Encubridores de inverecundos

SUPREMA DEJA LIBRES A AUTORES DE VEINTIDOS SECUESTROS

Por Jorge Escalante

 

Sala Penal de la Suprema dejó libres a autores de 22 secuestros de Parral, VII Región

Caso de quemados con fósforo en Dignidad quedó impune

Resolución del tribunal dejó sin sanción uno de los crímenes más espeluznantes cometidos durante la dictadura y provocó desesperanza e indignación entre los familiares de las víctimas.

 

El último "regalo de Pascua" de la Sala Penal de la Corte Suprema tiene a los familiares de los 22 desaparecidos de Parral con la sensación de que lucharon 30 años para buscar justicia, pero no lo lograron.

 

NOTA DE MAXIMO KINAST: El encubridor inverecundo, Rubén Ballesteros, fue nombrado miembro de la Corte Suprema por el inverecundo Ricardo Lagos Escobar, el mejor presidente que han tenido en Chile las transnacionales y los muy, pero muy ricos 

 

El ministro Alejandro Solís había condenado a presidio a los autores de los secuestros con desaparición -17 años al coronel de Ejército (R) Hugo Cardemil Valenzuela, 10 años al coronel (R) de Carabineros Pablo Caulier Grant y 7 años al suboficial (R) de Carabineros Luis Alberto Hidalgo-, pero los cinco ministros de la Sala Penal rebajaron las condenas iniciales y los dejaron libres.

 

Pese a que a Cardemil lo sentenciaron a 5 años y a Caulier a 4 años -Hidalgo había sido absuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago-, la Sala Penal les concedió "libertad vigilada".

 

La nueva "rebaja Suprema" -como ha sido calificada la sistemática reducción de condenas a los violadores de derechos humanos- tiene una especial connotación pues fue aplicada en uno de los casos más espeluznantes.

 

EN EL FUNDO

 

Los 22 detenidos fueron sacados, entre septiembre y octubre de 1973, desde la cárcel de Parral y el retén de Catillo en la VII Región, conducidos a la Escuela de Artillería de Linares, donde servía Cardemil, y desde allí llevados a Colonia Dignidad.

 

Allí los mataron con ayuda de los alemanes y los sepultaron en una fosa clandestina. A fines de 1978, por instrucción de Pinochet, Paul Sch fer ordenó "limpiar el fundo". Los cuerpos fueron desenterrados, metidos en sacos, quemados con fósforo químico y las cenizas arrojadas al río Perquilauquén. La operación la encabezó Gerhard Mücke, como el mismo lo reconoció ante el ministro Jorge Zepeda.

 

LOS OTROS AUTORES

 

De esta manera, los ministros de la Sala Penal, principalmente los magistrados Rubén Ballesteros y Nibaldo Segura -jueces partidarios del perdón absoluto a los criminales del régimen de Pinochet-, dejaron en total impunidad uno de los episodios más conmovedores y masivo del pasado sistema opresor.

 

Los jueces Hugo Dolmetsch, Jaime Rodríguez y el abogado integrante Juan Carlos Cárcamo dejaron las condenas para Cardemil y Caulier en 5 y 4 años respectivamente, pero les concedieron la libertad vigilada.

 

Ballesteros y Segura estuvieron por absolver totalmente a los autores, pues son partidarios de la amnistía y la prescripción por el paso del tiempo y de desconocer tratados y convenciones de la legislación penal internacional que condena los delitos de lesa humanidad.

 

Agrupaciones nacionales de familiares de desaparecidos y ejecutados, abogados querellantes y los parientes de las víctimas de Parral han comenzado a manifestar su indignación por esta nueva resolución de la Sala Penal.

 

Ya anteriormente lo hicieron, protestando ruidosamente por otros casos ante las puertas de este tribunal.

 

Familiares de las víctimas de Parral viajarán a Santiago en los próximos días para protestar por esta decisión, en contra de la que ya no caben más recursos.

 

La ola de rebajas a las condenas en este tipo de juicios tendrá todavía su punto más álgido cuando el presidente de esta sala, Alberto Chaigneau, se retire en enero próximo al cumplir 75 años. En muchas oportunidades Chaigneau ha inclinado con su voto la balanza a favor de hacer justicia real por los crímenes del régimen militar, aunque también ha dado su visto bueno para rebajar sustancialmente algunas condenas.

 

Quien suceda a Chaigneau será vital para brindar mayoría en uno u otro sentido.

NIBALDO SEGURA, RUBÉN BALLESTEROS Y PATRICIO VALDÉS, INVERECUNDOS MINISTROS DE LA CORTE SUPREMA

Segunda Sala de la Corte Suprema dicta tres sentencias en causas por violaciones a los Derechos Humanos Fuente: www.cortesuprema.cl/index2.php?pagina1=noticias.php?cod=1250 La Segunda Sala de la Corte Suprema dio a conocer este jueves 27 de diciembre tres fallos por casos de violaciones a los Derechos Humanos, investigados en primera instancia por ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, designados especialmente para estas causas. En el proceso conocido como “Episodio Parral”, la sala integrada por los ministros Nibaldo Segura, Rubén Ballesteros, Jaime Rodríguez, Hugo Dolmestch y el abogado integrante Juan Carlos Cárcamo, confirmó la sentencia condenatoria en contra de Hugo Cardemil Valenzuela y Paulo Caulier Grant, dictada el 4 de agosto de 2003 por el ministro Alejandro Solís. Sin embargo, acogiendo la figura de la media prescripción, se determinó reducir la sentencia a Cardemil Valenzuela de 15 años y un día a 5 años, y de Caulier Grant de 7 años a 4 años, concediéndose a ambos sentenciados el beneficio de la libertad vigilada. La decisión condenatoria fue respaldada por los ministros Rodríguez, Dolmestch y el abogado integrante Cárcamo quienes consideraron que ambos sentenciados eran responsables de los delitos de secuestro calificado. En tanto, los magistrados Segura y Ballesteros fueron partidarios de aplicar el principio de la prescripción de la acción penal y absolver a los imputados de los delitos. En la segunda causa, conocida como “Episodio Puente Bulnes” la misma Sala, pero esta vez integrada por los ministros titulares Alberto Chaigneau, Nibaldo Segura, Rubén Ballesteros, Jaime Rodríguez y Hugo Dolmestch, confirmó la sentencia a Rubén Osvaldo Barría Igor por el delito de homicidio calificado en contra de 6 jóvenes, quienes fueron acribillados en el Puente Bulnes de Santiago, el 12 de octubre de 1973. Asimismo, se sentenció por el delito de homicidio frustrado de Luis Abraham González Plaza, quien sobrevivió al fusilamiento. Barría Igor fue sentenciado a 10 años y un día de presidio, sin beneficios, en un fallo de mayoría dictado por los ministros Chaigneau, Rodríguez y Dolmestch y el voto en contra de los magistrados Segura y Ballesteros, quienes fueron del parecer de aplicar la prescripción. Finalmente, en el proceso conocido como “Episodio Río Negro” la Sala -integrada por los ministros Nibaldo Segura, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch, Patricio Valdés y Héctor Carreño- dictó absolución en favor de Hans Eduart Schernberger Valdivia, José Hernán Godoy Barrientos, Robert Santiago Teylor Escobar, Quintiliano Rogel Alvarado, Pedro Segundo Soto Godoy y José Rómulo Catalán Oyarzún. Los ministros Segura, Ballesteros y Valdés fueron partidarios de aplicar la figura de la prescripción; mientras que los magistrados Dolmestch y Carreño fueron partidarios de condenar a los antes indicados por el delito de secuestro calificado, y ratificar la decisión del ministro Alejandro Solís dictada el 3 de abril de 2004. Cabe señalar que las tres causas se alegaron en días distintos por lo que la composición de Sala varía según la presencia o ausencia de magistrados.

HAY INVERECUNDOS AL MANDO DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES

NOTA DE MÁXIMO KINAST: Los inverecundos Arturo Herrera, actual Director de la Policía de Investigaciones y el nuevo jefe de la Brigada de Asuntos Especiales y DDHH, José Cabión, están destrozando las investigaciones con el objetivo de encubrir a los asesinos, como se puede ver claramente en este artículo denuncia de Pedro Alejandro Matta.

 

Las instituciones funcionan...,

para desarticular los equipos eficientes

(Policia de Investigaciones de Chile)  

 

Durante el periodo posterior a la detencion de Pinochet en Londres, su regreso a Chile, y posteriores procesamientos por su responsabilidad en delitos de distinta indole, incluidos crimenes vinculados a graves violaciones a los Derechos Humanos, uno de los factores fundamentales en el avance de estos procesos fue el compromiso, capacidad profesional, y sensibilidad humana del equipo de personas que conformaron el Departamento V de la Policia de Investigaciones y, posteriormente, la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos.

 

Bajo la direccion del Prefecto Rafael Castillo y de los Comisarios Sandro Gaete y Abel Lizama, esta brigada fue sustancial en resolver crimenes, identificar y ubicar a victimarios, y proveer oportuna y relevante información a los tribunales para el avance de los procesos.

 

Durante la realizacion de estas tareas estos funcionarios sufrieron presiones, recibieron amenazas de muerte, e incluso fueron tratados de traidores por personal de la Policia de Investigaciones que aun permanece comprometido con la herencia dictatorial.

 

Es mas, a estos funcionarios el Director de la Policía de Investigaciones les solicito la modificación de un informe tecnico que indicaba la responsabilidad del general, entonces en servicio activo, Miguel Trincado, en la destruccion y en el lanzamiento al mar de los restos de 26 prisioneros politicos asesinados en Calama.

 

La negativa a modificar ese informe técnico, que determinó el pase a retiro de Trincado y su posterior procesamiento, influyo en el reciente pase a retiro del propio Prefecto Rafael Castillo, siendo reemplazado por el Prefecto José Cabión.  

 

El nuevo jefe de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos, Prefecto José Cabión, sin contemplaciones ni mayores consideraciones, ha procedido a desarmar la estructura y a dispersar a sus antiguos integrantes, de tal modo que el Comisario Sandro Gaete fue enviado a la seccion archivo (en funcion de poco menos que un bibliotecario), separándolo de la investigación propiamente tal, y el Comisario Abel Lizama ha sido hoy dia notificado de su envio a la Comisaria de Investigaciones de Colina. El envío de Lizama a Colina rompe un acuerdo que había sido alcanzado con organismos e instituciones de DD HH en el sentido de que Lizama, despues de su paso por la Escuela Técnica de la Institución, regresaría a la Brigada de Derechos Humanos.

 

Con esto se da un paso mas en la desintegración de una estructura que cumplio con las expectativas y aspiraciones de la inmensa mayoria del pais, y particularmente de las victimas de violación de DD HH: poder acceder a mayores cuotas de verdad y de justicia en relación al pasado reciente de Chile.

 

Es tambien indicativo del rumbo que tomara el tema DD HH en la Policía de Investigaciones bajo la atenta vigilancia del Sr. Arturo Herrera, su actual Director, y del nuevo jefe de la Brigada de Asuntos Especiales y DDHH, el Sr. José Cabión.

 

Parecen proféticas las palabras del Prefecto Rafel Castillo al momento de su retiro: "Las causas de Derechos Humanos se van a resentir".

 

Pedro Alejandro Matta.

Santiago de Chile.

 

PROMOCIÓN DE LA IMPUNIDAD

Por Felipe Portales, sociólogo

Fuente: www.elmostrador.cl

Difundido por Pedro Alejandro Matta

El rechazo de la mayoría senatorial de la Concertación al proyecto presentado en 2005 –y reflotado reciente y subrepticiamente por el gobierno- destinado a rebajar sustancialmente las penas a los autores de crímenes contra la humanidad, constituye un triunfo para las perspectivas de la vigencia de una mínima justicia en nuestro país.

Sin embargo, las recientes iniciativas gubernamentales a favor de la impunidad –que además de ella, incluye la de dejar sin facultades litigiosas al futuro Instituto Nacional de Derechos Humanos- representan una ominosa advertencia. Más aún, cuando en ellas se aprecia, directa o indirectamente, la influencia de un dirigente concertacionista que persistentemente ha abogado por la promoción de la impunidad. Se trata del ex presidente de la Cámara, ex senador y actual ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo.

En efecto, Viera Gallo ha efectuado, desde 1990, múltiples declaraciones y acciones destinadas a promover diversas formas de impunidad. Entre ellas se destacan:

1.- A fines de 1991, como presidente de la Cámara de Diputados promovió una amnistía en dos fases. Primero, a los presos políticos remanentes de la dictadura que todavía no eran indultados por Aylwin (facultad que le había concedido una reforma constitucional de comienzos de año) y luego a ex funcionarios de la DINA y la CNI, con la excepción de “los asesinatos más graves cometidos en los últimos años, entre ellos, el caso Letelier, caso de los degollados, Operación Albania, Tucapel Jiménez y otros de similar magnitud” (“El Mercurio”; 17-12-1991). Esta propuesta seguía las mismas aguas de una análoga hecha por el presidente del Senado, Gabriel Valdés, el día anterior. Ambas nacieron muertas ya que no solo contaron con el más rotundo rechazo del conjunto de la Concertación, sino también de RN y la UDI. Así, el diputado Andrés Chadwick señaló que la UDI “no promoverá una nueva ley de amnistía, porque no es indispensable ni urgente para la paz social” (“El Mercurio”; 17-12-1991).

2.- Con ocasión del proyecto de ley Aylwin de 1993, propuesto para avalar el decreto-ley de autoamnistía de 1978, a cambio de la entrega de información sobre el destino final de las personas desaparecidas; Viera Gallo logró transitoriamente convencer a los diputados del PS de apoyarlo, reconociendo posteriormente que “aquí no se va a saber quienes son los responsables, y ese es el precio que se pagaría abriendo esta puerta para que esas personas entreguen la verdad que hasta ahora se han negado a consignar” (“La Epoca”; 12-8-1993). El profundo malestar que estas declaraciones provocaron en el PS; en las organizaciones de derechos humanos; y en la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) -que incluso reaccionó con una huelga de hambre- liquidó el proyecto.

3.- Cuando en 1995 la propia Concertación había aprobado en la Cámara una reforma que eliminaba el privilegio que tenían los militares condenados de evitar el cumplimiento de su pena en una cárcel, si tenían otros procesos pendientes; y Allamand había comprometido, como presidente de RN, su apoyo en el Senado para confirmar lo anterior; se acercó a él Viera Gallo, justo antes de la votación final, y le preguntó: “¿Estás seguro de lo que estás haciendo? -¿Por qué me lo preguntas? –contesté un tanto sorprendido –Debes saber que no te lo van a perdonar nunca” (Andrés Allamand.- “La travesía del desierto”; Edic. Aguilar, 1999; p. 401) Efectivamente, al desoír la “advertencia” de Viera Gallo –entre otros factores- Allamand sufrió por varios años el “castigo” de los poderes fácticos.

4.- Luego de la detención de Pinochet en Londres, la Comisión de Derechos Humanos del Senado presentó a fines de 1998 un proyecto de ley que, en la práctica, avalaba el decreto-ley de autoamnistía. Dicha comisión estaba formada por Viera Gallo (PS), Jorge Lavandero (PDC), Enrique Silva (PR), Beltrán Urenda (UDI) y Mario Ríos (RN). El proyecto fue abortado por la fuerte oposición que suscitó en las organizaciones de derechos humanos y en el PS. Así, la vicepresidente de la AFDD, Viviana Díaz lo consideró “una nueva ley de punto final” (“La Nación”; 6-3-1999). Y los diputados del PS Juan Bustos, Fanny Pollarolo y Sergio Aguiló lo consideraron “inaceptable”, ya que ”una moción que restringe el derecho a la verdad, que construye una verdad secreta y que vulnera el derecho a la justicia constituiría, en caso de aprobarse, una violación de las obligaciones internacionales de Chile” (“La Nación”; 17-7-1999).

5.- Ante la emergencia –a comienzos de esta década- de varias querellas por torturas aplicadas bajo la dictadura, Viera Gallo planteó su contrariedad señalando que “si se multiplicaran los procesos por tortura se produciría un atochamiento judicial imposible de sobrellevar porque los casos son miles” y que “abrir hoy día en Chile un debate judicial sobre las torturas es verdaderamente inconducente” (“El Mercurio”; 14-2-2001).

Todo lo anterior explica la satisfacción expresada por las máximas dirigentes de la AFDD, al enterarse de que su interlocutor en el Gobierno dejaba de ser el ministro Viera Gallo (Ver “El Mercurio”; 2-11-2007). Esperemos que esto provoque una enmienda en él a favor de la justicia y que, en todo caso, el gobierno de Bachelet deje de seguir promoviendo la impunidad.

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NOTA DE MÁXIMO KINAST: Al inverecundo José Antonio Viera Gallo, encubridor y promotor de la impunidad, la insidia le viene por familia. En efecto, un antepasado suyo -Secretario de la Intendencia de Tarapacá, de su mismo apellido- fue el promotor e inductor de la matantza de la Escuela Santa María en Iquique.

DR. EDGARDO CONDEZA EMPLAZA AL INVERECUNDO RICARDO LAGOS, ENCUBRIDOR DE GENOCIDAS*

CONDUCTA DEL EX PRESIDENTE RICARDO LAGOS ESCOBAR

 

Un representante elegido y servidor público, debe respetar a los representados.

No es admisible que el ex Presidente, sea irreverente con los ciudadanos: se le requiere que informe y no lo hace en forma debida y completa.

Toda persona debe comprometerse con sus acciones. Con mayor razón al tratarse del principal servidor público. El ex Presidente Ricardo Lagos debe responsabilizarse, frente a la nación, de las acciones realizadas durante su mandato. Pero, también de las consecuencias de lo realizado.

La Cámara de Diputados tiene como función principal fiscalizar.

Ha constituido una Comisión para investigar el Transantiago, que comenzó en el gobierno del ex Presidente. Este medio de movilización ha sido un desastre y ha tenido gravísimas consecuencias para la vida de millones de personas.

 

Ante la citación de la Cámara el ex Presidente debe asistir. Es su obligación. Como lo sería para cualquier ciudadano.

 

No concurrir es pasar a llevar las funciones del Parlamento.

 

Es una irresponsabilidad trasladar su responsabilidad al gobierno de la Presidenta Bachelet.

El ex Presidente Lagos tiene el deber de corregir esta conducta. Aún es tiempo.

Los ciudadanos tienen el derecho a esperar que, con altura de miras, se ponga a disposición y colabore con el gobierno actual para corregir los errores que derivan de su administración.

El ex Presidente tiene el derecho de ser respetado y tratado con consideración. Respeto y consideración que él debe tener con los ciudadanos y ciudadanas.

 

Atenta y cordialmente:
Dr. Edgardo Condeza Vaccaro
Presidente.

 

MOVIMIENTO POR LA CONSULTA Y LOS DERECHOS CIUDADANOS
[e-mail] 09/8867508

 

 

*El título de este artículo es de mi autoría y responsabilidad. Máximo Kinast

FUNADO VICENTE PÉREZ ZURITA EN LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

Este es un mensaje desde 'Funachile':

Una vez más nuestra organización repudió a un nuevo chancho que pasaba sus días en forma tranquila, esta vez se trato de VICENTE PEREZ ZURITA, este pseudo periodista tiene el siguiente historial:

 

Fue sancionado por el Colegio de Periodistas por su participación, como jefe de Prensa de Televisión Nacional, en el montaje de falsos enfrentamientos para ocultar horrendos crímenes cometidos por la DINA.

En este caso específico, la DINA preparó el ardid para que se informara a la ciudadanía que seis “terroristas” del MIR y el Partido Comunista asesinados en las horas previas al 19 de noviembre de 1975 en el centro clandestino de Villa Grimaldi, en realidad habían muerto la mañana de ese 19 de novimebre en el sector de Rinconada de Maipú al sur de Santiago, enfrentados con agentes de la DINA y funcionarios de la policía civíl.

Los seis compañeros murieron en Villa Grimaldi a manos de agentes de la DINA que, antes de dispararles, quemaron sus cuerpos con agua y aceite caliente, mientras que a Catalina Gallardo Moreno le sacaron los ojos. Mónica del Carmen Pacheco Sanchéz, estaba embarazada de tres meses. Los otro compañeros caídos son: Manuel Reyes Garrido, Alberto Gallardo Pacheco, Luis Andrés Ganga Torres y Pedro Cortés Jeldres.

Por este crimen, el ministro Alejandro Solís sometió a proceso a Manuel Contreras Sepúlveda, jefe de la DINA, y a sus subalternos Marcelo Luis Moren Brito, Miguel Krassnoff Martchenko, Basclay Zapata Reyes, Francisco Maximiliano Ferrer y Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo.

 

Los montajes fueron de uso habitual por parte de los aparatos represivos de Pinochet y en esto simpre prestaron colaboración agentes civiles. Por este caso, también fueron sancionados por el Colegio de Periodistas Roberto Araya , Julio Lopez Blanco y Claudio Sánchez Venegas, ambos trabajando en Megavisión, y Manfredo Mayor Durán, hoy flamante directivo de la Universidad de las Américas

VICENTE PEREZ ZURITA

ENCUBRIDOR DE CRÍMENES

¡¡ REPÚDIELO !!

Como jefe de prensa de TVN ayudo a la DINA a contruir falsos enfrentamientos.

Fue sancionado por el colegio de periodistas

Hoy es director de periodismo de la Universidad Santo Tomas

La dirección es Ejercito 146, Santiago Chile su teléfono es 362 50 00

¡¡ PARA LOS TORTURADORES, ASESINOS Y SUS CÓMPLICES !!

¡¡ SI NO HAY JUSTICIA !!

¡¡ HAY FUNA !!

FOTOGRAFÌAS DE LA ACCIÓN

 

www.funachile.cl/index.php?option=com_zoom&Itemid=29&catid=78