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LOS INVERECUNDOS DE CHILE

Casos

A 48 años, Corte dicta condenas por colaboradores de Allende detenidos el 11 en La Moneda

A 48 años, Corte dicta condenas por colaboradores de Allende detenidos el 11 en La Moneda

La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a siete miembros en retiro del Ejército por los casos de 23 víctimas detenidos en el Palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973. Todos eran colaboradores directos del ex Presidente Salvador Allende, y fueron trasladados al Regimiento Tacna y al "Fuerte Arteaga" en Peldehue, donde fueron fusilados y explosionados con granadas. En el caso de 8 víctimas se caratuló como secuestro calificado, por lo que el abogado querellante Nelson Caucoto expresó que “confiamos que la Excma. Corte Suprema pueda rectificar en esa parte esta sentencia, para que tengamos justicia plena”.

En uno de los casos más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos en dictadura, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a siete miembros en retiro del Ejército como coautores de los delitos de homicidio y secuestro calificado de 23 detenidos en el Palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973 en el golpe militar,.

Todas las víctimas eran colaboradores directos del ex Presidente Salvador Allende, y quienes fueron detenidos desde la sede de Gobierno y trasladados al Regimiento Tacna y al "Fuerte Arteaga" en Peldehue, donde fueron fusilados y explosionados con granadas.

Entre las víctimas se encontraban asesores políticos, miembros del dispositivo de seguridad del Presidente Allende (GAP), médicos, economistas  y funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile, entre otros.

La sala integrada por los ministros (as) María Soledad Melo, Gloria María Solís e Inelie Durán, confirmó lo resuelto en mayo de 2018 por el ministro instructor Miguel Vázquez Plaza, y condenó al entonces militar del Ejército Pedro Octavio Espinoza Bravo a la pena de veinte años de presidio mayor en su grado máximo, como coautor de los delitos de homicidio calificado de 15 de las 23 víctimas.

Se trata de  Jaime Antonio Barrios Meza, economista y quien se desempeñaba como gerente general del Banco Central; Egidio Enrique Paris Roa, ex secretario general de la Universidad de Chile; Georges Klein Pipper, médico y asesor de la Secretaría General de Gobierno; Claudio Raúl Jimeno Grendi y Héctor Ricardo Pincheira Núñez también asesores presidenciales; y Luis Avilés Jofré, Manuel Ramón Castro Zamorano, Oscar Reinaldo Lagos Ríos, Julio Hernán Moreno Pulgar, Luis Fernando Rodríguez Riquelme, Jaime Gilson Sotelo Ojeda, Luis Fernando Tapia Martínez, Héctor Daniel Urrutia Molina, Juan Alejandro Vargas Contreras y Juan José Montiglio Murúa y Oscar, todos miembros del GAP.

Además, se condena a Teobaldo Segundo Mendoza Vicencio, Eliseo Antonio Cornejo Escobedo, Bernardo Eusebio Soto Segura y a Jorge Ismael Gamboa Álvarez, a la pena de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo, como coautores de los delitos de homicidio calificado de las mismas personas.

Mientras que Servando Elías Maureira Roa y a Jorge Iván Herrera López, actualmente fallecido, fueron condenados a 9 años de presidio mayor por el mismo delito.

Maureira Roa y Herrera López también fueron condenados como autores de presidio menor en su grado máximo, como coautores de los delitos de secuestro calificado de 8 de las 23 víctimas. Se trata de Juan Eduardo Paredes Barrientos, ex jefe de la Policía de Investigaciones; Arsenio Poupin Oissel, ex secretario general de Gobierno Sergio Contreras, Enrique Huerta Corvalán, ex intendente de Palacio; Daniel Escobar Cruz, jefe de gabinete del Subsecretario de Interior; y los ex GAP José Freire Medina, Daniel Gutiérrez Ayala, y Oscar Enrique Valladares Caroca.

Para el abogado querellante Nelson Caucoto la sentencia en esta causa es “de dulce y de agraz”. “De dulce porque 48 años después se está poniendo término a un juicio de raigambre histórica.  Se trata de los hechos ocurridos en el Palacio de La Moneda, esto es en el corazón de la institucionalidad política y republicana de Chile, la que fue arrasada a sangre y fuego por los militares golpistas”, indicó.

Señala que “son 23 víctimas, colaboradoras del Presidente Allende que estuvieron hasta el último momento acompañándolo ese crucial día.  Llevados al Regimiento Tacna, torturados y finalmente fusilados en Peldehue por sus captores. De esas 23 víctimas, cuyos restos fueron removidos 5 años después, se logró identificar 15, que dieron lugar a la calificación jurídica de homicidios calificados. Las 8 restantes dieron lugar a secuestros calificados”.

“Y de agraz”, explica el abogado “porque es en estos últimos 8 delitos donde discrepamos de la penalidad y participación determinada, tanto en primera como el de segunda instancia.  Confiamos que la Excma. Corte Suprema pueda rectificar en esa parte esta sentencia, para que tengamos justicia plena”, explicó.

Fuente: https://www.elmostrador.cl/dia/2021/11/03/a-48-anos-corte-dicta-condenas-por-colaboradores-de-allende-detenidos-el-11-en-la-moneda/ 

 

 

 

 

 

 

Arturo Barría Araneda, víctima de la Dictadura de Pinochet

Arturo Barría Araneda, víctima de la Dictadura de Pinochet

 


Soltero, 38 años a la fecha de su secuestro, Profesor de Música del Liceo Darío Salas,
militante del Partido Comunista, ex Dirigente Gremial en la Universidad de Chile, con
domicilio en la comuna de Santiago, fue detenido el 28 de agosto de 1974,
encontrándose desde entonces en calidad de detenido desaparecido.

Los hechos que culminaron en su desaparición se iniciaron el 26 de agosto de 1974,
cuando se realizaron los funerales de un alumno del Colegio, en dicha ceremonia
fúnebre se habría cantado "La Internacional" y gritado consignas políticas, lo que
fue informado al Rector Delegado de ese establecimiento educacional, Capitán Luis
Pavés, por la Directora del Liceo Rebeca Román y el Inspector Mario Valenzuela.
Pavés citó verbalmente a los profesores Nieves Piedad Pizarro del Río, Rosa Amelia
Camacho Parra y la víctima, más el alumno de 4° Medio de ese Liceo, Roberto Meneses
Gaete, para presentarse el 27 de agosto a las 14:30 horas a la Escuela de Suboficiales
del Ejército. Cuando se presentaron, los afectados fueron interrogados separadamente
por el mismo Capitán Pavés y otro Oficial.

Alrededor de las 18:00 horas, les fue comunicado a los acompañantes que los cuatro
requeridos serían trasladados al Comando de Institutos Militares, ubicado en las 
dependencias de la Escuela Militar en Apoquindo con Vespucio.
En este lugar fueron recibidos por un General de apellido Hidalgo, el que les señaló que
serían interrogados y en seguida liberados, dado que el hecho que se les atribuía no
tenía mayor gravedad, sin embargo, no fue así, ya que el Comandante encargado de
interrogarlos los envió a la Escuela de Telecomunicaciones, donde pasaron la noche.

Al día siguiente, 28 de noviembre, fueron conducidos nuevamente al Comando de 
Institutos Militares esta vez iban esposados donde fueron interrogados e incomunicados
entre sí. Permanecieron en el subterráneo de este recinto hasta alrededor de las 21:00
horas, luego de lo cual fueron sacados violentamente, se les vendó la vista y los trasladaron 
 a Cuatro Alamos, recinto bajo tuición de la DINA y donde se mantenía incomunicados a
los detenidos.

De esto quedó constancia en el Oficio N°3550/303, de fecha 29 de agosto de 1974,
firmado por el Comandante de Institutos Militares, con el que se hizo entrega de los
prisioneros. 

Días después, el 4 de septiembre, los cuatro fueron sacados de este lugar y trasladados
a un recinto secreto de la DINA, vendados, donde fueron interrogados, regresando a 4
Alamos en horas de la noche.

Juan Ramírez ex dirigente sindical de MADECO, quien compartió con la víctima en Cuatro
Alamos, relata que Barría le contó que el interrogatorio versó sobre un viaje que había
efectuado a Cuba años antes, donde había participado en cursos relacionados con su
profesión. Según Ramírez, Arturo Barría fue sacado en dos oportunidades a interrogatorios.

El 12 de septiembre, el joven Roberto Meneses fue dejado en libertad y las mujeres
fueron traspasadas a Tres Alamos, donde permanecieron varios meses recluidas y
posteriormente dejadas en libertad.

Entre los prisioneros que recuerdan la estadía de la víctima en Cuatro Alamos, además
de Juan Ramírez, se encuentran Cristián Van Yurick, Manuel Salinas, Mario Aguilera y
Blanca Rosa Bustos.

Según el testimonio de, María Antonieta Castro, en septiembre de 1974 ella vio a la
víctima en Villa Grimaldi muy torturado. Es posible que se trate de una de las veces
en que fue sacado a los interrogatorios.

Por su parte Aguilera y Ramírez expresan que Barría formó un Coro con los presos y
participaba en los shows que hacían, con autorización de los guardias.
En una ocasión, este Coro cantó en el pasillo para las detenidas.

Blanca Bustos recuerda haber escuchado en una oportunidad que alguien cantaba el
Ave María de Schubert y que las otras prisioneras le contaron que quien cantaba era
Arturo Barría.
Tanto Aguilera como Ramírez coinciden también en señalar que guardan un grato
recuerdo de la víctima, quien se destacaba por su cordialidad, su orden y una
actitud protectora hacia su alumno Roberto Meneses hasta que éste salió libre.

Así mismo, Aguilera manifiesta que Arturo Barría fue sacado de Cuatro Alamos,
junto a otros prisioneros, el 30 de septiembre de ese año y nunca más volvió a
saber de su persona.
Esta fecha coincide con la señalada por las profesoras detenidas con él, como la
última vez que tuvieron comunicación con su colega.

Familiares suyos recibieron una tarjeta postal, fechada el 8 de enero de 1975,
enviada desde el Balneario de Quinteros, según timbre de Correos y lo indicado
en la misma tarjeta. La escritura adolece de errores ortográficos y firma "Arturín",
apelativo con que llamaban amigos y familiares al afectado.

La actriz Gloria Laso, quien sobrevivió a su paso por los recintos de la DINA, en
su libro “El río que fluía hacia arriba” (páginas 103-104), recuerda a Arturo en
el recinto secreto de detención, y escribe: “… el momento más trágico fue una
noche en la que se empezaron a formar algunos prisioneros elegidos en el largo
y estrecho pasillo... las puertas se abrían y los guardias nos recorrían lentamente
con la mirada, para finalmente elegir una persona…

Tras la puerta cerrada sentíamos órdenes, gemidos y pies que arrastraban cadenas.
De pronto un grito rompió el escalofrío que nos suspendía, la voz siguió en la misma
nota y entonó el ´Himno a la Alegría´.
Una a una se fueron sumando las voces de decenas de cautivos, incluidas las nuestras.
Hoy me recuerdo cantando a todo pulmón ven canta, sueña cantando, vive
soñando el nuevo sol en que los hombres volverán a ser hermanos´ llorando
y aferrada a la puerta de la celda, intentando, como todos, dar fuerza a esos
desconocidos cuyos rostros nunca vería y que sin embargo eran mis hermanos, 
 enfilando sus pasos hacia la muerte llenos de dignidad...
Con el tiempo supe que el hombre que cantaba era un profesor de música de apellido Barría.
Deben saber sus descendientes que, él solo, sostenía con su temple a todos los demás”.

En julio de 1975, su nombre apareció en una nómina de 119 chilenos muertos en
Argentina, según información publicada por el periódico brasileño "O’DIA" y la revista
argentina "LEA". Los medios de prensa que publicaron esta falsedad no eran conocidos
en sus países y sólo salieron a la luz pública en esa oportunidad, con el indudable
objetivo de propagar esta infamia.

Las autoridades argentinas y brasileras señalaron oficialmente desconocer estos hechos.
Por otro lado las autoridades del gobierno militar chileno, se vieron en la obligación de
informar a los Tribunales de Justicia que no había constancia de estas muertes, como
tampoco de la salida del país de las 119 personas que componían esta
nómina, más bien existen múltiples testimonios de que todas las personas mencionadas,
al igual que la víctima, habían sido detenidas por efectivos de seguridad chilenos y se
encuentran desaparecidos desde entonces.

El profesor Arturo Barría vivía con dos ancianas tías de 71 y 83 años a la fecha, las que
lo habían criado luego de la muerte de su madre.
Ambas dependían principalmente de los ingresos que él recibía.
El 29 de agosto de 1974 se interpuso un recurso de amparo en su favor y en el de los
otros tres detenidos junto a él, ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la Corte ofició
de inmediato a los Ministros de Interior y de Defensa para que informaran sobre los
arrestos denunciados.

Tres meses después, el Ministro de Defensa respondió que SENDET había informado no
registrar antecedentes del afectado, solo después de varios intentos por obtener información
respecto de Arturo Barría, recién el 4 de febrero de 1975, seis meses después que se
solicitara por primera vez al Ministro del Interior General César Benavides, éste respondió que
el afectado no se encontraba detenido por orden de ese Ministerio.

Con el mérito de esta respuesta, el 5 de febrero de 1975 la Corte declaró sin lugar el amparo,
resolviendo a la vez remitir los antecedentes al Juzgado del Crimen correspondiente para que
se investigara la comisión de algún delito.
Hasta la fecha Arturo Barría Araneda permanece en calidad de detenido desaparecido.
Justicia para él y para todas las víctimas de la represión.
En febrero de 2017, la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a cinco ex agentes
de la dictadura de Augusto Pinochet por el secuestro calificado (desaparición) del
profesor de música Arturo Barría Araneda, un profesor de música de 38 años y miembro
del Partido Comunista, desaparecido desde un campo de presos políticos en septiembre
de 1974 y al año siguiente su nombre fue incluido la llamada Operación Colombo.

La citada operación fue una maniobra de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional)
destinada a encubrir la desaparición de 119 presos políticos, de los que se dijo que
habían muerto en purgas internas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR),
agrupación que luchó con las armas contra la dictadura.

En el caso de Arturo Barría, el tribunal de alzada santiaguino condenó en un
fallo unánime a siete años de presidio a los generales retirados César Manríquez
Bravo y Raúl Iturriaga Neumann y al brigadier Pedro Espinoza Bravo.

A cinco años y un día de prisión fue condenado el coronel de Gendarmería
(Servicio de Prisiones) Orlando Manzo Durán y a tres años y un día al capitán
Luis Pavez Parra, quien podrá cumplir la pena en libertad vigilada.

Además, el tribunal absolvió a los agentes Manuel Avendaño González, Alejandro
Astudillo Adonis y Demóstenes Cárdenas Saavedra y ratificó la absolución de otros
56 resuelta por el juez de primera instancia Julio Crisosto.

El magistrado, en la investigación, estableció que en agosto de 1974 Arturo Barría fue
citado a la Escuela de Suboficiales del Ejército por haber supuestamente participado en 
manifestaciones políticas en el funeral de un alumno del liceo en el que impartía clases
de música.

Al concurrir a la citación, el profesor fue detenido y enviado a un campo clandestino de
torturas y exterminio de la DINA, donde fue visto por prisioneros supervivientes hasta
avanzado el mes de septiembre, cuando se perdió su rastro.

Fuente: Colectivo 119, familiarxs y compañerxs

 

Hace 39 años: el asesinato del comandante Arturo Araya Peeters

Escribe Arturo Alejandro Muñoz 
especial para G80 

http://www.g80.cl/noticias/columna_completa.php?varid=15575


Se trató de un asesinato planificado para ir sentando al interior de la Marina de Guerra los principios que regirían el sanguinario golpe de Estado del 11 de septiembre. La derecha fascista perpetró el  crimen…Washington lo cobijó y financió. Nuestra memoria sigue viva.

EN LA MEDIANOCHE del día 26 de julio de 1973, el Edecán Naval del Presidente Salvador Allende, comandante Arturo Araya Peeters,  fue asesinado por un francotirador que le disparó a mansalva desde algún  lugar frente a su domicilio. 

Poco antes había llegado a su casa, tras asistir –acompañando al mandatario socialista- a una recepción en la embajada de Cuba. Uno de los delincuentes que participó en el delito, Guillermo Claverie Bartet,  fue condenado a tres años de prisión. Sin embargo, no permaneció ni un día en la cárcel purgando esa pena. Incluso, estando prófugo, fue indultado por la dictadura gracias a una decisión del almirante José Toribio Merino Castro.

Se trató de un asesinato planificado para ir sentando al interior de la Marina de Guerra los principios que regirían el sanguinario golpe de Estado del 11 de septiembre, y a la vez un recordatorio de que todo hombre de la Armada que no estuviese de acuerdo con los planes fascistoides del almirante Merino Castro sería considerado traidor y castigado con la muerte. Así ocurrió con Araya, un hombre limpio y leal a la Constitución.

La noche del 26 al 27 de julio de 1973, un francotirador abrió fuego contra el marino, mientras los mercenarios de Patria y Libertad armaban una algazara en la calle frente a su casa, luego de hacer algunos disparos al aire a objeto de lograr que el edecán presidencial saliese al balcón de su domicilio para investigar lo que sucedía. En ese momento, una bala impactó en el pecho del comandante Araya Peters. 

El crimen, que en su momento la derecha y los servicios de inteligencia navales intentaron achacar a fantasmales grupos armados de izquierda, fue en realidad la obra de una sórdida conspiración ultraderechista con apoyo de oficiales golpistas de la Marina. 

Un total de 32 miembros de Patria y Libertad, cuyo fundador era Pablo Rodríguez Grez, fueron detenidos y procesados por la Fiscalía Naval, pero todos quedaron libres tras algunos tirones de orejas. Sólo uno de ellos, Guillermo Claverie, luego de haber estado un tiempo prófugo, resultó condenado a tres años y un día de prisión como autor material del crimen, pena que tampoco cumplió ya que, al final, todos los conspiradores fueron indultados en 1981 por el asesino y ladrón apellidado Pinochet Ugarte, “por servicios prestados a la Patria".

En una entrevista publicada por el diario La Nación, Claverie juró que era inocente y aseguró que fue obligado a confesar tras sufrir múltiples torturas efectuadas por oficiales de la Marina y de la Fuerza Aérea, y que al parecer fue elegido como chivo expiatorio por sus jefes de Patria y Libertad, entre ellos Pablo Rodríguez. 

Aunque admitió haber estado en el lugar de los hechos, dijo que siempre permaneció en la calle y que la trayectoria de la bala que mató al edecán, que estaba en un balcón, era de arriba hacia abajo. Afirmó además haber disparado su pistola después que vio caer al hombre del balcón y que en ese momento ignoraba de quién se trataba. Las declaraciones de Claverie fueron parte en la Corte de Apelaciones del alegato de Arturo Araya, hijo de la víctima y abogado querellante en el juicio.

El planificado crimen cometido contra el Comandante de la Marina y edecán del Presidente Allende, ocurrido en la calle Fidel Oteíza -entre Marchant Pereira y Carlos Antúnez- de la comuna de Providencia, fue en definitiva y claramente una bien montada operación terrorista de inteligencia y desestabilización política, estructurada por la extrema derecha junto a grupos fascistas y ultra nacionalistas insertos en las fuerzas armadas, quienes contaban con apoyo y financiamiento de la Central de Inteligencia Americana (CIA), tal como reconoció muchos años después el gobierno norteamericano al desclasificar sus documentos confidenciales.  

Los golpistas del SIN (Servicio de Inteligencia Naval) ya venían ejecutando decenas de atentados y autoatentados con bombas, algunos previamente ‘negociados’,   como el realizado en la casa del Almirante golpista Ismael Huerta a mediados de julio de 1973 en Viña del Mar, con el objetivo de ir construyendo un ambiente favorable al próximo golpe de estado.

La ametralladora "Bataan" con la que el militante del Comando Rolando Matus y agente del SIN infiltrado en la empresa estatal ECON,  Guillermo Claverie Bartet,  disparó al comandante Araya después de hacer explotar una bomba señuelo y balear el frontis de la casa para hacerlo salir al balcón, fue suministrada por el SIN a través del Sr. Jorge  Ehlers Trostel, personaje que después –en plena dictadura-  ocuparía un alto cargo en el área de deportes (DIGEDER).

Claverie Bartet ya había sido detectado disparando contra tropas leales a la Constitución el día del tanquetazo (junio de 1973) desde una terraza de ECOM (el tipo creía que ese día la Marina iniciaba un golpe, eso fue publicado poco antes del golpe por el quincenario dirigido por Marta Harnecker, ‘Chile Hoy’). Fue echado de ECOM, pero no entregado a la Policía… ¡¡increíblemente!! 

LOS ASESINOS FRAGUAN COARTADA INDIGNANTE

Al entonces teniente del SIN, Daniel Guimpert Corvalán junto con el capitán de Inteligencia de Carabineros Germán Esquivel Caballero, quien más tarde participaría en múltiples ‘desapariciones’ cometidas por el Comando Conjunto y el SICAR, le cupo realizar uno de los aspectos más sucios y cobardes del complot desestabilizador.

Al otro día del asesinato del edecán naval del Presidente Allende -un sábado- Esquivel y Guimpert recorrieron diversas comisarías buscando un "chivo expiatorio" a quién cargarle el crimen. El elegido fue un preso por ebriedad que trabajaba en una empresa CORFO (SEAM) y portaba un carnet de militante de un partido de la Unidad Popular (el Partido Radical).

Como eso no era muy convincente ni bastaba para completar sus planes, fabricaron un carnet del Partido Socialista  e interrogaron "privadamente" al funcionario que, sometido a salvajes torturas, se auto inculpó de haber participado en el asesinato "junto con un comando del PS-Elenos" y algunos cubanos. El mecánico de SEAM CORFO terminó encargado reo y procesado por la Justicia Naval bajo la dirección del Fiscal Aldo Montagna.

El nombre del mecánico eléctrico de Seam Corfo torturado por Guimpert y Esquivel era José Luis Riquelme Bascuñán y fue interrogado y encargado reo por  el ministro conspirador de la Corte de Apelaciones (Abraham Meerson) y por el Fiscal Militar Joaquín Erlbaum. El desgraciado mecánico tipo fue tan bien torturado que se echaba la culpa de haber participado en el crimen con un grupo de GAP’s y cubanos dirigidos por Bruno (Domingo Blanco) uno de los jefes del GAP. 

Al día siguiente, los medios opositores y diversos políticos -entre los que destacaron los senadores derechistas Víctor García Garzena y Fernando Ochagavía, junto al diputado Demócrata Cristiano Claudio Orrego Vicuña  y al director del diario democristiano ‘La Prensa’, Jorge Navarrete- iniciaron una campaña de injurias y acusaciones contra el gobierno de la UP y la representación cubana en Chile.

El problema para los conspiradores de diversos pelajes y militancias que se concertaron en torno al falso hallazgo de los asesinos del comandante Araya fue que, a los pocos días, la Policía de Investigaciones detuvo a casi todos los miembros de la banda conformada por elementos del Comando Rolando Matus (CRM), Partido Nacional (PN), Democracia Radical (DR)  y Patria y Libertad, que habían participado directamente en el asesinato del edecán.

Entre ellos,   destacaban:  el presunto autor de los disparos (Guillermo Claverie), una dirigente de la Juventud del Partido Nacional y del CRM -Uca Eileen Lozano-, el hijo "Patria y Libertad" del conocido empresario panadero Castaño, Odilio Castaño Jiménez; el militante de Patria y Libertad, Luis "Fifo" Palma Ramírez, que dos años después tendría una destacada participación en el SIFA y en las desapariciones del Comando Conjunto, un sobrino CRM del psiquiatra de la DINA, Laihlacar, de apellidos Potin Laihlacar , el dirigente de la DR, Guillermo Schilling, y un militante del CRM, Miguel Sepúlveda Campos, hijo de un conocido almirante retirado. (**)

Los que no fueron detenidos se escondieron en un fundo de la Región de Valparaíso y se entregaron a un comando de la Marina al otro día del golpe. Los que estaban detenidos y procesados en las cárceles de Valparaíso y Santiago fueron sacados de prisión el 12 de septiembre por comandos del SIN e integrados a las actividades represivas. El crimen del comandante Araya quedó impune y con expediente desaparecido.

Cambia, todo cambia.

El teniente Guimpert Corvalán salió de la Marina a fines de los 70´s y se dedicó a regentar un negocio de venta de armas en las cercanías del Edificio de las FFAA en la Plaza Bulnes. Gozaba de libertad bajo fianza hasta que fue nuevamente detenido, inculpado en más de una decena de casos de detenidos desaparecidos, en algunos de los cuales fue incluso indultado a principios de los años 90´s.

Su cómplice en el intento de falsificación del asesinato del comandante Araya  -Guillermo Esquivel- llegó al grado de   coronel de carabineros en la DICOMCAR y fue detenido -por cheques protestados- en 1991. Falleció en extrañas y nunca aclaradas circunstancias en 1993, mientras estaba denunciado en diversos procesos por desapariciones y asesinatos.

Luego de 35 años del asesinato del valeroso edecán del Presidente Allende, la versión oficial que entregó la dictadura comienza a desmoronarse en los tribunales y emerge la verdad: Se trató de un crimen planificado por la derecha en contra del comandante Araya.  La medida, que la familia del oficial había solicitado por primera vez en agosto del año 2003, se aprobó ante la aparición de nuevos antecedentes aportados por Guillermo Claverie. 

El 28 de Abril de 2008, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó reabrir la investigación del asesinato. Por unanimidad, la Octava Sala del tribunal de alzada determinó que el juzgado a cargo del caso proceda a la reapertura de la investigación, tome testimonio a Guillermo Claverie Bartet (hoy tiene 63 años de edad) y realice otras diligencias que de ello se deriven. 

El relato que Claverie entregó a los periodistas de ‘La Nación Domingo’, hace pocos años, mueve a la duda. Aseguró que todavía sentía miedo de lo que pueden hacerle los viejos (y nuevos) miembros de las cofradías golpistas.

Nunca pude leer mis declaraciones que me hicieron firmar en la Fiscalía Naval. Y un día que me puse a leer una de ellas, después de un interrogatorio, el secretario del fiscal naval Aldo Montagna, el oficial Jorge Garretón Iturra, se metió la mano a la chaqueta del uniforme y sacó una pistola. Y me dijo: ‘¡Oye, huevón, que leís tanto, agradece que todavía estai vivo y firma ahí!’. Y por supuesto que así siempre firmé todo".

Sus confesiones confirman lo que los hijos del edecán han ido descubriendo en estos últimos años, hurgando en el expediente del juicio iniciado por la justicia naval y que culminó en 1980 con una condena de tres años para Claverie, como único autor material, y con penas inferiores por delitos menores para otros miembros del grupo que actuó esa noche: "Es que esa investigación está plagada de vicios", sostiene Arturo, el hijo mayor del edecán, que es abogado.

Con estas confesiones de Claverie, los hijos del edecán lograron que la Corte de Apelaciones de Santiago ordenara reabrir el nuevo proceso iniciado a partir de la querella que interpusieron en 2003, pero que en su momento fue sobreseído y archivado por el 18º Juzgado del Crimen de Santiago.

Las preguntas quemantes.

Para hacer salir al comandante Araya al balcón, Juan Zacconi y Guillermo Necochea (miembros de ‘Patria y Libertad’) lanzaron una bomba frente a su casa. La llegada del edecán a su domicilio fue anunciada a éstos por otra bomba que explotó en las cercanías, lanzada por otro grupo. El segundo bombazo, el de Zacconi y Necochea, fue la señal para que el tercer grupo, que debía entrar por la calle Fidel Oteíza, cometiera el asesinato. 

Los peritajes balísticos detectaron cinco impactos en los muros de la casa del capitán de navío. Pero las vainillas halladas frente a la casa sólo fueron cuatro. Con el proyectil que hirió de muerte al edecán, y que entró directo sin antes rebotar en parte alguna, los disparos suman seis. Pero nunca se hallaron las otras dos vainillas. Y las pericias balísticas establecieron que las vainillas encontradas en la calle, correspondientes a los disparos hechos por Claverie, no pertenecían al proyectil que perforó el cuerpo del edecán.

Eso significaría que al comandante lo asesinaron con un arma distinta, y le dispararon desde otro lugar -presumiblemente desde el frente de su casa-, ligeramente desde arriba hacia abajo. A pesar de todas estas evidencias, la investigación naval concluyó que el edecán de Allende murió por uno de los disparos de Claverie. Pero este insiste en explicitar muchas preguntas, todas ellas sin respuestas oficiales. 

¿Quién hizo los dos disparos que varios testigos, según declararon en el proceso del Juzgado Naval, escucharon inmediatamente antes de que el edecán lanzara su ráfaga hacia el frente y minutos antes de que Claverie hiciera sus cuatro disparos?

Contrató el ex cadete naval Jorge Ehlers Trostel a un francotirador para que asesinara al   comandante Araya Peeters, aprovechando el caos que el mismo Ehlers ordenó crear al grupo de ultraderecha  esa noche en las cercanías de la casa del edecán?

¿Por qué Ehlers literalmente huyó a Alemania días después de que los hijos del edecán interpusieron la querella en septiembre de 2003, refugiándose en ese país hasta hoy?

¿Por qué nadie tomó en cuenta la declaración de dos prostitutas que figura en el expediente de la justicia naval,   quienes afirmaban que, paradas esa noche en la esquina de Pedro de Valdivia con Providencia y segundos después de escuchar disparos, vieron salir de un lugar a dos hombres corriendo, uno de ellos con un fusil en la mano, y que se subieron a una camioneta que tenía un disco que les pareció de vehículo fiscal?

Torturas, presiones y amenazas. 

Detenido preventivamente en la Cárcel Pública de Santiago, una mañana –aún en plena dictadura- los gendarmes sacaron a Claverie y le condujeron a la oficina de la Fiscalía Naval. En ese lugar, contó el mismo Claverie al diario La Nación, lo recibió el oficial naval Germán Arestizábal, quien oficiaba como actuario. "Me hizo subir a un Austin Mini, donde reconocí al oficial de la Fuerza Aérea de apellido Schindler, compañero de colegio". Le vendaron la vista y lo llevaron a la Academia de Guerra Aérea, en Las Condes.

Ahí me amarraron a un catre y empezaron a golpearme en la planta de los pies con un palo o un fierro. Después me inyectaron en la vena lo que yo creo que fue pentotal, porque todavía no me sacaban mi propia confesión del crimen del edecán, como ellos querían. Nunca supe lo que respondí, pero no puedo haber dicho algo que era falso", expresa.

Días después, al salir de una oficina donde había comenzado a trabajar, se le acercó un auto desde el cual descendió un  individuo que él conocía, el que le obligó a subir al vehículo.

Era el ‘Fifo’ Palma (Luis Palma Ramírez, que después integró el Comando Conjunto) y en el auto vi como cinco metralletas. El Fifo me dijo. ‘¿Sabís que ahora te podemos matar por andar hablando, huevón? Vos sabís que en esto está metida gente que ahora es muy importante. Que no se te olvide’". 

Esa última frase del tal ‘Fifo’ Palma –suponiendo que Claverie dice la verdad- es la que deberá dilucidar el juzgado a cargo de la reapertura del caso, pues resulta vital establecer la identidad de aquella “gente que ahora es muy importante”.  ¿Qué tan ‘importante’ es hoy esa gente? ¿Parlamentarios? ¿Empresarios? ¿Diplomáticos chilenos en el extranjero?  ¿Oficiales retirados de las Fuerzas Armadas? ¿Oficiales aún activos? ¿Dirigentes políticos? ¿Dirigentes de gremios patronales?  Tarde o temprano el país conocerá sus nombres, los que serán agregados al de Guillermo Claverie, quien sí estuvo en uno de los grupos sediciosos y criminales aquella infausta noche. 

(**) LA LISTA DE INTEGRANTES DEL COMANDO ASESINO (publicado por Revista ‘CAUCE’  Nº 15, del 09/07/1984).

René Guillermo Claverie Bartet
Mario Eduardo Rojas Zegers 
Guillermo Francisco Necochea Aspillaga 
Miguel Víctor Sepúlveda Campos (hijo de un Almirante (r)) 
Uca Eileen Lozano Jeffs (CRM-JN) 
Guillermo Adolfo Schilling Rojas (primo del ‘Mamo’ Schilling, dirigente del Partido Socialista) 
José Eduardo Iturriaga Aránguiz 
Luis Guillermo Perry González 
Luis César "Fifo" Palma Jiménez (posteriormente, fue miembro del Comando Conjunto) 
Ricardo Vélez Gómez 
Rafael Mardones Saint Jean (primo hermano de José Luis Mardones Santander, Presidente del BancoEstado) 
Adolfo Palma Ramírez (hermano del Fifo Palma) 
Enrique Quiroz Ruiz
Wilfredo Humberto Perry González 
Odilio Castaño Jiménez (actual co-dueño de la cadena de panaderías ‘Castaño’) 
Carlos Fernando Farías Corrales 
Juan Zacconi Quiroz  
Andrés Pablo Potin Lailhacar 
Tito Alejandro Figari Verdugo


Hace 39 años: el asesinato del comandante Arturo Araya Peeters

Escribe Arturo Alejandro Muñoz 
especial para G80 

http://www.g80.cl/noticias/columna_completa.php?varid=15575


Se trató de un asesinato planificado para ir sentando al interior de la Marina de Guerra los principios que regirían el sanguinario golpe de Estado del 11 de septiembre. La derecha fascista perpetró el  crimen…Washington lo cobijó y financió. Nuestra memoria sigue viva.

EN LA MEDIANOCHE del día 26 de julio de 1973, el Edecán Naval del Presidente Salvador Allende, comandante Arturo Araya Peeters,  fue asesinado por un francotirador que le disparó a mansalva desde algún  lugar frente a su domicilio. 

Poco antes había llegado a su casa, tras asistir –acompañando al mandatario socialista- a una recepción en la embajada de Cuba. Uno de los delincuentes que participó en el delito, Guillermo Claverie Bartet,  fue condenado a tres años de prisión. Sin embargo, no permaneció ni un día en la cárcel purgando esa pena. Incluso, estando prófugo, fue indultado por la dictadura gracias a una decisión del almirante José Toribio Merino Castro.

Se trató de un asesinato planificado para ir sentando al interior de la Marina de Guerra los principios que regirían el sanguinario golpe de Estado del 11 de septiembre, y a la vez un recordatorio de que todo hombre de la Armada que no estuviese de acuerdo con los planes fascistoides del almirante Merino Castro sería considerado traidor y castigado con la muerte. Así ocurrió con Araya, un hombre limpio y leal a la Constitución.

La noche del 26 al 27 de julio de 1973, un francotirador abrió fuego contra el marino, mientras los mercenarios de Patria y Libertad armaban una algazara en la calle frente a su casa, luego de hacer algunos disparos al aire a objeto de lograr que el edecán presidencial saliese al balcón de su domicilio para investigar lo que sucedía. En ese momento, una bala impactó en el pecho del comandante Araya Peters. 

El crimen, que en su momento la derecha y los servicios de inteligencia navales intentaron achacar a fantasmales grupos armados de izquierda, fue en realidad la obra de una sórdida conspiración ultraderechista con apoyo de oficiales golpistas de la Marina. 

Un total de 32 miembros de Patria y Libertad, cuyo fundador era Pablo Rodríguez Grez, fueron detenidos y procesados por la Fiscalía Naval, pero todos quedaron libres tras algunos tirones de orejas. Sólo uno de ellos, Guillermo Claverie, luego de haber estado un tiempo prófugo, resultó condenado a tres años y un día de prisión como autor material del crimen, pena que tampoco cumplió ya que, al final, todos los conspiradores fueron indultados en 1981 por el asesino y ladrón apellidado Pinochet Ugarte, “por servicios prestados a la Patria".

En una entrevista publicada por el diario La Nación, Claverie juró que era inocente y aseguró que fue obligado a confesar tras sufrir múltiples torturas efectuadas por oficiales de la Marina y de la Fuerza Aérea, y que al parecer fue elegido como chivo expiatorio por sus jefes de Patria y Libertad, entre ellos Pablo Rodríguez. 

Aunque admitió haber estado en el lugar de los hechos, dijo que siempre permaneció en la calle y que la trayectoria de la bala que mató al edecán, que estaba en un balcón, era de arriba hacia abajo. Afirmó además haber disparado su pistola después que vio caer al hombre del balcón y que en ese momento ignoraba de quién se trataba. Las declaraciones de Claverie fueron parte en la Corte de Apelaciones del alegato de Arturo Araya, hijo de la víctima y abogado querellante en el juicio.

El planificado crimen cometido contra el Comandante de la Marina y edecán del Presidente Allende, ocurrido en la calle Fidel Oteíza -entre Marchant Pereira y Carlos Antúnez- de la comuna de Providencia, fue en definitiva y claramente una bien montada operación terrorista de inteligencia y desestabilización política, estructurada por la extrema derecha junto a grupos fascistas y ultra nacionalistas insertos en las fuerzas armadas, quienes contaban con apoyo y financiamiento de la Central de Inteligencia Americana (CIA), tal como reconoció muchos años después el gobierno norteamericano al desclasificar sus documentos confidenciales.  

Los golpistas del SIN (Servicio de Inteligencia Naval) ya venían ejecutando decenas de atentados y autoatentados con bombas, algunos previamente ‘negociados’,   como el realizado en la casa del Almirante golpista Ismael Huerta a mediados de julio de 1973 en Viña del Mar, con el objetivo de ir construyendo un ambiente favorable al próximo golpe de estado.

La ametralladora "Bataan" con la que el militante del Comando Rolando Matus y agente del SIN infiltrado en la empresa estatal ECON,  Guillermo Claverie Bartet,  disparó al comandante Araya después de hacer explotar una bomba señuelo y balear el frontis de la casa para hacerlo salir al balcón, fue suministrada por el SIN a través del Sr. Jorge  Ehlers Trostel, personaje que después –en plena dictadura-  ocuparía un alto cargo en el área de deportes (DIGEDER).

Claverie Bartet ya había sido detectado disparando contra tropas leales a la Constitución el día del tanquetazo (junio de 1973) desde una terraza de ECOM (el tipo creía que ese día la Marina iniciaba un golpe, eso fue publicado poco antes del golpe por el quincenario dirigido por Marta Harnecker, ‘Chile Hoy’). Fue echado de ECOM, pero no entregado a la Policía… ¡¡increíblemente!! 

LOS ASESINOS FRAGUAN COARTADA INDIGNANTE

Al entonces teniente del SIN, Daniel Guimpert Corvalán junto con el capitán de Inteligencia de Carabineros Germán Esquivel Caballero, quien más tarde participaría en múltiples ‘desapariciones’ cometidas por el Comando Conjunto y el SICAR, le cupo realizar uno de los aspectos más sucios y cobardes del complot desestabilizador.

Al otro día del asesinato del edecán naval del Presidente Allende -un sábado- Esquivel y Guimpert recorrieron diversas comisarías buscando un "chivo expiatorio" a quién cargarle el crimen. El elegido fue un preso por ebriedad que trabajaba en una empresa CORFO (SEAM) y portaba un carnet de militante de un partido de la Unidad Popular (el Partido Radical).

Como eso no era muy convincente ni bastaba para completar sus planes, fabricaron un carnet del Partido Socialista  e interrogaron "privadamente" al funcionario que, sometido a salvajes torturas, se auto inculpó de haber participado en el asesinato "junto con un comando del PS-Elenos" y algunos cubanos. El mecánico de SEAM CORFO terminó encargado reo y procesado por la Justicia Naval bajo la dirección del Fiscal Aldo Montagna.

El nombre del mecánico eléctrico de Seam Corfo torturado por Guimpert y Esquivel era José Luis Riquelme Bascuñán y fue interrogado y encargado reo por  el ministro conspirador de la Corte de Apelaciones (Abraham Meerson) y por el Fiscal Militar Joaquín Erlbaum. El desgraciado mecánico tipo fue tan bien torturado que se echaba la culpa de haber participado en el crimen con un grupo de GAP’s y cubanos dirigidos por Bruno (Domingo Blanco) uno de los jefes del GAP. 

Al día siguiente, los medios opositores y diversos políticos -entre los que destacaron los senadores derechistas Víctor García Garzena y Fernando Ochagavía, junto al diputado Demócrata Cristiano Claudio Orrego Vicuña  y al director del diario democristiano ‘La Prensa’, Jorge Navarrete- iniciaron una campaña de injurias y acusaciones contra el gobierno de la UP y la representación cubana en Chile.

El problema para los conspiradores de diversos pelajes y militancias que se concertaron en torno al falso hallazgo de los asesinos del comandante Araya fue que, a los pocos días, la Policía de Investigaciones detuvo a casi todos los miembros de la banda conformada por elementos del Comando Rolando Matus (CRM), Partido Nacional (PN), Democracia Radical (DR)  y Patria y Libertad, que habían participado directamente en el asesinato del edecán.

Entre ellos,   destacaban:  el presunto autor de los disparos (Guillermo Claverie), una dirigente de la Juventud del Partido Nacional y del CRM -Uca Eileen Lozano-, el hijo "Patria y Libertad" del conocido empresario panadero Castaño, Odilio Castaño Jiménez; el militante de Patria y Libertad, Luis "Fifo" Palma Ramírez, que dos años después tendría una destacada participación en el SIFA y en las desapariciones del Comando Conjunto, un sobrino CRM del psiquiatra de la DINA, Laihlacar, de apellidos Potin Laihlacar , el dirigente de la DR, Guillermo Schilling, y un militante del CRM, Miguel Sepúlveda Campos, hijo de un conocido almirante retirado. (**)

Los que no fueron detenidos se escondieron en un fundo de la Región de Valparaíso y se entregaron a un comando de la Marina al otro día del golpe. Los que estaban detenidos y procesados en las cárceles de Valparaíso y Santiago fueron sacados de prisión el 12 de septiembre por comandos del SIN e integrados a las actividades represivas. El crimen del comandante Araya quedó impune y con expediente desaparecido.

Cambia, todo cambia.

El teniente Guimpert Corvalán salió de la Marina a fines de los 70´s y se dedicó a regentar un negocio de venta de armas en las cercanías del Edificio de las FFAA en la Plaza Bulnes. Gozaba de libertad bajo fianza hasta que fue nuevamente detenido, inculpado en más de una decena de casos de detenidos desaparecidos, en algunos de los cuales fue incluso indultado a principios de los años 90´s.

Su cómplice en el intento de falsificación del asesinato del comandante Araya  -Guillermo Esquivel- llegó al grado de   coronel de carabineros en la DICOMCAR y fue detenido -por cheques protestados- en 1991. Falleció en extrañas y nunca aclaradas circunstancias en 1993, mientras estaba denunciado en diversos procesos por desapariciones y asesinatos.

Luego de 35 años del asesinato del valeroso edecán del Presidente Allende, la versión oficial que entregó la dictadura comienza a desmoronarse en los tribunales y emerge la verdad: Se trató de un crimen planificado por la derecha en contra del comandante Araya.  La medida, que la familia del oficial había solicitado por primera vez en agosto del año 2003, se aprobó ante la aparición de nuevos antecedentes aportados por Guillermo Claverie. 

El 28 de Abril de 2008, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó reabrir la investigación del asesinato. Por unanimidad, la Octava Sala del tribunal de alzada determinó que el juzgado a cargo del caso proceda a la reapertura de la investigación, tome testimonio a Guillermo Claverie Bartet (hoy tiene 63 años de edad) y realice otras diligencias que de ello se deriven. 

El relato que Claverie entregó a los periodistas de ‘La Nación Domingo’, hace pocos años, mueve a la duda. Aseguró que todavía sentía miedo de lo que pueden hacerle los viejos (y nuevos) miembros de las cofradías golpistas.

Nunca pude leer mis declaraciones que me hicieron firmar en la Fiscalía Naval. Y un día que me puse a leer una de ellas, después de un interrogatorio, el secretario del fiscal naval Aldo Montagna, el oficial Jorge Garretón Iturra, se metió la mano a la chaqueta del uniforme y sacó una pistola. Y me dijo: ‘¡Oye, huevón, que leís tanto, agradece que todavía estai vivo y firma ahí!’. Y por supuesto que así siempre firmé todo".

Sus confesiones confirman lo que los hijos del edecán han ido descubriendo en estos últimos años, hurgando en el expediente del juicio iniciado por la justicia naval y que culminó en 1980 con una condena de tres años para Claverie, como único autor material, y con penas inferiores por delitos menores para otros miembros del grupo que actuó esa noche: "Es que esa investigación está plagada de vicios", sostiene Arturo, el hijo mayor del edecán, que es abogado.

Con estas confesiones de Claverie, los hijos del edecán lograron que la Corte de Apelaciones de Santiago ordenara reabrir el nuevo proceso iniciado a partir de la querella que interpusieron en 2003, pero que en su momento fue sobreseído y archivado por el 18º Juzgado del Crimen de Santiago.

Las preguntas quemantes.

Para hacer salir al comandante Araya al balcón, Juan Zacconi y Guillermo Necochea (miembros de ‘Patria y Libertad’) lanzaron una bomba frente a su casa. La llegada del edecán a su domicilio fue anunciada a éstos por otra bomba que explotó en las cercanías, lanzada por otro grupo. El segundo bombazo, el de Zacconi y Necochea, fue la señal para que el tercer grupo, que debía entrar por la calle Fidel Oteíza, cometiera el asesinato. 

Los peritajes balísticos detectaron cinco impactos en los muros de la casa del capitán de navío. Pero las vainillas halladas frente a la casa sólo fueron cuatro. Con el proyectil que hirió de muerte al edecán, y que entró directo sin antes rebotar en parte alguna, los disparos suman seis. Pero nunca se hallaron las otras dos vainillas. Y las pericias balísticas establecieron que las vainillas encontradas en la calle, correspondientes a los disparos hechos por Claverie, no pertenecían al proyectil que perforó el cuerpo del edecán.

Eso significaría que al comandante lo asesinaron con un arma distinta, y le dispararon desde otro lugar -presumiblemente desde el frente de su casa-, ligeramente desde arriba hacia abajo. A pesar de todas estas evidencias, la investigación naval concluyó que el edecán de Allende murió por uno de los disparos de Claverie. Pero este insiste en explicitar muchas preguntas, todas ellas sin respuestas oficiales. 

¿Quién hizo los dos disparos que varios testigos, según declararon en el proceso del Juzgado Naval, escucharon inmediatamente antes de que el edecán lanzara su ráfaga hacia el frente y minutos antes de que Claverie hiciera sus cuatro disparos?

Contrató el ex cadete naval Jorge Ehlers Trostel a un francotirador para que asesinara al   comandante Araya Peeters, aprovechando el caos que el mismo Ehlers ordenó crear al grupo de ultraderecha  esa noche en las cercanías de la casa del edecán?

¿Por qué Ehlers literalmente huyó a Alemania días después de que los hijos del edecán interpusieron la querella en septiembre de 2003, refugiándose en ese país hasta hoy?

¿Por qué nadie tomó en cuenta la declaración de dos prostitutas que figura en el expediente de la justicia naval,   quienes afirmaban que, paradas esa noche en la esquina de Pedro de Valdivia con Providencia y segundos después de escuchar disparos, vieron salir de un lugar a dos hombres corriendo, uno de ellos con un fusil en la mano, y que se subieron a una camioneta que tenía un disco que les pareció de vehículo fiscal?

Torturas, presiones y amenazas. 

Detenido preventivamente en la Cárcel Pública de Santiago, una mañana –aún en plena dictadura- los gendarmes sacaron a Claverie y le condujeron a la oficina de la Fiscalía Naval. En ese lugar, contó el mismo Claverie al diario La Nación, lo recibió el oficial naval Germán Arestizábal, quien oficiaba como actuario. "Me hizo subir a un Austin Mini, donde reconocí al oficial de la Fuerza Aérea de apellido Schindler, compañero de colegio". Le vendaron la vista y lo llevaron a la Academia de Guerra Aérea, en Las Condes.

Ahí me amarraron a un catre y empezaron a golpearme en la planta de los pies con un palo o un fierro. Después me inyectaron en la vena lo que yo creo que fue pentotal, porque todavía no me sacaban mi propia confesión del crimen del edecán, como ellos querían. Nunca supe lo que respondí, pero no puedo haber dicho algo que era falso", expresa.

Días después, al salir de una oficina donde había comenzado a trabajar, se le acercó un auto desde el cual descendió un  individuo que él conocía, el que le obligó a subir al vehículo.

Era el ‘Fifo’ Palma (Luis Palma Ramírez, que después integró el Comando Conjunto) y en el auto vi como cinco metralletas. El Fifo me dijo. ‘¿Sabís que ahora te podemos matar por andar hablando, huevón? Vos sabís que en esto está metida gente que ahora es muy importante. Que no se te olvide’". 

Esa última frase del tal ‘Fifo’ Palma –suponiendo que Claverie dice la verdad- es la que deberá dilucidar el juzgado a cargo de la reapertura del caso, pues resulta vital establecer la identidad de aquella “gente que ahora es muy importante”.  ¿Qué tan ‘importante’ es hoy esa gente? ¿Parlamentarios? ¿Empresarios? ¿Diplomáticos chilenos en el extranjero?  ¿Oficiales retirados de las Fuerzas Armadas? ¿Oficiales aún activos? ¿Dirigentes políticos? ¿Dirigentes de gremios patronales?  Tarde o temprano el país conocerá sus nombres, los que serán agregados al de Guillermo Claverie, quien sí estuvo en uno de los grupos sediciosos y criminales aquella infausta noche. 

(**) LA LISTA DE INTEGRANTES DEL COMANDO ASESINO (publicado por Revista ‘CAUCE’  Nº 15, del 09/07/1984).

René Guillermo Claverie Bartet
Mario Eduardo Rojas Zegers 
Guillermo Francisco Necochea Aspillaga 
Miguel Víctor Sepúlveda Campos (hijo de un Almirante (r)) 
Uca Eileen Lozano Jeffs (CRM-JN) 
Guillermo Adolfo Schilling Rojas (primo del ‘Mamo’ Schilling, dirigente del Partido Socialista) 
José Eduardo Iturriaga Aránguiz 
Luis Guillermo Perry González 
Luis César "Fifo" Palma Jiménez (posteriormente, fue miembro del Comando Conjunto) 
Ricardo Vélez Gómez 
Rafael Mardones Saint Jean (primo hermano de José Luis Mardones Santander, Presidente del BancoEstado) 
Adolfo Palma Ramírez (hermano del Fifo Palma) 
Enrique Quiroz Ruiz
Wilfredo Humberto Perry González 
Odilio Castaño Jiménez (actual co-dueño de la cadena de panaderías ‘Castaño’) 
Carlos Fernando Farías Corrales 
Juan Zacconi Quiroz  
Andrés Pablo Potin Lailhacar 
Tito Alejandro Figari Verdugo


Los pasajes más duros de la oscura historia de la DINA

La danza de los cuervos, libro de editorial Ceibo, se lanza el próximo lunes

A la venta a partir de hoy en librerías de Santiago, el libro del periodista Javier Rebolledo narra la vida de Jorgelino Vergara, El Mocito de la DINA, y con ello el episodio más crudo de la historia chilena: los crímenes de la Brigada Lautaro en el cuartel Simón Bolívar, el único centro de exterminio conocido hasta ahora. Esta vez las divulgaciones vienen de boca de los propios ex agentes de la dictadura. En exclusiva, episodios textuales del relato.

por El Mostrador

Jorgelino Vergara Bravo, conocido por su participación en el documental El Mocito, se mantuvo en silencio durante treinta años. En 2007 reveló a la justicia su participación en el cuartel Simón Bolívar donde funcionó la Brigada Lautaro, el grupo operativo de mayor confianza de Manuel Contreras.  En este libro, construido en base a treinta horas de entrevistas, el periodista Javier Rebolledo devela a través de los ojos de Vergara, su juventud en la casa del director de la DINA como asistente de mozo, su ascenso dentro de la estructura hasta llegar a la Brigada Lautaro y su caída, para pasar a ser un descolgado.

Junto a las confesiones de sus ex compañeros en el caso Calle Conferencia (aún en sumario investigativo), Jorgelino revela el episodio más violento que registra la historia de Chile: el exterminio de un número indeterminado de seres humanos, muchos de ellos militantes del partido Comunista, pero también muchos ciudadanos sin participación política.

Además, el relato da cuenta detallada del día a día al interior del único centro de exterminio conocido hasta ahora, al más puro estilo de los nazis. Acá, a diferencia de otras narraciones, es la visión de los victimarios, la confesión de sus crímenes, lo que construye la historia.

A pesar de que hoy se encuentra a la venta en librerías de Santiago, el lanzamiento oficial será próximo lunes 25 de junio a las 19:30 horas en la sala Master de la Radio Universidad de Chile

A continuación, citas escogidas de La Danza de los Cuervos:

Los huesos de las canillas

“Luego de Jorgelino, Eduardo Oyarce describió el crimen de Fernando Ortiz cerca del gimnasio. Se entretuvieron golpeándolo durante toda la noche el suboficial de Ejército Hiro Álvarez Vega y uno más. Solo le conocía la “chapa”: el “Pato Lucas”. “Fue golpeado brutalmente con palos en las canillas, al punto que se podían ver los huesos, y lo dejaron moribundo. Eso fue aprovechado por los torturadores para pisarle el pecho a la altura del corazón, supuestamente para revivirlo”.

Héctor Valdebenito, el “Viejo Valde”, reconoció haberlo visto morir mientras lo interrogaba. Según él, ahí le dijo su nombre y que lo habían detenido en la calle Pedro de Valdivia. “Yo me acerqué, me puse frente a él, le hice una pregunta y me percaté de que el hombre hablaba entrecortado, bajito y a consecuencia de los golpes que había recibido de el ‘Elefante’ [Juvenal Piña] y ‘Mario Primero’ [Eduardo Reyes Lagos]. De ahí comenzó a perder la voz, se inclinó hacia el lado derecho y al verlo que estaba desmayado, llamo a Morales, Barriga y Lawrence y ahí constataron que estaba muerto”.

Quedó tirado a un costado del gimnasio junto a otros detenidos, amarrados y sentados en el piso, aún vivos.

Ese mismo día, el cocinero Carlos Marcos Muñoz vio en el gimnasio, en malas condiciones físicas, al grupo de detenidos aún vivos. Uno, al que luego identificó como Horacio Cepeda Marinkovic, miembro de la dirección clandestina de Fernando Ortiz, le pidió un vaso de agua. Se lo llevó y al instante el hombre comenzó a vomitar sangre. Cayó al suelo, aparentemente muerto. “Ese mismo día, mientras estaba en la cocina, observé que el funcionario de Carabineros de apellido Pichunman le quemó las huellas digitales y la cara con un soplete”.

Recordó también que ese detenido fue ensacado por el “Chancho” Daza y lo cargó hasta la camioneta Chevrolet C-10 del cuartel.

Eduardo Oyarce declaró haber visto el momento de la muerte de Horacio Cepeda Marinkovic. “Estuvo detenido por cerca de cinco días para posteriormente ser eliminado con golpes de palos en la cabeza dados por el ‘Elefante’ [Juvenal Piña, asesino de Víctor Díaz], quien también le apretaba la tráquea. Yo lo vi y podía escuchar los gritos que daba el viejito”.

Varios agentes coinciden en que durante ese día y el siguiente hubo un grupo más o menos numeroso de detenidos en el cuartel Simón Bolívar. Las versiones van de seis a quince.

Probablemente eran los cuerpos de los once miembros de la dirección clandestina del Partido Comunista encabezada por Fernando Ortiz: Armando Portilla, Fernando Navarro, Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda, Waldo Pizarro, Reinalda Pereira, Luis Lazo, Héctor Véliz, Lisandro Cruz y Edras Pinto, junto a los militantes del MIR Edmundo Araya y Carlos Durán que, por ese tiempo, estaban coordinados con el Partido Comunista. (Capítulo 27, Pidiendo huevadas).

Desnucado

“Echamos a la rastra al automóvil al detenido y partimos junto a Daza, Escalona y al parecer Meza, hacia la cuesta Barriga. Al llegar a la cueva nos metimos a la entrada y dije a los demás que cumpliéramos la orden. En ese momento, Daza tomó por atrás al detenido, pasándole el brazo por el cuello, y el detenido, a pesar de lo mal que estaba, reaccionó y comenzó a patalear, hasta que le tomé los pies mientras otros lo aseguraban por arriba, y en ese momento fue que Daza le dio giro al cuello del detenido muy brusco hacia un lado y lo desnucó. El detenido quedó inmóvil, muerto. El cuerpo fue cargado por otros dos, yo alumbré con linterna, lo llevaron al fondo y fue lanzado al pozo. Nunca antes conté esto, ni a mi familia”. (Capítulo 24, La limpieza mecanica. Declaración policial del agente Héctor Valdebenito referente al crimen del militante del MIR, Ángel Guerrero Carrillo).

El buen sirviente

“Dentro del ambiente también él tenía que encajar, estar a la altura. Si pasaba por el lado miraba al detenido con desprecio, eso estaba bien visto. O una patada, también. Así, dentro de ese sistema, nadie podía fallar. Tampoco él. Todos perros. Todos locos. No mostrar ni un sentimiento de compasión. Por dentro, obvio, sentía algo, pero quería estar dentro de ese grupo para ascender y hacer su carrera de militar. Si lo veían débil, aunque no le dijeran nada, se iban a dar cuenta. “El cabro no sirve, no es un duro, no es perro como nosotros”. Eso no, no quería quedar fuera.

¿Tenía la libertad para irse y abandonar todo eso? Lo pensó muchas veces, pero nada. Inaceptable. Era volver a la calle, dejar el mundo en el que estaba aprendiendo, donde recibía el alimento diario y las enseñanzas. O quizás podía ser peor, bastaba con un “elimínenlo”.

Entonces, cuando se mostraba así, como ellos, malo, frío, cuando daba patadas, cuando miraba con odio a un detenido, con una palabra, un grito, de vuelta recibía un gesto de aprobación. “Vas bien, vas por el buen camino”.” (Capítulo 26, La presa mayor)

Sartenazos en la cabeza

“Germán Barriga Muñoz, el jefe máximo de Delfín y capitán de Ejército, nunca se enojaba, siempre andaba con una sonrisa, de hablar pausado, tranquilo y nervioso a la vez. “¿Cómo llamarlo?… Poco confiable, eso”. Un cínico.

A ella, a Reinalda, le estaban dando entre Barriga y Lawrence. También estaban presentes Gladys Calderón y Teresa Navarro.

No conocía su nombre en ese momento. Ella estaba sobre la parrilla con los ojos cubiertos por una venda. Giraba la “gigí”, dale que dale; Barriga y Lawrence observando, haciendo preguntas, golpeándola con todo lo que tenían a mano.

Por favor, que la mataran, gritaba ella. Estaba hecha pedazos. Así no podría tener a su hijo, no iba a poder nacer con el daño que ella tenía en todo su cuerpo. Estaba segura. Así que, “por favor, mátenme”. Mientras tanto, él estaba ordenando unos libros en la oficina. Y Barriga y Lawrence comenzaron a reír fuerte. “Estaba pidiendo huevadas”. Lawrence fue hasta una cocinita al lado de la oficina. Y volvió con una sartén grande. Comenzó a golpearla en la cabeza, con violencia, una y otra vez. La estaban haciendo papilla.

Barriga tenía una pistola en la mano apuntando a la sien de la mujer ensangrentada, ya medio ida. Pasaba un segundo, otro más, le prometía que la iba a matar… percutaba el arma. Y nada, era una falsa ejecución. Se reían. (Capítulo 27, Pidiendo Huevadas)

Con una bolsa plástica

“Partió a los calabozos. Entró a la habitación de Víctor Díaz y lo miró. Estaba en buen estado de salud y con sus vestimentas. Amarrado de pies y manos. “En ese mismo momento le manifiesto a Díaz que me perdonara por la acción que iba a llevar a cabo, es decir su posterior muerte. En ese instante un agente, no recuerdo quién, me entregó una bolsa de nylon de supermercado, la que utilicé para introducir la cabeza de Díaz, momento en el que presioné esta bolsa a su cuello con el fin de impedir el paso de oxígeno a su cuerpo. Al cabo de unos tres minutos observé que ya no tenía signos vitales, instante en que terminé de presionar la bolsa, para salir del dormitorio inmediatamente, por cuanto me encontraba choqueado por la acción que había ejecutado”.(Capítulo 26, La presa mayor. Declaración policial del agente Juvenal Piña referente al crimen del subsecretario comunista, Víctor Díaz).

Conejillos de indias

“Esa vez llegó el coronel Contreras al cuartel. No iba casi nunca, pero era una ocasión especial. Venía acompañado del “Gringo” Michael Townley y de Chiminelli. Los esperaban Juan Morales, Fernández Larios, Barriga, Lawrence y varios suboficiales.

Él estaba en el casino, casi en la puerta de salida que conectaba con la cocina. Todos llegaron hasta ahí juntos. Y los peruanos también, torso desnudo, vista vendada, manos atrás esposadas. Comenzó a calentar el agua por si acaso, preparó la bandeja con las tazas y el café. Listo, dispuesto.

Dos agentes pusieron a los peruanos contra uno de los muros del lugar. Townley, el coronel y el resto se ubicaron frontalmente en relación con los extranjeros, a una distancia de unos diez metros más o menos.

El “Gringo” Townley sacó entonces un aparatito. Era como un control remoto con unas antenitas pequeñas y le comenzó a mostrar al coronel la forma de utilizarlo. El coronel lo agarró entre sus manos y apuntó. En un instante salió volando el dardo. Antes de siquiera verlo ya estaba pegado sobre la boca del estómago de uno de los detenidos.

El coronel movió la palanquita del control remoto y el peruano cayó de inmediato al piso, fulminado, contorsionándose en un millón de contracciones musculares, de un lado para otro durante un rato. Los presentes observaban el nuevo invento y los efectos de la prueba. El coronel movió la palanca de vuelta y las convulsiones se detuvieron.  (…) (Capítulo 20, Oscuro plumaje)

EL ASESINATO DE PAULINA AGUIRRE

TAMBIÉN RECORDAMOS HOY A PAULINA AGUIRRE

Artículo difundido por Política Cono Sur 

Asesinada ese mismo fatídico día 29M de 1985

Por el homicidio calificado de Paulina Aguirre están procesados y acusados como autores Álvaro Corbalán Castilla, mayor de ejército y jefe operativo de la CNI; Krantz Johans Bauer Donoso, teniente coronel de ejército en retiro, que entonces dirigía la Brigada Azul de la CNI bajo el mando de Corbalán; Miguel Ángel Soto Duarte, mayor de Carabineros en retiro, alias “El Paco Aravena”; Alejandro Astudillo Adonis, oficial de la FACH; y Jorge Claudio Andrade Gómez, teniente coronel de ejército en retiro, subcomandante del cuartel Borgoño.

Fue Soto Duarte quien disparó las balas que provocaron la muerte inmediata de Paulina. Cuando ya había caído, Astudillo Adonis y Andrade Gómez le continuaron disparando. Corbalán y Bauer dieron las órdenes, siguieron paso a paso el “operativo” y se encargaron del montaje para simular un enfrentamiento.


MILITANTE PRECOZ

Paulina Aguirre pidió ingresar al MIR a los 15 años. A esa edad ya había comprendido de sobra lo que era vivir en dictadura. Vio a su padre, Luis Aguirre Smith, terriblemente torturado en Calama y después tras las rejas de la Penitenciaría de Santiago. Su tío Pedro, trabajador de Chuquicamata, estuvo recluido en la cárcel de Copiapó y su tío Carlos Acuña Álvarez fue fusilado en Antofagasta. “Ella quiso luchar contra los crímenes cometidos por la dictadura". Esperaba crear una sociedad más humana, justa e igualitaria -recuerda hoy su padre-. Paulina era una bella niña que continuaba asistiendo al Liceo Valentín Letelier en cursos vespertinos. Dibujaba y tocaba la guitarra con sus compañeros y amigos. Y escribía, sin olvidar jamás su compromiso político”. A su padre le dejó versos como éstos:

Cuando el dolor,
la sangre, el odio y la muerte
son necesarios,
miles de manos se tienden
para tomar las armas.
Acuérdense ustedes de mí
Siempre.


La joven militante, cuyo nombre político era “Luisa”, trabajó cinco años en la clandestinidad. Sus padres estaban separados y vivían en el exilio. Luis Aguirre en Francia y su madre, María Eugenia Tobar Andrade, en Suecia. Es poco lo que se sabe de los últimos años de Paulina en Chile. Sí se han podido reconstituir, a grandes rasgos, sus pasos previos al asesinato.


UNA GRIETA EN EL MURO

A comienzos de 1985, Paulina Aguirre arrendó una cabaña de madera en el interior de una parcela, en calle Pastor Fernández 16.100, en la comuna de Lo Barnechea.
Según el testimonio de un testigo, la misma vivienda había sido alquilada anteriormente por una mujer de unos 30 años, que dijo ser fotógrafa y a quien visitaba un hombre de la misma edad. En las noches, los vecinos sentían que martillaban, como si estuvieran realizando un trabajo de carpintería. La mujer abandonó la cabaña intempestivamente, al día siguiente de un robo en una casa vecina que motivó la presencia de personal de Investigaciones.

En los primeros días de marzo, la zona central del país fue estremecida por un terremoto y una profunda grieta resquebrajó la única pared de cemento de la cabaña donde vivía Paulina. La dueña -María Victoria Esquivel, hoy fallecida-, quien residía en el mismo recinto, le pidió que se mudara a una pieza de su casa mientras reparaban la cabaña. Pero ella optó por trasladarse transitoriamente a casa de su abuela, en la Villa Cumbres Andinas de la comuna de Macul, donde vivían su hermano, una tía y una prima.

El 27 de marzo, los maestros que efectuaban reparaciones en la cabaña debieron derribar la pared dañada y en el interior de un tabique de madera descubrieron paquetes de municiones. Alertaron a la propietaria y ésta dio aviso al Ministerio de Defensa. Al lugar llegó un equipo de la CNI, que posteriormente anunció a la prensa el hallazgo de armas, municiones y amongelatina. Dentro y fuera de la vivienda quedó una guardia permanente de la CNI esperando el regreso de Paulina.

El contratista a cargo de los trabajos, Luis Valenzuela Pérez, declaró durante el proceso que vio al agente de la CNI a cargo del equipo mostrarle una serie de fotos a la dueña de la parcela y que ésta reconoció en una de ellas a la joven arrendataria de la cabaña, como también a otra mujer que le había servido de aval al momento de concertar el alquiler. Valenzuela señala, además, que les afectó cuando supieron de la muerte de la muchacha “debido a que sentíamos que por nuestro trabajo había resultado muerta esta joven” y que la dueña de la propiedad estaba molesta “ya que estimaba que la cantidad de personas que se encontraba oculta al interior de la parcela y en los alrededores, podría haber actuado en forma diferente, deteniendo a la joven sin matarla”.

Según la versión “oficial” entregada por la CNI, Paulina regresó el 29 de marzo, a las 23.15 horas. La parcela estaba plagada de esbirros de la CNI, ocultos entre los árboles. Cuando la joven abrió la puerta del antejardín, le habrían ordenado que se detuviera e identificara. Entonces, ella habría sacado un arma de su bolso con la que supuestamente disparó a los agentes.

Al repeler el ataque, éstos la habrían herido mortalmente. El informe de autopsia registra ocho entradas de bala, dos de las cuales le atravesaron la cabeza. La muerte fue instantánea.

La investigación realizada durante el actual proceso reveló que Paulina estaba siendo seguida con anterioridad, que iba desarmada y que la asesinaron a sangre fría. Una vez cometido el crimen, llegaron al lugar Álvaro Corbalán y Kranz Bauer -ambos procesados por la Operación Albania y el primero condenado a prisión perpetua por el homicidio del carpintero Juan Alegría Mundaca-, para
supervisar el resultado de la “operación”, alterar el sitio del suceso y hacer la denuncia del “enfrentamiento”. Esa fue la información que se dio a conocer a la población chilena a través de la prensa.

 

EN BUSCA DE LA VERDAD

Como ocurrió con muchos otros casos, por el homicidio de Paulina Aguirre se inició un proceso en la justicia militar que quedó en nada. El Segundo Juzgado Militar de Santiago no se orientó a indagar sobre la muerte de la joven militante del MIR, sino a investigar los delitos de tenencia ilegal de armas y conducta terrorista. Poco después, el caso fue sobreseído debido a que la autora de esos delitos había muerto en un enfrentamiento. Eso fue todo.

Al comienzo de la década del 90, sus familiares declararon ante la Comisión de Reconciliación, Verdad y Justicia. Luego de investigar, la comisión expresó en el Informe Rettig su convicción de que “Paulina Aguirre pudo ser detenida, sin embargo fue ultimada por efectivos de la CNI cuando regresaba a su domicilio, sin que hubiese habido oposición de su parte”. El 2001, Luis Aguirre Smith, residente en Francia, presentó una querella ante el juez Juan Guzmán por intermedio del abogado de derechos humanos Francisco Bravo contra Augusto Pinochet y quienes resulten responsables de los delitos de homicidio calificado y asociación ilícita genocídica cometidos contra su hija.

Durante el proceso en la justicia militar, Salas Wenzel había dado el nombre de dos personas -“Jaime Aravena Parada” e “Iván Stuar Briceño”- que habrían participado en el operativo. Como es de suponer, eran “chapas”, lo que se demostró en ese mismo proceso.

Posteriormente, en el 2001, el actual comandante en jefe del ejército Juan Emilio Cheyre, quien entonces tenía el cargo de jefe del estado mayor general del ejército, se negó a entregar al ministro de fuero Juan Guzmán la nómina de militares que cumplían funciones en la CNI en 1985, diligencia que había solicitado la parte querellante. Sólo argumentó que esa información es “un antecedente secreto conforme lo dispuesto en el artículo 436 del Código de Justicia Militar”. Esa fue toda la “colaboración” que prestó el ejército para aclarar el crimen, lo que desmiente el discurso reconciliatorio y pro derechos humanos del general Cheyre. Con los escasos antecedentes disponibles, el ministro de fuero Juan Guzmán despachó una orden de investigar al Departamento V
de la policía de Investigaciones, que cumplió una labor decisiva en la pesquisa.

Estableció que dentro de la CNI el aparato encargado de la represión contra el MIR era la denominada Brigada Azul, y que el asesinato de Paulina Aguirre tenía las mismas características de otros cometidos antes y después de su muerte, los que también se presentaron como “enfrentamientos”. Un precedente inmediato era el homicidio de Fernando Vergara Vargas, abatido en la calle el 15 de diciembre de 1984 cuando regresaba a su casa. Los falsos enfrentamientos fueron la forma que adquirió en los años 80 la política de exterminio contra quienes estaban en
la lucha antidictatorial. Hay testigos que escucharon en 1986 a Hugo Salas Wenzel, director de la CNI, diciéndole a Álvaro Corbalán que “ya no quiero más detenidos”.

El Departamento V de Investigaciones logró identificar a un número importante de agentes de la Brigada Azul y, con la orientación de la parte querellante, solicitó información judicial a otros jueces que investigaban delitos cometidos por la CNI en esos años. La primera luz para dar con los autores la proporcionó una agente de esa brigada de la CNI, Ema Verónica Ceballos Núñez, perteneciente
a la Armada, quien declaró que el operativo en El Arrayán, en el que ella dijo no haber participado, fue comentado en la Brigada Azul por un sujeto denominado “El Paco Aravena”, quien tenía la particularidad de estar estudiando Leyes. Este hombre, según Ema Ceballos, se jactaba de haber dado muerte a Paulina Aguirre, lo que a ella le molestó mucho, porque consideraba un acto de cobardía haber matado a una muchacha tan joven y sin defensa. Esos datos fueron determinantes.

A su vez, otros agentes de la CNI fueron entregando nuevos antecedentes. Uno de ellos admitió que fue un montaje, que la joven estaba siendo seguida hacía aproximadamente un mes. Luego, Ema reconoció al “Paco Aravena” en una serie de fotos que le mostró el ministro a cargo de la investigación. Fue identificado como Miguel Ángel Soto Duarte. Es decir, el pacto de silencio se comenzaba a romper, lo que permitió ir precisando la identidad de quienes participaron en el operativo y a quienes correspondían las chapas entregadas por Salas Wenzel.

En octubre del 2003, cuando se distribuyeron procesos para descongestionar el trabajo del juez Guzmán, el caso pasó a manos del ministro de fuero Jorge Zepeda, quien continuó trabajando, ahora con el equipo de inteligencia de Investigaciones, y tomó declaraciones a aproximadamente veinte ex agentes de la CNI.

En definitiva, llegó a la conclusión que Paulina Aguirre había sido objeto de un seguimiento coordinado por radio durante todo el trayecto hasta la parcela. Eso coincide con otras informaciones. El hermano de la joven, Luis Aguirre Tobar, y una prima, Ana Andrade, observaron un furgón Suzuki de color blanco que circulaba en torno a la casa de la abuela, donde ella había buscado refugio en los días previos al asesinato.

Lo más sencillo fue desbaratar el montaje del “enfrentamiento”. La CNI repitió errores cometidos en otros casos similares, como poner el arma en la mano izquierda de la muchacha -que no era zurda-, usar una pistola con la cual no se había disparado y ausencia de restos de pólvora en la mano de la joven. “No se preocuparon de esos detalles, que son fundamentales, porque evidentemente pensaron que esto jamás sería investigado”, señala el abogado querellante Francisco Bravo.

La investigación judicial no confirma ni desmiente el hallazgo de armamento en la vivienda de la militante del MIR, porque se orientó exclusivamente a aclarar el homicidio. “Aparentemente, había barretines -dice el abogado querellante-, pero Paulina lo habría ignorado”. Qué es lo que realmente había es algo difícil de comprobar, porque la CNI aisló la cabaña mientras la registraba y después
informó de una larga lista de municiones, armas y explosivos encontrados en su interior.

En la actualidad, varios de los acusados se encuentran en libertad provisional.

Krantz Bauer quedó libre bajo fianza a pocos días de haber sido detenido. Lo mismo ocurrió con Miguel Soto Duarte, autor de los disparos mortales. A Jorge Andrade le concedieron la libertad, pero casi de inmediato fue revocada por un dictamen de la Octava Sala de la Corte Suprema por considerarlo “un peligro para la seguridad de la sociedad debido a la forma y circunstancias del delito
investigado”. Sin embargo, insistió y finalmente obtuvo la libertad provisional.
Pero estos serán los últimos días en que los asesinos de Paulina Aguirre gozarán de ese beneficio al que con tanta facilidad acceden los violadores de derechos humanos. El ministro Jorge Zepeda Arancibia tiene la palabra.

De criminales y cómplices

Para el abogado querellante Francisco Bravo López, la investigación del asesinato de Paulina Aguirre llegó a buen término debido a la diligencia del Departamento V de Investigaciones y a la efectiva actuación de los ministros de fuero Juan Guzmán y Jorge Zepeda. Y, desde luego, gracias a la colaboración de algunos ex agentes de la CNI.

Al respecto, distingue dos actitudes en los violadores de derechos humanos.

- Álvaro Corbalán es de los que no demuestran ningún grado de arrepentimiento, va a morir en la suya, sin reconocer nunca que lo que hizo estuvo mal -dice el abogado-. Es la mentalidad del fanático, que se enceguece y cree que mató por la patria, y que si la historia se repite lo haría igual o peor. Esa es la lógica de los Krasnoff, los Moren Brito y los Manuel Contreras, de los represores más crueles que hubo en Chile. Esto difiere de la actitud de otros que han colaborado con la justicia, que generalmente son de rango inferior y quienes, en muchos casos, fueron ejecutores materiales de los crímenes. No creo que colaboren sólo por conveniencia -rebaja de penas u otras-, sino porque tienen una carga en la conciencia que les está pesando demasiado y que se manifiesta especialmente cuando envejecen y empiezan a pensar en la muerte”.

¿Por qué cree que decidieron matar a Paulina Aguirre?

“Simplemente porque era militante del MIR. También hay distintas tesis extrajudiciales sobre las motivaciones de Álvaro Corbalán para ejecutar asesinatos, operativos o montajes, más allá de la política de Estado de la época para reprimir a ciertos sectores políticos del país. Habría motivaciones
pecuniarias -el robo de las posesiones de las víctimas, como ‘botín de guerra’- y también de prestigio. La mayor parte de los supuestos enfrentamientos se producía en épocas de evaluación del personal de la CNI. Corbalán tenía -y tiene- muchos enemigos en el interior del ejército por su personalidad
arrogante, porque se jactaba de tener contacto directo con las autoridades de más alto rango, por manejar muchísima información. Así, actuar en este tipo de hechos le hacía merecedor de buenas calificaciones, porque se le veía como un hombre efectivo en la lucha antisubversiva”.

¿Se siente satisfecho con los resultados de este proceso?

“Sí, el asesinato está aclarado. Pero me quedé con una espina clavada. En mi opinión, la justicia también debería orientar sus indagaciones hacia las fiscalías militares, como ocurrió en los casos de Tucapel Jiménez y Berríos, porque formaron parte de un aparato organizado de poder que cooperó en estos crímenes. Es decir, hubo complicidad de fiscales y jueces militares, lo que implica colaboración en el delito que se cometía. En la Operación Albania, el gran argumento de la defensa fue que habían actuado porque existía una orden de investigar, y efectivamente hubo un decreto judicial que emanó de un tribunal militar mediante el cual se le dio manga ancha a los agentes de la CNI para hacer y deshacer. De esa manera, bajo un manto de aparente formalidad o legalidad se cometieron crímenes espantosos. Como se ve en el caso de Paulina Aguirre, la justicia militar no sólo no hizo su trabajo, sino que se ocupó de blanquear crímenes. En general, creo que en los casos de violaciones de derechos humanos hay que seguir indagando esa veta”
_____________________
Texto: Patricia Bravo, Revista Punto Final, Santiago de Chile, marzo de 2004

CASO ESMERALDA: LOS MARINOS SIGUEN INVERECUNDOS Y COBARDES

La Armada de Chile sigue siendo una organización mafiosa, cuyos miembros confunden el honor con el respeto a la Ley de la Omerta. A pesar de los esfuerzos del Almirante Codina, sus boys siguen encubriéndose y negando los hechos, como se puede apreciar en este excelente artículo de Jorge Escalante, difundido en las redes por Pedro Alejandro Matta.

Firmado: Máximo Kinast Avilés 

ESTE ES EL ARTÍCULO:

Domingo 24 de febrero de 2008

Por Jorge Escalante

Ante 80 almirantes (R) defendió diligencia judicial a bordo de la Esmeralda

El motín que aplacó Codina

El máximo responsable de la Armada ordenó el despido del almirante (R) Kenneth Gleiser Joo, del Hospital Naval de Talcahuano, quien había atacado al alto mando por no proteger a los oficiales investigados por la desaparición del sacerdote Miguel Woodward. La reunión entre el comandante en jefe y los almirantes (R) no tiene precedentes en democracia.

Los 80 almirantes retirados llegaron puntuales a la cita. Uno de ellos, Kenneth Gleiser Joo, quemaba las naves rebelándose con una declaración cuero de diablo.

 

La reunión, convocada con premura por el comandante en jefe de la Armada, almirante Rodolfo Codina, no tenía precedentes en la Marina desde el reinicio de la democracia.

El corazón del conflicto volvía a ser la Esmeralda, usada como buque-prisión después del golpe de 1973. Y Gleiser era uno de los cinco altos oficiales retirados que la jueza Eliana Quezada citó a declarar a bordo de la nave el pasado 12 de diciembre.

 

Las torturas a los detenidos en el buque-escuela y la muerte y desaparición del sacerdote Miguel Woodward eran los espectros que esa mañana acechaban en cubierta.

 

El 30 de enero de 2008, día del encuentro de los 80 marinos en retiro con el almirante Codina, había transcurrido ya más de un mes desde la diligencia judicial en el molo de abrigo porteño. Pero la bola seguía rodando, arrastrando más nieve y barro a su paso.

Porque si bien Gleiser se allanó ese día a subir a bordo, demandado por la magistrada, no perdonó lo que consideró una ofensa y abrió los fuegos.

 

El lugar de la reunión, la antigua Escuela Naval, frente al Paseo 21 de Mayo del Cerro Playa Ancha, brindaba ese día el nostálgico paisaje de la bahía de Valparaíso. Pero ninguno reparó en él, pues la convocatoria era "para que volaran plumas", según uno de los asistentes.

 

El almirante Gleiser, médico neurocirujano de profesión, en la Marina todos se nombran almirantes cuando integran ese cuerpo, a pesar de que hay contraalmirantes, vicealmirantes y un solo almirante, que corresponde al comandante en jefe, había ido muy lejos.

 

Terminada la indagatoria, se fue a su casa y redactó la denuncia que envió por e-mail al resto de los almirantes en retiro. Sus iracundas palabras las publicó el diario "El Observador", de Viña del Mar, el 19 de enero pasado.

 

El texto llegó a ese diario a través de un tercero que dijo ser "enviado" por Gleiser, cuestión que éste después negó a través del mismo medio, pero sin desconocer el contenido.

"Se han atropellado las más rancias tradiciones y reglamentos de la Armada. Un buque fue abordado por otro poder del Estado y su comandante se quedó sin mando por siete horas. La Armada se avergonzó de sus oficiales y los escondió", escribió Gleiser.

 

Unos párrafos antes también dijo que, cuando le tocó su turno y la jueza le ordenó subir a cubierta junto a los otros cuatros capitanes de navío retirados, "subí a un buque fantasma". Y a continuación lanzó otro flechazo: "El comandante [del barco] y el abogado Figari [de la Fiscalía Naval] estaban escondidos".

 

Por ello su frase de "la Armada se avergonzó de sus oficiales y los escondió". El comandante de la Esmeralda era en ese momento el capitán de navío Humberto Ramírez Navarro, que hoy se desempeña como jefe de gabinete de la subsecretaria de Marina, Carolina Echeverría.

 

El ex jefe de Sanidad Naval de la Armada y ex director del Hospital Naval de Talcahuano dijo también en su denuncia que esa mañana "a este almirante y a los cuatro oficiales superiores se nos hizo esperar en el vehículo a pleno sol por tres horas ( ). Ningún oficial se presentó a ofrecernos un vaso de agua” ( ). Se le informó [de la situación] al almirante Millar [Cristián, comandante entonces de la Primera Zona Naval], y éste contestó que no podía intervenir".

 

 

ADHERENTES Y ACOMPAÑANTES

 

El correo electrónico, medio que usó Gleiser para difundir el texto de su protesta al interior del cuerpo de almirantes en retiro, comenzó a circular masivamente, recibiendo comentarios tanto o más incisivos contra la jefatura naval.

 

El abogado y dirigente gremial camionero Mauricio Cordaro Dougnac afirmó: "He recibido con estupor e indignación el e-mail. Daré a conocer públicamente estos insólitos hechos en el programa radial que mantengo en Portales de Valparaíso".

 

Un tal "Carlos Contador" que sería un coronel (R) de Ejército, asiduo escritor en las páginas nostálgicas de la dictadura que circulan en la red se sumó en la red electrónica a las críticas: "Es increíble que pase esto y especialmente en la Armada, que siempre defendió a los suyos y que su mayor valor ha sido la caballerosidad y el honor. Me puse en la situación del almirante y de los navíos, y me puse rojo de rabia y vergüenza".

 

Esa mañana, Gleiser estuvo acompañado en el molo por los capitanes de navío (R) Ricardo Riesco, Eduardo Barison, Humberto Santamaría y Tomás Ilich.

 

En 1973, Riesco era instructor de los guardiamarinas recién egresados de la Escuela Naval que cumplían su instrucción a bordo de la Esmeralda, y desde allí pasó a integrar el grupo de oficiales prácticamente todos infantes de Marina que se encargaron de la represión en los principales centros de detención de Valparaíso los primeros meses después del golpe militar: la Academia de Guerra Naval y el Cuartel Silva Palma en el Cerro Playa Ancha.

 

Barison era el segundo jefe de la Esmeralda, al mando del comandante Jorge Sabugo, ya fallecido. Y Santamaría e Ilich eran los oficiales de guardia el día en que Woodward llegó al barco, entre el 16 y el 20 de septiembre de 1973.

 

 

HABLA CODINA

 

Pero aquel 30 de enero, en la antigua Escuela Naval del Cerro Artillería, el almirante Codina golpeó la mesa. Las cosas habían llegado muy lejos, teniendo en cuenta que los ataques se debían a que se había cumplido con las disposiciones de una jueza que investigaba tan delicados y dramáticos asuntos.

 

Lo primero que hizo fue ordenar que Gleiser, a causa de sus dichos, fuese despedido del Hospital Naval de Talcahuano, donde prestaba sus servicios como médico.

 

A pesar de estar de vacaciones en Puyehue, el comandante en jefe de la Armada contestó la llamada de LND. "Efectivamente, esa reunión la cité porque las cosas estaban yendo muy lejos y se estaba maltratando a la institución y su mando. También ordené que se despidiera al almirante Gleiser por desleal, porque alguien que ofende así no puede seguir trabajando para la Armada", dijo Codina, relajado.

 

"Para le fecha en que fue la reunión, el 30 de enero, llegaron muchos, alrededor de 80 almirantes en retiro. Recibí el apoyo de la gran mayoría, e incluso el almirante Douglas Aschcroft, que inicialmente había apoyado a Gleiser, me ofreció públicas disculpas", afirmó.

 

El almirante Codina fue más allá y desmintió a Gleiser: "No es verdad que ese día se les mantuviera encerrados en un vehículo por tres horas en el molo, porque todos se pudieron bajar mientras esperaban que la magistrada los llamara, e incluso caminaron por el molo y subieron a otros barcos de la institución". Por tanto, sostiene que decir que no les dieron ni un vaso de agua "es falso", porque lo pudieron tomar en cualquier parte.

 

"Hay que entender que la Armada tiene que cumplir con las disposiciones judiciales en un Estado de derecho y en una democracia, y ello no significa pasar por encima del honor de nadie ni denigrar a la institución", manifestó. Para el comandante en jefe, quien retoma sus funciones los primeros días de marzo, el problema "está resuelto".

Y para fijar su posición ante la Marina y la oficialidad en retiro redactó un comunicado que envió internamente (ver texto completo en lanacion.cl).

 

"Este almirante reitera que, con la misma intensidad con que seguirá velando por los mejores destinos de todo el personal en retiro, no aceptará actos o conductas que atenten contra el prestigio, dignidad y honor de nuestra institución. Esto, en la convicción de que la lealtad para con la Armada y el mando naval es una obligación irrenunciable, siendo su preservación y práctica el único camino para mantener en alto los valores trascendentes de nuestra institución. En esto, el compromiso es de todos los oficiales, tanto en servicio como en retiro, y debemos asumirlo con el máximo de acuciosidad y rigurosidad", dice el párrafo final de la "Posición institucional respecto a críticas expresadas por el contraalmirante (R) Kenneth Gleiser, vía correo electrónico", que firmó el almirante Codina.

 

 

EN EL PUNTO PENAL

 

El contraalmirante (R) Kenneth Gleiser está en duros aprietos, y no precisamente porque lo despidieran del hospital donde trabajaba o porque el almirante Codina lo llamase a terreno. Gleiser es uno de los candidatos a ser procesados por el crimen de Woodward, al menos como encubridor, en la resolución que la jueza Quezada dictaría en marzo.

 

Aunque inicialmente negó todo, al final reconoció ante las evidencias, como varios de los oficiales (R) de la Armada indagados en esta causa.

 

Gleiser no sólo vio a Woodward moribundo cuando llegó a la Esmeralda, sino que subió con él a bordo para examinarlo y ordenó que lo trasladaran de urgencia al Hospital Naval, entonces en Playa Ancha, en cuyo trayecto murió y su cuerpo desapareció para siempre.

 

La bitácora de la nave, entregada por la Armada a la jueza, y testigos, señalan al médico que llegó a integrar el cuerpo de almirantes. "Venía con los órganos internos destrozados y no tenía posibilidades de sobrevivir", fue la cuenta que Gleiser dio ese día a su comandante en el crucero Latorre, capitán Carlos Fanta, hoy fallecido. Desde ese barco bajó el médico a examinar al sacerdote.

 

La magistrada también debe resolver si, por distintos niveles de participación, encausa a otros oficiales (R). Entre ellos está el almirante (R) Guillermo Aldoney Hansen, que en 1973 era jefe del Estado Mayor de la Primera Zona Naval de Valparaíso, y supo del estado en que el sacerdote llegó al barco e hizo las gestiones para que Gleiser llegara a la Esmeralda desde el Latorre.

 

"Tenía una pulmonía", declaró Aldoney en el proceso, mientras que a la Comisión Rettig dijo el 22 de octubre de 1990: "Lo de Woodward fue un accidente". Y agregó: "Por este hecho no se inició una investigación".

 

Se estableció judicialmente que Woodward fue llevado primero a la Academia de Guerra Naval, donde habría sido duramente torturado, y desde allí conducido a la Esmeralda. La comandancia de esa academia la asumió tras el golpe de Estado el capitán de navío Sergio Barra von Kretschmann, un relevante hombre de la Armada que participó en la DINA y está procesado ya en otras causas.

 

El mando operativo de ese centro de tortura, bautizado irónicamente por los detenidos como "El palacio de la risa", lo tenía el entonces capitán de corbeta Juan Mackay Barriga, que también llegó después al cuerpo de almirantes. Por ello, Barra y Mackay están en la "lista de espera" de la magistrada Quezada. Mackay es el vicepresidente del cuerpo de almirantes en retiro, que preside Rigoberto Cruz-Johnson.

 

La indagatoria identificó asimismo al jefe de la patrulla naval que apresó al sacerdote y lo condujo a la Academia de Guerra de quien mantendremos en reserva su identidad para no entrabar la investigación , que también podría tener responsabilidades penales.

 

LOS INVERECUNDOS Y COBARDES ASESINOS DE JANE VANINI

Una de las Miles de Victimas del Pinochetismo:

Concepción: reconstituyen combate de Jane Vanini

 

     

ImageMurió como "siempre ella lo hubiera querido con su extraordinario valor" "contra los enemigos de los pobres y los desposeídos," "luchando por la causa de los explotados." Con estas palabras José Carrasco Tapia, Pepone, comunicaba la muerte de Jane Vanini a su hermana Dulce.

Jane Vanini, de nombre político Gabriela Fernández, militante del MIR y la Resistencia, en desigual combate resistió el asalto de su vivienda en Concepción el 6 de diciembre de 1974. La reconstitución de los hechos se realizó hace pocos días, en diligencia que estuvo a cargo del Ministro en Visita Extraordinaria Carlos Aldana Fuentes.

 

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Anibal Aravena

En la diligencia judicial comparecieron los jefes de los equipos de torturadores del Centro de Inteligencia Regional (CIRE) Osvaldo Harnisch y Arturo Garay González de la Policía de Investigaciones; Conrado Sesnic oficial de Carabineros; José Cáceres González, subteniente de Infantería de Marina y tres de los torturadores de esa organización criminal: Juan Manuel Fuentealba Ríos, suboficial de la Armada, el cabo Maldonado, el soldado Marco Matamala y los oficiales a cargo de la tropa de fusileros de la infantería de marina que asaltó la vivienda, el capitán Luis Kohler y el teniente Luis Encalada, más el Jefe del Estado Mayor de la Segunda Zona Naval de la época, Aníbal Aravena García, que dirigió las operaciones.

  

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Osvaldo Harnish

De acuerdo con declaraciones de testigos, el 6 de diciembre de 1974 José Carrasco Tapia, militante del MIR y compañero de Gabriela, fue detenido en esa ciudad por efectivos de la Armada y conducido a la Base Naval de Talcahuano. Pepone ocultó su domicilio por el tiempo acordado y permitir así que Jane escapara. En la noche la vivienda que ocupaba la pareja fue rodeada por efectivos de esa Institución y Jane Vanini fue conminada a entregarse por los uniformados, a lo que ella se resistió. En el lugar se produjo un tiroteo, en el que resultó herida y luego se llevaron su cuerpo con destino desconocido.

 

 

 

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Marco Matamala

Mediante la reconstitución de los hechos se estableció que el equipo de torturadores del CIRE llevó hasta el sitio del suceso a José Carrasco Tapia, quien ya se encontraba en su poder. Jane Vanini los recibió con descargas de su fusil, el enfrentamiento duró aproximadamente tres horas y se inició a la medianoche del día 6 de diciembre de 1974. Al cesar la resistencia los infantes de marina ingresaron a la vivienda y la encontraron inconsciente en el lugar junto a su fusil. Luego fue sacada del lugar en camilla y trasladada a una ambulancia que se alejó del lugar, sin que a ninguno de los que participaron en el allanamiento les constara que estuviera muerta.

Jane Vanini, al parecer, no murió en el combate del 6 de diciembre sino cuatro días después oportunidad en se le dio sepultura con un impacto de bala con estallido de la caja craneana simulando un suicidio.

 

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Luis Kohler

También se estableció con las declaraciones de los represores que ingresaron a la vivienda que Jane Vanini quemó o destruyó la totalidad de la documentación y dinero que se encontraba en su residencia al momento del asalto.

En el lugar se hicieron presentes numerosos ex presos políticos que exigían justicia entre gritos de "asesinos" a los inculpados.

 

 

 

 

 

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Harnish, Sesnic, Garay

 

La diligencia duró cuatro horas y a ella asistieron el Subsecretario de Promoçâo e Defesa dos Direitos Humanos Sr. Perly Cipriano de la Secretaria Especial dos Direitos Humanos de la Presidéncia da República de Brasil, acompañado de un funcionario de la Embajada de ese país en Chile.

Jane Vanini había ingresado a Chile en 1971 como exiliada política del régimen militar instaurado en su país, al momento del golpe militar había optado por ingresar a la clandestinidad, junto a José Carrasco Tapia, debido a la persecución política desplegada en contra de la Resistencia y los partidos políticos populares.

Fuentes: Red Charquicán, Memoriaviva.

Fotografías: Antonio/Otros

 

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Jane Vanini

Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR de Chile WWW.CHILE-MIR.ORG
http://www.patrialibre.org
Enviado por Víctor Toro