Blogia
LOS INVERECUNDOS DE CHILE

Ejecutores inverecundos

OTRO INVERECUNDO QUE SE SUICIDA DESPUES DE ESCONDERSE EN UN HOSPITAL

NOTA DE MAXIMO KINAST: La cobardía de las Fuerzas Armadas de Chile es pública y notoria. Al ocultamiento de prueba y a las redes de protección de genocidas y torturadores se une la práctica habitual, inaugurada por el Innombrable, de esconderse en un hospital (de preferencia el Hospital MIlitar) y declararse enfermo para huir de la Justicia. La última muestra de cobardía es acudir al suicidio para no enfrentar la realidad que los señala como crueles homicidas, secuestradores, torturadores y genocidas. Carabineros, además ostenta el vergonzante distintivo de haberse especializado en degollar a sus prisioneros. El artículo que sigue relata como otro inverecundo se sustrae a la acción de la Justicia.

 

Se suicida coronel (R) de carabineros procesado por violación de DDHH

Por Jorge Escalante / La Nación
 
Se suicidó coronel (R) de Carabineros procesado por DDHH

De un disparó se quitó la vida el alto oficial (R), quien había sido procesado por la desaparición de un dirigente campesino en octubre de 1973.

En el Hospital Dipreca y de un disparo se suicidó el coronel (R) de Carabineros Luis Alejandrino Hidalgo López, quien había sido procesado como autor del secuestro y desaparición (octubre de 1973) del militante del MAPU y presidente del asentamiento campesino San Pedro de la IX Región, Juan Bautista Bastías Riquelme.

El procesamiento fue dictado por el ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco Fernando Carreño.

El protocolo de autopsia practicado en el Servicio Médico Legal reveló que la causa de muerte fue "traumatismo encefálico por disparo".

Junto al coronel (R) Hidalgo, por la misma víctima están encausados los suboficiales (R) de Carabineros Ramón Arias, Hugo Avendaño, Camilo Cumilaf, Luis Henríquez, Erasmo Henríquez Palma, Juan Hernández Ponce y Juan Pasmiño Sepúlveda.

El Hospital Dipreca negó la efectividad de la información, sin embargo el cuerpo del coronel (R) Hidalgo López ingresó al SML proveniente de ese centro hospitalario y la fiscalía de Carabineros abrió una investigación para conocer las circunstancias del suicidio.

El oficial (R) se internó en ese hospital tras ser notificado de su procesamiento y la respectiva orden de arresto dictada por el magistrado Carreño.

Una fuente de la policía uniformada dijo a La Nación que "él se encontraba muy abatido por el procesamiento que le afectaba".

El suicidio del coronel (R) Hidalgo López se agrega a anteriores hechos similares como los de los agentes Germán Barriga Muñoz (DINA), Gonzalo Asenjo Zegers (CNI) y Carlos Marcos Muñoz (DINA-Brigada Lautaro). Al momento de quitarse la vida todos ellos estaban procesados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar.

En ciudades y localidades rurales del sur muchos desaparecidos y ejecutados cayeron víctimas de la represión de Carabineros que actuaron concertados con terratenientes que denunciaron a campesinos beneficiados por la Reforma Agraria, impulsada por el Presidente Eduardo Frei Montalva y profundizado por el gobierno de la Unidad Popular.


Principal autor

El dirigente campesino Juan Bautista Bastías Riquelme tenía 25 años y fue detenido por Carabineros ante varios testigos en la zona de Allipén, en la IX Región. En octubre de 1973 se perdió su rastro. Su familia realizó por años esfuerzos para conocer su paradero, recibiendo en sus gestiones la negativa tanto de esta policía como de los tribunales de justicia a los que acudieron en Temuco. Pero el ministro Fernando Carreño logró reconstituir los hechos y concluyó que el principal autor del crimen, por su rango entonces de capitán, fue el coronel (R) Luis Hidalgo López.F

 

EL INVERECUNDO FISCAL TORRES Y OTRO, UN TAL CORONEL (R) IBARRA


El ex auditor del Ejército, Fernando Torres Silva

(Uno de los más asquerosos violadores y torturadores del Ejército de Chile. Nota del Editor) 

 

Operación “Control de Bajas”

La participación del ex auditor y fiscal del Ejército, general (R) Fernando Torres Silva, en el caso Berríos, al igual que la del coronel (R) Enrique Ibarra, tiene que ver con la operación llamada “Control de Bajas”.

Esta consistió en sacar del país en forma clandestina para sustrarlos de los tribunales, a los agentes que, a comienzos de la década de los años 90, habían entrado en serio conflicto con la justicia, o sabían mucho como el caso de Berríos.

De esa forma sacaron al ex químico, al ex agente Arturo Sanhueza Ros involucrado en la Operación Albania, y a Carlos Herrera Jiménez, uno de los autores del crimen de Tucapel Jiménez.

A través del seguimiento detallado de todas las causas por violaciones a los derechos humanos, la Auditoría de Torres Silva e Ibarra, aportaban toda la información a la Dirección de Inteligencia del Ejército, DINE, para que ésta dirección diseñara “los cursos ilícitos de acción a seguir respecto de quienes eran requeridos por la justicia”.

De esta manera, en la investigación se estableció que entre la Auditoría de Torres Silva y la DINE que entonces dirigía el general Hernán Ramírez Rurange y después el general Eugenio Covarrubias, se bloqueó la acción de los jueces que indagaban las causas.

Igualmente, entre ambas instancias militares se preocuparon de aportar información falsa o distractiva a los jueces

-º-º-º-º-º-º-º-º-º-º-º-º-º-º

 

Ex auditor del Ejército y coronel (R) Ibarra procesado por asociación ilícita


Juez acredita uso de gas sarín y procesa a ex fiscal Torres Silva

Dos resoluciones que marcan hitos en los juicios por violación de los derechos humanos tomó ayer el ministro Alejandro Madrid. Afirmó que el asesinato del ex cabo de Ejército Manuel Leyton se ejecutó utilizando gas sarín y procesó por este delito a trece ex agentes de la DINA. Paralelamente, sometió a proceso por asociación ilícita al ex auditor del Ejército, Fernando Torres Silva, justamente en el caso del asesinato del químico que produjo el elemento venenoso en los servicios de seguridad, Eugenio Berríos.



Jorge Escalante
La Nación

Por primera vez en un proceso por violaciones a los derechos humanos de aquellos que se instruyen en Chile, un juez dio por acreditado que la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) utilizó el gas sarín para eliminar personas. El magistrado Alejandro Madrid estableció que el ex agente de ese organismo, cabo de Ejército Manuel Leyton Robles, fue muerto por los propios agentes en marzo de 1977 utilizando “el denominado gas sarín”, pero la información oficial entregada por el Ejército a su familia fue que la muerte se produjo “por causas naturales”.

Por este caso el juez Madrid procesó ayer y decretó el arresto de 13 ex agentes, entre ellos cuatro médicos, tres enfermeras, y ex integrantes de las brigadas Mulchén y Lautaro y la Agrupación Aguila.

Todos ellos fueron encausados, algunos en calidad de autores y otros como cómplices y encubridores, por los delitos de asociación ilícita criminal, secuestro, homicidio calificado y falsificación de instrumento público.

En una segunda resolución y esta vez por el secuestro y homicidio del ex químico de la DINA Eugenio Berríos, el magistrado encausó y decretó la detención del ex auditor del Ejército, general (R) Fernando Torres Silva, y del coronel (R) y abogado Enrique Ibarra Chamorro. Este último fue el segundo de esa auditoría bajo Torres Silva durante el primer período de la década de los años 90. Ambos fueron procesados como autores del delito de asociación ilícita criminal.

Además, en esta misma resolución el juez también encausó y decretó el arresto de los suboficiales en servicio activo del Ejército, Marcelo Sandoval Durán y Nelson Román Vargas, como autores de los delitos de secuestro y asociación ilícita criminal. Ambos suboficiales fueron los custodios que el ex químico Berríos tuvo en Uruguay mientras permaneció secuestrado, y a éstos Berríos confesó su deseo de volver a Chile a entregar a la justicia antecedentes acerca de los crímenes del ex canciller Orlando Letelier y diplomático chileno-español Carmelo Soria.

Berríos fue sacado clandestinamente de Chile en octubre de 1991, mediante una compleja operación planificada entre la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) y la Auditoría que comandaba el general Torres Silva

Luego de ser ejecutado, presumiblemente en 1993, el cuerpo de Berríos apareció el 13 de abril de 1995 en una playa cercana a Montevideo.

Por el crimen de Berríos permanecían hasta ahora procesados 17 oficiales y suboficiales (R), varios de ellos agentes de la Dirección de Inteligencia del Ejército. Entre los procesados figuran los oficiales uruguayos extraditados a Chile, coronel (R) Tomás Cassella Santos, el coronel en servicio activo Eduardo Radaelli Coppola, y el coronel activo Wellington Sarli Pose.

Conexión Lautaro.

Coronel (R) Enrique Ibarra.

En su resolución acerca del crimen del cabo Leyton, el juez Madrid estableció una conexión entre la Brigada Lautaro que comandó el entonces mayor de Ejército Juan Morales Salgado, y el cuartel en que operó esta brigada ubicado en la Avenida Simón Bolívar 8630, donde fueron exterminadas dos direcciones clandestinas completas del Partido Comunista.

La indagatoria logró acreditar que el cabo Leyton, quien junto a otros agentes se había dedicado a robar vehículos de personas que iban siendo detenidas, fue llevado por agentes de la DINA a ese cuartel, luego de que Carabineros ubicara en su casa un vehículo que estaba siendo buscado, por lo que lo detuvo y le entregó a la DINA.

El juez no logró establecer si al cabo Leyton se le aplicó el gas Sarín en el mismo cuartel de Simón Bolívar -como sí se hizo con otros detenidos según la investigación del ministro Víctor Montiglio en el proceso por Calle Conferencia- o si el gas se le lanzó al interior de la clínica London de la DINA, que operó en calle Almirante Barroso en Santiago Centro.

Según el auto de procesamiento, “el cabo Leyton fue llevado por agentes de la DINA al cuartel de calle Simón Bolívar, siendo después trasladado a la denominada “Clínica London”, donde estuvo privado de libertad y posteriormente falleció”.

El juez Madrid dijo que “se presume con fundamento, que su deceso se produjo a consecuencia de la aplicación del denominado Gas Sarín”. LN

 

El asesinato del ex agente de la DINA Manuel Leyton

En el caso de la muerte del cabo Manuel Leyton, el juez Madrid estableció en su fallo de procesamiento que cuando al interior del Ejército se conoció que la real causa de muerte del agente se produjo a causa del gas Sarín, y luego de que su cuerpo ya había sido entregado a su familia, “se suspendió el velatorio y su cadáver fue trasladado al Servicio Médico Legal (SML) para una autopsia, pero portando documentos falsos”.

Agrega la resolución que “luego de ser presionados los directivos superiores del SML, se obtuvo un protocolo de autopsia, así como informes de exámenes químico-toxicológicos y de anatomía patológica, que no fueron fidedignos. Como tampoco lo fueron la historia clínica de atención médica y hoja de enfermería del cabo Leyton, las que aparecen confeccionadas en la Clínica London y firmadas por facultativos pertenecientes a la DINA”.

El motivo por el cual la DINA decidió asesinar a Leyton, habría sido que éste habría entregado información a Carabineros, que él y otros agentes robaban vehículos de personas que detenían, para aumentar la dotación móvil de los grupos operativos de la DINA.

Por el secuestro y homicidio del cabo Manuel Leyton, fueron procesados:

Los médicos de la DINA Hernán Taricco Lavín, Pedro Valdivia Soto, Osvaldo Leyton

 

CAPTURADO OTRO MILIKO FUGADO

Difundido por Pedro Alejandro Matta y Política Cono Sur 

Ayer fue detenido mayor (R) de carabineros Lautaro Castro quien llevaba seis meses prófugo de la justicia


Capturado en Valparaíso responsable de la matanza de hornos de Lonquén

La fuga del general (R) Raúl Iturriaga no es la única a la que se han enfrentado la justicia y la policía, ante la postura rebelde adoptada por ex miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros, que se niegan a aceptar las condenas por violaciones de los derechos humanos.


La Nación

L. Narváez / J. Rebolledo

La Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos (BAE) de la Policía de Investigaciones capturó ayer, en Valparaíso, al mayor (R) de Carabineros Lautaro Castro (61), quien fuera jefe de la tenencia de la policía en Isla de Maipo, al sur de la Región Metropolitana, cuando pocos días después del 11 de septiembre de 1973 ordenó la detención y fusilamiento de 17 campesinos.

Del total de prisioneros 15 fueron asesinados sin ningún tipo de procedimiento legal e inhumados ilegalmente en los hornos de Lonquén. Los otros dos, fueron ejecutados en el puente Naltahua.

REAPERTURA

Antes de asumir como ministra de la Corte Suprema, Margarita Herreros integraba la Corte de Apelaciones de San Miguel. En ese tribunal estaba a cargo de los crímenes cometidos en la localidad rural. Hasta el año pasado, el proceso por las muertes de Lonquén estaba cerrado, por aplicación de la Ley de Amnistía. Sin embargo, la causa por la muerte de los dos campesinos en el puente Naltahua había sido reabierta.

Las víctimas son Juan de Dios Salinas Salinas y Guillermo del Carmen Bustamante Sotelo. Ambos de 29 y 39 años, respectivamente, eran obreros agrícolas y fueron detenidos el 14 de septiembre de 1973 por una patrulla de Carabineros, acompañada por el dueño de los terrenos colindantes que había actuado como delator.

Desde esa fecha en adelante nunca más se supo de su suerte. Sólo se sospecha que fueron enviados al campo de prisioneros del Estadio Nacional o el Estadio Chile y que pueden haber sido enterrados en el Patio 29 del Cementerio General.

Todos los policías que participaron de las detenciones fueron sometidos a proceso el año pasado.

En tanto, pese a que Lautaro Castro -que hace unos años se cambió el nombre a “Marcelo”- declaró en una oportunidad, cuando nuevamente fue requerido para el interrogatorio, el que daría paso a su procesamiento, desapareció sin dejar rastro.

Actualmente, el caso estaba en manos de la ministra de la Corte de San Miguel, Marta Hanke, la que entregó una orden de captura a la BAE.

Tras meses de investigación, en las últimas dos semanas se pudo establecer que estaba oculto en Valparaíso.

Tras pesquisar un total de ocho domicilios, los detectives centraron su atención en uno ubicado en el Cerro Las Mercedes. En ese sector varios vecinos identificaron la fotografía del mayor retirado.

SIN RESISTENCIA

Durante la mañana, un equipo de cuatro detectives solicitó una orden a la jueza para allanar el lugar. En su interior estaba Lautaro Castro, quien no opuso resistencia al arresto. Al momento de su captura estaba acompañado por su esposa, Ana Dipsi, y pese a que sus familiares más cercanos decían desconocer su paradero, inmediatamente comenzaron a llegar al lugar y hacer llamadas telefónicas al lugar.

Al cierre de esta edición, Castro era sometido a un chequeo médico para hoy ser puesto a disposición del tribunal.

El abogado del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Joseph Bereaud, indicó que la captura de Castro era fundamental para cerrar el sumario e iniciar la etapa de condenas. LN

 


Ricardo González

El mayor (R) Lautaro Castro (61 años) fue trasladado desde Valparaíso al Cuartel Independencia de Investigaciones, en Santiago, pasadas las 16 horas, donde fue interrogado.




El caso Lonquén

El descubrimiento de los cuerpos enterrados en Lonquén, en 1978, se transformó en un emblema de la defensa de los derechos humanos y dejó al descubierto la política de Estado impulsada por la dictadura de ocultar los cuerpos de las víctimas.

Pinochet y el resto de los cerebros del régimen militar sabían que el macabro hallazgo de los hornos de Lonquén generaría problemas. De allí que se originara una nueva y siniestra estrategia para ocultar los crímenes cometidos a lo largo del país: la operación “retiro de televisores”. Mediante esta clave, todas las unidades militares se encargaron de ubicar y remover las fosas clandestinas donde habían arrojado los cuerpos de cientos de personas asesinadas. Posteriormente, los restos fueron quemados o lanzados al mar.

Tras la desaparición de los dos campesinos en el puente Naltahua, entre el 7 y 8 de octubre de 1973, los mismos carabineros de Isla de Maipo detuvieron a decenas de campesinos. Quince de ellos sufrieron la represión de los policías, a cargo del entonces teniente Lautaro Castro.

Tras un ir y venir de familiares que nunca encontraron respuesta por la suerte de sus seres queridos, el 1 de diciembre de 1978, la Vicaría de la Solidaridad, presentó ante la Corte Suprema una denuncia por el hallazgo de restos humanos al interior de dos minas de tratamiento de minerales ubicadas en los faldeos de cerros de Lonquén. Los antecedentes pasaron al Juzgado del Letras de Talagante que, mediante un sumario, comprobó la existencia de restos humanos al interior de los hornos. El caso pasó a la justicia militar y el 16 de agosto de 1979, se dictó la sentencia que sobreseyó total y definitivamente a los carabineros procesados en virtud de la Ley de Amnistía. El año pasado el abogado Nelson Caucoto pidió la reapertura del caso y se espera que con la detención de Castro, se sanciones a los también a los demás responsables.

EL TROGLO VA A LA CÁRCEL

Difundido por Pedro Alejandro Matta y Política Cono Sur 

 

29 de Junio de 2007

Cumple condena por caso desaparecido
Ex agente DINA Basclay ''El Troglo'' Zapata ingresó al penal de Punta Peuco

por Héctor Cruzatt

Suboficial en retiro del Ejército, considerado uno de los torturadores más crueles de la dictadura militar, ingresó a cumplir una condena de 10 años y un día de presidio por el caso de cuatro detenidos desaparecidos. La sentencia había sido dictada el 10 de mayo por la Corte Suprema, pero el ex uniformado no había podido ser ubicado por la policía.

El suboficial en retiro del Ejército Basclay Zapata Reyes ingresó el jueves al Penal Militar de Punta Peuco para comenzar a cumplir la condena de 10 años y un día por el secuestro permanente de cuatro detenidos desaparecidos en agosto de 1974, condena que había sido ratificada por la Corte Suprema el 10 de mayo pasado.

Desde esa fecha, Zapata Reyes, alias “El Troglo”, no había sido ubicado por los policías para que empezara a cumplir con su prisión por los secuestros de los hermanos Hernán Galo y María Elena González Inostroza y de Elsa Leuthner Muñoz y Ricardo Troncoso Muñoz, detenidos por un comando de la DINA en un departamento de calle Bueras 172, de la comuna de Santiago.

La condena es la primera que empieza a cumplir efectivamente Zapata Reyes, que es sindicado como uno de los torturadores más crueles de la DINA.

Además de esta sentencia, "El Troglo" debe cumplir una pena de 3 años de presidio remitido por el secuestro del detenido desaparecido Manuel Cortez Joo, que fue confirmada este miércoles por la Corte Suprema. Y, adicionalmente, enfrenta otras tres penas que suman 20 años de reclusión por otros casos de desaparecidos.

El ex agente formaba parte de la Brigada Águila de la DINA y compartía labores con Osvaldo Romo Mena en la tortura de opositores del régimen militar y se mantuvo en el Ejército hasta comienzos de los años 90’, en labores de instrucción de la Escuela de Suboficiales.

Ricardo Aurelio Troncoso Muñoz, Hernán Galo González Inostroza, María Elena González Inostroza y Elsa Victoria Leuthner Muñoz, Reyes fueron detenidos el 15 de agosto de 1974 en un allanamiento realizado por agentes de la DINA en el departamento ubicado en calle Bueras 172, Departamento D de Santiago y conducidos a los recintos de reclusión de Londre 38 y Tres y Cuatro Álamos desde donde se les perdió el rastro.

El caso de Troncoso Muñoz es particular. Antes de su detención, había permanecido asilado en la Embajada de México en Santiago, desde el 10 de octubre de 1973, hasta el 1 de marzo de 1974, fecha en que abandonó el asilo, desesperado por la tardanza en otorgársele salvoconducto. Quince días después fue detenido por agentes de la DINA.

CORTE (DE APELACIONES) OTORGA LIBERTAD CONDICIONAL A ASESINOS DE JÉCAR NEGHME

Corte otorga libertad condicional

a condenados por el caso Neghme


La decisión de la Corte de Apelaciones capitalina, que puede ser apelada al máximo tribunal, beneficia a seis militares en retiro que participaron en su calidad de agentes de la CNI en el asesinato del dirigente del MIR ocurrido el año 1989.

Por unanimidad, la Corte de Apelaciones de Santiago otorgó este jueves el beneficio de la libertad condicional a seis ex militares condenados como coautores del asesinato del dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Jécar Neghme, que corresponde al último crimen atribuido a los organismos represivos del régimen militar.

Fuentes judiciales afirmaron que la resolución cambia la decisión del minsitro Hugo Dolmestch, quien había castigado a estos seis oficiales que se desempeñaban como agentes de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI).

La resolución del tribunal de alzada capitalino, que puede ser apelada en la Corte Suprema, desestimó además la indemnización de 250 millones de pesos fijada para los familiares del ex dirigente del MIR, de los cuales el 50 por ciento sería para el hijo de la víctima y el monto restante para sus dos hermanas.

El fallo favorece al ex brigadier de Ejército Enrique Leddy Araneda, jefe Metropolitano de la CNI, el único imputado que no confesó su participación en el asesinato de Neghme.

Los otros favorecidos son el coronel (r) Pedro Guzmán Olivares, el capitán (r) Luis Sanhueza Ross, el coronel (r) Jaime Norambuena Aguilar, el capitán (r) Silvio Corsini y el mayor (r) Manuel Allende Tello.

Todos ellos fueron condenados a penas que oscilan entre los cinco años y 541 días de cárcel por el crimen ocurrido la noche del 4 de septiembre de 1989.

Neghme, portavoz del MIR, fue asesinado durante la campaña electoral que culminó con la victoria presidencial de Patricio Aylwin en las elecciones del 14 de diciembre de 1989, que marcaron el retorno de Chile a la democracia.

El dirigente mirista murió acribillado en la calle Bulnes de Santiago a manos de la denominada "Brigada Azul" de la CNI.

EFE

COMENTARIO DE MÁXIMO KINAST: La organización mafiosa denominada Ejército de Chile declaró y difundió en esa época que Jécar se había suicidado. No pudo ocultar que es imposible suicidarse con más de doce balazos, varios de ellos en la cabeza. Ahora, los jueces de la Corte de Apelaciones, cómplices y encubridores, les condenan a unas penas de risa y les otorgan la libertad bajo fianza para que puedan escapar y esconderse con el cobarde general (retirado), Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, prófugo de la Justicia. ¿Qué otra cosa se puede esperar de los mafiosos y de sus cómplices y encubridores?

CRIMINALES PRÓFUGOS. LA JUSTICIA LOS BUSCA

UN GENERAL TERRORISTA PRÓFUGO

UN GENERAL TERRORISTA PRÓFUGO

por Lucia Sepulveda Ruiz - www.elclarin - 14/VI/2007

http://periodismosanador.blogspot.com/

 

Raul Iturriaga Neumann, general ® de ejercito, no se fugo porque la Corte Suprema le dio cinco años y un dia como condena a firme por el secuestro del estudiante de medicina veterinaria de la Universidad de Chile, ex alumno del Liceo de Aplicacion y miembro del MIR Dagoberto San Martin (21 años al momento de su detencion por los agentes a cargo del terrorista con uniforme del ejercito chileno). El ex general de la republica es en realidad un criminal empedernido que esta desafiando a todas las instituciones democraticas chilenas.

 

La impunidad es su meta. Por su experiencia en inteligencia y como ex encargado de las empresas DINA, lo hace contando con alguna red de apoyo y recursos a traves de la cual no seria extraño que ya haya salido del pais. Hay dos paises que no puede haber elegido para refugio: Argentina e Italia. En ambos se le busca como terrorista. En el pais europeo fue condenado en ausencia a 18 años de presidio por el atentado a Bernardo Leighton.

 

Palermo y Operacion Colombo

 

 

Iturriaga Neumann, uno de los hombres claves de la DINA, no es responsable de un solo secuestro –que ya es gravisimo- sino de muchisimos otros crimenes de lesa humanidad. La sentencia de cinco años y un dia la habria cumplido sin mayor pena en las comodas cabañas del Penal Cordillera, una carcel cinco estrellas que ya aloja al resto de la plana mayor de la DINA. Pero el profugo tiene pendiente la dictacion de sentencias en causas cuyas condenas deberian ser muy superiores. El ministro en visita Alejandro Solis lo ha procesado "en calidad de autor como miembro de una asociacion ilicita" por el asesinato (con una bomba) del General Carlos Prats, ex comandante en jefe del Ejercito y su esposa Sofia Cuthbert (1974)en Palermo, Buenos Aires. Se sabe que las sentencias, luego de la larga investigacion, se conoceran pronto

 

La investigacion judicial de la jueza argentina Maria Servini de Cubria -a quien la Corte Suprema le nego el pedido de extradicion del hoy fugado, argumentando que Iturriaga seria juzgado en Chile-permitio establecer que el entonces mayor Iturriaga Neumann viajo a Buenos Aires para preparar en terreno el crimen de Prats, y coordino la Operacion Colombo. El oficial fue el primer responsable del Departamento Exterior de la DINA, cuando la central de ese organismo se hallaba en calle Belgrado 1, en las actuales instalaciones de la FECH. En la capital trasandina se comprobo que conto con el apoyo del agente civil chileno Enrique Arancibia Clavel, hoy condenado por la justicia de ese pais a presidio perpetuo como "participe necesario" en el doble homicidio del general Carlos Prats y su esposa.

 

 

Al general terrorista lo esperan condenas por los casos de detenidos desaparecidos en la Operacion Colombo, especificamente en los casos de los hermanos Jorge y Juan Andronico Antequera, Francisco Bravo, Mario Carrasco, Felix de la Jara, Eduardo Duran, Juan Chacon, Maria Cristina Lopez, Jorge Olivares, Vicente Palominos, Stalin Aguilera,Teobaldo Tello, Victor Villarroel, Washington Cid, Zacarias Machuca, Hector Zuñiga, Francisco Aedo, Jaime Buzio, Mario Calderon, Cecilia Castro, Rodolfo Espejo, Albano Fiorazzo, Gregorio Gaete, Mauricio Jorquera, Isidro Pizarro, Marcos Quiñones, Sergio Reyes, Gilberto Urbina, Hector Garay, Ruben Arroyo, Eduardo Miranda, Arturo Barria, Asrael Retamales, Antonio Cabezas, Ariel Salinas y Bernardo de Castro(desaparecidos en 1974), los cuales figuran en la Lista de los 119.

 

Estos procesos estan ahora en manos del ministro Victor Montiglio y otros jueces, pero la mayoria de las encargatorias de reo fueron hechas por el juez Juan Guzman en los años 2004 y 2005. La Operacion Colombo fue una maniobra mediatica de la DINA, apoyada por sus pares de Argentina y otras dictaduras del Cono Sur, que pretendia encubrirla desaparicion de 119 chilenos y chilenas, la mayoria militantes del MIR, haciendolos aparecer como muertos en Argentina por rencillas internas.

 

Jefe de la Brigada Puren

 

 

El año 74 fue de gran actividad para este sujeto. En ese periodo fue miembro de la plana mayor de Villa Grimaldi y jefe de la Brigada Puren que se encargaba de la represion al Partido Socialista y al Partido Comunista. En el proceso que concluyo con la sentencia de la sala penal de la Corte Suprema –que rebajo de diez a cinco años y un dia la sentencia original del Ministro de fuero Alejandro Solis - eso quedo acreditado por decenas de testimonios no solo de sobrevivientes a la tortura y prision, sino tambien por declaraciones de sus ex subordinados en Grimaldi.

 

 

En otros procesos en curso, esta encargado reo por la desaparicion de Victor Olea, uno de los desaparecidos en un intenso operativo desarrollado por la Brigada Puren en septiembre de ese año contra el Partido Socialista de la seccional "Decima comuna", en el que tambien cayeron Bernardo de Castro y Mario Carrasco, incluidos posteriormente en la Lista de los 119. Asimismo ha sido encargado reo por el secuestro y desaparicion de los miristas Luis Mahuida Esquivel y Luis Gonzalez Mella, hechos ocurridos en noviembre de 1974.

 

 

Iturriaga Neumann paso a retiro en 1991 y como tal, tiene una generosa pension con "perseguidora", gracias a la prevision excepcional que rige en Chile para los miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Se habran embargado sus cuentas bancarias? En la carta que utiliza para convocar al resto de los criminales a la rebelion contra las decisiones de tribunales, uno de los sufrimientos que describe es el de enfrentar a lo que el llama "falsos testigos" en los careos. Se vio obligado a estar de pie frente a quienes sobrevivieron a la experiencia de la tortura y el horror y fueron capaces de sostener la mirada y relatar las violaciones y vejamenes vividos, asi como el estado deplorable en que quedo Luis Dagoberto San Martin a su paso por el centro de torturas conocido como La Venda Sexy. Una ex detenida declaro en el proceso abierto por el secuestro de Luis, que lo recordaba porque su cara era muy hermosa. Estaban en la Venda Sexy, un antro de tortura de la DINA. El secuestro se pudo acreditar porque -al contrario de lo que dice Iturriaga- muchos sobrevivientes tuvieron el coraje de ir al tribunal y contar como vieron a Luis, que le hicieron y que vivieron ellos mismos. Beatriz Bataszew fue un testigo clave, porque era su polola y tambien estaba detenida.

 

 

Los desaparecidos, los sobrevivientes y la democracia chilena necesitamos que el terrorista Iturriaga sea encontrado sin demora, buscandolo dentro del pais y solicitando en los niveles internacionales que se adopten iguales medidas de resguardo.

CARTA ABIERTA AL PRÓFUGO RAÚL ITURRIAGA NEUMANN

AL COBARDE MILITAR QUE SIGUE FIELMENTE LAS TRADICIONES DEL EJERCITO DE CHILE DE HUIR MIENTRAS SE PUEDA

CARTA ABIERTA AL PRÓFUGO RAÚL ITURRIAGA NEUMANN

GENERAL (Retirado) del Ejército de Chile

Raúl Iturriaga Neumann

 

Oiga usted, Iturriaga:

Me preocupa su salud. Por eso le escribo. Mire usted, general, no se olvide de las costumbres de esa organización mafiosa a la que ha estado vinculado por tantos años. Me refiero al Ejército de Chile.

Es de público y notorio conocimiento que los uniformados de Chile, o sea, sus Fuerzas Aramadas y Carabineros son organizaciones mafiosas que encubren a sus delincuentes y se protegen unos a otros, exactamente igual que la mafia que se ve en las películas, tipo 'El padrino'.

Usted sabe mejor que yo que si se declara enfermo, lo ayudaran a esconderse en el Hospital Militar. Si le echa la culpa a sus subalternos, está muy bien visto por los Altos Mandos, porque esa es la Doctrina Pinochet ... pero usted, hombre, no haga tonterías. No se ponga nervioso, no se esconda... ¿Que no se ha dado cuenta que los que no cuadran en la línea son suicidados? Bueno, son suicidados los que no son abiertamente asesinados, como el general Prats, el General Ludtz, el coronel Cantuarias, el general Bachelet... y tantos otros.

Ahora, en estos últimos años se ha instaurado la costumbre de que se suiciden accidental o involuntariamente los testigos clave, los que son condenados por los Tribunales y los cobardes que se ponen nerviosos, como usted.

Por eso me preocupo. Como defensor de los Derechos Humanos me preocupa la posibilidad de que lo suiciden, General, posiblemente en contra de su voluntad. Asi es que mejor, vaya preso y no haga olitas, que sus compañeros de armas (usted lo sabe muy bien) tienen la mano muy pesada.

Con mi mayor desprecio

Máximo Kinast Avilés

CI 2274418-6 de Iquique

P. D. Publico este email de Búsqueda y captura que circula por las redes, para que quien lo encuentre tenga a bien entregarle mi carta.

 

¡¡SE BUSCA!!
POR EVADIR LA JUSTICIA
QUE LO CONDENÓ POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD



Raúl Eduardo Iturriaga Neumann

GENOCIDA
BUSCADO POR LA JUSTICIA
PRÓFUGO

Ex miembro de la plana mayor de la DINA, general (R).

Ex jefe del Departamento Exterior de la DINA y ex jefe de la Brigada Purén que hizo desaparecer a decenas de prisioneros
desde su centro clandestino de calle Irán 3937 en la comuna de Macul.

Co autor del asesinato del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert en septiembre de 1974 en Buenos Aires.
¡¡COBARDE EX MILITAR, QUE CORRE A ESCONDERSE COMO NIÑITA ASUSTADA!!
¡ NI OLVIDO NI PERDÓN !
¡ JUICIO Y CASTIGO A LOS CRIMINALES !

Por el derecho a la justicia, DIFUNDE esta información!
(Usa la opción Copiar y Pegar)
GRACIAS POR TU AYUDA