmente).

 

Una de esas proclamas declaraba el carácter que tendría el nuevo estado libre de Chile. Decía: Queremos,

 

1. 1.      La sustitución del régimen monárquico por el republicano.
2. 2.      Un gobierno establecido en un cuerpo colegiado, repartido entre el Jefe de Estado y el Senado.
3. 3.      Elección de las autoridades por voto popular, incluyendo el voto de los indígenas "araucanos" o mapuches.
4. 4.      Abolición de la esclavitud y de la pena de muerte.
5. 5.      Fin de los títulos de nobleza y las jerarquías sociales.
6. 6.      Redistribución de la tierra, repartiéndola entre todos los chilenos en lotes iguales.
7. 7.      Exportación de la revolución chilena al resto de América y el mundo

 

Volviendo al tema de la falsedad del “cabildo abierto” de 1810: La verdad histórica es que los primeros cabildos abiertos de nuestra historia fueron convocados un año después, en 1811, bajo el gobierno del Primer Padre de la Patria (por lo menos, en sentido cronológico), y Primer Presidente de Chile, don José Miguel Carrera y Verdugo.

 

Un “cabildo abierto” es una instancia de participación popular y de carácter resolutivo, y la reunión convocada por la junta el 18 de septiembre de 1810 congregó, por simple cooptación, solamente a criollos ricos conocidos por su figuración en el ambiente de la aristocracia, dueños de tierras y algunos poseedores de títulos nobiliarios, condición completamente contraria a los ideales patriotas proclamados por los Tres Antonios.

 

En la junta también se reunieron dignatarios, autoridades y burócratas de la corona, la jerarquía de la Iglesia Católica, tan monárquica como anti-independentista, como lo consigna el historiador Miguel Luis Amunátegui en varias de sus obras como La Encíclica del Papa León XII contra la independencia de la América española (1874); y finalmente, los oficiales mayores del ejército colonial.

 

Entonces, ¡vaya día de la “independencia” el 18 de septiembre, conformada por aristócratas, clérigos y militares, todos anti-independentistas, que evacuaron una declaración, que entre otros conceptos, decía: Procuraremos los medios más ciertos de quedar asegurados, defendidos, y eternamente fieles vasallos del más adorable monarca Fernando.

 

En resumen, el día 18 de septiembre de 1810 sólo hubo una reunión de realistas, que rechazaron, primero, la posibilidad que la colonia española de Chile pasara a ser una colonia francesa; y segundo, la posibilidad que la derrota militar de España ante Napoleón pudiera dar origen a un alzamiento independentista en las colonias de América.

 

Finalmente, la figura de Mateo de Toro y Zambrano, elegido presidente de la junta que iba a administrar la colonia de Chile, grafica bien el tono ajeno a todo cariz de independencia que tuvo la reunión. Tenía entonces 83 años, una edad exageradamente avanzada en aquellos tiempos, y murió sólo 6 meses después de constituida la junta. Es muy decidor el hecho que Toro fuera el elegido, porque ello, precisamente, sirvió para enfatizar el carácter conservador, aristocrático y pro-colonial de la reunión del 18 de septiembre.

 

 Es de concluir, entonces, que esta fecha sólo puede recordarse como aquella en que los realistas se reunieron como colonos, para darse un gobierno local con el solo objetivo de administrar lo que era una posesión de España, puesto que el rey no podía hacerlo desde su perdido trono imperial. En otras palabras, la junta del 18 de septiembre de 1810 trajo por consecuencia el establecimiento de un gobierno anti-patriota, que no se habría constituido si Napoleón Bonaparte no hubiera invadido y sometido completamente a España en 1808.

 

Los juntistas reafirmaron ese día sus convicciones monárquicas, proclamaron su conformismo colonial, su oposición al republicanismo, su desprecio a la igualdad y a la libertad de pensamiento, su oposición al laicismo de Estado, al republicanismo, a la democracia y la independencia; exactamente lo contrario a lo que propugnaban los patriotas, como los 3 Antonios, y más tarde Carrera, O´Higgins y Manuel Rodríguez.

 

En cuanto a qué fechas pueden servir para proclamar la independencia de Chile, hay muchas.

 

En orden cronológico, está el 4 de septiembre de 1811. Ese día, José Miguel Carrera seguido por sus hermanos, algunas fuerzas militares y civiles armados patriotas atacaron la guarnición realista de Santiago y desarmaron otros cuerpos armados de la capital. Al día siguiente, Carrera, sin importarle un rábano el “congreso” también realista que sustituyó a la junta, proclamó por primera vez la independencia de Chile.

 

Recordemos aquí que el 4 de septiembre era en nuestra antigua democracia la fecha en que el pueblo elegía a los presidentes de la República, precisamente en homenaje a la gesta de Carrera, fecha completamente lanzada al olvido por la dictadura militar de Pinochet.

 

En 1814, luego de la derrota definitiva de Napoleón en Waterloo, los realistas recuperaron la colonia con la derrota patriota de O’Higgins en Rancagua. Así, la corona proclamó la “Reconquista” de Chile, lo que dio origen al período que los realistas llamaron la “Restauración.”

 

Luego está también el 12 de febrero de 1817, fecha de la victoria patriota en Chacabuco, día que fue proclamado por O’Higgins como el día de la independencia.

 

Finalmente, está también el 5 de abril de 1818, fecha en que el Ejército Libertador comandado por José de San Martín derrotó definitivamente a los realistas en Maipú.

Los patriotas activos que había en Chile en 1810 no tenían nada en común con los realistas de la junta del 18 de septiembre, como así lo confirma el gobierno de José Miguel Carrera, que no hizo otra cosa que dar cumplimiento a los ideales proclamados por los tres Antonios.

 

Para empezar el gobierno de Carrera tuvo una clara impronta popular. El 15 de noviembre de 1811, el primer gobernante de Chile convocó a un cabildo abierto de verdad, el primero en nuestra historia que se realizó en la Plaza de Armas, para proclamar ante el país y el mundo que Chile era un país libre y administrado por chilenos, no por españoles ni criollos realistas. Esta vez no hubo invitaciones ni reuniones a puertas cerradas custodiadas militarmente, pues la convocatoria fue universal.

 

Un mes después, viéndose apoyado por la mayoría de los criollos, Carrera dio el golpe de gracia a los realistas. Expulsó del país a los oficiales del Ejército conocidos como realistas, la mayoría de ellos criollos; es decir, nacidos en Chile. Después disolvió el Congreso, que como hemos dicho, no era sino una derivación de la reaccionaria Junta de Gobierno del 18 de septiembre de 1810.

 

En 1812, Carrera proclamó nuestra primera constitución política como nación soberana, que llamó “Reglamento Constitucional,” carta política de carácter republicano, conocida como la Constitución de 1812, cuyo texto tampoco se enseña en nuestras escuelas y liceos, y que no hace sino repetir lo que proclamaron los tres Antonios 32 años antes.

 

Durante su gobierno, Carrera hizo algunas concesiones formales a los todavía poderosos realistas, pero esto sólo fue para impedir enfrentamientos que pudieran dar inicio a conatos que terminaran en una guerra civil.

 

En los dos años y medio de su gobierno, Carrera decretó la libertad económica y de comercio, rompió relaciones con el virreinato del Perú, el primer bastión del colonialismo español en Sudamérica; impulsó la instrucción pública para niños y, sépase, también de las niñas, lo más revolucionario imaginable en esa época, puesto que la corona española y la Iglesia no admitían la educación institucional escolar de las mujeres.

Carrera puso también en marcha la primera prensa nacional, en la que difundió la nueva cultura chilena como nación libre e independiente, republicana e igualitaria, tal como la describe el diario oficial de gobierno “La Aurora de Chile;” a cuyo cargo estaba Camilo Henríquez, un cura revolucionario disidente de la jerarquía de la Iglesia, que unos años antes había sido juzgado en Lima por un tribunal de la Inquisición porque se le encontró libros de los precursores ideológicos de la revolución Francesa.

 

Carrera fundó el primer ejército nacional, que se llamó “Granaderos de Chile”; construyó escuelas para el fomento de la educación; otorgó derechos políticos y de propiedad de tierras al pueblo mapuche, respetando su calidad de pueblo y nación diferente a los criollos.

 

Carrera, además, ha pasado para siempre a la historia universal como el primer gobernante de todo el continente americano que abolió la esclavitud.

 

Finalmente, cerró el Tribunal de la Inquisición, autorizó la lectura de los livri prohibitorum et expurgatorum; es decir, los libros revolucionarios franceses que constituyen la base sobre la cual se sustentan filosófica y políticamente las democracias del mundo de hoy. Carrera prohibió los pagos por los sacramentos que el pueblo católico pobre no podía pagar; sin embargo, respetuoso de la Iglesia, fijó sueldos a los sacerdotes y nunca puso en entredicho el ministerio eclesiástico en Chile.

 

En resumen, si bien Carrera, por la situación revolucionaria en que se encontraba el país, gobernó en forma unipersonal, su ideal era la democracia parlamentaria estadounidense, cuál era su objetivo político ulterior, que vino a ser truncado por la Reconquista.

 

En 1812, Napoleón fue irrecuperablemente derrotado en Rusia y finalmente terminó completamente vencido en Waterloo, en esa época parte de Holanda, en 1815. Ya en 1813, los ingleses, encabezados por el Duque de Wellington habían expulsado definitivamente a los franceses de España y devuelto la corona española a Fernando VII.

 

Como la historia y la política son fenómenos globales, la derrota de Napoleón también fue la derrota de la causa patriota en Chile, porque en 1814, España volvió a ser la gran potencia imperialista de antes. Fernando VII restauró el orden monárquico absolutista, reinstauró la Inquisición y persiguió a los liberales en España, para luego saltar al continente americano con el fin de recuperarlo de las manos de algunos atrevidos revolucionarios independentistas como Carrera.

 

Entonces, el cuerpo colegiado de patriotas que administraban el país, encabezado por Carrera, eligió al patriota y militar Francisco de la Lastra como “Director Supremo”, mientras Carrera organizaba la guerra de resistencia.

 

En 1814, se produjo el inicio de la profunda enemistad entre los patriotas Carrera y O’Higgins, que hasta hoy es materia de discusión. El hecho es que O’Higgins, el primer jefe militar después de Carrera, firmó con los realistas el “Tratado de Lircay,” ante la superioridad enemiga y los continuos fracasos militares patriotas desde un año antes.

 

El tratado reconocía la autoridad del rey de España en Chile, lo que, para los “o’higginistas” sólo supone una táctica de guerra para ganar tiempo. Carrera se opuso a ese tratado, y finalmente los dos primeros Padres de la Patria, ya definitivamente enemigos, se enfrentaron militarmente en el combate de Las Tres Acequias, que ganó Carrera.

 

De la Lastra estuvo con O’Higgins, y Carrera no trepidó en sacarlo del poder y asumir él la conducción del país y la guerra; sin embargo, sabedor del apoyo militar que tenía O’Higgins, pactó con él la continuación unidos de la guerra de resistencia.

 

Puede ser que esa desunión pudo ser la mayor causa de la derrota patriota en Rancagua y el fin de lo que fue la Patria Vieja. Antes de Rancagua, e incluso después de Las Tres Acequias, los dos primeros patriotas de Chile habían enfrentado juntos a los realistas luchando a muerte contra sus ejércitos comandados por los generales Gaínza, Pareja, Sánchez y Osorio. Aunque los ejércitos patriotas comandados personalmente y en combate por Carrera y O’Higgins ganaron varias batallas, finalmente en octubre de 1814, los realistas recuperaron su antigua colonia, luego del desastre patriota en Rancagua.

 

Cada una de las obras del gobierno de Carrera fueron aniquiladas, y así terminó la “Patria Vieja,” iniciándose el período de nuestra historia conocido como “La Reconquista.”

 

Como sabemos, nuestros incansables patriotas se reagruparon y reiniciaron la lucha por la libertad, cuyo más fiero y audaz exponente fue el guerrillero Manuel Rodríguez.

Aquella difícil tarea concluiría exitosamente en abril de 1818, con la batalla de Maipú.

 

¿Por qué la aristocracia consiguió recuperar su poder en Chile, luego de obligar a O’Higgins a abdicar?

Veamos las cosas desde el comienzo. La misma aristocracia que se declaró española en 1810 con la junta del 18 de septiembre, se declaró chilena después de Maipú.

 

Valiéndose de su poder económico e influencia sobre parte de la oficialidad y de la Iglesia, expulsó a O’Higgins del poder en 1823, entonces Director Supremo y el más conspicuo de los patriotas republicanos vivos.

 

La esperanza de un Chile popular, igualitario y democrático, que quisieron Carrera y O’Higgins, se esfumó luego que los “pelucones” (los conservadores) vencieran a los “pipiolos” (los patriotas liberales) en la batalla de Lircay en 1830.

 

Al mando de las tropas conservadoras estaba José Joaquín Prieto, entonces un convencido pelucón, aunque había luchado con Carrera contra los realistas durante la Patria Vieja.

El bando pipiolo tenía como jefe a Ramón Freire, héroe de Maipú y antiguo lugarteniente de O’Higgins.

 

Prieto fue investido presidente de Chile, aunque el cerebro de su gobierno fue el vicepresidente del país, y más tarde su Primer Ministro, Diego Portales Palazuelos.

 

Portales, además de rico comerciante, un especulador y dueño del “estanco” (o sea, el monopolio) del tabaco, era miembro de una familia conservadora y pro-realista; por lo tanto, contraria a los ideales y obras tanto de Carrera como de O’Higgins. Terminó con la constitución política de 1823, reformada por Freire en 1825, y temeroso que los ideales patriotas de igualdad social y política y plurinacionalidad volvieran a emerger en Chile, negó sistemáticamente la presencia de O’Higgins en Chile, prohibiendo su vuelta desde el exilio en Perú, aunque sólo fuese para morir en la Patria, lo que muchas veces se lo suplicó el Libertador.

 

El día de la independencia de Chile se celebraba el 12 de febrero, como lo había estatuido O’Higgins. Portales derogó ese día, cambiándolo en 1832, para siempre, por el viejo, realista y aristócrata 18 de septiembre. Es decir, y dicho con toda claridad, fue la aristocracia de Chile, la triunfadora militarmente en Lircay, la que inventó el 18 de septiembre como nuestro día patrio.

 

Portales, su mayor dirigente, desligó la celebración de nuestra verdadera independencia de la realidad histórica y de la figura y obra de los más ilustres patriotas de la Independencia, explícitamente de O’Higgins, al eliminar el 12 de febrero como el Día Nacional; y de Carrera, al dejar en el olvido el 4 de septiembre.

 

En 1832, para rematar el edicto que imponía al país el 18 de septiembre, Portales ordenó la primera “Revista Militar” al día siguiente, el desfile y ceremonia que hasta hoy tiene lugar en todo el país, que conocemos como como la “Parada Militar,” acto que se celebra como lo que pasó a llamarse “el día de las glorias del Ejército.”

 

Para terminar, aunque la mentira del 18 de septiembre siga en curso, nadie podrá borrar los hechos objetivamente históricos.

Indiscutiblemente, el 18 de septiembre de 1810 no es la fecha en que Chile debiera celebrar su independencia. Como lo hemos señalado, ese día los realistas, tanto peninsulares como criollos, dejaron “guardada” la colonia de Chile hasta la vuelta de “su adorable rey.”

 

Sólo 22 años después, el ministro Diego Portales, un aristócrata anti-independentista por pensamiento, origen y familia lo transformó, falsamente, en el Día de la Independencia. Portales fue uno de los primeros pre capitalistas de Chile y el fundador del Estado conservador que aún rige y que, aunque ya debilitado en 1973, fue restituido íntegramente por la dictadura de Pinochet.

 

Portales, un gobernante tiránico y opresor, al revivir el olvidado 18 de septiembre nada menos como el Día Nacional de Chile, selló así la vuelta de la aristocracia al poder. Restauró el poder de la oligarquía, inició la ocupación de la Araucanía y sustituyó la constitución política de 1825 por la suya, la constitución de 1833.

 

Era natural, entonces, que la derecha golpista y autora del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, además de frenar la continua marcha del país hacia una nación verdaderamente independiente económicamente, más democrática e igualitaria, hiciera de Portales su mayor ídolo y mentor ideológico.

 

 

*Haroldo Quinteros Bugueño, iquiqueño profesor, Doctor en Educación por la Universidad de Tübingen, Alemania

 

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Las ventas de armas del Ejército al narcotráfico.

https://edicioncero.cl/2018/11/las-ventas-de-armas-del-ejercito-al-narcotrafico/

Arturo Barría Araneda, víctima de la Dictadura de Pinochet

 

Soltero, 38 años a la fecha de su secuestro, Profesor de Música del Liceo Darío Salas,

militante del Partido Comunista, ex Dirigente Gremial en la Universidad de Chile, con

domicilio en la comuna de Santiago, fue detenido el 28 de agosto de 1974,

encontrándose desde entonces en calidad de detenido desaparecido.

Los hechos que culminaron en su desaparición se iniciaron el 26 de agosto de 1974,

cuando se realizaron los funerales de un alumno del Colegio, en dicha ceremonia

fúnebre se habría cantado "La Internacional" y gritado consignas políticas, lo que

fue informado al Rector Delegado de ese establecimiento educacional, Capitán Luis

Pavés, por la Directora del Liceo Rebeca Román y el Inspector Mario Valenzuela.

Pavés citó verbalmente a los profesores Nieves Piedad Pizarro del Río, Rosa Amelia

Camacho Parra y la víctima, más el alumno de 4° Medio de ese Liceo, Roberto Meneses

Gaete, para presentarse el 27 de agosto a las 14:30 horas a la Escuela de Suboficiales

del Ejército. Cuando se presentaron, los afectados fueron interrogados separadamente

por el mismo Capitán Pavés y otro Oficial.

Alrededor de las 18:00 horas, les fue comunicado a los acompañantes que los cuatro

requeridos serían trasladados al Comando de Institutos Militares, ubicado en las 

dependencias de la Escuela Militar en Apoquindo con Vespucio.

En este lugar fueron recibidos por un General de apellido Hidalgo, el que les señaló que

serían interrogados y en seguida liberados, dado que el hecho que se les atribuía no

tenía mayor gravedad, sin embargo, no fue así, ya que el Comandante encargado de

interrogarlos los envió a la Escuela de Telecomunicaciones, donde pasaron la noche.

Al día siguiente, 28 de noviembre, fueron conducidos nuevamente al Comando de 

Institutos Militares esta vez iban esposados donde fueron interrogados e incomunicados

entre sí. Permanecieron en el subterráneo de este recinto hasta alrededor de las 21:00

horas, luego de lo cual fueron sacados violentamente, se les vendó la vista y los trasladaron 

 a Cuatro Alamos, recinto bajo tuición de la DINA y donde se mantenía incomunicados a

los detenidos.

De esto quedó constancia en el Oficio N°3550/303, de fecha 29 de agosto de 1974,

firmado por el Comandante de Institutos Militares, con el que se hizo entrega de los

prisioneros. 

Días después, el 4 de septiembre, los cuatro fueron sacados de este lugar y trasladados

a un recinto secreto de la DINA, vendados, donde fueron interrogados, regresando a 4

Alamos en horas de la noche.

Juan Ramírez ex dirigente sindical de MADECO, quien compartió con la víctima en Cuatro

Alamos, relata que Barría le contó que el interrogatorio versó sobre un viaje que había

efectuado a Cuba años antes, donde había participado en cursos relacionados con su

profesión. Según Ramírez, Arturo Barría fue sacado en dos oportunidades a interrogatorios.

El 12 de septiembre, el joven Roberto Meneses fue dejado en libertad y las mujeres

fueron traspasadas a Tres Alamos, donde permanecieron varios meses recluidas y

posteriormente dejadas en libertad.

Entre los prisioneros que recuerdan la estadía de la víctima en Cuatro Alamos, además

de Juan Ramírez, se encuentran Cristián Van Yurick, Manuel Salinas, Mario Aguilera y

Blanca Rosa Bustos.

Según el testimonio de, María Antonieta Castro, en septiembre de 1974 ella vio a la

víctima en Villa Grimaldi muy torturado. Es posible que se trate de una de las veces

en que fue sacado a los interrogatorios.

Por su parte Aguilera y Ramírez expresan que Barría formó un Coro con los presos y

participaba en los shows que hacían, con autorización de los guardias.

En una ocasión, este Coro cantó en el pasillo para las detenidas.

Blanca Bustos recuerda haber escuchado en una oportunidad que alguien cantaba el

Ave María de Schubert y que las otras prisioneras le contaron que quien cantaba era

Arturo Barría.

Tanto Aguilera como Ramírez coinciden también en señalar que guardan un grato

recuerdo de la víctima, quien se destacaba por su cordialidad, su orden y una

actitud protectora hacia su alumno Roberto Meneses hasta que éste salió libre.

Así mismo, Aguilera manifiesta que Arturo Barría fue sacado de Cuatro Alamos,

junto a otros prisioneros, el 30 de septiembre de ese año y nunca más volvió a

saber de su persona.

Esta fecha coincide con la señalada por las profesoras detenidas con él, como la

última vez que tuvieron comunicación con su colega.

Familiares suyos recibieron una tarjeta postal, fechada el 8 de enero de 1975,

enviada desde el Balneario de Quinteros, según timbre de Correos y lo indicado

en la misma tarjeta. La escritura adolece de errores ortográficos y firma "Arturín",

apelativo con que llamaban amigos y familiares al afectado.

La actriz Gloria Laso, quien sobrevivió a su paso por los recintos de la DINA, en

su libro “El río que fluía hacia arriba” (páginas 103-104), recuerda a Arturo en

el recinto secreto de detención, y escribe: “… el momento más trágico fue una

noche en la que se empezaron a formar algunos prisioneros elegidos en el largo

y estrecho pasillo... las puertas se abrían y los guardias nos recorrían lentamente

con la mirada, para finalmente elegir una persona…

Tras la puerta cerrada sentíamos órdenes, gemidos y pies que arrastraban cadenas.

De pronto un grito rompió el escalofrío que nos suspendía, la voz siguió en la misma

nota y entonó el ´Himno a la Alegría´.

Una a una se fueron sumando las voces de decenas de cautivos, incluidas las nuestras.

Hoy me recuerdo cantando a todo pulmón ven canta, sueña cantando, vive

soñando el nuevo sol en que los hombres volverán a ser hermanos´ llorando

y aferrada a la puerta de la celda, intentando, como todos, dar fuerza a esos

desconocidos cuyos rostros nunca vería y que sin embargo eran mis hermanos, 

 enfilando sus pasos hacia la muerte llenos de dignidad...

Con el tiempo supe que el hombre que cantaba era un profesor de música de apellido Barría.

Deben saber sus descendientes que, él solo, sostenía con su temple a todos los demás”.

En julio de 1975, su nombre apareció en una nómina de 119 chilenos muertos en

Argentina, según información publicada por el periódico brasileño "O’DIA" y la revista

argentina "LEA". Los medios de prensa que publicaron esta falsedad no eran conocidos

en sus países y sólo salieron a la luz pública en esa oportunidad, con el indudable

objetivo de propagar esta infamia.

Las autoridades argentinas y brasileras señalaron oficialmente desconocer estos hechos.

Por otro lado las autoridades del gobierno militar chileno, se vieron en la obligación de

informar a los Tribunales de Justicia que no había constancia de estas muertes, como

tampoco de la salida del país de las 119 personas que componían esta

nómina, más bien existen múltiples testimonios de que todas las personas mencionadas,

al igual que la víctima, habían sido detenidas por efectivos de seguridad chilenos y se

encuentran desaparecidos desde entonces.

El profesor Arturo Barría vivía con dos ancianas tías de 71 y 83 años a la fecha, las que

lo habían criado luego de la muerte de su madre.

Ambas dependían principalmente de los ingresos que él recibía.

El 29 de agosto de 1974 se interpuso un recurso de amparo en su favor y en el de los

otros tres detenidos junto a él, ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la Corte ofició

de inmediato a los Ministros de Interior y de Defensa para que informaran sobre los

arrestos denunciados.

Tres meses después, el Ministro de Defensa respondió que SENDET había informado no

registrar antecedentes del afectado, solo después de varios intentos por obtener información

respecto de Arturo Barría, recién el 4 de febrero de 1975, seis meses después que se

solicitara por primera vez al Ministro del Interior General César Benavides, éste respondió que

el afectado no se encontraba detenido por orden de ese Ministerio.

Con el mérito de esta respuesta, el 5 de febrero de 1975 la Corte declaró sin lugar el amparo,

resolviendo a la vez remitir los antecedentes al Juzgado del Crimen correspondiente para que

se investigara la comisión de algún delito.

Hasta la fecha Arturo Barría Araneda permanece en calidad de detenido desaparecido.

Justicia para él y para todas las víctimas de la represión.

En febrero de 2017, la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a cinco ex agentes

de la dictadura de Augusto Pinochet por el secuestro calificado (desaparición) del

profesor de música Arturo Barría Araneda, un profesor de música de 38 años y miembro

del Partido Comunista, desaparecido desde un campo de presos políticos en septiembre

de 1974 y al año siguiente su nombre fue incluido la llamada Operación Colombo.

La citada operación fue una maniobra de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional)

destinada a encubrir la desaparición de 119 presos políticos, de los que se dijo que

habían muerto en purgas internas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR),

agrupación que luchó con las armas contra la dictadura.

En el caso de Arturo Barría, el tribunal de alzada santiaguino condenó en un

fallo unánime a siete años de presidio a los generales retirados César Manríquez

Bravo y Raúl Iturriaga Neumann y al brigadier Pedro Espinoza Bravo.

A cinco años y un día de prisión fue condenado el coronel de Gendarmería

(Servicio de Prisiones) Orlando Manzo Durán y a tres años y un día al capitán

Luis Pavez Parra, quien podrá cumplir la pena en libertad vigilada.

Además, el tribunal absolvió a los agentes Manuel Avendaño González, Alejandro

Astudillo Adonis y Demóstenes Cárdenas Saavedra y ratificó la absolución de otros

56 resuelta por el juez de primera instancia Julio Crisosto.

El magistrado, en la investigación, estableció que en agosto de 1974 Arturo Barría fue

citado a la Escuela de Suboficiales del Ejército por haber supuestamente participado en 

manifestaciones políticas en el funeral de un alumno del liceo en el que impartía clases

de música.

Al concurrir a la citación, el profesor fue detenido y enviado a un campo clandestino de

torturas y exterminio de la DINA, donde fue visto por prisioneros supervivientes hasta

avanzado el mes de septiembre, cuando se perdió su rastro.

Fuente: Colectivo 119, familiarxs y compañerxs

 

Vittorio Orvieto Tiplizky, médico torturador

DECLARACION PÚBLICA.

Al pueblo de Chile y solidaridad internacional

 

La Agrupación de Sobrevivientes del campo de exterminio Tejas Verdes de la dictadura cívico militar chilena, vemos con estupor, indignación y profundo dolor, la solicitud de indulto presidencial al Estado de Chile, requerida por Vittorio Orvieto Tiplizky, médico, y su familia, argumentando razones humanitarias por su avanzada edad y estado de salud.

Vittorio Orvieto fue uno de los torturadores más salvajes del campo de prisioneros de Tejas Verdes, no le importaba si eran mujeres, menores de edad, adultos o personas mayores. Dolor nos produce recordar los instantes vividos bajo sus manos, estando amarrados a la parrilla metálica donde nos aplicaban torturas inimaginables y violencia sexual.

Fuimos cientos los prisioneros y prisioneras políticos que quedamos marcados por el resto de nuestras vidas por este “inocente” doctor del terror. Muchos no tuvieron la posibilidad de sobrevivir a las torturas de este verdadero Ángel de la Muerte. Vemos con indignación que este gobierno Neo Liberal de Piñera acoge y analiza la posibilidad de indulto para este genocida.

Con toda nuestra fuerza y corazones decimos:

NO AL INDULTO A LOS VIOLADORES DE LOS DERECHOS HUMANOS.

 Orvieto, traidor a su juramento Hipocrático, no tuvo piedad con los compatriotas que padecieron tortura bajo sus manos, destacándose como un médico al servicio de los militares genocidas en el campo de exterminio de Tejas Verdes.

 La enfermedad y la edad no borran ni borrarán jamás su pasado de tortura y muerte. Sus crímenes contra hombres y mujeres secuestrados, maniatados, vendados y atado a camillas de tormentos, son imprescriptibles e inadmistiables.

Hasta el día de hoy, hay procesos judiciales sin sentencia de otras víctimas de Orvieto, como el proceso de Luz de las Nieves Ayress Moreno.

Ni perdón ni olvido para los genocidas responsable de delitos de lesa humanidad

35 años robando y estafando: El escandaloso prontuario delictual de Sebastián Piñera

https://www.ensartaos.com.ve/35-anos-robando-y-estafando-el-escandaloso-prontuario-delictual-de-sebastian-pinera/

No deja de ser curioso que Sebastián Piñera, cada vez que lo acusan de corrupción, tanto él como sus defensores acusan que es “una campaña en su contra”, argumento que utilizan todos los delincuentes para victimizarse.

El punto es que, siendo abogados del diablo, podríamos decir que efectivamente existe una campaña en su contra si fuera un caso, tal vez dos, quizás hasta tres escándalos de corrupción. Pero en el caso de Piñera, estamos hablando de toda una vida cometiendo delitos.

Más de 30 años de robos, desfalcos y estafas, que lejos de ser “campañas en su contra”, revelan que no sólo estamos frente a un tipo increíblemente corrupto, sino que de un delincuente con todas su letras. Enumeremos:

Banco de Talca

El 28 de agosto de 1982 está marcado en el calendario personal de Sebastián Piñera como el peor día de su vida. Uno que ha querido olvidar y dejar enterrado en el pasado, pero que no lo ha abandonado en sus pesadillas. Ese día, el entonces ministro Luis Correa Bulo lo declaró reo y ordenó su arresto por fraude en contra del Banco de Talca e infracciones a la Ley General de Bancos.

En el mismo dictamen amplió los cargos contra Miguel Calaf y Alberto Danioni, a esa fecha socios de Piñera y controladores del Banco de Talca, quienes ya se encontraban recluidos en el Anexo Cárcel Capuchinos. Piñera salvó de ser detenido porque, advertido de la decisión judicial, optó por huir de la justicia y se mantuvo oculto durante 24 días, tiempo que demoraron sus abogados en tramitar un recurso de amparo a su favor que le garantizó su libertad. Sólo entonces, volvió y se presentó a tribunales. Al final fue salvado por la Ministra de la Dictadura Mónica Madariaga.

Caso Cascadas

Patricio Phillips, director de las empresas Cascadas, declaró a la Comisión Investigadora que el ex presidente Sebastián Piñera tuvo una vinculación directa con el caso Cascadas.

Phillips expuso una serie de antecedentes que a su juicio, dan cuenta de las negociaciones que el ex presidente Piñera encabezó con el fin de conseguir la fusión de las empresas Cascadas, como una manera de mejorar su posición en el negocio. Según Phillips, Piñera habría pedido a Julio Ponce Lerou una compensación de 70 millones de dólares, a través de la corredora Moneda Asset y otros intermediarios para terminar el conflicto por Cascadas.

Frente a la negativa por parte del controlador de Soquimich, Piñera habría mandatado al abogado Darío Calderón, que actuaba como negociador frente a Julio Ponce, en orden a conseguir la fusión de las Cascadas.

Caso Chispas

El Caso Chispas, también llamado «el negocio del siglo», fue un escándalo bursátil y político ocurrido en Chile en 1997. Se originó por la compra de acciones de la empresa Endesa España a la compañía chilena Enersis, lo que tuvo un amplio impacto político al alcanzar al entonces candidato presidencial Sebastián Piñera y cuestionar las privatizaciones de empresas públicas a fines de la «era Pinochet». Posteriormente, en 2004, la justicia condenó a los implicados con el pago de USD $75 millones en multas, siendo sus ganancias totales de más de 400 millones

Colusión Lan Cargo

La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) resolvió multar a Sebastián Piñera Echeñique, director de LAN Airlines S.A, por haber infringido la prohibición de comprar acciones que la Ley del Mercado de Valores impone a las personas que cuentan con información privilegiada.

En consecuencia, la SVS resolvió multar a Piñera por UF 19.470 ($363 millones), por la operación mediante la cual adquirió, a través de la sociedad Santa Cecilia S.A., un total de 3 millones de acciones de LAN Airlines S.A., por un monto de $9.840 millones, el 24 de julio de 2006. Esto, dado que en su calidad de director, al momento en que realizó la compra, conocía en detalle los estados financieros de esa sociedad (al segundo trimestre de 2006), los cuales no eran de público conocimiento.

Caso Penta

El año 2009, mientras ejercía como gerente de administración y finanzas de Bancard –controladora de Bancorp–, Santiago Valdés era también el administrador electoral de la campaña de Piñera. Estaba encargado de la caja y veía los flujos de dinero de la apuesta presidencial del entonces dueño de Blanco y Negro y CHV. Uno de esos contratos era por 50 millones de pesos, cuando Piñera era candidato presidencial.

Caso SQM

El jefe de finanzas de SQM, Gerardo Illanes, se refirió a las cinco facturas por $ 22 millones ($ 110 millones en total) que la empresa de Sebastián Piñera, Bancorp emitió a SQM, asegurando que “esos servicios no existieron”. Esta versión coincide con la rectificación presentada por SQM ante el SII, donde ya había reconocido que Bancorp jamás les había prestado servicios pese a recibir el dinero. Esto contradice a la firma ligada al ex Mandatario, que señaló que los servicios y asesorías si se habían realizado.

Triangulaciones en CHV

En 2009 cuando Sebastián Piñera era dueño de Chilevisión, se pagaron los bonos por desempeño a los altos ejecutivos. Ese mismo año el director ejecutivo del canal, Jaime de Aguirre, a través de su sociedad Inversiones La Música Limitada, emitió boletas a cuatro empresas por un total de $130 millones por dicho concepto.

Hasta ahora se sabe que el bono de desempeño lo pagaron Soquimich –a través de tres boletas por $45 millones– y Aguas Andinas –por la vía de tres boletas por $30 millones–. A esas compañías se suman otras dos que completan los $130 millones. Una de ellas sería una empresa también regulada. Información recogida por El Mostrador indica que esta fórmula fue solicitada por Piñera y Bancard a las cuatro compañías.

Aportes ilegales del Grupo Said

Una rectificación tributaria realizada por el Grupo Said, (Banco BBVA, Embotelladora Andina, Parque Arauco, Isapre Cruz Blanca), reveló 100 millones de pesos entregados por servicios no prestados a sociedades de Piñera en período electoral, los que no cuentan con ningún tipo de respaldo contable.

A través de Inversiones Caburga, los Said Somavía destinaron $50 millones a dos sociedades del ex mandatario: Inmobiliaria El Boldo ($41,7 millones) e Inversiones Santa Cecilia ($8,2 millones). A través de Newport (que hoy opera como Inversiones Santa Virginia), los Said Handal cooperaron con una cifra idéntica, $50 millones, pero repartidos en tres sociedades: Bancard, Inmobiliaria El Boldo e Inversiones Santa Cecilia.

Forwards con Bancorp

Según el testimonio de Iván Rojas, ejecutivo del grupo Cruzat, el contrato forward firmado entre Bancorp –ligada a los negocios de Sebastián Piñera– y CB el 7 de diciembre del 2009, le fue encargado por Hugo Bravo, al igual que otros 101 documentos financieros que entregó a la Fiscalía a fines de febrero. La firma de ese contrato corrió por parte de la hermana del “Choclo” Délano, Ana María, y de Santiago Valdés, hijo de uno de los mejores amigos del ex presidente, Fabio Valdés, director de Canal 13 y de empresas Penta.

Un dato no mencionado hasta ahora es que el 2009, mientras ejercía como gerente de administración y finanzas de Bancard –controladora de Bancorp–, Santiago Valdés era también el administrador electoral de la campaña de Piñera. Estaba encargado de la caja y veía los flujos de dinero de la apuesta presidencial del entonces dueño de Blanco y Negro y CHV. Incluso, un reportaje de Ciper mencionó que era conocido como el “ministro de Hacienda de la campaña”.

Milicogate

El gobierno de Sebastián Piñera realizó millonarios traspasos financieros entre Chile y el extranjero con los excedentes provenientes de la Ley Reservada del Cobre sin informar sus detalles al Congreso ni la ciudadanía (…) La operación comenzó el año 2010 bajo la dirección del ministro de Hacienda, Felipe Larraín y el titular de Defensa, Jaime Ravinet. “En una sesión secreta de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, se nos dijo que por un tema de liquidez era preferible traer los fondos a Chile desde Estados Unidos”, explicó el diputado Rincón. “Se temía que en caso de guerra hubiera un embargo de estos recursos”

Sociedades truchas en Panamá

Cecilia Morel, la señora de Sebastián Piñera, tiene sociedades constituidas en el paraíso fiscal de Panamá. En concreto, se trata de dos sociedades que datan de los años 80´s que aún se mantienen vigentes.

Autopréstamos para evadir impuestos

El ex Presidente Sebastián Piñera utilizó el mecanismo de las donaciones políticas, que puede generar beneficios tributarios, para aportar $2.075 millones a Renovación Nacional. Dicho dinero fue utilizado por el partido para pagar una deuda que mantenía con el mismo ex Mandatario.

De alguna forma, fue como si Piñera hubiese sacado plata de un bolsillo para meterla en el otro. Una vez en La Moneda, Piñera implementó la fórmula con que RN saldaría la deuda. En mayo de 2010, cerró la venta de Axxion, la sociedad a través de la cual tenía participación en Lan. El Grupo Bethia desembolsó US$ 1.500 millones y asumió los pasivos y compromisos de Axxion. Entre estos últimos se encontraba la donación de los $ 2.075 millones a Renovación Nacional. Los aportes se realizaron de manera pública a través del Servicio Electoral (Servel) entre julio y diciembre de 2010.

Coimas en LAN

Luego de jurar que jamás se había reunido con el condenado por corrupción ex ministro de Transportes de Argentina, Ricardo Jaime, esto en medio de las investigaciones por el pago de coimas en las operaciones de LAN, tras aparecer evidencia que demostraba lo contrario, a Piñera no le quedó otra alternativa que cambiar su versión y reconocer que SI se había reunido con él:

Aparecer como corrupto en Transparencia Internacional

En el “Informe Global de la Corrupción 2009: La corrupción y el sector privado”, elaborado por Transparencia Internacional (organismo dedicado a combatir la corrupción política), en la sección dedicada a Chile apareció Sebastián Piñera, por el caso del abuso de información privilegiada en la compra de acciones de LAN.

Hasta sus hijos hacían boletas falsas

Administradora Bancorp y Vox Populi son las sociedades relacionadas con el ex presidente Piñera que figuran en la denuncia de Impuestos Internos. A la primera se le cuestionan 15 facturas emitidas a SQM por una suma global de $318 millones. A la segunda, cinco facturas por $26 millones.

Los representantes legales de ambas sociedades forman parte del círculo más cercano del ex presidente: sus hijos Magdalena y Sebastián Piñera Morel; el gerente general de su family office, Nicolás Noguera Correa; su gerente de inversiones y finanzas, Javier Cavagnaro Infante; su amigo y hombre de confianza, José Cox Donoso; los ejecutivos de Bancard, Eduardo Befferman Córdova y Cristóbal Silva Lombardi; y Catalina Lamarca Délano, sobrina de su amigo personal y controlador de Penta –hoy en prisión preventiva–, Carlos Alberto Délano.

Hacer negocios utilizando información privilegiada mientras era Presidente

Sebastián Piñera, mientras aún era Presidente, compró acciones de una empresa pesquera peruana beneficiada por el fallo de La Haya. 

La BBC Mundo informó: “Apenas comenzaba a vislumbrarse como la carta más segura del centroderecha chileno para las presidenciales 2018 cuando comenzaron los problemas en su incipiente candidatura. Sebastián Piñera, presidente de Chile entre 2010 y 2014, debió salir la tarde del lunes a dar explicaciones de por qué la matriz de su holding de inversiones, Bancard, invirtió en una compañía pesquera peruana.

Según datos contenidos en sus memorias anuales, Exalmar es la cuarta productora de harina de pescado de Perú, país que a su vez es el primer productor y exportador de la materia prima. Hoy la matriz de Piñera cuenta con un 9,10% de la propiedad, siendo el segundo accionista más importante de la pesquera, según consta en las declaraciones financieras de Exalmar.

Esconder su fortuna en Paraísos Fiscales

El diputado Leonardo Soto (PS) ofició a la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda (UAF), servicio especializado en impedir el lavado de activos, con el fin de recabar antecedentes sobre eventuales delitos asociados a las operaciones de la sociedad que administra fondos de Sebastián Piñera en el extranjero: Bancard International Investment.

Esto, debido a que la sociedad específica que invirtió las acciones del ex Mandatario en Exalmar está domiciliada en un paraíso fiscal en las Islas Vírgenes Británicas, lo que “desde el punto de vista de la comunidad internacional podría significar la existencia de blanqueo, lavado de activo o fraude al fisco”, según indica el diputado.

El parlamentario recuerda que el precandidato presidencial de la UDI y ex ministro del Gobierno de Sebastián Piñera, Laurence Golborne, se retiró de la carrera en 2013, cuando se dio a conocer que tenía parte de su patrimonio en paraísos fiscales.

Caso Exalmar

Luego de 3 meses sin entregar los correos que le pedía la Fiscalía, y tras ser citado a declarar en calidad de imputado, Radio Bío Bío reveló la existencia de un correo que demuestra que Sebastián Piñera Morel, hijo del ex mandatario, estaba en conocimiento de la inversión que Bancard realizó en la Empresa Pesquera Exalmar S.A.

Negocio que recordemos, Piñera realizó mientras aún era Presidente utilizando información privilegiada y que le reportó millonarias ganancias mientras Chile perdía en La Haya. Como consigna Radio Bío Bío, el correo electrónico da cuenta del informe respecto del negocio que Cristóbal Silva, analista y asesor de Bancard, entrega a Nicolás Noguera, Carlos Marinetti y Sebastián Piñera hijo.

En el texto, Cristóbal Silva entrega los argumentos por los cuales rechaza el, hasta ese momento, eventual negocio. Dice, entre otras cosas, que le parece un negocio estacional, con altos requerimientos de capital de trabajo, expuesto a cambio de regulaciones y al fenómeno del niño

Minera Dominga

Una investigación de Radio Bío Bío, denunció los intereses que tenía Piñera cuando en el año 2010 anunció la bajada de la Central Termoeléctrica Barrancones: Su familia era una de los principales accionistas de un negocio que pretendía instalarse en el mismo sector con Minera Andes Iron, la sociedad matriz de Minera Dominga.

Todo esto, en una operación por más de 6.765 millones de pesos. Sebastián Piñera llevaba apenas seis meses como Presidente de Chile cuando el 26 de agosto de 2010 anunció que la Central Termoeléctrica Barrancones ya no iba más. Lo que no mencionó Piñera en esa oportunidad -ni en ninguna otra- es que él, sus cuatro hijos, dos de sus ejecutivos de mayor confianza y un amigo cercano, tenían profundos intereses comerciales en la zona donde se instalaría la termoeléctrica. Todos formaban parte de un proyecto que se venía gestando desde hacía más de un año, que por esos días agarraba fuerza y que sólo unos meses después empezaría a tramitarse en el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA).

Cuando el Presidente bajó Barrancones, su familia era uno de los principales accionistas de Minera Andes Iron, la sociedad matriz de Minera Dominga. Nada de ello aparecía en sus declaraciones de patrimonio e intereses. Radio Bío Bío rastreó publicaciones en el Diario Oficial y distintos documentos en notarías y el Archivo Judicial que dan cuenta de que en la génesis del proyecto minero y portuario Dominga, Sebastián Piñera fue clave: no sólo tenía inversiones allí; él y su familia eran los socios mayoritarios.

Sobornos de Pesqueras

En el marco de los Casos Asipes y Corpesca, relacionados con los sobornos pagados por las empresas pesqueras para aprobar la Ley Longueira, el Ministerio Público publicó el listado con los montos de los “aportes legales” que realizaron seis ellas a 35 políticos, por un monto total de 333 millones de pesos.

Entre ellos destaca Sebastián Piñera, en ese momento candidato presidencial, que recibió 82 millones de pesos: Blumar le entregó 31 millones de pesos, Camanchaca otros 28 millones, Alimentos Marinos 14 millones y Pesquera Bío Bío 9 millones de pesos.

Fuente: http://www.gamba.cl/2017/03/35-anos-robando-y-estafando-el-escandaloso-prontuario-delictual-de-sebastian-pinera/

 

91 AÑOS DE SINIESTRA E INVERECUNDA HISTORIA DE CARABINEROS DE CHILE

“Orden y Patria es nuestro lema, 
                                                  la ley espejo de nuestro honor honor; 
                                                  del sacrificio somos emblema 
                                                  Carabineros de la Nación”. 

                                                    (Del Himno de Carabineros de Chile)

Escribe: Iván Ljubetic Vargas, historiador del Centro de Extensión e Investigación Luis Emilio Recabarren, CEILER

Enviado por Verónica De Negri

El Cuerpo de Carabineros de Chile fue fundado el 27 de abril de 1927 por el dictador, general de Ejército Carlos Ibáñez del Campo.

En sus 91 años de existencia ha sido una de las más importantes fuerzas represivas que han utilizado los gobiernos antipopulares.

Y a ello debemos agregar el robo de más de 27 mil millones de pesos perpetrado por más de 30 miembros de este cuerpo represivo, cuyo proceso está en pleno esarrollo. Además, como guinda de la torta está la “Operación Huracán” contra el pueblo mapuche.

 I.- DESDE SU FUNDACIÓN AL GOLPE FASCISTA

El 25 de diciembre de 1931, durante el Gobierno de Juan Esteban Montero, carabineros llevó a cabo una cacería de comunistas en la ciudad de Vallenar, asesinado a más de 30  dirigentes y militantes.

Durante el Segundo Gobierno de Arturo Alessandri Palma, carabineros perpetraron cuatro masacres.

El 27 de abril de 1931 (cuando cumplían siete años de su fundación) asaltaron el local de FOCH de Santiago, en San Francisco 608, donde sesionaban los obreros municipales en huelga. Dejaron cinco muertos y más de 20 heridos a bala y sable.

A fines de junio de 1934 persiguieron y mataron a más de 600 campesinos en Ranquil, en el Alto Bio-Bio.

En febrero de 1936 atacaron a los obreros ferroviarios que estaban en huelga, dejando a decenas de heridos.

El 5 de septiembre de 1938 asesinaron a sangre fría a 62 jóvenes nazis en el edificio del Seguro Obrero.

En el Gobierno de Juan Antonio Ríos, carabineros perpetraron tres masacres, todos en el año 1942.

El 11 de junio, atacaron a campesinos del fundo Llay-Llay, de Purranque, cerca de Osorno, asesinando a dos trabajadores y dejando otros seis heridos.

El 20 de febrero, reprimieron una manifestación que tenía lugar en la Plaza Ercilla de Santiago, dejaron a un obrero muerto.

El 7 de octubre, asaltaron el local sindical de los mineros del carbón de Lota, asesinando a tres obreros y varios más quedaron heridos. 

El 28 de enero de 1946, durante la Vicepresidencia del radical Alfredo Duhalde Vásquez, Carabineros masacró a los participantes de una concentración en la Plaza Bulnes de Santiago. Mataron a seis obreros (uno de ellos fue la joven comunista Ramona Parra) y dejaron numerosos heridos con balas de guerra.

A comienzos de mayo de ese mismo año, y siempre en el gobierno de Alfredo Duhalde, la policía uniformada atacó la Comunidad Ignacia Nacurray, en Palmahue, provincia de Cautín, asesinando a tres mapuches y varios otros quedaron heridos.

El 14 de ese mismo mes, reprimieron a campesinos del fundo La Isla, comuna de Fresia, departamento de Puerto Varas. Murieron dos campesinos; cuatro fueron heridos.

En el Gobierno de Gabriel González Videla, carabineros perpetraron seis masacres.

El 12 de junio de 1947 dispararon  en la esquina de Bascuñan Guerrero y Alameda contra choferes y cobradores de micros de Santiago que estaban en huelga, con un saldo de 4 muertos y 20 heridos.

El 5 de junio de 1949, atacaron a manifestantes que se encontraban en San Diego con Avenida Matta, dejando 19 heridos, algunos de ellos muy graves.

En los días 16 al 20 de agosto del mismo año,  carabineros y efectivos del Ejército reprimieron a estudiantes y obreros que protestaban  en la capital contra el alza  de los pasajes de la movilización. Hubo cuatro muertos y numerosos heridos a bala.

El 7 de noviembre de 1950, estudiantes efectuaban manifestaciones en la Plaza de Armas.

Fueron atacados por carabineros que dejaron varios heridos a bala.

El 10 de marzo de 1951, carabineros reprimieron a balazos a obreros de la Compañía Refinería de Azúcar de Viña del Mar que estaban en huelga; 36 trabajadores fueron heridos con balas de guerra.

El  1 de julio de 1952, carabineros se lanzaron contra estudiantes  y obreros que protestaban  en las calles de Santiago contra el Pacto Militar firmado por el gobierno de González Videla y Estados Unidos. Hubo un muerto y varios heridos.

Durante el segundo Gobierno de Carlos Ibáñez hubo tres masacres perpetrados por carabineros.

El 17 de septiembre de 1956, atacaron a los obreros de la Oficina salitrera Pedro de Valdivia que estaban en huelga, asesinando a tres trabajadores y dejaron otros 24 gravemente heridos.

El 30 de marzo de 1957, reprimieron a los manifestantes que marchaban por las calles de Valparaíso. El saldo fue un muerto y varios lesionados.

El 1 de abril de 1957, carabineros dispararon contra estudiantes que caminaban por calle Miraflores de Santiago. Mataron a una estudiante universitaria y varios fueron heridos a bala.

El 6 de junio de 1960, durante el Gobierno de Jorge Alessandri, carabineros irrumpieron en el sindicato de los obreros de Madeco que estaban en paro. Veinte trabajadores recibieron heridas de balas.

El 3 de noviembre de 1960, en ese mismo gobierno, carabineros reprimieron a manifestantes de la CUT en el centro de Santiago, un obrero y un empleado fueron asesinados.

Durante el Gobierno de Eduardo Frei Montalva, en  nueve ocasiones, la policía uniformada asesinó al pueblo.

En 1965, carabineros asesinaron a un campesino y dejaron varios otros heridos a bala en el fundo Los Cristales.

El  23 de noviembre de 1967, atacaron a una manifestación de la CUT en Santiago, en los marcos de un paro nacional contra el ahorro forzoso que quería imponer el gobierno de Frei. Siete obreros fueron asesinados y varios otros heridos a bala.

En 1969, en dos oportunidades, reprimieron a pobladores. En Arica el Grupo Móvil dejó a un poblador muerto. En Rancagua, hubo una víctima mortal y varios heridos.

El 9 de marzo de 1969, atacaron a pobladores de Pampa Irigoin, en Puerto Montt. El saldo fue 11 muertos  y varios heridos.

El 28 de agosto de 1969, la represión policial cayó sobre manifestantes en San Miguel, dejando un muerto y varios heridos, siete de ellos graves.

El 11 de septiembre de 1969, carabineros asesinaron en Copiapó a un estudiante.

En 1970, reprimieron a estudiantes en huelga, dos de los cuales fueron muertos.

El 8 de julio de ese año, carabinero de civil asesinó a un joven comunista en un acto que se realizaba en la Plaza Tropezón de Quinta Normal, en los marcos de un paro nacional de la CUT.

Desde la creación del Cuerpo de Carabineros  el 27 de abril de 1927 hasta el 8 de julio de 1970, esta policía participó directamente en 30 asesinatos de trabajadores, pobladores y estudiantes.

El Gobierno Popular ha sido el único período de la historia del Cuerpo de Carabineros que sus componentes jugaron un rol al servicio del pueblo. Un ejemplo: los “guanacos” que antes y después han  servido para reprimir las manifestaciones populares, fueron utilizados para llevar agua a las poblaciones que no contaban con agua potable.

 

II.- DURANTE LA DICTADURA FASCISTA

En el este negro período de la vida de nuestro país, hubo siempre en la Junta de Gobierno un representante de Carabineros. Tuvieron,  por tanto, responsabilidad directa en todos los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado.

Durante el 11 de septiembre de 1973 y los días siguientes, los carabineros jugaron un rol principal en la detención y torturas de “elementos marxistas”, especialmente en las ciudades pequeñas y poblados del país.

Estando preso en la cárcel de Temuco, conocí los testimonios de muchos compañeros traídos desde Nueva Imperial, Carahue, Puerto Saavedra, Nueva Toltén, Cunco, Melipeuco, etc. en que  relataban que habían detenidos por carabineros (que en muchos casos eran conocidos o amigos de ellos), que los insultaban y golpeaban acusándolos de querer asesinarlos siguiendo las instrucciones del  Plan Zeta. Como sabemos, quedó plenamente demostrado que este plan era otro de los infundios inventados por los fascistas.

Hubo casos emblemáticos en este sentido.

CUESTA BARRIGA

Relata la revista “Hoy”, en su edición Nº 94 (del 14 al 20 de marzo 1979), pp. 12 y 13:

“La noche del 12 de septiembre del 73 le detuvo un piquete de carabineros de Curacaví. Quedó en el recinto policial junto con otros 17 detenidos. Se le golpeó e interrogó. No se halló nada en su casa.

El 16 de septiembre un fotógrafo de Curacaví tomó una instantánea del grupo. Al filo de la medianoche de ese domingo, siete de los prisioneros –entre ellos el protagonista que quedaría vivo- fueron sacados de la Tenencia. Se les dijo que iban a ser trasladado al Estadio Nacional, por lo cual todos se proveyeron de frazadas. Los carabineros al mando del teniente, les hicieron subir en una camioneta y en un jeep de color verde, requisado a una empresa del lugar. Los dos vehículos partieron. Pero más allá, en lugar de tomar por el túnel Lo Prado, se desviaron hacia la Cuesta Barriga.

En un sitio en que se levanta una antigua construcción que servía como cocina para los obreros de Obras Públicas, se les hizo descender. Los agentes uniformados los obligaron a caminar hasta las ruinas. Los siete fueron puestos de espalda a la pared. Les alumbraron las caras con linternas y el oficial dio orden de disparar al piquete que encabezaba. El sobreviviente sintió que un plomo ardiente le penetraba su pierna derecha, y cayó.

Al desaparecer los vehículos, el sobreviviente se palpó el cuerpo, buscando las heridas. Supuso  que su salvación se debía a un milagro. Sintió el quejido de una persona. Era José Guillermo Barrera. Ambos se habían estado en los extremos de las filas de los fusilados. Esa fue la causa de que no recibieran el grueso de los impactos”.

Otros cinco quedaron allí asesinados por carabineros.

CASO LAJA - YUMBEL

El 18 de septiembre de 1973, carabineros  procedieron a detener a 21 personas en Laja y San Rosendo. En su mayoría eran trabajadores de la Papelera de Laja, de los ferrocarriles del Estado, también dos directores de Escuela de Laja y dos regidores. Estuvieron como detenidos desaparecidos. Sus familiares los buscaron, no dejando puerta sin golpear.

 Seis años después fueron hallados en el Cementerio de Yumbel y en el fundo San Juan de Laja.

El funeral de las víctimas se realizó el 27 de noviembre de 1979. Todo el pueblo de Laja, en un emotivo gesto solidario, se volcó a las calles de la ciudad.  Eran 15 mil personas.

Relata el padre José Aldunate: “Fueron llegando de todos los ángulos; los papeleros recién terminado su turno; mujeres, con sus niños; parecía que ni los perros quedaron en su casa. La muchedumbre saludaba a las víctimas mientras se iba colocándose en la procesión: ‘Compañero Luis Onofre Sáez...Presente!’ Compañero Fernando Grandón Gálvez... Presente!’. La expresión que fue tomando cuerpo en esta gran multitud, en forma cada vez más avasalladora, fue la del compromiso político. Reaparecieron antiguos gritos de combate: ‘El pueblo, unido – jamás será vencido’. ‘Compañero Salvador – avanzamos sin temor’ ‘fascista, escucha – el pueblo está en la lucha’.

Viejos luchadores, visiblemente emocionados, con lágrimas en los ojos, revivieron antiguos tiempos.” (“Mensaje” Nº 286, enero-febrero 1980, p. 59)

ASESINADOS EN MULCHÉN

Los días 5, 6 y 7 de octubre de 1973 un grupo armado formado por carabineros, en base a una lista confeccionada previamente, detuvieron y asesinaron a 18 campesinos de los fundos El Morro, Carmen, Maitenes y Pemehue de Mulchén. No hubo enfrentamiento armado alguno y ni siquiera pruebas fehacientes que los 18 tuvieran  militancia política “extremista izquierdista”.Se les llevó al fundo El Ñurdo donde se les asesinó.

Cuando fue encontrado el cementerio clandestino en que fueron enterrados, se hallaron los 18 cadáveres con las manos atadas a la espalda y los cuerpos con impactos de armas de fuego.

Entre los responsables de este crimen están el  teniente de carabineros de Mulchén, Jorge Maturana Concha y los carabineros Osvaldo Díaz Díaz (alias Alicate) y Héctor Guzmán Saldaña. Varios civiles y un sargento del Regimiento de Montaña Nº 17.

LONQUÉN

Ocurrió en la comunidad rural de Isla de Maipo. El 7 de octubre de 1973, quince campesinos fueron detenidos por carabineros de la Tenencia de esa localidad, al mando del teniente Lautaro Castro Mendoza. Fue precisamente en ese Cuartel policial donde se les vio por última vez con vida a los quince campesinos, cuyas edades fluctuaban entre 17 y 51 años.

Sus familiares los buscaron desesperadamente.  Los 15 campesinos pasaron a formar parte de la siniestra lista de detenidos  desaparecidos.  Sólo se supo la suerte corrida por ellos  cinco años después, en 1978.

En ese año, bajo secreto de confesión  se conoció el lugar preciso donde estaban enterrados varios cadáveres en el sector Lonquén, 15 kilómetros al sur de la ciudad de Talagante y a 60 kilómetros de Santiago.

El sacerdote que recibió la denuncia sobre la existencia del cementerio clandestino –previa autorización del anciano creyente que la entregó- comunicó el hecho a las autoridades eclesiásticas, en  primer término al Cardenal, Arzobispo de Santiago, monseñor Raúl Silva Henríquez. La Iglesia acordó formar una comisión.

El jueves 30 de noviembre de 1978 se realizó en la Vicaría de la Solidaridad una reunión  en que participaron  el Obispo auxiliar Enrique Alvear, el presbítero Cristián Precht y otros miembros de la Vicaría, más tres invitados: el abogado Máximo Pacheco, Jaime Martínez, director de ‘Qué Pasa’, y Abraham Santibáñez, subdirector de ‘Hoy’.

Cristián Precht y Javier Egaña, secretario ejecutivo de la Vicaría, dieron cuenta de la información y pidieron a los tres invitados que los acompañaran a verificar la denuncia.

La Comisión encontró en los hornos de una antigua mina de cal las primeras pruebas de un horroroso crimen. Se hizo la denuncia  el viernes 1 de diciembre ante la Corte Suprema, quien ordenó a la jueza subrogante de Talagante iniciar las investigaciones.

Posteriormente el caso pasó a manos el ministro Adolfo Bañados Cuadra, quien luego de una eficaz investigación llegó a la conclusión que los  cadáveres encontrados en Lonquén,  pertenecían a los 15 campesinos y que habían sido víctimas de un crimen cometido por un grupo de carabineros de Isla de Maipo, quienes los habían detenido el 7 de octubre de 1973.

Las informaciones de los órganos de la dictadura señalaron que esos detenidos habían sido conducidos al Estadio Nacional. Esto fue también afirmado por el capitán  Lautaro Castro, quien a la fecha de la detención era el jefe de la Tenencia de Isla de Maipo,  y sus subalternos.

Los hechos mostraron la falsedad de lo dicho por los asesinos. Por otra parte,  los informes y  protocolos emanados del Instituto Médico Legal señalaron que algunos de los campesinos fueron enterrados vivos, porque en los esqueletos y restos cadavéricos no se hallaron lesiones provocadas por proyectiles. Así de brutal fue la criminal acción perpetrada por carabineros.

EN PAINE

El 10 de octubre de 1973, 18 carabineros y 15 civiles, casi todos camioneros, procedieron a detener a una cantidad de habitante del pequeño pueblito de Paine. Fueron conducidos a la Subcomisaría, donde se les trató muy duramente. A su ingreso al cuartel se les despojó de sus pertenencias y obligados a permanecer en calabozos en pésimas condiciones de salubridad. Se les sacaba para interrogarlos y golpearlos. A algunos se les incitó  a huir durante la noche y se les disparaba en la oscuridad. Otros fueron  entregados, con la vista vendada, a militares, que los trasladaron a la Escuela de Infantería de San Bernardo.

CRUELES TORTURADORES

Desde 1973, carabineros participaron en terribles torturas a  detenidos. Luego los organismos ‘especializados’ como la DINA y la CNI asumieron esa siniestra misión.

Pero desde 1981, la CNI comenzó a ceder cada vez más esa ‘tarea’ a carabineros. Fue así como en 1983 de 309 casos registrados en Santiago, carabineros participó en 150. El traspaso de estas funciones de CNI a carabineros se expresó también en los cambios de lugar de torturas. En 99 casos se practicaron en Comisarías; en 24 en buses policiales y Comisarías; en 27, en la vía pública.

En mayo de 1983, carabineros realizó un allanamiento masivo en la Población La Victoria. Se reunió a todos los hombres en un lugar apartado. Se hizo un cerco con buses policiales;

Se sacó  de grupo a los dirigentes sociales y se les torturó con electricidad delante del resto de los pobladores.

De 80 casos de tortura atendidos por CODEPU en 1984, en 30 de ellos el único organismo que actuó en la detención, torturas e interrogatorios, fue carabineros.

Estos empelaron brutalidades sin límites: colgamientos, trato obsceno y vejatorio, agresión sexual, violaciones, la parrilla, aplicación de electricidad, golpes al estómago, a los oídos, a la planta de los pies, cortes con cuchillos, quemaduras con cigarros...

A este salvajismo se le hacía aparecer como espontáneo, pero era un método que se repetía en todos los secuestros.

De los 950 casos de tortura en 1984, hubo carabineros involucrados en la mayoría de ellos.

TRES COMUNISTAS DEGOLLADOS

El 28 de marzo de 1985 fueron secuestrados, en acciones paralelas, Santiago Nattino cerca de su domicilio, cuatro dirigentes de la AGECH y una secretaria en el taller de Comunicaciones de la AGECH.

El 29, fueron secuestrados, desde el Colegio Latinoamericano, José Manuel Parada y Manuel Guerrero. En esa acción fue herido el profesor Leopoldo Muñoz de la Parra, al intentar oponerse a la detención de ambas personas. 

 

El 30, aparecieron los cadáveres degollados de Parada, Nattino y Guerrero, en un  sitio baldío de la Comuna de Quilicura.

Los carabineros involucrados en este crimen pertenecían a la DICOMCAR (Dirección de Comunicación e Informaciones de carabineros) al GOPE (Grupo de Operaciones Especiales) y a la Brigada Aeropolicial de carabineros.

Responsables: el general de carabineros César Mendoza (que dio renunciar el viernes 2 de agosto de 1985) y otros 16 carabineros.

HERMANOS VERGARA TOLEDO

El 29 de marzo de 1985, los dos hermanos Vergara son interceptados por un furgón de carabineros al mando del oficial Marcelo Muñoz; iban también en el vehículo  el subteniente Ambler Hinojosa y los cabos segundos Jorge Marín y Nelson Toledo.

Al verse acorralados, los hermanos  Vergara intentaron ocultarse en unos blocks de departamentos. Pero fueron sorprendidos por Muñoz y Marín, que portaban  sub ametralladoras UZI y un revólver. Frente al block 972 – C, se escucharon los primeros disparos. El cabo Muñoz fue herido por sus propios compañeros.

Eduardo Vergara Toledo, el mayor de los hermanos, cayó muerto por impactos de balas. Rafael quedó herido de gravedad. Se acercó a su hermano y lo trata de abrazar. Carabineros lo golpearon y subieron al furgón policial. Se escuchó un disparo. Rafael, que tenía 18 años, fue asesinado con un balazo en la nuca.

Ambos cuerpos fueron abandonados en plena vía pública.

 

ASESINATO DEL PADRE ANDRÉ JARLÁN

El 4 de septiembre de 1985 Chile fue estremecido por una nueva Jornada Nacional de Protesta. Carabineros irrumpieron, como era costumbre, en la Población La Victoria, para reprimir a los pobladores.

Desde tres furgones disparaban ráfagas de fusiles y subametralladoras. Una de las descargas fue dirigida a la Parroquia de la Población. Una bala alcanzó al sacerdote francés André Jarlán, que en su  modesta habitación de madera, leía la Biblia.

 

III.-  EN LOS GOBIERNOS DE LA CONCERTACIÓN

CONTRA EL PUEBLO MAPUCHE

Los carabineros han sido la fuerza utilizada para reprimir al pueblo mapuche. El historiador Víctor Toledo Llancaqueo ha escrito una completa “Cronología de principales hechos en relación a represión de protesta social mapuche. Chile 1990 – 1907”. De ella he hecho un resumen sólo considerando las acciones represivas en que participaron carabineros. Las he agrupado por años.

En 1991, las fuerzas de carabineros llevaron a cabo dos violentos desalojos de predios ocupados por comuneros mapuches (en Lonquimay y Lumaco), con un saldo de 16 detenidos. Además reprimieron dos manifestaciones en Temuco, donde detuvieron a 27 jóvenes mapuches.

En 1992, se produjo un enfrentamiento en Lumaco, quedaron lesionados 8 mapuches y  5 carabineros. Estos actuaron en 15 desalojos (en las comunas de Carahue, Collipulli, Cunco,

Galvarino, Nueva Imperial, Lumaco, Vilcún, Panguipulli y Lautaro).Hubo 287 detenidos.

En  tres ocasiones atacaron manifestaciones pacíficas (en Temuco y Santiago), con 6 detenidos. Además allanaron la sede del Consejo de Todas las Tierras, en Temuco.

En 1993, Hubo un desalojo de un fundo en Cañete, con 15 detenidos, y  represión contra un acto en Santiago, con 19 detenidos.

En 1995, tres desalojos (Contulmo, San Juan de la Costa y Collipulli), con 8 detenidos.

En 1996, desalojo en el fundo Santa Rosa de Colpi (Traiguén) con 12 detenidos.

Fueron detenidos 12 mapuches acusados de quemar tres camiones forestales en Lumaco, a los que se les aplicó la Ley de Seguridad Interior del Estado. Al mismo tiempo, 24  comunidades mapuches fueron ocupadas por carabineros. Represión contra tres manifestaciones (en Santiago, Temuco y Concepción) con otros 11 detenidos.

En 1998, desalojaron a mapuches del fundo Coyinco (Los Álamos) y dos oportunidades  contra  la ocupación de oficinas de la Corporación de la Madera en Concepción: 9 detenidos.

En 1999, efectuaron 18 desalojos (en las comunas de Traiguén, Pucón, Currarehue, Nueva Imperial, Ercilla y Panguipulli) con 123 detenidos y 34 heridos entre mapuches y huilliches. Tres represiones a actos pacíficos (Alto Bio Bio, Contulmo y Galvarino) 57 detenidos y 18 heridos.

Tuvieron lugar dos enfrentamientos (en Ercilla y Traiguén), con 2 heridos y 10 detenidos. Además en varias otras acciones fueron detenidos otros 25 dirigentes y campesinos mapuches.

En 2000, se produjeron 11 desalojos (en Traiguén, Lumaco, Tirúa, Collipulli, Loncoche, Los Lagos, Temuco y Ercilla), con 35 detenidos. Tres desalojos de oficinas de CONADI ocupadas por mapuches (en Temuco y Santiago) con 53 detenidos y 3 heridos.

Hubo dos enfrentamientos en Ercilla: 2 mapuches y 4 carabineros lesionados, más 5 detenidos. Represión contra una marcha en Temuco: 21 detenidos.

En 2001, hubo 16 desalojos de tierras (en las comunas de Vilcún, Galvarino, Temuco, Contulmo, Traiguén, Panguipulli, Victoria, Collipulli, Carahue) con 39 detenidos y un herido. Se produjeron tres violentos enfrentamientos (en Ercilla, Victoria, Purén) con 16 mapuches y 8 carabineros heridos; varios mapuches detenidos. Además de un violento allanamiento de la sede del Consejo de Todas las Tierras, en Temuco: 8 detenidos.

En Temuco se reprimió una marcha pacífica: 125 manifestantes detenidos.

En 2002, tuvieron lugar tres desalojos de tierras (en Alto Bio Bio, Galvarino y Tirúa): 19 detenidos. Un enfrentamiento en Alto Bío Bio. Allanamientos en la comunidad de Ralco Lepoy (Alto Bio Bio) con 54 detenidos, en varias comunidades de Vilcún, con 35 detenidos. Carabineros dispararon con mapuches en fundo Santa Elisa (Ercilla) hiriendo de muerte al joven Alex Lemun (de 17 años), que murió 5 días después en Temuco. En esta ciudad, ataque a manifestación, con 17 detenidos.

Fueron detenidos Patricia Troncoso, Víctor Ancalef y los longos Pascual Pichún y Aniceto Norin.

En 2003 : dos desalojos en fundos (Ercilla y Temuco) 18 detenidos. Desalojo del Hogar Estudiantil (Temuco): 29 estudiantes mapuches detenidos.

Dos comuneros fueron apresados.

En 2004 se produjo un enfrentamiento en Comunidad pehuenche Lusmapu (Lonquimay), 4 cuatro mapuches heridos y detenidos.

Hubo dos allanamientos: en Truf Truf (Temuco) y Temucuicui (Ercilla) Y dos desalojos de oficinas: del Programa Orígenes (Valdivia) y del Programa BID Orígenes (Temuco): 15 estudiantes y 5 comuneros detenidos.

En 2005  tres desalojos: de Intendencia Regional (Temuco), 20 detenidos; de bloqueo del Viaducto del Malleco: camión mata a Zenén Alfonso Díaz Neculpán, represión de carabineros; 2 mapuches detenidos; de bloque de camino vecinal /Cunco): 4 heridos a bala.

Allanamiento de Comunidad Juan Paillalef (Cunco).

Detienen comuneros en Pidima (Ercilla).

En 2006 más de 15 allanamientos muy violentos a comunidades mapuches (sólo a la comunidad de Temucuicui fueron 7), en las comunas de Ercilla, Lautaro, Nueva Imperial y

Chiloé), en la comunidad de Bollilco (Nueva Imperial) es asesinado un anciano mapuche.

En Ercilla dispararon contra un bus con mapuches: 10 heridos. Cuatro manifestaciones pacíficas fueron reprimidas (Temuco y Santiago): 63 detenidos y un nuño herido.

En 2007: tres violentos desalojos (Galvarino, Villarrica, Tirúa): 34 detenidos. Un allanamiento violento (Ercilla). Carabineros ocupan comunidad de Temucuicui (Ercilla).

Detenciones en Tirúa. Tres niños de Comunidad Ranquilco (Collipulli) son interrogados en interior de la escuela Villa Chiguaigue por carabineros de la SIP.

Desde el año  2008, según documentos revelados por Wikileads, hubo estrecha colaboración entre fuerzas represivas estadounidenses y  chilenas.

Carabineros continuaron con sus violentos allanamientos a diversas comunidades mapuches

Especialmente a la de Temucuicui y la de José Guiñon. Hubo detenidos y quedaron numerosos heridos, entre ellos varios niños.

Pero el crimen más alevoso fue perpetrado el 3 de enero de 2008: el asesinato del joven mapuche Matías Catrileo Quezada, de 23 años de edad, alumno de Agronomía de la Universidad La Frontera de Temuco. Una bala de una  subametralladora le atravesó su cuerpo y su mano, en un potrero del ex fundo Santa Margarita, en Vilcún.

 

 

EL INVERECUNDO ORLANDO SÁENZ ROJAS

Este siniestro personaje, que miente a los Jueces cual bellaco, se brula de sus propios crímenes, de la escases de productos y de las huelgas creadas por la CIA de los Estados Unidos y la SOFOFA de Chile para derrocar el régimen legal y constitucional del Presidente Salvador Allende. 

Copio el artículo del abogado Eduardo Contreras, que me ha enviado MI admirada amiga Verónica De Negri.

¿Simplemente testigo?

Publicado el 31 Julio 2017

El día 3 de octubre del pasado año 2016, compareció a declarar ante tribunales el otrora mandamás de la SOFOFA Orlando Sáenz Rojas en la causa rol n° 12  del año 2013 sobre responsabilidad de quienes formaron  parte de los autores civiles del golpe de Estado de 1973.

Cuando el empresario concurrió a la citación judicial habían trascurrido apenas unos días desde la publicación de su libro “Testigo Privilegiado”, subtitulado “Anécdotas, curiosidades,  revelaciones  indiscreciones y peripecias de un espectador afortunado del pasado reciente ” (el subrayado es nuestro).

 

Los hechos que expondremos en esta nota retratan  su conducta actual, por demás común  a la de todos quienes tuvieron un rol activo en la conjura. Porque mientras ante los tribunales  se declaró inocente y negó toda participación en los hechos subversivos, en su libro, del que por entonces no teníamos noticia, se jacta de su participación activa en el proceso conspirativo contra el gobierno constitucional del presidente Allende.

En la audiencia judicial sí defendió el golpe y en una demostración supina de pobreza argumental  e intelectual repitió las monsergas pinochetistas  acusando al gobierno del presidente Allende de querer “instaurar un régimen tipo dictadura del proletariado”. ¿¿¿???

Cuando se le pregunta respecto del paro de fines del año 1972, Saenz dijo al tribunal que “Nosotros, los de la SOFOFA, tuvimos una participación menor en dicho movimiento por la naturaleza misma de nuestra actividad, siendo sus actores fundamentales los minoristas, los gremios del Cobre, los supervisores, etc. ”

Pero añadió también que “Nunca tuve reuniones privadas con militares, con fines conspirativos, sí las tuve cuando ellos fueron miembros del propio gobierno de Salvador Allende, descartando cualesquier tipo de participación en los hechos que desencadenaron el movimiento militar que derrocó dicho gobierno”

Y subrayó que “no tuve ningún tipo de vínculo subrepticio con los militares o con miembros del Movimiento Nacionalista Patria y Libertad con fines conspirativos” .

Finalizó sus declaraciones del año pasado afirmando categóricamente que : “No conocí a persona alguna civil que tuviera alguna vinculación con la preparación del movimiento militar del 11 de septiembre de 1973”.

Pero veamos cual fue la realidad que, de paso, significa que el líder empresarial ha cometido el ilícito de falso testimonio penado por la  ley. Para lo cual citemos alguno de los muchos párrafos de su libro que demuestran que más que “testigo privilegiado” fue un “protagonista privilegiado y protegido”.

En efecto,  se puede leer confesiones como éstas, por ejemplo en la página 68 : “ La estrategia dio resultados porque, a los pocos días, apareció en mi oficina el abogado Pablo Rodríguez Grez quien, con cara de inocencia, me hablo de un coronel recién pasado a retiro versado en inteligencia y, que además era un furibundo antimarxista. En esos momentos teníamos buenas relaciones con Patria y Libertad, de forma que las recomendaciones que Pablo dejaba sobre mi escritorio durante sus visitas las tomábamos en serio……”.

Y en la página 69 agrega : “ Así fue como conocimos al Coronel X, a quien jure que nunca revelaría su nombre y, aunque él ya no está entre nosotros, la promesa sigue en pie. Me inspiró confianza desde el primer instante, acepté sus condiciones, consensuamos un presupuesto inicial y nunca me arrepentí de mi acierto, porque los logros del oficial en los dos años posteriores fueron suficientes como para escribir una novela. Llegó a reclutar 72 agentes, insertos en todas las instituciones que nos interesaban y ni siquiera las directivas de los partidos marxistas fueron impenetrables para sus ojos y oídos.”

“Nos reuníamos personalmente en raras ocasiones, pero yo recibía todos los días un informe de su autoría y nunca se me olvidara el día en que René Silva Espejo, por entonces director de El Mercurio, me declaró el hombre mejor informado de Chile, cuando en realidad, lo que me bastaba para ello eran los informes del Coronel X. ….”

Varias páginas  más adelante en este libro de muy poco antes de su comparecencia judicial, Sáenz confiesa que : “ Una parte importante de nuestra estrategia de combate contra el gobierno marxista de Salvador Allende fue el apoyo a instituciones, grupos y movimientos potencialmente efectivos para ese propósito.”

“ Parte fundamental de ese plan era el refuerzo económico a radios, diarios y revistas de oposición, a los que el régimen se proponía ahogar a través del control del avisaje y del crédito.”

“ En ese ámbito, nuestra línea de subsidios alcanzo gran tamaño y estaba especialmente orientada a los pequeños medios de difusión en las provincias.”.

“En lo que a organizaciones y grupos respecta, nos interesamos particularmente en el apoyo de dos de ellos: Patria y Libertad y el Movimiento Gremialista. La relación con estas entidades me puso en contacto con dos personajes inolvidables: Pablo Rodríguez Grez y Jaime Guzmán Erràzuriz….”

En la página 95 hay más confesiones del empresario : “ Cuando digo nosotros, no sólo me refiero a la directiva de la SOFOFA y de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), sino que a un comando amplísimo e informal que se había generado en el fragor de la batalla y del que formaban parte numerosos sectores sociales y laborales: pequeños comerciantes, camioneros, empleados y supervisores, oficiales en retiro, pequeños agricultores, pescadores independientes, profesores, entre muchos otros.

De toda esa enorme base y de las directivas más organizadas, surgieron nítidamente tres grandes grupos con potentes lideres: la Confederación del Comercio Minorista de Rafael Cumsille, la Confederación de Camioneros de León Vilarin y la Asociación de Supervisores de Julio Bazán.”

“ Fue así como nació, casi naturalmente, un comando gremial de facto que formábamos los cuatro de la CPC, su presidente Jorge Fontaine, y los tres líderes que acabo de mencionar. Debo señalar que la quinta rama de la CPC, que era la Sociedad Nacional de Minería, nunca participo ni siquiera en las reuniones propias de la Confederación, porque estaba dominada por la minería estatal y hasta su directiva era cercana al presidente Allende.”

Y agrega Orlando Saenz : “Con todas esas consideraciones presentes, acordamos ir al paro, lo que requería preparar muchas cosas, como por ejemplo: vías de escondites, transporte y reuniones conjuntas de los líderes, campañas de lanzamiento, soporte publicitario y sistema de transmisión de instrucciones.”

“ Y, lo más delicado de todo, la ventana abierta– desde la clandestinidad – hacia los líderes políticos, institucionales e incluso gubernamentales en caso de mucho éxito. …”

En las páginas 96 y 97 Saenz se jacta del éxito de sus acciones, las mismas que ocultó al juez Carroza y dice : “ Ese increíble paro nacional acabó con el proyecto político de la Unidad Popular, porque frente a él se levanto la muralla enorme de una mayoría nacional movilizada y decidida. Con las Fuerzas Armadas convertidas en un ente político deliberante, las horas del régimen estaban contadas y los diez meses siguientes no fueron otra cosa que la crónica de una muerte anunciada”.

“Muchos han relatado, analizado e interpretado la historia de esa agonía, de manera que no vale la pena  que aquí lo repita. Pero puedo añadir algunas revelaciones respecto del magno movimiento que pasó a formar parte de la historia de Chile.Como los grandes protagonistas fueron sectores capaces de paralizar al país –comerciantes minoristas y camioneros, principalmente-, nosotros, los líderes de las ramas de la CPC, tuvimos que hacer proezas de dialéctica y humildad para promover este acto, porque eternamente nos hemos visto enfrentados al reproche de que arriesgamos mucho menos que esos líderes masivos. Es cierto que controlábamos todos los sistemas logísticos y financieros de apoyo que eran indispensables, pero eso no siempre es suficiente para equilibrar la balanza. Cada día era una lucha para convencer a Cumsille, Vilarin y Bazán para que siguiéramos otras 24 horas. Llegamos al extremo de tener que contratar personas para que escribieran cartas de admiración y aliento a los medios de comunicación  que apelaran a sus egos y así poder mantener el ánimo de combate. …”

De la simple lectura de estas páginas se descubre cómo es que Sáenz asume en su libro su plena responsabilidad principal en las maniobras golpistas y en las que  los Cumsille,  Vilarines y Bazanes serían algo así como simples marionetas a las que había que halagar.

Confiesa también que “ En esas semanas de locura no faltó la aventura personal memorable. Un día que estaba escondido en una casa de Peñalolen, me recogió un automóvil –me acosté en el piso trasero- que me condujo al lugar de reunión del comando general escogido para ese día. Se trataba de un departamento en un edificio ubicado al fondo de una callecita ciega que sale a Providencia a una cuadra de Pedro de Valdivia…”

Y en la página 100 nos cuenta que : “ Creo que la conocida sentencia de “ saber es poder” se aplica plenamente a lo que conseguimos en la SOFOFA con la unidad de estudios económicos – cuya coordinación le confiamos a  Sergio Undurraga -  y la unidad de inteligencia , liderada por el Coronel X, a quien aludí en otro capítulo (ver Las fichas del coronel). Esta última entidad descubrió tantas cosas que se convirtieron en armas poderosas para derribar al marxismo que, detallar cada una de ellas, me obligaría a ocupar un espacio y tiempo del que ya no dispongo, además de consultar registros que ya no tengo….”

Revela además su propio paso a la clandestinidad y así es como en la página 101 de su libro revela cómo se transforma en “Alejandro Rojas Puelma” :  “ Días después apareció en mi casa con tres tipos que resultaron ser genuinos funcionarios del Registro Civil y ellos, sumados a una cajita con una peluca, bigotes y anteojos, dieron vida en un dos por tres a Alejandro Rojas Puelma. De este singular doble solo diré que en una oportunidad viajo al extranjero e incluso le sacaron un parte….”

Obviamente, este individuo debe aclarar sus dichos ; se trata de establecer la verdad de los hechos y si fue tan valiente en esos años, ¿porqué ahora calla ante el juez? 

Por eso es que ya hemos solicitado que, sin perjuicio de las acciones penales que pudieran corresponder, se le cite de nuevo a declarar ante la Policía de Investigaciones y ante el juzgado criminal especial que investiga estos hechos.

No es posible aceptar que haya dicho no saber del complot cuando el mes anterior había publicado su libro de confesiones.

Como sabemos, la sedición orquestada por la CIA fue ejecutada por los sectores más reaccionarios del país , entre los que estaba el gran empresariado junto a los dirigentes políticos de la derecha y la centro derecha, la prensa conservadora tradicional y los mandos antidemocráticos de las Fuerzas Armadas de la época.

Hace 3 años en Montevideo, Uruguay, hablé  de estos temas en una extraña y manipulada entrevista, pero en esencia lo que dije era verdadero por encima y más allá de las distorsiones, así como de las extrañas circunstancias que rodearon ese episodio y del mal uso que de eso se hiciera.

Por cierto la participación del gran empresariado chileno no se redujo sólo a lo que haya hecho el ex mandamás de la Sofofa que fue sólo uno más de la larga cadena.

Espero no se olvide, entre tantos ejemplos, lo de la falsa bomba de Yarur.

A finales de 1970 y en el fragor de las maniobras  terroristas para que no asumiera el presidente Allende, estalló una bomba en casa del empresario Jorge Yarur Banna, hecho que, naturalmente, se le atribuyó a una supuesta entidad de izquierda, la “brigada obrero campesina” ¿?

Sin embargo, los tribunales de la época establecieron la verdad y ordenaron la detención de Luis Yarur Rey, hijo del empresario en tanto que la Brigada de Servicios Especiales de la Policía de Investigaciones arrestaba a cuatro de los autores de los atentados : Luis González Gutiérrez, Luis Enrique Schilling Rojas, Luis Abelardo Meza Llancapanni, y Norma Edith Oviedo, todos los que pertenecían a la Democracia Radical y trabajaban en conjunto con “Patria y Libertad”.

El empresario Yarur, parte del montaje, un día antes de los hechos, “casualmente”, había salido del país. Años más tarde, producido el golpe de Estado, el mismo Yarur se jactaba que esa bomba había sido instalada por gente del grupo “Patria y Libertad” con su consentimiento.

Para que jamás olvidemos como se abrió paso a la peor tragedia de la historia de Chile

 

INVERECUNDOS ASESINOS PRÓFUGOS

Fuente: http://www.adnradio.cl/

 La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) inició en las redes sociales una campaña de búsqueda para dar con el paradero de cinco condenados por violaciones a los derechos humanos en la dictadura de Augusto Pinochet.

Los casos corresponden a tres exmilitares y dos excarabineros que fueron agentes del aparato de represión del régimen de facto, y que deben cumplir penas de entre 10 a 25 años de cárcel por determinaciones de los Tribunales de Justicia.

La AFEP precisa en su llamado a la ciudadanía que están "prófugos hace meses", que se trata de "violadores de derechos humanos y genocidas" e invitan a entregar "información fidedigna a la Brigada de DDHH de la PDI al [phone]".

 

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Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos

AFEP Chile

 

Porque en este país hay represores de la dictadura prófugos hace meses cuando por fin los tocó la mano de la justicia, ayúdennos a encontrar a violadores de derechos humanos y genocidas.

Hoy, como hace décadas, nos organizamos para luchar por la #VerdadyJusticia.

Como Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos llamamos a todos y todas a ayudar en la búsqueda de los #PrófugosImpunes difundiendo sus caras actuales y crímenes y entregando cualquier información fidedigna a la Brigada de DDHH de la PDI al [phone]

CHILE, AMNESIA COLECTIVA

Publicado en Chile el 24 Mayo 2017
ESCRITO POR EDUARDO CONTRERAS

¿O es que una parte del país se ha vuelto loca? Porque el homenaje a Agustín Edwards en el Senado, la misma institución que la dictadura disolvió con el aplauso de Edwards, supera toda inconsecuencia, servilismo o estupidez de que haya memoria. 

Sólo falta que en el Congreso se rinda homenaje al “Mamo” Contreras o al “Guatón” Romo. Porque este homenaje al promotor principal del golpe y encubridor de los horrores, representa la pérdida absoluta del pudor, de la vergüenza, del respeto y de la más elemental decencia. Patética la conducta de los parlamentarios que promovieron y asistieron a ese increíble engendro. 

Como diría Pezoa Véliz, “tras la chambonada, nadie dijo nada, nadie dijo nada” : sólo la categórica declaración del Colegio Nacional de Periodistas y la presencia del diputado Boric recordándoles a los “honorables” quien era realmente Edwards, fueron los hechos que salieron al paso del bochornoso espectáculo. 

No hay persona cuerda que asuma como legítimo rendir pleitesía a un golpista. Creo innecesario reiterar aquí los numerosos antecedentes que inculpan al propietario de “El Mercurio”  por su activa participación en la tragedia iniciada el año 73. 

Señalemos solamente que fue el propio Edwards quien, en la causa judicial  rol n° 12 – 2013  reconoció que efectivamente  y antes incluso que asumiera el Presidente Allende, se reunió con las más altas autoridades de la CIA y del gobierno norteamericano; encuentros que, como se sabe, fueron los que dieron origen a la intervención extranjera y al financiamiento a las fuerzas de derecha para tratar de impedir que asumiera el presidente y, más tarde, para derribar su gobierno. 

Como si no bastara con lo del Senado otra noticia vuelve a graficar los niveles de abuso y de la absoluta impudicia de los golpistas. Fue al enterarnos que, al contrario de lo que suponíamos, los autores de crímenes de lesa humanidad nunca perdieron sus derechos y privilegios irritantes de los que gozan los uniformados. 

En efecto, se ha difundido las elevadas sumas por concepto de “pensiones” que reciben los que hicieron desparecer seres humanos, o les arrojaron al mar, o los asesinaron o degollaron o quemaron vivos durante la dictadura. Unos ciento veinte reclusos ganan sumas millonarias, la más alta la del ex fiscal Torres  Silva con $3.255.000 mensuales. 

“Es que eso es legal” chillan sus defensores. Puede serlo, ese no es el tema. Lo de fondo es que revela la negativa actitud de las autoridades de los institutos armados del Estado que en su momento no adoptaron medida alguna en contra de los delincuentes. Apenas fueron procesados bien pudo aplicarse –hace ya muchos años– las medidas correspondientes, su destitución o lo que correspondiere. 

Al no hacerlo de propia iniciativa las FFAA, como debió ser, los otros poderes del Estado, el Gobierno, el Parlamento, deberían hace ya mucho tiempo haber adoptado las medidas jurídicas apropiadas para reparar este daño a los recursos del Estado, a la imagen del país y a la salud moral de la nación. 

Desde el punto de vista no de la legalidad, sino de la ética, de la moral y de la legitimidad, que no es igual que legalidad, es inaceptable que el Estado –que ya tiene a estos asesinos en prisiones de lujo con piscinas, canchas de tenis, salones de recepción, etc,- más encima les pague una millonada mensual. 

En cambio sus víctimas y sus familiares vieron destruidas sus vidas, perdieron sus trabajos, fueron frustrados sus sueños personales y los que sobreviven lo hacen hoy con pensiones del orden de los $120.000 mensuales. ¿Es legítima esta situación objetiva? ¿Es moral? ¿Es ética? 

Por cierto que es deleznable. Y forma parte de la crisis general que afecta a las instituciones armadas del Estado. El “milico gate” o el “paco gate” ¿Son casos excepcionales? Por supuesto que no. Pero si el jefe supremo de toda una época, el general Augusto Pinochet era, además de cobarde, traidor y criminal, un ladronazo de marca mayor, ¿qué más se podía esperar? “Gastos reservados”, “Fondos reservados”. ¿Hasta cuándo? 

Pero lo más grave quizás sea la indiferencia de la sociedad. Preocupados de otros temas, algunos bastante menores, no hay señales concretas en el campo de la política nacional de enmendar rumbos respecto del manejo de cuantiosos recursos del Estado, es decir de la sociedad toda. 

Recursos que no se gastan ni en Educación, ni en Salud, ni en Vivienda, ni en Previsión Social, ni en Infraestructura o en desarrollar actividades económicas por parte de los aparatos del Estado. 

Los partidarios del actual modelo se quejan y sostienen que faltan recursos, que el país no crece, que no se puede hacer cambios estructurales y que no se puede acabar de una vez con el modelo de libre mercado. Mercado que, como todos sabemos, no es nada de libre sino monopólico y en manos de los grupos más poderosos en que se concentra el capital. 

Esta suerte de amnesia colectiva, de mirar hacia el lado, de dejar pasar las peores cosas no es asunto sólo de temas de la política contingente. Porque el olvido, la amnesia y lo anormal cubren un espectro todavía más amplio.

¿O no es otra locura, por ejemplo, que la actual directora del Museo Violeta Parra, doña Cecilia García Huidobro, sea parte del comando de la candidatura de un sujeto de las características de incultura y ambición de riqueza material sin escrúpulos que definen a Piñera? Como han dicho públicamente varias personalidades de la cultura, yo también creo que si Violeta viviera le habría dado un guitarrazo. 

¿O que a nadie le parezca mal que una reciente sentencia declare que fue simple delito común y no de lesa humanidad ese cometido cuando el 24 de enero de 1974, aproximadamente a las 14.30 horas, Francesca Romana Antonieta D’Alessandri Matte conducía en el sector de Las Salinas en Viña del Mar un Fiat 125, patente DM.693 de Las Condes, en compañía de su tía Franca Putignano Leinetti y de sus primos Paolo y María Livia pasaban por el frontis de la Escuela de Operaciones de la Armada y entonces cuando María Livia sacaba fotos, desde las instalaciones militares le dispararon causándole graves heridas en el cuello y muriendo luego en el hospital Gustavo Fricke? 

Nada de esto es casual ni es que las chilenas y chilenos se hayan vuelto locos. Lo que sucede es producto de la pesada impronta de la dictadura y lo que hace que la situación se mantenga en el tiempo después de tantos años, es el resultado del control de los principales medios de comunicación que ejercen los herederos de la dictadura. Son los medios los que controlan y dirigen o inducen el pensamiento colectivo. Los que crean imágenes sin importar si son verdaderas o falsas. Todo vale con tal de mantener el negocio. 

Y de esos todos somos responsables, por supuesto algunos sectores mucho más que otros. En primer término es de la responsabilidad de quienes conducen los órganos del Estado. Un Estado que sigue entregándole enormes recursos económicos a El Mercurio y demás periódicos que fueron parte del golpe y luego cómplices o encubridores de los crímenes de la dictadura. O a radioemisoras y canales de TV que sustentan el actual modelo. Y que, en cambio, no apoya a los medios escritos o radiales o comunitarios de carácter popular, democrático y avanzado, que pugnan por cambiar el modelo impuesto de modo tan brutal.

Y que en cambio y a pesar de las resoluciones judiciales internacionales, siguen reteniendo el legítimo pago a los también legítimos propietarios del popular diario “Clarín”. Si se le devolviera lo sustraído a un medio que estuvo siempre “firme junto al pueblo” otro gallo podría cantar.