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LOS INVERECUNDOS DE CHILE

VIENE LA FUNA, LOS INVERECUNDOS TIEMBLAN... ¿A QUIÉN LE TOCARÁ ESTA VEZ?

¡¡¡Vamos compañeros

hay que ponerle un poco más de empeño

los que cayeron son nuestra memoria

desde la resistencia a la victoria!!!

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en nuestra nueva acción de denuncia  

SABADO 27 de DICIEMBRE 12:00  horas.

(SEAN MUY PUNTUALES).

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Si no hay Justicia

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Comisión Funa 

INVERECUNDOS EXONERADOS

Los verdaderos falsos exonerados

por Pascale Bonnefoy M.

28 noviembre 2008

 

Cuando en 1998 una segunda ley sobre exonerados políticos amplió el universo de potenciales beneficiarios para incluir a militares y ex parlamentarios, se produjo una avalancha de postulaciones, especialmente del Ejército. Y en ese proceso fueron calificados como exonerados políticos, militares involucrados en violaciones a los derechos humanos, ex parlamentarios golpistas, y funcionarios de la dictadura. Estos son algunos de ellos.

 

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Esta semana, el presidente de un comando de exonerados políticos denunció que hay unas 100 mil pesonas recibiendo beneficios como exonerados políticos sin haberlo sido jamás, y abrió una caja de Pandora cuyos contenidos muchos ya conocían, sospechaban o han intentado ocultar.

 

Las reacciones fueron insólitas. La Coordinadora Nacional del Programa Reconocimiento al Exonerado Político (PREP) del Ministerio del Interior, Marta Joignant, aseguró que era "imposible engañar al sistema", ya que la Contraloría de la República debía tomar razón de cada caso. Sin embargo, la Contraloría hace sólo eso, "tomar razón" de lo que decide el Ejecutivo; o sea, acusa recibo.

 

El presidente del Partido Socialista, Camilo Escalona, le hizo un flaco favor a Joignant, y más encima, salió totalmente impune de sus dichos. Dijo que la propia Contraloría habría permitido que las oficinas parlamentarias registraran a indigentes como exonerados políticos como una manera de asegurarles una pensión. Plop.

 

Más allá de la exagerada cifra entregada por el presidente de la Comisión Nacional Unitaria de Exonerados y ex Presos Políticos, Raúl Celpa, -porque significaría que dos-tercios de los 145.286 calificados como exonerados políticos está mintiendo-, para nadie es un secreto la variedad de irregularidades en la postulación y otorgamiento de beneficios a exonerados políticos. Irregularidades de las que el PREP por cierto se ha enterado, porque a sus oficinas le han llegado decenas de denuncias a través de los años, denuncias, por lo demás, que se han hecho públicas en la prensa.

 

Se han otorgado beneficios (pensiones y abonos de tiempo por lagunas previsionales) a personas que nunca fueron exoneradas; se ha falsificado documentación; se han pagado favores y cobrado comisiones; se ha sido poco riguroso y negligente en el proceso de verificación para calificar a un postulante como exonerado; y se han creado "verdaderas mafias" – como me lo describió un profesional del PREP- para lucrar con la desgracia ajena.

 

Desde la aprobación en 1993 de la primera ley para otorgar beneficios a los exonerados políticos – aquellos que perdieron sus trabajos por razones políticas durante la dictadura militar-, algunos autoproclamados "dirigentes de comandos de exonerados políticos" han cobrado servicios y comisiones por tramitar las postulaciones, a pesar de que el proceso no requiere de intermediarios y es completamente gratuito. Otros han falsificado documentos y/o han inscrito a personas que no cumplen con los requisitos, y sobre esto, basta recordar las denuncias públicas en las Provincias de Osorno y Llanquihue el año pasado.

 

En Río Negro, Fresia y Puerto Montt, entre otras localidades, se denunció que autoridades comunales estaban tramitando y cobrando comisiones indebidamente por postular a exonerados. En algunos casos, se cobraba una comisión considerable a exonerados verdaderos que postulaban a beneficios. En otros, se falsificaba documentación para postular a exonerados falsos, incluyendo la invención de "asentamientos", ya que la ley también acoge a quienes fueron despojados de sus tierras. A algunos de ellos también se les estaba cobrando una comisión.

 

Se habló de más de 100 casos fraudulentos. El diputado Fidel Espinoza dijo al Diario Austral de Osorno (5 marzo 2007) que los mismos beneficiarios le habían informado que "algunas autoridades comunales les han cobrado para hacerlos partícipes de este programa, cuyo ingreso es gratuito, y que en algunos casos, las incorporaciones han sido fraudulentas para hacerles entrega de beneficios que no les corresponden". Entregaron nombres y apellidos, y denunciaron detalladamente la situación al PREP.

 

Pero tal vez donde más se viola el espíritu de la ley del exonerado político es en relación a militares golpistas y políticos de derecha.

 

Una segunda ley sobre exonerados aprobada en 1998 amplió el universo de potenciales beneficiarios para incluir a funcionarios del Congreso Nacional, las Fuerzas Armadas, Carabineros y la Policía de Investigaciones, entre otros. Esto permitió que cualquier parlamentario que hubiese quedado sin trabajo el 12 de septiembre de 1973 –porque fue clausurado el Congreso- podría postular a beneficios como exonerado. Y así postularon y lograron pensiones y abonos de tiempo varios parlamentarios que pública y notoriamente instaron al golpe militar y apoyaron a la dictadura.

 

En cuanto a los militares, la ambigüedad de la ley los favoreció. Podrían postular muchos, ya que la ley hablaba de exoneraciones "debido a cambios en el orden institucional". No preguntaba si eran golpistas o no golpistas, si habían sido miembros o colaboradores de la DINA o la CNI, o si habían torturado, asesinado o desaparecido a personas.

 

Esto provocó una verdadera avalancha de postulaciones entre 1998-2000. Sólo del Ejército postularon más de 1.200 oficiales en retiro; muchos sólo querían mejorar sus pensiones. La mayoría de las veces, dicen en el PREP, bastaba con el aval o patrocinio de algún político o abogado para calificar.

 

En la época, la persona encargada de evaluar los antecedentes presentados por cada postulante y recomendar su calificación era el Jefe Técnico del Programa, Luis Salinas Rojas, segundo en el PREP. No fue terriblemente riguroso en la calificación ni en el mantenimiento de los archivos con los antecedentes y documentación que respaldaría la calificación de exonerado.

 

En diciembre de 2003, cuando uno de los "exonerados" que Salinas había aprobado calificar fue procesado como cómplice del asesinato, se desató un terremoto al interior del PREP. Se buscó desesperadamente el archivo del "exonerado" para ver sus antecedentes, pero nunca se encontró. En el PREP se dieron cuenta de que había varios casos que se "les habían pasado", y se pusieron a buscar y ordenar las carpetas con la documentación de respaldo para revisarlas caso a caso. Sin embargo, muchas carpetas de los militares calificados como exonerados políticos no se encontraron, y siguen sin aparecer, si es que alguna vez existieron. Muy poco después, Luis Salinas se fue raudamente del PREP, pasando a un cargo gerencial en el INP.

 

Así fue que solicitaron y consiguieron beneficios de exonerados algunos militares involucrados en violaciones a los derechos humanos, ex parlamentarios de derecha que conspiraron activamente para el golpe militar, y funcionarios de la Junta.

 

Estos son algunos de ellos:

 

Rafael González Verdugo (también "Berdugo"), ex agente civil del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA). "Espía" de carrera, tras el golpe militar, fue ubicado en el Departamento II (Inteligencia) del Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN). En diciembre de 2003, fue procesado como cómplice de homicidio calificado del estadounidense Charles Horman, ejecutado en septiembre de 1973. Fue calificado como exonerado político de la Fuerza Aérea en noviembre de 1999 y recibe una pensión de $464 mil pesos.

 

Edwin Dimter Bianchi, ex teniente de Ejército, participó en el "tanquetazo" en contra del gobierno de Salvador Allende (junio 1973). Tras el golpe militar, fue enviado como represor al Estadio Chile. Una investigación de esta periodista confirmó que Dimter era el oficial al que los prisioneros políticos del Estadio Chile llamaban "El Príncipe", a quien acusan de dar muerte a Víctor Jara, aunque esto no se ha comprobado judicialmente. Fue citado a declarar en la causa de Jara en 2006 en calidad de imputado. Dimter fue dado de baja en 1976, y consiguió trabajo en el Ministerio de Obras Públicas. En 1985, ingresó a la Superintendencia de AFP, escalando posiciones hasta lograr un alto cargo de confianza. Postuló como "exonerado político" en febrero de 1999, y fue calificado como tal un año después, recibiendo un abono de tiempo de 11 meses y 29 días. Sin embargo, tras la revelación pública de su pasado y una ruidosa funa en su lugar de trabajo, fue despedido de la Superintendencia de AFP y el PREP le quitó el beneficio.

 

Patricio Kellet Oyarsún, ex capitán de Ejército, jefe de inteligencia del Regimiento Cazadores de Valdivia en septiembre de 1973. Posteriormente, fue jefe de gabinete del general Roberto Guillard. Dejó el Ejército en mayo de 1986. Fue calificado como exonerado político en marzo de 2002, gracias a una carta de patrocinio del ex abogado de la Vicaría de la Solidaridad, Luis Toro. Una carta corta, manuscrita, que acreditaba que era un buen tipo. El Jefe Técnico, Luis Salinas, conocido de Toro, entonces recomendó su calificación como exonerado político.

 

Horacio Toro Iturra, ex general de Ejército. Tras el golpe militar, fue designado por Pinochet como segundo jefe del Comité Asesor de la Junta de Gobierno (COAJ). En 1975, fue agregado militar de la Junta en Francia. Pasó a retiro en 1978, y fue calificado como exonerado político en mayo de 2002. Se benefició con un abono de tiempo de 54 meses.

 

Enrique Cruz Laugier, comandante del Grupo de Artillería del Regimiento Tacna al momento del golpe militar. Ese día, atacó el palacio presidencial con artillería. Se retiró del Ejército en septiembre de 1987, y postuló a los beneficios de exonerado político, siendo calificado como tal en enero de 2000. Fue jefe de seguridad del Senado hasta 2004, cuando un reportaje de La Nación Domingo reveló su pasado. Hoy recibe una pensión como exonerado político.

 

Al que no le resultó la movida fue al ex oficial de Ejército Salvador Ballas Siglic. Postuló a los beneficios para exonerados siendo que él fue sumariado y dado de baja del Ejército antes del golpe, y por golpista. Ballas había participado vestido de uniforme en la manifestación de mujeres en contra del entonces Comandante en Jefe del Ejército general Carlos Prats, frente a su casa, en agosto de 1973. Pinochet, quien reemplazó a Prats, ordenó su baja, pero la tramitación demoró y el decreto fue emitido seis meses después del golpe militar, por lo que alcanzó a estar en el periodo para postular como exonerado. Alegó que la baja fue motivada por razones políticas, pero el Programa lo rechazó. Indignado, envió una carta acusando al PREP de discriminación.

 

Y los civiles…

 

Sergio Onofre Jarpa Reyes, ex senador del Partido Nacional y activo promotor del golpe militar. Fue embajador de la dictadura y también su Ministro del Interior. Fue calificado como exonerado político en julio de 2000 y recibió el beneficio de abono de tiempo de 35 meses.

 

Hermógenes Pérez de Arce Ibieta, ex diputado del Partido Nacional, férreo defensor del golpe militar y del general Pinochet hasta el día de hoy. Colaboró en las comisiones legislativas de la Junta Militar, y es columnista eterno de El Mercurio. Pidió ser calificado como exonerado político y lo logró en febrero de 1999, pero no obtuvo ningún beneficio porque nunca perdió trabajo – no tenía lagunas previsionales.

 

Juan de Dios Carmona Peralta, ex senador de la Democracia Cristiana, apoyó el golpe militar y luego fue Consejero de Estado de la Junta Militar. En 2001, recibió la Condecoración 11 de Septiembre de parte de la Corporación 11 de Septiembre. Fue calificado como exonerado político en febrero 1999 y desde entonces recibe una pensión de $644.000 pesos.

 

Mario Arnello Romo, ex diputado del Partido Nacional, apoyó el golpe y fue un entusiasta hincha de Pinochet. Fue calificado como exonerado político en noviembre 1999, con una pensión de $611.000 pesos.

 

Tal vez ahora sea un buen momento para volver a buscar esas carpetas.

EL INVERECUNDO JUEZ MONTIGLIO ENCUBRE AL INVERECUNDO GENOCIDA ARELLANO

NOTA DE MÁXIMO KINAST: El Juez Víctor Montiglio amerita una acusación por prevaricación de la Justicia. Si la Corte Suprema tuviese lo que debería tener ya lo habría amonestado. Este inverecundo personaje ha dictado sentencias en evidente contradicción con las leyes para apoyar a Pinochet y a sus secuaces. Espero tener el placer de verlo algún día cara a cara y decirle ’momio de mierda, eres un cerdo’.
El Arellano, como ya se sabe por ser algo tradicional en nuestros valientes soldados se curará del Alzheimer gracias a los aires de Santiago y a la milagrosa intervención de la Virgen del Carmen, Patrona y protectora de cuanto sinverguenza uniformado hay en Chile.
Como ya es habitual en nuestras Fuerzas Armadas, el inverecudo asesino y genocida Arellano, se refugió en el Hospital Militar, donde mèdicos cómplices (es el Ejército el que les paga el sueldo) lo declararon loco (igualito al Innombrable) y le facilitaron al inverecundo Montiglio su tarea de burlar la Justicia.

Este es el artículo que Patricia Parga me envía desde Bruselas:


Represor chileno se libra de la cárcel al ser absuelto por demencia
EFE

El general retirado chileno Sergio Arellano Stark se libró de la cárcel por el asesinato, en 1973, de cuatro prisioneros políticos, tras ser declarado demente por el juez Víctor Montiglio, informaron este lunes fuentes judiciales.

El general retirado quedó bajo la custodia de su hijo y fue absuelto de la condena de seis años de presidio efectivo dictada en su contra por el "episodio San Javier" en la llamada "Caravana de la muerte".

Arellano Stark fue en 1973 el jefe de la denominada "Caravana de la Muerte", cuyos miembros asesinaron en un recorrido por Chile a alrededor de un centenar de prisioneros políticos y la condena, primera dictada en su contra, corresponde al "episodio San Javier", del caso.

En San Javier, a 275 kilómetros al sur de Santiago, el 2 de octubre de 1973 la comitiva comandada por Arellano Stark sacó de la cárcel y posteriormente asesinó a cuatro presos políticos: Teófilo Arce Toloza, José Sepúlveda Baeza, Leopoldo González Norambuena y Segundo Sandoval Gómez, este último un estudiante de secundaria de 16 años.

El juez Montiglio informó de la decisión de absolver al ex oficial de la sentencia debido al Alzheimer que padece, según acreditaron los exámenes neurológicos, psiquiátricos y físicos que le practicaron peritos del Servicio Médico Legal.

"Padece una demencia tipo mixta o multifactorial -Alzheimer y vascular- de unos 15 meses de evolución que le determina una enajenación mental que lo inhabilita para comprender el sentido de su sanción", precisó el informe.

Según el análisis su demencia es progresiva, crónica e irreversible y no reviste de peligrosidad para si o para terceros.

Por lo anterior, el juez determinó que el general, quién estuvo internado en el hospital militar, en una clínica psiquiátrica y geriátrica, queda exculpado de los cargos que se le habían imputado y estará bajo la custodia de su hijo, Sergio Arellano Iturriaga, tras el pago de una fianza de 500 mil pesos (unos 794 dólares).

Otro oficial, Carlos Romero Muñoz, condenado también a seis años de prisión en el mismo proceso, se encuentra operado de un cáncer a la próstata en el Hospital Militar.

Montiglio dispuso que Romero Muñoz, una vez recuperado de la operación, sea trasladado a la prisión militar "Cordillera", de Santiago, para cumplir la pena, ratificada por la Corte Suprema el pasado 15 de octubre.

Además de Romero, sentenciado a seis años de prisión efectiva (sin beneficios), fueron condenados Mario Cazenave Pontanilla, José Parada Muñoz y Julio Barrios Espinace a cuatro años de presidio, pero con el beneficio de libertad vigilada.

Los magistrados absolvieron a Claudio Lecaros Carrasco y Gabriel del Río Espinoza.

En lo civil, la Justicia estableció que el Fisco deberá pagar 80 millones de pesos (unos 130.000 dólares) como indemnización por daño moral a los querellantes del caso.

Según familiares de detenidos desaparecidos consultados por Efe, es la primera vez desde el régimen militar del fallecido dictador Augusto Pinochet (1973-1990), que a un acusado por violaciones a los derechos humanos, se le anula una sentencia por demencia.

 Difundido por:

Patricia PARGA-VEGA
Journaliste/Periodista
Investig’Action - Belgique.

EL INVERECUNDO ARELLANO, IGUALITO DE COBARDE QUE EL INNOMBRABLE

El juez Víctor Montiglio ordenó ayer su traslado desde la Clínica Villa Soleares al Hospital Militar, donde al general (R) Sergio Arellano se le practicarán pericias para determinar una supuesta demencia y mal de Alzheimer.

LA NACION.CL


En el Hospital Militar se encuentra el ex jefe de la Caravana de la Muerte, general (R) Sergio Arellano Stark (87), donde peritos del Servicio Médico Legal (SML) deberán practicarle una serie de exámenes para determinar la efectividad de una supuesta demencia y mal de Alzheimer.

Los resultados determinarán dónde deberá cumplir la sentencia de seis años de presidio que, en última instancia, resolvió en su contra el pasado 15 de octubre la Sala Penal de la Corte Suprema como coautor de los homicidios de cuatro militantes socialistas el 2 de octubre de 1973 al interior de la Escuela de Artillería de Linares en la Séptima Región, en el episodio San Javier-Linares de los crímenes del escuadrón que dirigió.

Ante la inminencia de su arresto para entrar a cumplir esta sentencia, "El Lobo" como lo apodaron sus camaradas de armas por su terquedad, se refugió en los últimos días en la clínica especializada en deficiencias mentales Villa Soleares ubicada en Río Maule 555 en la comuna de Las Condes, aquejado de un pretendido deterioro mental y enfermedad de Alzheimer.

Allí fue detenido ayer por efectivos de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, previo a que el ministro Víctor Montiglio lo notificara del cumplimiento de su condena y ordenara su traslado inmediato al Hospital Militar.

Ayer el magistrado dijo que demandó varias pericias al SML, de las que "dependerá" el lugar donde Arellano deberá cumplir su condena. El juez expresó que "mientras se realicen estas pericias que son complejas", Arellano se mantendrá en el Hospital Militar.

El abogado querellante Hugo Gutiérrez comparó la situación de "El Lobo" con la del dictador Augusto Pinochet, quien en 2000 y precisamente para tratar de que se revocara su procesamiento por los crímenes de la Caravana de la Muerte y evitar así una próxima condena se declaró demente.

Este estado que fue relativamente confirmado por una rueda de pericias médicas, a juicio de los querellantes, adolecieron entonces de varios vicios.

Estos informes condujeron a que las cortes de Apelaciones de Santiago y Suprema declararan a Pinochet aquejado de un "estado de demencia progresiva e incurable".

Sin embargo, como varios jueces lo afirmaron en privado, éstos se percataron después de que "fuimos engañados" por Pinochet que pronto dio muestras de una buena memoria y facultades mentales aptas para enfrentar un proceso.

"Esto es el síndrome Pinochet, y ahora tenemos a Arellano Stark haciéndose pasar por loco", dijo Gutiérrez, quien hoy junto al abogado del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior, Boris Paredes, interpondrán un escrito para que Arellano sea trasladado a la cárcel de Punta Peuco o al Penal Cordillera de Peñalolén, independientemente de los tests que se le practiquen.

Los prisioneros muertos al paso de la Caravana de la Muerte por ciudades del sur y norte del país superaron los cien, mientras todos los otros capítulos de este operativo siguen aún abiertos en estado de investigación a cargo del juez Montiglio.

EL OTRO "HUÉSPED"

En el mismo Hospital Militar se encuentra también recluido el ex fiscal militar de la Escuela de Artillería de Linares, Carlos Romero Muñoz, igualmente condenado a seis años de presidio por los crímenes de los jóvenes Teófilo Arce Tolosa, José Sepúlveda Baeza, Leopoldo González Norambuena y Segundo Sandoval Gómez.

Romero ingresó el fin de semana a ese recinto para que se le practique una supuesta operación.

Arellano fue finalmente denunciado en el proceso por sus propios hombres, quienes le enrostraron que la misión de la comitiva fue matar prisioneros, y no "acelerar procesos" y "velar por juicios justos" como fue la versión oficial del viaje del escuadrón.

UN INVERECUNDO QUE LO SALVA LA MUERTE DE IR A LA JUSTICIA

MURIO RICARDO CLARO, NO SABEN QUE HACER EN EL INFIERNO

Por Rivera Westerberg

Abogado, comerciante, hombre de empresa, soltero. Al parecer una vez le dijeron "enano eunuco" y, también al parecer, se vengó comiendo frío el plato. Católico de esos "ultramontanos". Peligroso. Murió a una hora imprecisa de la madrugada de este 28 de octubre de 2008: el corazón que se cansó de faltar eligió callar para siempre. Una de las grandes hazañas de Claro es haber puesto dos buques a la orden de la dictadura. Imagínense para qué. No importa, el ministro del Interior de Chile manifestó pesar por su muerte. Por algo será.

La historia de las sociedades reside en parte en documentos; los que en el caso de Ricardo Claro Valdés dirán que asesoró en materias de política exterior y de negocios a la dictadura militar-cívica que amó; los que perdieron hacinados en las bodegas de sus barcos si dijeron algo no quedó registrado entonces. Los documentos no amparan el dolor del cuerpo ni las penas del alma. El vino –en términos de algún esoterismo– es la sangre de la Tierra. ¿Qué sangre da cuerpo a los vinos Santa Rita?

Pocos lo echarán de menos, más son quienes –discretamente– suspiraron con cierto alivio al conocer la nueva de su deceso; la Iglesia Católica romana hará misas y probablemente recibirá lo mayor de su herencia: no deja hijos que lo lloren. Quizá quien sí pene, al menos un tiempo, por él será su amigo, colega y socio en asuntos menores Juan Agustín Figueroa –tal vez por eso de que se encontrarán en sus diferentes culpas.

Figueroa no tiene ni tuvo una flota de barcos, a él pertenece aplicar leyes del "antiterrorismo" de la dictadura a las comunidades mapuche. Y haber invertido el legado de Neruda en una empresa –Cristalerías Chile– del fenecido Claro.

Hace años, en 2003 la revista The Clinic publicó parte de la "historia pequeña" de Claro Valdés, pequeñeces que, ay, demasiado se emparentan con la historia a secas de Chile. El texto que sigue pertenece a Alejandra Delgado y Sebastián Foncea (1).

El vengativo señor Claro

En 2001, El Mercurio lo coronó como el hombre más temido de Chile. Sepa por qué el decano tenía la razón.

En 1956, Ricardo Claro Valdés fue expulsado de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile por denunciar a una compañera de curso de ser comunista. Claro, la acusó ante Carabineros y, según testigos consultados por The Clinic, cuando éstos llegaron a buscarla a la Facultad de Derecho donde ambos estudiaban, Claro comenzó a gritar “¡ella es, ella es!”. Y se la llevaron a rastras.

En 2001, una encuesta realizada por El Mercurio coronó a Claro como “el hombre más temido de Chile”. Una treintena de personajes públicos de las más diversas áreas estimaron que el millonario dueño de la Sudamericana de Vapores y de Megavisión les provocaba más temor que el Mamo Contreras (director de la disuelta DINA) o que Pablo Longueira. Es muy probable que este grave incidente universitario sea la hora cero en la construcción del perfil del temido empresario. El debut de un estilo.

Ricardo Claro tenía entonces 21 años y cursaba quinto año de derecho. No tenía ni la sombra del poder económico que ostenta hoy, pues provenía de una rama de los Claro sin mucha fortuna. Pero demostró que ya poseía los elementos personales que lo han hecho famoso: un conservadurismo extremo y, sobre todo, la falta de escrúpulos para hacer de la información un misil contra sus enemigos. En esos años, el PC era uno de ellos.

El joven Claro militaba en la Juventud Conservadora y adhería plenamente a la Ley de Defensa de la Democracia promulgada por el presidente Gabriel González Videla en 1948. En virtud de esa ley, los comunistas fueron perseguidos y relegados. Muchos, como el poeta Pablo Neruda, debieron salir del país o pasar a la clandestinidad. Para 1956, sin embargo, el nuevo presidente, Carlos Ibáñez del Campo, había prometido derogarla. Ante la falta de apoyo, la persecución fue perdiendo fuerza. El ambiente de distensión era mayor en la Facultad de Derecho de la Chile, donde los comunistas ya no se ocultaban.

Claro, por cierto, no estaba de acuerdo con eso.

Ese año, el PC realizó su décimo congreso en Cartagena. Silvia Soto Brito, compañera de curso de Claro y dirigente del centro de alumnos, fue la encargada de repartir las conclusiones del encuentro.
Un día, Ricardo Claro se le acercó y le preguntó si le podía facilitar uno de esos documentos. Soto le respondió que únicamente le quedaba el suyo. Claro le pidió que se lo prestara, sólo para leerlo, y ella se lo pasó. La joven sabía que él era de derecha, pero antes que todo Claro era un compañero de aula.

El folleto contenía anotaciones manuscritas de Silvia Soto y resultó un medio de prueba indesmentible para que Claro y su compañero José Manuel Fernández, la acusaran a la policía del delito de ser comunista.

Al día siguiente, Soto fue detenida en las puertas de la Escuela de Derecho. Ricardo Claro estaba presente.

–Los pacos entraron y Ricardo Claro empezó a gritar: “¡Esta es la cabecilla!, ¡esta es la comunista!, ¡ella es!”, –recuerda el escritor Luis Alberto Mansilla, compañero de cátedra de ambos.

–La detuvieron con mucha violencia. Fue una escena salvaje. Varios compañeros tratamos de arrebatársela a los pacos, pero fue imposible rescatarla –agrega Mansilla.

–Fue macartismo puro –apunta el economista Hugo Fazzio, otro testigo de los incidentes.

Silvia Soto permaneció una semana en la Cárcel Correccional de Mujeres “junto a delincuentes y prostitutas”, según apuntó la revista Vea. Su estadía tras las rejas incluyó tres días de incomunicación.

El hecho indignó a la mayoría de los estudiantes de la Chile. La FECH calificó el acto como “delación”. “Los grupos falangistas, radicales, socialistas y comunistas coincidieron en repudiar la actitud de los delatores”, escribió el semanario Vistazo. Claro fue pasado al tribunal de disciplina de la FECH, donde se defendió con un encendido discurso "valórico".

–Soy católico y, por lo tanto, forzosamente tengo que respetar la declaración del Sumo Pontífice que ha declarado al comunismo como una doctrina intrínsecamente perversa. Además, soy ardiente partidario de la Ley de Defensa de la democracia –declaró a Vistazo. En la revista VEA agregó, “El sentimiento de compañerismo es muy estimable, pero ¿puede invocarse el compañerismo para cometer actos delictuales extra universitarios? Y, por último, ¿no hay acaso valores que deban ser preferidos, aquellos como Dios, la Patria, la Justicia y la Verdad? Para mí, sí, pero en todo caso es un problema de conciencia”.

La argumentación le sirvió de poco. El dirigente estudiantil Arsenio Poupin (quien llegó a ser subsecretario de Allende y fue asesinado tras resistir el bombardeo en La Moneda) calificó de “soplones” y “delatores” a Claro y Fernández y pidió la expulsión de ambos. La FECH aprobó la moción.

–Desde que la FECH se formó en 1906, este ha sido el único caso de expulsión. ¡En toda su historia! –dice Gonzalo Rovira, hijo de Silvia Soto y ex presidente de los estudiantes de la Chile–. Agrega que cuando su madre salió de la cárcel y volvió a la Escuela, “los profesores más conservadores le hicieron la vida imposible. Ella llegó a la conclusión de que la persecución desatada por Claro era tal que tenía que retirarse. A mi madre le cambió la vida. En esa época, las prisiones eran mucho más brutales que hoy. Fue tremendamente duro. Se acababa de casar con mi padre y tenía una niña recién nacida”.

Silvia Soto murió hace poco más de un mes. Su hijo recuerda que hasta el final, cada vez que Claro aparecía en televisión desatando algún escándalo o encabezando alguna campaña de moral pública, ella meneaba la cabeza y decía, “sigue siendo el mismo canalla de siempre”.

Enano eunuco

Esta no es la única historia que vincula a Claro con la persecución de comunistas (ver “Muertos en Elecmetal”). Pero Claro ha dejado sus huellas en muchos otros sectores, al punto que se puede afirmar que el temor que genera es completamente transversal dentro de la sociedad chilena. Abogados de izquierda y políticos de derecha ponen un rictus de preocupación cuando se les pide opiniones y recuerdos sobre este empresario.

El temor se extiende a periodistas, economistas y hasta enólogos. Se comenta, por ejemplo, que hace algunos años Claro invitó a la Viña Santa Rita –una de las empresas de su holding– a un importante grupo de enólogos de nivel internacional. Les ofreció para catar el vino top de su viña y esperó muy serio el dictamen de los expertos. Según confidenciaron fuentes que estuvieron presentes, el vino tenía gusto a corcho. Pero nadie se atrevió a decírselo.

A pesar de ser hijo de un hombre que no terminó el colegio, en 1998 Ricardo Claro figuró en la revista Forbes como el quinto hombre más rico de Chile, con una fortuna superior a los 550 millones de dólares. Según ha contado él mismo, de su padre sólo recibió unas pocas acciones de Elecmetal, empresa que rápidamente llegó a controlar.

–Una vez un político me atacó diciendo que me había enriquecido en los tiempos de Pinochet. Yo le refuté y le dije que la fortuna que tengo se la debo a los dos últimos años de Frei Montalva y, especialmente, al gobierno de Allende. Compré acciones cuando todos vendían –dijo, en 1999, a la revista Capital.

Antes que eso, se desempeñó con éxito como abogado de la oficina Claro y Cía. Mientras acumulaba fortuna y experiencia legal, también ganaba motivos para ser temido. Uno de los episodios que hoy se comentan como parte de ese currículum es el que afectó al empresario Edmundo Eluchans Malherbe a fines de los setentas.

Se comenta que Eluchans tuvo la mala idea de insultar a Claro en público. Fuentes aseguran que el altercado se produjo en medio de una junta de accionistas de la CCU, pero no hay precisión sobre eso. Lo que si está confirmado es que el encontrón existió y los epítetos de Eluchans fueron de grueso calibre. Así lo corrobora el socio y amigo de Claro, el penalista Juan Agustín Figueroa:

–Conozco muy bien ese caso, hubo efectivamente un enfrentamiento violento entre Ricardo y Edmundo.

–¿Es cierto que Eluchans lo trató de “enano eunuco”?

–No sé si fue exactamente eso, pero sí usó expresiones muy injuriosas.

Claro, dicen fuentes ligadas a grandes negocios, rumió la humillación durante años. Pero vengó la afrenta usando su arma mortífera: la ley. La oportunidad se le presentó cuando supo de una querella en contra de Eluchans interpuesta por terceras personas. Claro se hizo cargo de la causa y no cejó hasta enviar a Eluchans a la cárcel.

–Claro compró los “derechos litigiosos”, ocupando el lugar jurídico del demandante de Eluchans. Eso le permitió iniciar las acciones legales que terminaron con Eluchans en la cárcel –explica una fuente que conoció el caso.

Sin embargo, Juan Agustín Figueroa, quien participó en ese juicio, no cree que se pueda vincular los insultos de Eluchans con su estadía en la cárcel.

–Yo no establezco una relación de causa y efecto entre una cosa y otra. Cuando ocurrieron los hechos, había una conducta que estimó delictual y donde, a nuestro juicio, tenía clara responsabilidad Edmundo. Ahora, que Ricardo haya sido motivado con ánimo de venganza, yo creo que no.
The Clinic intentó confirmar con el propio Claro estas y otras historias, pero no accedió a recibirnos.

I love Pinochet

Hay antecedentes que indican que Ricardo Claro incluso le cobró una cuenta al propio Pinochet, en los años en que éste tenía el poder total.

Como la mayor parte de los empresarios, Claro recibió con agrado el golpe de Estado y estuvo disponible para participar en “la tarea de reconstrucción nacional”. En los primeros días de septiembre de 1973, el ministro de Economía, general Rolando González, lo llamó para pedirle consejos. Después le ofrecieron asesorar al ministerio de Relaciones Exteriores, y en eso estuvo dos años. En 1975, el régimen lo envió como embajador plenipotenciario a China.

–Fui con el disfraz de una misión económica, pero realmente fui a conseguir el apoyo de China por si presentaban una moción para expulsar a Chile de la ONU. Por ese trabajo nunca cobré sueldo… Fue un gesto para ayudar al país –dijo a Capital.

Pero Claro ambicionaba más: quería ser canciller. “Nunca me lo ofrecieron… Lo único que me ofreció el general Pinochet fue ser embajador en Washington en diciembre del 74″. Y no aceptó.

Hay quienes sostienen que fue éste su primer motivo de discordia con el régimen. Y que, a partir de ahí cultivó una creciente distancia. Durante la crisis económica que se inició en 1982, Claro aprovechó la tribuna que tenía en La Tercera y publicó una serie de críticas columnas.

“Creo interpretar a la inmensa mayoría de los chilenos al pedirle al presidente un regalo para Chile: que trate de restablecer la confianza. Y creo que para empezar a restablecerla se necesita con urgencia, y como primera medida, un nuevo gabinete que reúna a la mejor gente de Chile”, escribió en una de ellas.

Pero el desencuentro quedó definitivamente de manifiesto en mayo de 1984 cuando se destapó el escándalo inmobiliario conocido como “el caso Melocotón”. Se trataba de una serie de propiedades en San José de Maipo que el fisco había vendido a precio de huevo al coronel de Ejército Ramón Castro. Este, a su vez, traspasó todo y a bajo costo a Pinochet.

Los documentos de esta transacción debían permanecer reservados, pero inexplicablemente comenzaron a circular. Finalmente, se hicieron públicos, con gran escándalo, en la revista Hoy. La situación revestía especial gravedad. Aunque ya se habían conocido los exorbitantes gustos de Pinochet a través de la denuncia de la casa de Lo Curro, el general podía excusarse diciendo que se trataba de una inversión para la casa de los presidentes. Pero en el caso El Melocotón el beneficiado era directamente él.

El periodista de la desaparecida revista Hoy, Mauricio Carvallo, recuerda haber entrevistado a Claro sobre este tema.

–Nunca me reconoció que él era la persona que había filtrado los documentos. Pero me lo dio a entender, asegura el periodista.

Lo que sí está claro es que el empresario zarandeó a Pinochet desde el programa “Improvisando” en Radio Chilena, donde Claro era panelista.

–Me parece que las explicaciones que está dando son insatisfactorias –dijo respecto de la defensa que hacía el régimen sobre la legalidad de las operaciones–. Agregó: “Creo que los hechos denunciados son contrarios a ciertas tradiciones de conducta de los presidentes de Chile. Por otra parte, este presidente no es común: llegó al poder a través de un pronunciamiento militar destinado a solucionar, entre otros, el problema de la corrupción del gobierno anterior”.

–Pinochet sabía que Claro actuaba así porque no le había querido dar la Cancillería. El general siempre relataba esa anécdota y decía: "Este hombre está enojado conmigo porque no le quise dar el puesto"– recuerda un empresario que prefiere mantenerse en el anonimato.

Cuentas con Piñera

Con la transición a la democracia, Claro se hizo de una trinchera poderosa. Compró la señal de televisión abierta Canal 9, Megavisión, uno de los negocios “menos brillantes” de su carrera empresarial, según su socio Juan Agustín Figueroa. El canal ha mantenido una línea editorial conservadora, amiga de la Iglesia, la censura y hasta hace poco, de los balances en rojo.

Ricardo Claro ama el poder y sabe perfectamente lo importante que son las comunicaciones. Pero no tiene idea de televisión. Hasta hace un par de años, en el canal le achacaban la autoría de los peores programas que exhibía el Mega. Por ejemplo, se decía que habían sido ideas suyas la lamentable “Travesía”, que condujo Mary Rose Mac Gill, y “Seamos Concretos”, conducido por Gregorio Amunátegui.

María Luisa Vial, la mujer de Claro, tiene mucho que decir en el Mega. Se comenta que fue ella la que puso el grito en el cielo cuando el programa “Aquí en Vivo” hizo un reportaje sobre el destape en Chile. La cobertura estaba plagada de tetas y potos, con una voz en off de fondo cuestionando estas exhibiciones. En el canal se comentó que María Luisa había considerado pornográfico el programa. Y Claro mandó un comunicado para ser leído en los tres noticiarios de la estación en los que pedía disculpas a los espectadores por haberlos sometido a semejante impudicia. Patricia Guzmán, directora de prensa del canal, presentó su renuncia y Claro no la aceptó.

Tiempo después, Guzmán fue despedida, pero la línea programática del Mega fue evolucionando hacia las tetas y los potos en todo horario (desde Mekano hasta Kike), lo que ha solucionado los problemas de financiamiento de la estación. Al menos, en lo que respecta a la televisión, Claro ha debido ceder a su férrea moral católica, condecorada con la Orden Papal de San Silvestre en 1992.

Claro era otro en ese año. Armado de la famosa radio Kioto, acabó por más de 10 años con las ambiciones presidenciales de Sebastián Piñera y cambió el cuadro de la derecha en forma definitiva. El 23 de agosto, el empresario llegó a su canal y pidió ser invitado al programa “A eso de …”, que conducía Jaime Celedón. Claro dijo que quería hablar acerca de la Orden Papal que había recibido. Al fin y al cabo, el local era suyo. Sin embargo, ya en maquillaje, le soltó a Celedón sus verdaderas intenciones. “Tengo una bomba”, le dijo. Esa noche, el invitado al programa era Sebastián Piñera quien peleaba con Evelyn Matthei la opción a ser el candidato presidencial de la derecha.

–Entró y se sentó entre los panelistas, tras saludarlos a todos atentamente. Ya estaba ahí cuando comenzaron los créditos e inicié el programa. Luego de un rato de conversación, inesperadamente se agachó, puso sobre la mesa el maletín de cuero, lo abrió y sacó una grabadora Kioto– recuerda Jaime Celedón en sus memorias.

Claro dijo que lo que iban a escuchar los telespectadores era extremadamente grave. Se trataba de una grabación que le había sido facilitada por una persona que él no conocía.

–Ustedes saben que yo recibo mucha información, sin que la pida yo; y hoy día, después de almuerzo, recibí a un señor que no conocía, me dijo: usted se precia de ser muy independiente, pero en su canal hay gente que está interviniendo, y me entregó una cinta grabada de una conversación aparentemente telefónica entre un amigo de Jorge Andrés Richards, don Pedro Pablo Díaz, y el senador Piñera, y en esa cinta la voz que aparece como la de Sebastián Piñera le dice a Pedro Pablo Díaz, tú tienes que hablar con Jorge Andrés Richards para que a Evelyn Matthei se la trate en determinada forma, se le pregunte sobre el divorcio, cuál es la posición sobre el divorcio, se la ponga en evidencia de que cambia de opinión igual que su padre, y Pedro Pablo Díaz, que es un ejecutivo de la Coca-Cola a quien conozco, le contesta, mira, yo voy a hablar con el “pelao”.

Tras pedir excusas porque el lenguaje no era de salón, Claro apretó el play y detonó la bomba.

Más tarde se sabría que la grabación fue hecha por agentes del Ejército quienes entregaron la grabación a Evelyn Matthei. Esta la entregó personalmente a Ricardo Claro.

Para cercanos a Piñera, esto fue el resultado de una operación de inteligencia del Ejército para destruir a la derecha liberal. Pero Claro habría encontrado aquí un espacio para otro de sus famosos actos de venganza. Una afrenta que, según dicen cercanos a Piñera, llevaba más de 10 años esperando en la mente del empresario para ser vengada.

–A mediados de los ochentas, Sebastián era el gerente general del Banco CityCorp en Santiago. Claro y Cía. históricamente le había llevado los asuntos legales. En una oportunidad, Sebastián necesitaba la firma de Claro para cerrar un negocio. Como no obtuvo pronta respuesta, Sebastián se fue hasta Nueva York a pedirle personalmente la firma a John Reed, presidente de CityCorp. Claro nunca le perdonó que lo pasara a llevar –relata un amigo de Piñera que prefiere guardar su anonimato.

Treinta y seis años después de su debut en sociedad gritando en las puertas de la Universidad de Chile, Claro reedita su viejo tema. Ahora con mucha más experiencia, poder y en horario estelar. Y lo que ocurrió después tiene muchas similitudes con su expulsión de la FECH. Claro fue rechazado e, incluso, insultado por empresarios tan poderosos como él. El primero en hacerlo fue Juan Carlos Délano, quien asistió al programa acompañando a Piñera. Según el libro Piñera versus Matthei de Carolina García de la Huerta y Francisco Javier Piriz, cuando Claro salía del estudio, Délano lo increpó duramente.

–Mi nombre es Carlos Alberto Délano, soy empresario igual que usted y siempre he tenido la peor impresión suya, pero lo que hizo no tiene nombre… es el peor cristiano que he conocido, debería devolver su medalla papal…

–Yo no me voy a hacer cargo de sus pesadeces, señor Délano –contestó Claro.

–Esto no va a quedar hasta aquí… usted es un bosta –lo paró Délano.

Días después del escándalo, los empresarios más importantes del país asistieron al congreso de Ética Empresarial en el Centro de Extensión de la Universidad Católica. Claro fue uno de los expositores. El cientista político Oscar Godoy le pasó una nota a Claro que decía: “Yo no lo quiero sorprender como usted lo hizo, así que le anuncio que reclamaré por su presencia. Usted no tiene autoridad moral para hablar sobre ética”.

–Al leerla, Claro no dio aviso del golpe, permaneció impertérrito y continuó la conversación con su séquito de delfines –recuerda Godoy.

La molestia del académico no quedó ahí. Habló con el cardenal Raúl Oviedo. Este le prohibió evidenciar su enojo. Luego, se acercó hasta el presidente de la mesa de expositores, el empresario Eliodoro Matte, quien le aseguró que no le darían la palabra.

Cuando Claro comenzó con su discurso, Godoy se puso de pie y a viva voz reclamó alrededor de un minuto por su presencia. Recuerda que Claro miraba perplejo la escena. El moderador repetía: “¡no se le ha concedido la palabra, no se le ha concedido la palabra!”. Godoy asegura que desde el público, “brotaron insultos de grueso calibre. Cerca de 150 asistentes se retiraron, fue una escena impresionante”. Entre ellos estaban los empresarios Bernardo Matte y Felipe Larraín.

Probablemente Claro pensó en algún pasaje bíblico o en la condecoración papal. Lo cierto es que siguió con su discurso como si nada.

Asesinatos en Elecmetal

17 septiembre de 1973. Juan Fernández, miembro del sindicato de Elecmetal, oye el bando militar que ordena a la población volver al trabajo y que promete que no habrá represalias. Juan y sus hermanos Miguel y Mario, que también trabajan en esa empresa de Ricardo Claro, no están muy seguros de hacerlo. Un año antes, la empresa fue intervenida por el Ministerio de Hacienda de la Unidad Popular. Protagonista privilegiado de la intervención fue el sindicato de la industria. Ricardo Claro, el dueño de la empresa, estaba furioso.

–Claro le dijo a mi hermano Juan que iba a vengarse, que él iba a pagar lo que había sucedido. Y lo llevó a efecto –dice Mario Fernández, 30 años después de los hechos, a The Clinic.

Finalmente, los hermanos parten a Elecmetal. Mario se queda en la puerta para ver qué pasa con sus hermanos. Más tarde se entera que han sido citados a la gerencia por el interventor militar Patricio Altamirano, el gerente Gustavo Ross y el director, Fernán Gazmuri.

Una hora más tarde sale de allí Juan. Va esposado, con las manos en la espalda y cubierto con una chaqueta. Carabineros lo suben a una patrulla. Más tarde salen de la empresa, detenidos y transportados en una camioneta de Elecmetal, el presidente del sindicato Augusto Alcayaga Aldunate, José Devia, José Maldonado Fuentes y Miguel Fernández, el otro hermano de Mario.

Mario se sube a una micro y trata de seguirlos, pero pronto los pierde de vista.

El Informe Rettig consigna el hecho:

–Alrededor de las 10.00 se hizo presente en la empresa un contingente de carabineros y militares, quienes, en forma selectiva, procedieron a detener a algunos de los trabajadores. Las detenciones decían relación con los cargos que a la fecha ocupaban en el sindicato de la empresa y en el llamado Cordón Industrial Vicuña Mackenna.

–Esta fue una venganza de Ricardo Claro –dice hoy Mario Fernández–. Asegura que antes y durante la intervención de la empresa por orden de la UP, sus directivos trataron infructuosamente de convencer al sindicato de echar pie atrás. Fernández afirma que a su hermano Juan le ofrecieron una casa para que cambiara de parecer y que como no aceptó, comenzaron a amenazarlo.

–Meses antes de que viniera el golpe, el gerente Gustavo Ross citó a mi hermano Juan para conversar. Le dijo que si no dejaba libre la empresa, sufrirían las consecuencias. Claro, Altamirano y Gazmuri tuvieron muchas reuniones con mi hermano, ellos lo conocieron, ellos sabían quién era. Le decían el loco Fernández, pero de loco no tenía nada. Era una persona muy inteligente, era capaz. Y ellos, incapaces de dominar la mente de mi hermano decidieron matarlo.

El abogado Juan Agustín Figueroa, el mejor amigo de Claro, formaba parte del directorio al momento de los asesinatos. Desmiente tajantemente las declaraciones de Mario Fernández.

–Los directivos de la empresa llamaron a carabineros denunciando un sabotaje. Su intención sólo fue aclarar lo sucedido, jamás atentar contra la vida de los trabajadores –dice el abogado. Agrega–: Cuando llamaron a carabineros, a nadie se le pasó por la mente que los detenidos iban a pasar a una patrulla militar y que los tipos iban a aparecer baleados. A nadie se la pasó por la mente. Varios días después, con verdadero horror, nos enteramos del hecho y tomamos la decisión de asistir económicamente a las familias y compramos las tumbas de esa gente.

–¡Esa es una gran mentira! –contradice Mario–. Las tumbas las pagó el sindicato con una cuota mortuoria. No se les dio ninguna asistencia económica. A mí, me despidieron y me persiguieron. Mis otros hermanos tuvieron que arrancar. Mi madre no tenía qué comer. Destruyeron a mi familia. Pregúntele a Claro si alguna vez me dio un peso de su mugre. ¡Nunca me ha dado nada!”.

Peor aún, Mario sostiene que, aunque la empresa estaba intervenida por los militares, era Ricardo Claro el que daba las ordenes ahí, vía telefónica.

–Claro no estaba presente, pero dirigía todo por teléfono. En ese momento mandaba Altamirano, pero atrás de él había una llamada telefónica que la dirigía Claro. Él nunca perdió el poder. Y todos sabían lo que iba a pasar. Sabían en que condiciones estaban matando a los trabajadores porque se empezó a matar desde el 11 de septiembre hasta el 17. Desde el 11, ellos sabían la masacre que se estaba cometiendo, ellos sabían que había impunidad, que todo era matar.

Cinco días después de la detención, los cuerpos de los cinco obreros fueron encontrados en la vía pública y derivados a la morgue. Luego de una desesperada búsqueda, la mujer de José Devia encontró a su marido sin vida en un frío subterráneo colgando de un gancho, igual que un animal, con la cabeza destrozada producto de las balas. Juan Fernández recibió un disparo en el mentón con salida craneal, y múltiples heridas de bala. A Miguel le cortaron las dos manos y los dos pies con arma blanca, y también recibió múltiples heridas de bala. El estado del resto de los cadáveres era similar.

Ricardo Claro ha declarado lamentar lo ocurrido y no tener ninguna responsabilidad en los asesinatos. Sin embargo Elecmetal jamás interpuso alguna acción judicial para tratar de aclarar las muertes de sus empleados, a los cuales se les vio por última vez con vida saliendo de esa empresa.

(1) www.theclinic.cl  Edición Nº117, del 27 de noviembre de 2003.

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Enviado por:

Patricia PARGA-VEGA
Journaliste/Periodista
Investig'Action - Belgique.

INVERECUNDO GENERAL ORTEGA, JEFE DEL DINE

Ricardo Ortega, jefe de inteligencia del Ejército, cuestionado en causa de DDHH

El secreto más oscuro del general

En pocos días más se determinará el alto mando del Ejército. El actual jefe del DINE, que es la quinta antigüedad, hoy se encuentra complicado en el caso por la desaparición de cinco militantes del FPMR en 1987, tras el secuestro del coronel Carlos Carreño. Él mismo admitió su participación en el secuestro de la frentista Karin Eitel, torturada en medio de la compleja operación que involucró a la CNI y a la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército.

 

Por Luis Narváez y Javier Rebolledo / La Nación.cl

Corría recién el primer día de septiembre de 1987 y unos cinco mil agentes de seguridad de la dictadura militar recorrían frenéticos las calles de Santiago y los principales pasos fronterizos. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez parecía haber asestado un golpe de nocaut al corazón mismo del régimen con el secuestro del gerente comercial de FAMAE, el coronel Carlos Carreño Barrera, un personaje entonces desconocido para la opinión pública pero de alta importancia estratégica, pues conocía los antecedentes de la fabricación de armas secretas y de una serie de negocios que involucraban al mismísimo Augusto Pinochet.

Sólo un pequeño grupo, sin embargo, estaba al tanto de cuál era la acción más terrorista que los servicios de seguridad habían urdido para responder al desafío planteado por el grupo subversivo: secuestrar a cinco militantes del Frente, para tener una carta con la que extorsionar al grupo que mantenía cautivo al hombre de FAMAE. Entre los que conocían el plan estaba un pequeño y robusto mayor de Ejército.

Ricardo Ortega Prado tenía 34 años cuando era jefe del G4, un secretísimo comando del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) encargado de vigilar la actividad subversiva en las poblaciones de todas las comunas de la Región Metropolitana. Por ello, cuando desde las direcciones conjuntas de la Dirección de Inteligencia Militar (DINE) y la CNI les ordenaron elaborar un listado con los cinco nombres, el trabajo fue hecho con la máxima rapidez. Según antecedentes de la causa que sigue el ministro Mario Carroza, y que busca esclarecer la suerte de los militantes del Frente Manuel Rodríguez, Ortega habría ayudado a elaborar el fatal listado de nombres de los cinco jóvenes, que hasta el día de hoy siguen desaparecidos.

Con la misma prestancia con que se pidió esta misión, Ortega y su G4 tampoco demoraron en dar con una mujer que se convertiría en rostro emblemático de la represión en el tramo final de la dictadura. Tras varias llamadas a la familia de Carreño, realizadas desde un teléfono público, el G4 pudo dar con la información necesaria para que la CNI detuviera, y posteriormente torturara salvajemente, a Karin Eitel, quien hacía de nexo entre los secuestradores y la familia del militar.

Hoy, el general Ortega es la quinta antigüedad de la institución castrense, y en los próximos días se jugará su continuidad como general de división. También ejerce como director de la DINE, la misma repartición que estuvo involucrada en los secuestros y desapariciones forzadas de los frentistas Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola, Julián Peña Maltés y Alejandro Pinochet Arenas, todos detenidos entre el 9 y 11 de septiembre de 1987.

El hombre de los secretos

El general Ortega dirige la DINE desde una oficina discretamente ubicada en un edificio del Paseo Bulnes. Por sus manos pasa la información más sensible que los servicios de inteligencia puedan recoger acerca de las amenazas contra la integridad territorial del país. La defensa nacional se rige, en gran medida, por toda la información que esta unidad castrense recaba y analiza para mantener al día el estado de los potenciales enemigos y los riesgos de la seguridad nacional. Todos los datos son prolijamente registrados y transformado en material de análisis que puede ser utilizado en cualquier momento en caso de ser necesario.

La oficina de Ortega, en un séptimo piso, funciona día y noche con iluminación artificial. Las persianas están invariablemente cerradas. Además, tiene un vidrio doble, con unos minúsculos parlantes que emiten música entre ambos cristales durante las 24 horas del día. Es una forma de bloquear cualquier equipo de intercepción auditiva que pretenda escuchar los innumerables secretos que este hombre maneja.

Esa es la relevancia del cargo que Ortega tiene y que le fue encomendado en 2006, cuando fue ascendido a grado de general y se le designó como jefe de Inteligencia. Sin embargo, pese al poder que le da la información que maneja, el panorama se le avecina complejo. Tanto los superiores jerárquicos de Ortega en 1987 como uno de sus subalternos se encuentran sometidos a proceso como coautores de secuestro calificado. Y si el ex jefe del G4 aún no cae se debe en buena parte a dos factores: los cambios de versión de algunos de los procesados que lo involucraban y el hecho de que el juez Carroza aún no decide interrogarlo en calidad de inculpado (exhortado a decir la verdad), el paso previo para someterle a proceso.

Ortega se juega muchas cosas en los próximos meses, entre esas, su continuidad en la institución o su llamado a retiro. El 29 de octubre se llevará a cabo la junta de generales, desde donde saldrá la propuesta para el alto mando de 2009 que será luego sometida a la aprobación de la Presidenta Michelle Bachelet. Todo indica que el tranco firme con que avanza la investigación depara más sorpresas y que, por lo mismo, el actual director de Inteligencia del Ejército podría tener que dejar las filas de la institución para enfrentar, ya retirado, el escenario judicial.

Avances en el proceso

La investigación que ha desarrollado la justicia en el caso de los últimos desaparecidos de la dictadura es casi tan notable como la labor que llevó a cabo el ministro Sergio Muñoz cuando aclaró el crimen de Tucapel Jiménez. El dato más significativo es que, cuando se pensaba que todo era responsabilidad de la CNI, las pesquisas del juez lograron descubrir que en el múltiple crimen ocurrido en las postrimerías de 1987 también había cabido un papel fundamental a la DINE y a su brazo operativo, el Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE).

Por ello es que primero fueron encarcelados los agentes de la CNI, encabezados por su director a la época, el general (R) Hugo Salas Wenzel, los mayores Álvaro Corbalán y

Krantz Bauer, y los ex agentes Víctor Ruiz Montoya, Arturo Sanhueza, Luis Santibáñez, Manuel Morales, César Acuña y René Valdovinos.

La sorpresa llegó cuando se procesó al entonces vicecomandante en jefe del Ejército y más tarde senador designado Santiago Sinclair, junto con quienes eran en ese momento los jefes de la DINE, el general (R) Hugo Prado, y del BIE, el coronel en servicio activo Marcos Bustos.

Es este último quien ha estado a punto de sellar la suerte de Ricardo Ortega y es en él en quien se concentran las indagaciones del juez. ¿Por que? Bustos mintió en sus declaraciones y eso Carroza no lo deja pasar.  

Más allá de la función que habría tenido el G4 en la identificación de los cinco jóvenes que más tarde serían detenidos por la CNI, las pesquisas indican que éstos fueron asesinados y posteriormente hechos desaparecer arrojando sus cuerpos al mar, hechos cuya autoría se están enrostrando mutuamente los agentes de ambos organismos.

Hasta ahora, la justicia ha sometido a todos los agentes que comprobadamente estuvieron en el Cuartel Borgoño de la CNI, lugar donde los frentistas permanecieron detenidos y posiblemente fueron asesinados. Y Ortega pasó por ese lugar.

Versiones encontradas

Un agente que integraba uno de los grupos del G4, de apellido Zamorano, señaló que él y su grupo, integrado por Rafael Rojas (El Piscola), Héctor Llanquinao, Marcos Bustos y Abelardo Oviedo (El Manzana) estuvieron durante varios días en el mencionado cuartel. "Estuvimos hasta el final. Permanecimos todo el día en Borgoño. Nos instalamos en el subterráneo en el mismo sector de los calabozos", señala la declaración de Zamorano.

El ex jefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán, declaró que la investigación y los operativos posteriores al secuestro del coronel Carreño "estuvieron centrados en el DINE, precisamente en el BIE, comandado por Julio Cerda. La presencia del DINE era relevante por tratarse de un oficial superior en servicio activo. No es efectivo que la Inteligencia del Ejército haya tenido un rol secundario. La orden de las detenciones (de los cinco frentistas) tienen que haber estado en conocimiento de Cerda".

También el entonces director de la CNI, Hugo Salas Wenzel, asegura que respecto a Carreño y los secuestros, dicho organismo y el BIE "estuvimos coordinados en esta investigación. Yo me relacionaba con Cerda frecuentemente. Y esta orden debió venir del vicecomandante del Ejército. Debí mantener informado, por orden de la Presidencia, al subcomandante (sic) del Ejército (Sinclair)".

Marcos Bustos, el único de los procesados que está en servicio activo, declara en primera instancia que fue "notificado por mi jefe directo, el mayor Ortega, que debía desempeñarme por orden del mando como oficial de enlace en la CNI, conjuntamente con el capitán Rojas, quedando a cargo de éste".

El "Piscola", a su vez, señala que fue asignado al Cuartel Borgoño y que, estando ya en aquel lugar, se percató que existía una coordinación anterior entre la CNI y el G4, y que el capitán Marco Antonio Bustos "estaba al mando del mayor Ricardo Ortega".

Sin embargo, en otra declaración, Bustos comienza a olvidar cosas. "No me recuerdo quién me dio la orden. Hice de enlace con la CNI. Sin perjuicio de ello, si la orden verbal me la dio el señor Ortega, fue por orden de Cerda. La misión de Ortega eran las poblaciones, trabajando las fuentes de información".

El propio Ricardo Ortega se acercó al tribunal para confirmar que su jefe directo era Cerda y que la orden para que Bustos concurriera a Borgoño vino del jefe del BIE. "No sería lógico que Cerda diera directamente la orden a Bustos, sino que tiene que haber sido a través mío. La investigación la llevó la CNI porque ellos eran los expertos", afirmó.

Inteligencia telefónica

Otro episodio en que estuvo involucrado el G4 fue la identificación de la joven universitaria Karin Eitel, quien, tras ser detenida por la CNI, fue torturada y sometida a interrogatorios durante los 34 días que permaneció incomunicada por orden del fiscal Fernando Torres Silva, quien investigaba para la justicia militar el secuestro de Carreño. Aquella vez, una "exclusiva" de TVN mostró a la joven, maquillada y visiblemente dopada, asumiendo la responsabilidad por el plagio del militar.

Casi 20 años después, el general Ricardo Ortega reconoció en tribunales que "la única vez que se coordinaron (con la CNI) fue para el secuestro de Karin Eitel". El militar dijo en esa ocasión que, tras el plagio del gerente comercial de FAMAE, debió asistir a la familia de Carreño y acompañar al sacerdote Alfredo Soiza, quien actuaba como mediador. Según explicó, como el FPMR se contactó telefónicamente con la casa del secuestrado, "se concluyó que las llamadas provenían de un teléfono público y que era una mujer la que hacía el contacto verbal. Se redujo el número de teléfonos públicos dejándolos fuera de servicio y se apostó personal de BIE frente a las casetas, los que estuvieron en comunicación con la central de BIE para hacer saber que el teléfono del que se hacía la llamada estaba siendo ocupado por una mujer".

Según el relato de Ortega, "se siguió a la mujer y se entregaron los antecedentes a la CNI, al general Salas, para que esa repartición detuviera a la mujer que resultó ser Karin Eitel". Pero el director de la DINE niega que personal bajo sus órdenes haya participado en esa acción, así como en los posteriores interrogatorios a los que fue sometida.

"Yo no interrogué a Karin Eitel, yo la vi cuando acompañé al coronel Cerda hasta el Cuartel Borgoño", reconoció Ortega, admitiendo que estuvo en el mismo lugar donde estaban detenidos la mujer y los cinco frentistas. Sin embargo, niega haber concurrido al cuartel en otras oportunidades y niega que tanto el BIE como el G4 hayan tenido otra participación en los hechos.

Pero el agente del BIE Rafael Rojas Tapia señala que sí se le ordenó tomar contacto con un grupo de la CNI: "No obstante se me designó en esa función, ya existía una coordinación anterior y permanente entre el BIE, si mal no recuerdo el G4 dentro del BIE, que estaba al mando del mayor Ricardo Ortega, ignorando las coordinaciones que efectuaba. En mi caso trabajaba con los cabos Zamorano y Llanquinao".

Otro testimonio que relaciona a la sección del BIE dependiente de Ortega con las labores que se desarrollaron durante el período en que los cinco frentistas estuvieron detenidos junto a Karin Eitel es el de Gonzalo Asenjo Zegers, entonces jefe del Departamento de Análisis del Cuartel Borgoño y quien se suicidó en octubre de 2006 de un disparo en el pecho. "Hubo muchos detenidos que pasaron por el cuartel, los cuales eran interrogados a su vez por personal perteneciente al BIE; como prueba de ello, un hecho en que a mí personalmente me consta la participación directa y efectiva del BIE, fue el caso de la detención de Karin Eitel, la cual hacía las veces de vocera de los secuestradores de Carreño".

Hacia lo más alto

La última diligencia dictada por el ministro Carroza apunta a determinar de dónde provino la orden de eliminar a los cinco militantes del Frente. Hasta ahora, los mandos involucrados no han hecho más que tirarse la pelota entre ellos. Pero 15 altos oficiales de la época, entre brigadieres y generales (R) deberán acudir en los próximos días a tribunales para entregar su versión sobre una o varias reuniones que sostuvieron, donde no sólo se determinó destinar un equipo de la DINE para rastrear la pista de Carreño, sino que también se resolvió la muerte los subversivos.

Este dato fue aportado por el ex director de la CNI, Hugo Salas Wenzel, cuando se atribuían los asesinatos exclusivamente a la unidad que comandaba. En sucesivas declaraciones, Salas ha insistido en que todos los operativos que rodearon las pesquisas para dar con el paradero del ex gerente comercial de FAMAE fueron realizadas con recursos que no pertenecían a la Central, y que cada una de las acciones fueron producto de órdenes emanadas del mando institucional, las que se habrían concretado en varias reuniones ordenadas por el general Sinclair y en las que participó el consejo de generales de la Guarnición Militar de Santiago.

Respecto del destino de los cinco frentistas, la declaración de Salas es escalofriante: "La superioridad referida dispuso adoptar cualquier medida que no comprometiera en forma reglamentaria o legal de procedimiento con los detenidos, lo que se interpretó en este caso como que, como estaba siendo vulnerada la ley, por la prolongación de la privación de libertad en dependencias de la Central, esto es, en lugares que no fueran cárceles. Ello se entiende que la superioridad del Ejército disponía tácitamente que las personas que estaban detenidas debían ser ocultadas ( ). Posteriormente supe que el procedimiento empleado para poner término a las detenciones ya referidas fue la muerte de estos y la posterior disposición de los cuerpos".

El general Sinclair declaró primero que nunca tuvo información sobre los hechos de la causa, pero su versión cambió radicalmente en un careo con Salas Wenzel: "Debo señalar a su señoría que luego de ser preguntado por esta reunión de generales recordé que entre otras tantas de la misma clase, tuvo lugar la que se refiere el señor Salas". Esta declaración cargó los dados hacia el ex vicecomandante del Ejército. De ahí que haya sido la defensa del mismo Sinclair la que solicitó que se citara a declarar al resto de los integrantes del alto mando de la época.

Es un caso complejo, que ya cuenta con 27 encausados entre miembros de la CNI, la DINE y quienes permitieron y efectuaron la operación de lanzar al mar a los cinco frentistas, todos hechos acreditados en la causa. Hasta ahora Ortega no ha sido procesado, pero sí todos los que trabajaron con él. Habrá que esperar si el ministro Carroza considera que la evidencia que existe sobre su participación en los crímenes es suficiente para someterlo a proceso.

INVERECUNDOS Y PREPOTENTES LOS DEFENSORES DE LOS GENOCIDAS DE LA ARMADA

DECLARACIÓN PÚBLICA

 Fuente: El Trabajo nº 209

Hoy 29 de septiembre de 2008, en el contexto de la querella por el secuestro del sacerdote Miguel Woodward, se presentó en la Corte de Apelaciones de Valparaíso una apelación, de parte del procesado capitán de navío(r) Luis Holley de la Maza, sobre la negación de la jueza Eliana Quezada a concederle libertad bajo fianza.

La Corte resolvió mantener la negación de libertad bajo fianza.

En la Corte se hicieron presentes un gran número de personas, muchos de los cuales son parte de la "familia naval" en retiro. Por si solo esto no tiene nada de malo, pues hay libertad de estar presente en los alegatos.

Lo que denunciamos es la actitud matonesca de estas personas que, primero, apostadas cerca de la entrada de la sala del tribunal, impidieron el ingreso tranquilo tanto de la familia de Miguel Woodward como de los integrante del grupo "Amigos de Miguel". Gendarmería dispuso entonces que entrase en primer lugar la familia de Miguel, a saber, Patricia Woodward y Fred Bennetts, pero esto se hizo en una especie de "callejón Chino" formado por los marinos jubilados.

Luego, cerraron el paso violentamente a los acompañantes de la familia. En esta encerrona captamos cómo una mujer, vestida de chaqueta roja, LANZABA UNA PATADA A PATRICIA. Esto estaba totalmente planificado, por la forma coordinada de tratar de hacer daño. Por suerte, no logró su objetivo. Al mismo tiempo, estos marinos cerraban nuestro paso, nos insultaban ("roto", "ordinarios","pagados", etc.).

Después de los alegatos uno de nuestros abogados fue verbal y duramente agredido por "damas bien vestidas": esto fue detectado por un gendarme, el cual intervino para que ellas se alejaran del abogado.

Hacemos un llamado a todos los actores, tanto judiciales como de gobierno, a estar atentos y a tomar medidas, respecto a estas muestras de violencia de parte de grupos organizados que en su mayoría son marinos "retirados" que han avalado los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado golpista de Chile.

La violencia de estos matones jubilados de la marina de Chile no nos hará retroceder en la búsqueda de la verdad de lo que le pasó a Miguel Woodward y a todos las victimas de la dictadura militar en chile.

Amigos de Miguel Woodward

29 de septiembre de 2008

UN ARTÍCULO SOBRE LOS INVERECUNDOS SENADORES DE CHILE

Las acciones y sociedades que los senadores no declararon. Hace poco más de cuatro meses CIPER publicó las declaraciones de patrimonio de los miembros de la Cámara Alta, ya que pese a ser públicas, su acceso sólo era posible viajando a Valparaíso y copiándolas a mano.

 

Recién ahora, el Senado anunció que este mes pondrá en su web dichos documentos, después de que permanecieran dos años archivados en la secretaría de la corporación. Investigamos exhaustivamente las declaraciones de patrimonio y de intereses: descubrimos no sólo que la información que se exige en ambos documentos es insuficiente para fiscalizar posible enriquecimiento ilícito, o ejercicio del cargo en beneficio propio. Además, varios senadores no incluyeron todas sus inversiones y sociedades: al menos 13 de los 38 están en esta situación, y otros 11 no respondieron las consultas sobre inconsistencias en sus declaraciones. Y para los que omitieron información en la declaración de intereses, no hay sanción. Por Pedro Ramírez y Juan Pablo Figueroa.

 
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Atentamente, 
  
John Dinges y 
Mónica González 
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