Corte Ratificó Condena Ética Contra Inverecundo Periodista Claudio Sánchez

Inverecundo periodista Claudio Sánchez Venegas, colaborador de la DINA

La Novena Sala del tribunal de alzada decidió por unanimidad dejar sin efecto la apelación del ex reportero de Canal 13, quien apeló a la sanción que el Colegio de Periodistas le aplicó por avalar un montaje de la DINA.

La Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la resolución del Tribunal Nacional de Etica y Disciplina (Trined) del Colegio de Periodistas, que en mayo del año pasado sancionó a Claudio Sánchez por avalar un montaje de la DINA en un caso de secuestro y homicidio en 1975.

El tribunal de alzada emitió un comunicado en el que señala que “por la unanimidad de todos sus miembros”, la sala “rechazó la apelación presentada por el periodista Claudio Sánchez Venegas a la resolución (…) que lo sancionó con una censura pública y un año de suspensión de sus derechos” en el Colegio.

El hecho se refiere a un conjunto de “asesinatos ocurridos en noviembre de 1975, caso que fuera conocido posteriormente como ‘Montaje de video en Rinconada de Maipú’ y que está siendo investigado por la justicia en una causa caratulada ‘Secuestro y Homicidio, Familias Gallardo-Gangas”.

La resolución original, del 10 de mayo de 2007 “sancionó con la expulsión de la Orden al colegiado Roberto Araya Silva, quien a la fecha de los hechos trabajaba en Televisión Nacional de Chile y reconoció haber estado en conocimiento del montaje, ya que participaba activamente como colaborador de la DINA”.

En la ocasión, también fueron amonestados con la suspensión de sus colegiaturas por un año “los periodistas Julio López Blanco, Vicente Pérez Zurita y Manfredo Manyol” -todos de TVN– y “Claudio Sánchez Venegas, quien a la fecha de los homicidios trabajaba en Canal 13 TV y fue quien difundió en esa estación el montaje de la DINA que presentaba las muertes como producto de un enfrentamiento”.

Según detalla el comunicado “Sánchez fue el único de los sancionados que apeló a la instancia ética nacional de los periodistas. Su caso fue revisado por el Trined, el cual, tras efectuar algunas correcciones, terminó confirmando la sanción”, concluye.

Lea También: 

Vea acá en formato PDF el fallo del Tribunal de Ética y Disciplina que lo sanciona de la Orden al Colegio de Periodistas. 

Sepa acá, cuál fue el rol del “periodista” Claudio Sanchez en la dictadura genocida de Augusto Pinochet

 

 

 

 

Juez chileno sentencia asesinos de los estadounidenses Charles Horman y Frank Teruggi

NOTA DEL EDITOR: Los nombres de los inverecundos vaen en negritas.

Charles Horman, missing!

 http://periodistas-es.com/juez-chileno-sentencia-los-asesinos-de-charles-horman-y-frank-teruggi-47446

El asesinato de ciudadanos estadounidenses, con la complicidad de la Embajada de los EEUU, fue la ocasión para la Justicia chilena de mostrar una extraordinaria indulgencia. El periodista y el estudiante fueron fusilados en el Estadio Nacional hace 41 años.

Por Ernesto Carmona – periodista y escritor chileno

El juez especial Jorge Zepeda Arancibia sentenció a dos oficiales de inteligencia por el asesinato de los estadounidenses Charles Edmond Horman, periodista de 31 años, y Frank Randall Teruggi Bombatch, estudiante de 24, fusilados en el Estadio Nacional a una semana del golpe que encabezó Pinochet.

La sentencia de 276 páginas condena a 7 años al oficial del ejército Pedro Octavio Espinoza Bravo, quien paga con prisión otros asesinatos, mientras el agente de la fuerza aérea Rafael Agustín González Berdugo cumplirá dos años de vigilancia policial como cómplice en el homicidio de Horman.

La exhaustiva investigación del juez Zepeda acreditó la intervención directa de EEUU en el golpe a través de la Operación Unitas, llevada a cabo en Valparaíso simultáneamente con la asonada, pero además desenmascaró la persecución ordenada por EEUU a los servicios de inteligencia chilenos contra estadounidenses radicados en Chile proclives a Salvador Allende, o simplemente interesados en conocer de cerca y vivir el proceso de revolución pacífica que encabezó el jefe de Estado derrocado por EEUU.

En el Estadio Nacional hubo hasta 24 estadounidenses detenidos registrados (Horman y Teruggi no fueron anotados), entre hombres y mujeres, incluidos estudiantes, académicos, escritores e incluso dos curas Maryknoll. 

Instigadores y encubridores de esta persecución a ciudadanos estadounidenses fueron sus propios compatriotas Ray Elliots Charles, capitán de marina y jefe de la misión militar de EEUU, secundado por el embajador Nathanael Davis.

Lejos de proteger a sus conciudadanos, encubrieron asesinatos y detenciones de norteamericanos, además de proporcionar información falsa a familiares como Edmond Horman, el padre de Charles, quien se trasladó a Chile a buscar a su hijo.

Ray Elliots Charles falleció en 2013 en Chile, adonde vivía en secreto, amparado por una red de protección de supra-poderes que le proporcionó hasta seis identidades. En 2012 la Corte Suprema acogió la extradición de EEUU solicitada por el juez Zepeda para traerlo a declarar en esta causa, pero el ex militar estadounidense realmente residía en Chile, en un hogar de ancianos de 5 estrellas.

El caso Horman/Teruggi fue abordado en 1982 por la película Missing, de Costa Gavras, con Jack Lemmon y Sissy Spacek.

Los abogados de esta causa fueron Fabiola Letelier del Solar y Sergio Corvalán Carrasco, quienes iniciaron este juicio hace 15 años a petición de los familiares de las víctimas Joyce Hamren de Horman, viuda del periodista, y Janis Randall Teruggi Page, hermana del estudiante, después de fracasar en Estados Unidos un juicio de la familia Horman -boicoteado por las autoridades estadounidenses- contra el entonces Secretario de Estado Henry Kissinger.

Horman y Teruggi fueron secuestrados en sus domicilios por personal uniformado en días diferentes.

No fueron registrados como “prisioneros” por la precaria burocracia de la prisión en que fue transformado el Estadio Nacional. Sufrieron crueles torturas y fueron asesinados por fusilamiento al día siguiente de su aprehensión en el mismo coliseo deportivo.

Charles Horman, sacado de su domicilio en Av. Vicuña Mackenna 4126, San Joaquín, Santiago, fue ejecutado el 18 de septiembre de 1973, día de la independencia. Frank Teruggi, secuestrado en su domicilio de Hernán Cortés y Pedro de Valdivia, Ñuñoa, Santiago, fue ejecutado el 22 de septiembre.

Siete años de prisión para Espinoza Bravo y dos de vigilancia policial (se supone que en libertad) para González Verdugo parece poco castigo para estos monstruosos asesinatos. (Verdugo, que primero fungió como “testigo” pero el juez Zepeda Zepeda lo sentó en el banquillo de los acusados, se cambió legalmente el apellido materno a Berdugo).

La investigación judicial de este terrible episodio mostró la doble cara de la Embajada de EEUU, que en lugar de proteger a los ciudadanos estadounidenses se dedicó a encubrir crímenes de lesa humanidad de la dictadura civil militar contra sus connacionales.

Por ejemplo, cuando el embajador Nathanael Davis habló con Edmond Horman, el padre de Charles, ya sabía que el periodista había sido fusilado, sin juicio ni derecho a defensa, pero le ocultó esa información al progenitor y a la familia de la víctima. Después de múltiples obstrucciones, varias autopsias, sepultaciones y exhumaciones, en abril de 1974 Charles Horman finalmente fue inhumado en el Cementerio Greenwood, de Nueva York. O sea, siete meses después de su asesinato.

La sentencia de primera instancia de casi 300 páginas fue concluida por el juez Zepeda el 9 de enero 2015, pero tardó tres semanas en notificar a cada una de las partes involucradas.

Los abogados acusadores Letelier y Corvalán anunciaron que objetarán “la irreprochable conducta anterior” concedida a la defensa de Espinoza Bravo, porque este personaje está involucrado en numerosos crímenes anteriores al de Horman y Teruggi, en particular los asesinatos de los colaboradores directos de Salvador Allende ejecutados en las primeras horas del golpe cívico militar en el recinto militar de Peldehue, después de su traslado del Palacio de La Moneda al Regimiento Tacna.

RESCINDIDO NOMBRAMIENTO AL INVERECUNDO JAMES SINCLAIR

Inverecundo encubridor James Sinclair

Este es un momento histórico para la comunidad chilena en Australia y los familiares de los detenidos desaparecidos.

James Sinclair no será nombrado Embajador de Chile en Australia.

El papel de Sinclair en la destrucción de los archivos secretos de la policía secreta de Chile  durante la dictadura, la CNI (Central Intelligence Agency) se detalla en el libro Los Archivos Secretos de la Dictadura (El Ceibo, 2012) por los periodistas Carlos Dorat y Mauiritus Weibel.

Se  mencióna a James Sinclair como responsable de la destrucción de 31 documentos clasificados en marzo de 1987. En abril del año siguiente, el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo García, escribió al director de la CNI adjuntando una carta donde el  llamado "acto de la destrucción ". Se menciona en detalle la destrucción de documentos clasificados y fue firmado por James Sinclair. 

La  Sociedad de Amistad Australia Chile y todos los grupos de los derechos Humanos para Chile y simpatizantes australianos que escribieron a las autoriades chilenas  y protestaron aca en Australia por este nombramiento celebran esta decisión importante e histórica. 

Es un gran avance en términos de no dejar que un diplomático quede impune por su participación y responsabilidad en la destrucción de los archivos secretos de la Agencia Central de Inteligencia represiva

(Infomación enviada por Victor Marillanca, CISCM, CICM, JP, President)

 

DESAFORADO EL INVERECUNDO ROSAURO MARTÍNEZ

Campaña por el desafuero del diputado Rosauro Martínez Labbé

1. El Partido Renovación Nacional, desde hace 20 años tiene ejerciendo como uno de sus diputados al agente de los servicios secretos de la dictadura Rosauro Martínez Labbé, comando de Ejército (R).

2. Rosauro Martínez participó al frente de numerosas fuerzas militares, que se estacionaron en la zona de Neltume, para llevar adelante una de las operaciones de persecución y exterminio de militantes del MIR, que habían establecido en la zona un destacamento de resistencia contra la dictadura.

3. En este lugar de Chile, este grupo de jóvenes después de un tiempo de permanencia, aislados, sin comunicación con el exterior, fueron detectados, debiendo huir sin condiciones para poder siquiera defenderse.

4. El oficial Martínez Labbé llevó adelante un procedimiento dirigido expresamente a exterminar a los resistentes de Neltume, quienes fueron en su mayoría asesinados a mansalva, desarmados, famélicos, enfermos, tres de ellos mientras dormían en casa de quien los delató. Patricio Calfuquir Henríquez, hijo de un Detenido Desaparecido, fue baleado, con explosión de cráneo, por este hombre que hoy ejerce como diputado.

5. Las familias de tres de los asesinados presentaron solicitud de desafuero, la que fue acogida por la Corte de Apelaciones de Valdivia, en fallo unánime del día 12 de Mayo de 2014.   

6. La unanimidad de ésta sentencia no hace sino corroborar la justicia de ésta petición que ahora llega a manos de la Corte Suprema, a quien pedimos formalmente la confirme.

7. Que en el Congreso Nacional ejerza como diputado un individuo con este prontuario, autor de crímenes de lesa humanidad, que NO prescriben, habla de la debilidad de la democracia que vivimos, habla de una Memoria Histórica que no termina de construirse, habla definitivamente que en nuestro Chile persiste la Impunidad, que la Verdad y Justicia plenas son todavía un objetivo de la sociedad chilena, pero por sobre todo, es un llamado a tod@s los chilenos y chilenas, para impedir que estas atrocidades se perpetúen.

Es una afrenta a nuestra dignidad, a jóvenes como los de Neltume, que creyeron realmente y empeñaron su vida en combatir la peor dictadura de la segunda mitad del siglo XX, y es un llamado a las generaciones jóvenes para que ell@s no tengan que vivir  períodos tan horrorosos como los descritos.

8. Hacemos un llamado urgente a medios de comunicación, organizaciones sociales, de DDHH, partidos políticos, INDH, Programa DDHH, Ministerio del Interior, jóvenes estudiantes y sus organizaciones, trabajadores y trabajadoras, dueñ@s de casa, para que conozcan esta situación, se hagan parte de la urgencia de difundirla, y exijan el procesamiento de Martínez Labbé como el homicida que es.

 NO PUEDE SEGUIR EN EL CONGRESO CHILENO UN CRIMINAL COMO ROSAURO MARTÍNEZ LABBÉ. ACOMPAÑEMOS A LAS FAMILIAS DE LOS EXTERMINADOS, Y EXIJAMOS LO QUE NUESTRA PATRIA NECESITA: VERDAD Y JUSTICIA, PARA CONSTRUIR UNA DEMOCRACIA QUE NOS REPRESENTE A TOD@S QUIENES HACEN LAS LEYES NO PUEDEN SER CRIMINALES.

 ¡¡¡TOD@S POR LOS DERECHOS HUMANOS!!!   

 A nombre de los familiares de las víctimas, entre muchas y muchos otros firman esta petición:

1. Carlos H. Arriagada Müller.

 2. Laura Atencio Abarca.

 3. Mercedes Bulnes Nuñez

 4. René Castillo Araya.

 5. Sylvia Castillo Araya.

 6. Carmen Castillo Echeverría.

 7. Francisca Celedón Bulnes.

 8. Roberto Celedón Fernández.

 9. Mónica Echeverría Yañez.

 10. Luciano Fouillioux Fernández.

 11. Yuri Gahona Muñoz

 12. Magdalena Garretón Soler.

 13. Roberto Garretón Merino. 

 14. Carmen Hertz Cadiz.

 15. Felipe Hurtado Henríquez.

 16. Alicia Lira Matus.

 17. Gonzalo Mardones Prado.

 18. Félix  Mora Sanzana.

 19. Rudolph Müller Müller.

 20. María Luisa Ortiz Rojas.

 21. Mariano  Puga  Concha.

 22. Apolonia  Ramírez Caballero.

 23. María Luisa Sepúlveda Edwards.

 24. Teresa Valdés Echeñique.

 25. María Elena Ugalde Castillo.

 26. Jaime Quintana, senador

 27. Colectivo Memoria P.U.Católica de Chile

 28. Carmen Gloria Calfuquir 

 29. Luis Calfuquir Henríquez

 30. Mary Ann Beausire 

 31. Gloria Cruz Domínguez

 

 y todas y todos quienes nos apoyan firmando en esta plataforma y difundiendo entre los chilenos y chilenas el desafuero solicitado por los familiares delas víctimas y patrocinada por los abogados Magdalena Garcés, Vladimir Riesco y Boris Paredes.

Para: 
Corte Suprema, Poder Judicial 

Que la Corte Suprema de Justicia desafuere a Rosauro Martínez Labbé, porque queremos que los legisladores sean juzgados si es que han cometido crimen. 

1. El Partido Renovación Nacional, desde hace 20 años tiene ejerciendo como uno de sus diputados al agente de los servicios secretos de la dictadura Rosauro Martínez Labbé, comando de Ejército (R). 

2. Rosauro Martínez participó al frente de numerosas fuerzas militares, que se estacionaron en la zona de Neltume, para llevar adelante una de las operaciones de persecución y exterminio de militantes del MIR, que habían establecido en la zona un destacamento de resistencia contra la dictadura. 

3. En este lugar de Chile, este grupo de jóvenes después de un tiempo de permanencia, aislados, sin comunicación con el exterior, fueron detectados, debiendo huir sin condiciones para poder siquiera defenderse. 

4. El oficial Martínez Labbé llevó adelante un procedimiento dirigido expresamente a exterminar a los resistentes de Neltume, quienes fueron en su mayoría asesinados a mansalva, desarmados, famélicos, enfermos, tres de ellos mientras dormían en casa de quien los delató. Patricio Calfuquir Henríquez, hijo de un Detenido Desaparecido, fue baleado, con explosión de cráneo, por este hombre que hoy ejerce como diputado. 

5. Las familias de tres de los asesinados presentaron solicitud de desafuero, la que fue acogida por la Corte de Apelaciones de Valdivia, en fallo unánime del día 12 de Mayo de 2014. 

6. La unanimidad de ésta sentencia no hace sino corroborar la justicia de ésta petición que ahora llega a manos de la Corte Suprema, a quien pedimos formalmente la confirme. 

7. Que en el Congreso Nacional ejerza como diputado un individuo con este prontuario, autor de crímenes de lesa humanidad, que NO prescriben, habla de la debilidad de la democracia que vivimos, habla de una Memoria Histórica que no termina de construirse, habla definitivamente que en nuestro Chile persiste la Impunidad, que la Verdad y Justicia plenas son todavía un objetivo de la sociedad chilena, pero por sobre todo, es un llamado a tod@s los chilenos y chilenas, para impedir que estas atrocidades se perpetúen. 

Es una afrenta a nuestra dignidad, a jóvenes como los de Neltume, que creyeron realmente y empeñaron su vida en combatir la peor dictadura de la segunda mitad del siglo XX, y es un llamado a las generaciones jóvenes para que ell@s no tengan que vivir períodos tan horrorosos como los descritos. 


NO PUEDE SEGUIR EN EL CONGRESO CHILENO UN CRIMINAL COMO ROSAURO MARTÍNEZ LABBÉ. ACOMPAÑEMOS A LAS FAMILIAS DE LOS EXTERMINADOS, Y EXIJAMOS LO QUE NUESTRA PATRIA NECESITA: VERDAD Y JUSTICIA, PARA CONSTRUIR UNA DEMOCRACIA QUE NOS REPRESENTE A TOD@S QUIENES HACEN LAS LEYES NO PUEDEN SER CRIMINALES. 

¡¡¡TOD@S POR LOS DERECHOS HUMANOS!!! 

A nombre de los familiares de las víctimas, entre muchas y muchos otros firman esta petición: 

1. Carlos H. Arriagada Müller. 

2. Laura Atencio Abarca. 

3. Mercedes Bulnes Nuñez 

4. René Castillo Araya. 

5. Sylvia Castillo Araya. 

6. Carmen Castillo Echeverría. 

7. Francisca Celedón Bulnes. 

8. Roberto Celedón Fernández. 

9. Mónica Echeverría Yañez. 

10. Luciano Fouillioux Fernández. 

11. Yuri Gahona Muñoz 

12. Magdalena Garretón Soler. 

13. Roberto Garretón Merino. 

14. Carmen Hertz Cadiz. 

15. Felipe Hurtado Henríquez. 

16. Alicia Lira Matus. 

17. Gonzalo Mardones Prado. 

18. Félix Mora Sanzana. 

19. Rudolph Müller Müller. 

20. María Luisa Ortiz Rojas. 

21. Mariano Puga Concha. 

22. Apolonia Ramírez Caballero. 

23. María Luisa Sepúlveda Edwards. 

24. Teresa Valdés Echeñique. 

25. María Elena Ugalde Castillo. 

26. Jaime Quintana, senador 

27. Colectivo Memoria P.U.Católica de Chile 

28. Carmen Gloria Calfuquir 

29. Luis Calfuquir Henríquez 

30. Mary Ann Beausire 

31. Gloria Cruz Domínguez 



y todas y todos quienes nos apoyan firmando en esta plataforma y difundiendo entre los chilenos y chilenas el desafuero solicitado por los familiares de las víctimas y patrocinada por los abogados Magdalena Garcés, Vladimir Riesco y Boris Paredes.

Atentamente, 
[Tu nombre]

Inverecundo General JUAN EMILIO CHEYRE ESPINOSA

Escribe Prof Pedro Godoy

es.wikipedia.org/wiki/Juan_Emilio_Cheyre

Suertudo el general (r) nombrado. Se "manda el numerito" de Antuco con sesenta y tantos uniformados muertos por la nevazón. Uniforme de primavera en pleno invierno e insuficiente desayuno Y "muy prisco" no renuncia a la Jefatura del Ejército. Lo sostiene el muy "socialista" Presidente Lagos. Eso no es nada.

memoriaviva.com

En La Serena durante las jornadas de 1973 es el brazo derecho de jefe del Reginiento. Interviene en allanamientos y detenciones de modestos allendistas. También irrumpe en el Liceo de Hombres. Invita a dialogar a docentes y estudiantes. Sobre la testera pone su pistola de 9 mm. Respuesta: silencio.

www.puntofinal.cl/525/

Es el 2º hombre del CNI local. Niega después toda injerencia en el asesinato masivo que protagoniza la denominada Caravana de la Muerte encabezada por el general Sergio Arellano.

Eso no es nada, está ligado al aniquilamiento de Bernardo Lejderman y su espòsa en refugio cordillerano. Ese funcionario del régimen depuesto y pareja caen acribillados por patrulla del citado Regimiento. Cheyre entrega al único sobreviviente -una guagua- a las monjas de la Providencia. En el cuartel cultiva amistad con médico que suscribe los certificados de defunción de las víctimas de la cobarde represión.

Se jubila con contundente deshaucio y sueldo completo. La PUC lo nombra con jornada completa.

Hago presente a la FEUC y, recientemente, al dip. Jackson lo que significa convertir en catedrático a un encubridor y cómplice de 1973 y responsable del holocasusto de Antuco. No hay respuesta.

Piñeira lo pone a presidir el SERVEL... Como hay protestas, deja la jefatura. Se queda como funcionario.

Ahora Bachelet lo incorpora a la comisión que viaja a La Haya para asesorar a comisión que litiga con Bolivia...

Imposible negar que, amparado en la amnesia colectiva, es un afortunado.

Prof. Pedro Godoy P. }

Centro de Estudios Chilenos

CEEDECh [e-mail]

www.premionacionaldeeducacion.blogspot.com

VER: http://www.puntofinal.cl/525/

INVERECUNDO RAUL MERA MUÑOZ PROPUESTO A LA SUPREMA

Ministro Raúl Mera Muñoz, es el actual presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua.

ASESINATO DE RAÚL PELLEGRIN Y CECILIA MAGNI QUEDÓ EN LA IMPUNIDAD 

Fuente: 

 www.defensadelcobre.info/modules.php?name=News&file=article&sid=10913

El Ministro en Visita, Raúl Mera Muñoz, absolvió, en su fallo de primera instancia, a los acusados de los asesinatos de Raúl Pellegrin y Cecilia Magni, los oficiales de Carabineros en retiro, Julio Verne Acosta Chávez, Carlos Mauricio Bezmalinovic Hidalgo, Juan Ernesto Rivera Iratchet Y Walther Soto Medina.

Así, salvo que los tribunales de alzada lo impidan, este caso amena entrar a la triste categoría de la impunidad. 

Concluye así una etapa en que los familiares de las víctimas han debido librar una ruda batalla para lograr justicia, toda vez que el magistrado no mostró voluntad de esclarecer el caso. 

Pese a la evidencia, el proceso fue cerrado en siete oportunidades, desde que se inició la investigación. 

"El último cierre, lo decretó el Ministro en Visita Raúl Mera Muñoz, pese a que en el proceso consta que se trató de "homicidio calificado por torturas en manos de carabineros. 

El magistrado no logró individualizar a los culpables, porque los inculpados han mantenido un pacto de silencio que constituye una verdadera obstrucción a la justicia", denuncia Carla Pellegrín, hermana de Raúl. 

Existe evidencia que ambos fueron detenidos, brutalmente torturados, asesinados y posteriormente arrojados al río Tinguiririca por personal de Fuerzas Especiales de Carabineros, asegura. 

De hecho, el ministro Raúl Mera, de la Corte de Apelaciones de Rancagua, logró individualizar a 59 uniformados que participaron en el operativo para detener a los dirigentes del FPMR, quienes fueron sometidos a proceso en calidad de inculpados. 

No obstante, al no lograr individualizar a los culpables, procedió a cerrar el caso una vez más, sin establecer responsabilidades. 

El crimen de los ex integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) Raúl Pellegrin Friedmann y Cecilia Magni Camino, ocurrió en una fecha indeterminada, entre el 25 y el 27 de octubre de 1988 en la zona cordillerana de San Fernando. 

El juez determinó que no existen elementos de convicción, más allá de toda duda razonable, que permitan determinar que Pellegrin y Magni fueron víctimas de homicidio por parte de los ex uniformados. 

El fallo establece que no es posible dar por establecida la existencia de los delitos de homicidio que se trata. Invoca el artículo 456 bis de nuestro Código de Procedimiento Penal, que exige para condenar, que se haya adquirido, por los medios de prueba legales, la convicción de que realmente se haya cometido un hecho punible. 

Al respecto, el juez precisa en su sentencia que esto es, lo que tiene que probarse es la existencia del delito y, entonces, basta la sola duda o, dicho de otro modo, basta que la convicción no se forme, para que no pueda concluirse sino con la absolución debido a faltar esta primera exigencia. 

Esta fórmula es equivalente, aunque esté expresada en términos distintos, a la que contiene el artículo 340 del Código Procesal Penal, al exigir que la convicción de que se hubiere cometido el delito se haya adquirido más allá de toda duda razonable. 

Por ello, explica el magistrado en el dictamen en el cas de los homicidios (en general) no bastará, pues, que la muerte sea sospechosa o que algunos elementos de la causa apunten a la conclusión de que pudo ser provocada, sino que se requiere un grado de certeza mayor, lo que implica que la prueba seria sea unánime, que no haya contradicciones insalvables o que pueda descartarse, por razones claras y fundadas, la que contradiga a la de cargo. 

En suma, es la calidad de provocada de la muerte, y no la calidad de natural o accidental, la que tiene que probarse. 

Ahora bien, es difícil que un juez llegue a una convicción de esa naturaleza, si durante toda la investigación evadió llegar a ella. 

La parte querellante deberá continuar su brega para obtener justicia en los tribunales de alzada.

 

RAZONES PARA ELIMINAR LA ESTATUA DEL INVERECUNDO MERINO

Logremos juntos un cambio

 

Ciudadanos

 

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Aquí está la petición para que la firmes y la reenvíes a tus amigos:

 

Solicitamos el retiro del monumento a Toribio Merino y la remoción del nombre "Merino" de un navio y de salas

 

Ciudadana Michelle Bachelet Jeria

Presidenta de la República

Presente 

Los abajo firmantes, motivados por nuestras profundas convicciones democráticas, por el interés nacional y el respeto a los Derechos Humanos, y conforme a lo dispuesto en la Ley N°18.880 sobre Procedimiento Administrativo y demás normas pertinentes, nos dirigimos a usted para solicitar el retiro del monumento a José Toribio Merino Castro, que se alza, desde mayo de 2002, en los jardines de la antigua Escuela Naval y actual Museo Marítimo, visible desde el Paseo 21 de mayo, un histórico mirador hacia el puerto de Valparaíso. 

También para requerirle la remoción del nombre “Merino” de un navío de la Armada, de una sala del Museo Marítimo Nacional y de un auditorio ubicado en la ex Academia de Guerra Naval (en anexo, Oficio emitido por la Armada donde se especifican los lugares navales que llevan el nombre “Toribio Merino”). 

Exaltar tal personaje es una opción política que reivindica la dictadura. Merino fue un extravagante miembro de la junta militar, partidario de resolver los problemas del mundo a través de una tercera guerra mundial y los litigios chileno-argentinos a través de otra guerra que se decidiría en un colosal combate naval. 

Quienes vivieron los años de la dictadura, recuerdan las engreídas lecciones televisadas prodigadas a través de la televisión por el vicealmirante, de contenido racista hacia los bolivianos, calificados de “auquénidos metamorfoseados”, y justificadoras de la tortura con el “argumento” tomado del franquismo, que los comunistas son “humanoides sin alma”, desprovistos, por tanto, de Derechos Humanos. Merino fue el inefable bufón de la odiosidad dictatorial. 

Su ideología extremista se encuentra claramente expuesta en sus Memorias, cuya lectura hoy en día es recomendada a los cadetes de la Escuela Naval. Se presenta como un salvapatrias inspirado por la Providencia y considera la Armada “como el instrumento que Dios me dio y la Virgen puso en mis manos para salvar a Chile del ateísmo destructor”. Abomina contra las reformas agraria, tributaria y educacional que durante las décadas de 1960 y 1970 intentaron progresos democráticos. 

Las emprende contra las escuelas mixtas donde “los muchachos le perdieron respeto a la mujer”. Exige que las jóvenes embarazadas sean “retiradas de clases no solo por su propio bien, sino por el espectáculo de inmoralidad que daban al resto de la juventud”. Decreta que “el chileno es creyente por definición”. 

Probablemente, su principal legado sea instar a los mandos navales a dar golpes de Estado cada vez que lo estimen necesario: “si por desgracia se llegara a repetir una situación como la aquí descrita, la lección está dada”. 

Pero más allá de sus diatribas opuestas a la democracia y virulentamente intolerantes, los hechos en los que Merino estuvo implicado son de extraordinaria gravedad:

1.- Fue uno de los principales responsables del golpe de Estado de 1973. Participó en su planificación y ordenó bombardear industrias y universidades. Merino impartió órdenes a los capitanes Jorge Camus y Ramón Undurraga de urdir el plan del golpe de Estado en la región de Valparaíso, llamado “plan cochayuyo”, a escondidas del Comandante en Jefe. Este plan macabro, consistió en la aplicación despiadada de la llamada Doctrina de Seguridad Nacional: los trabajadores de, prácticamente, todas las industrias fueron considerados enemigos, los centros industriales y las universidades fueron tomados como “probables objetivos de ataque”, previendo asaltos terrestres y bombardeos con los cañones de submarinos, destructores y cruceros. El propio Merino proporcionó en sus memorias el demencial listado de sus “objetivos probables”. 

2.- Se insubordinó contra el Presidente de la República y contra su Comandante en Jefe. Está establecido que Merino, solicitado por círculos empresariales y en connivencia con el gobierno estadounidense de la época, participó en la organización del golpe contra el Presidente Salvador Allende y del régimen democrático: se insubordinó contra su superior directo, el almirante Raúl Montero, Comandante en Jefe de la Armada, opuesto al golpe, secuestrándolo en su domicilio. Se autoproclamó ilegalmente Comandante en Jefe, cargo que usurpó durante casi 17 años. Todo esto configura delito de alta traición. 

3.- Fue responsable directo de crímenes de lesa-humanidad. Como segundo del régimen dictatorial, Merino fue uno de los principales organizadores de los gravísimos crímenes masivos y planificados, suficientemente documentados. En su caso, las violaciones de los Derechos Humanos comenzaron antes del golpe de Estado, con las brutales torturas al personal de la Armada que intentó denunciar el golpe. De manera general, puede afirmarse con certeza que este infausto personaje ideó y ejecutó una política represiva que no respetó ni siquiera las exigencias mínimas del derecho humanitario que deben regir en las guerras. 

La estatua simboliza el golpe militar-empresarial, pues fue financiada por conocidos empresarios cómplices del golpe y de la dictadura como Eliodoro Matte, Ricardo Claro, Car-los Cáceres, Hernán Büchi, Gonzalo Boffil, Gonzalo Vial y Sergio de Castro, entre otros*. 

Señora Presidenta, el permitir que se mantenga la identificación de la Armada de Chile con Merino, no solo es una burla a las víctimas. Su presencia en un recinto naval indica, desafiante, que la Armada es un territorio donde subsisten los principios golpistas y las leyes de la República no rigen plenamente.

Asimismo, ensalzar a Merino como ejemplo para los futuros marinos, constituye una amenaza a la democracia de nuestro país.

Creemos que ha llegado la hora de imponer los principios democráticos en todo lugar, incluso en los recintos militares. Ningún cuerpo del Estado, menos aún las Fuerzas Armadas pueden sobreponerse a la soberanía popular. 

En la convicción de que usted, en su calidad de jefa suprema de las Fuerzas Arma-das, tomará todas las disposiciones necesarias para impedir que la afrenta señalada se perpetúe en el tiempo, le saludan atentamente.

 

Luís Aguirre,              marinero 1ro (R) marino constitucionalista

Carlos Alvarado,        cabo 1ro (R) marino constitucionalista

Mario Arenas F.,        cabo 1ro (R) aviador constitucionalista

Juan Arestey,              cabo 2do (R) marino constitucionalista

Luis Ayala,                 marinero 1ro (R) marino constitucionalista

José Ayala A.,            cabo 2o (R) aviador constitucionalista

Daniel Aycinena F.,   capitán de bandada (R) aviador constitucionalista

Jaime Balladares,       marinero 1ro (R) marino constitucionalista

Pedro Blaset,             cabo 2do (R) marino constitucionalista

Juan Campos,                         teniente de carabineros carabinero constitucionalista

Oscar Carvajal,          marinero 1ro (R) marino constitucionalista

Guillermo Castillo,    marinero 1ro (R) marino constitucionalista

Rodolfo Claros,          marinero 1ro (R) marino constitucionalista

Patricio Cordero,        marinero 1ro (R) marino constitucionalista

Mario Cornejo B.,      sargento 2do (R) aviador constitucionalista

Osvaldo J. Cortés P., cabo 1ro (R) aviador constitucionalista

José Díaz,                   marinero 1ro (R) marino constitucionalista

Jaime Espinoza,         marinero 1ro (R) marino constitucionalista

Oscar Estay,               operario 3ro asmar (R) marino constitucionalista

Bernardo Flores,         marinero 1ro (R) marino constitucionalista

Humberto Frias B.,     sub teniente (R) aviador constitucionalista

Sergio Fuentes,           marinero 1ro (R) marino constitucionalista

Julio Gajardo,             cabo 1ro (R) marino constitucionalista

Ernesto Galaz G.,       comandante de grupo (R) aviador constitucionalista

Carlos García,            marinero 1ro (R) marino constitucionalista

Mario González,        sargento 1ro (R) aviador constitucionalista

Rafael González,        V E. C. grado 4 (R) aviador constitucionalista

Sergio Grez Toso,      historiador, académico Universidad de Chile

Pedro Guerrero,          coronel (R) aviador constitucionalista

José Jara,                    cabo 2do (R) marino constitucionalista

Luis Jorquera,             cabo 1ro (R) marino constitucionalista

José Koch,                  cabo 2do (R) aviador constitucionalista

José Lagos,                 cabo 2do (R) marino constitucionalista

Sergio Lontano T.,     cabo 1ro (R) aviador constitucionalista

Víctor López,             marinero 1ro (R) marino constitucionalista

Jorge Magasich A.,    historiador, académico IHECS

Víctor Martinez C.,    operario 3ro asmar (R) marino constitucionalista

Manuel Moya,            cabo 1ro (R) aviador constitucionalista

René Oliva Q.,           cabo 2do (R) aviador constitucionalista

Ramiro Peña S.,         cabo 2do (R) aviador constitucionalista

Mónica Poblete,         hija del general Sergio Poblete G. aviador constitucionalista

Mariano Ramírez,      cabo 1ro (R) marino constitucionalista

Luis Mariano Rendón, abogado ecologista abogado

Carlos Ruiz A.,           inspector PDI (R) detective constitucionalista

Jaime Salazar,            marinero 1ro (R) marino constitucionalista

Jorge Silva O.,            capitán de bandada (R) aviador constitucionalista

Ricardo Tobar,           marinero 1ro (R) marino constitucionalista

Carlos Trujillo A.,      sargento 2do (R) aviador constitucionalista

José Velásquez,          marinero 1ro (R) marino constitucionalista

Máximo Kinast A.,     activista de los Derechos Humanos

 

http://www.avaaz.org/es/petition/Michelle_Bachelet_Presidenta_de_la_Republica_de_Chile_El_retiro_del_monumento_a_Jose_Toribio_Merino_Castro/?tSCQobb

 

 

 

Caen envenenadores de la dictadura chilena

Por Guillermo Rodríguez Morales

Fuente: http://www.surysur.net/2014/01/caen-envenenadores-de-la-dictadura-chilena/ 

La Justicia chilena detuvo a cuatro militares acusados de envenenar con toxinas botulínicas a presos políticos en 1981, operación considerada la antesala del asesinato del ex presidente Eduardo Frei, en enero de 1982 en la Clínica Santa María. Sospechosamente, Neruda falleció en la misma clínica.

“Están procesados y con detención preventiva el médico militar Eduardo Arriagada, su asistente y veterinario Sergio Rosende, y los oficiales en retiro Joaquín Larraín y Jaime Fuenzalida”, dijo el abogado Francisco Ugas, del Ministerio del Interior. 

Los dos primeros represores están detenidos bajo el cargo de homicidio de los opositores y militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Víctor Corvalán y Héctor Pacheco. Los otros dos como cómplices del asesinato frustrado de otros cinco presos políticos.

La investigación del juez Madrid indicó que el 9 de diciembre de 1981 las siete víctimas, supuestos opositores a la dictadura de Augusto Pinochet, fueron trasladadas desde el Centro de Detención Preventiva de Santiago, donde estaban detenidos por delitos comunes, a un hospital debido a serios problemas de salud a causa de una intoxicación producida por la denominada toxina botulínica. 

Dicha toxina fue traída a Chile desde Brasil por el Instituto de Salud Pública y posteriormente entregada a los encargados de un laboratorio secreto a cargo de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), afirmó la investigación.

El mismo equipo que figura en esta acción represiva es investigado por la muerte de Frei, ocurrida semanas después, en enero de 1982 en la Clínica Santa María, tras una operación. 

Algunos de estos sospechosos son señalados también como responsables por la muerte del poeta Pablo Neruda, quien falleció en la misma clínica. “Esto es muy importante”, dijo el abogado Eduardo Contreras, litigante en el caso Neruda. “¿Y no detuvieron a Sergio Draper?”, inquirió en alusión al médico que atendió a Neruda y Frei.

Eduardo Arraigada

Los detenidos, que fueron trasladados a un regimiento, constituían el equipo que en dictadura ingresó desde Brasil armas químicas a Chile, con fines de “guerra interna” y externa, como ellos mismos confesaron a la policía. Estas armas de destrucción masiva, que llegaban primero al propio palacio presidencial de La Moneda, eran básicamente toxinas botulínicas, un veneno mortal. 

La operación, según declaraciones a la policía de los demás involucrados, comenzó a inicios de 1980, previo al envenenamiento de los presos políticos y la muerte de Frei, en cuyos restos fueron encontrados gas mostaza y talio.

El propio director del Instituto de Salud Pública (ISP) en esos años, el coronel Joaquín Larraín, reconoció a la policía civil en un texto con su firma que la adquisición de armas químicas comenzó luego de una reunión con el médico Eduardo Arriagada Rehren, de inteligencia militar. 

En el encuentro, Arriagada preguntó a Larraín, un ex profesor de la Escuela de las Américas, si el ISP tenía toxinas botulínicas, aduciendo que el ejército las necesitaba, debido a las tensiones con países limítrofes, en especial Argentina.

Arriagada, quien estuvo acompañado en el encuentro además por el veterinario Rosende, admitió los hechos también a los investigadores, quienes realizaron las pesquisas por petición del juez Alejandro Madrid.

El magistrado, quien lleva años investigando la muerte de Frei y el envenenamiento de presos en la Cárcel Pública de Santiago, debería dictar sentencia en el magnicidio en los próximos meses.

Sobreviviente Guillermo Rodríguez Morales

Si bien la detención de los cuatro militares es considerada un logro para esclarecer lo ocurrido durante la dictadura pinochetista, la Corte de Apelaciones de Santiago rebajó ayer las penas a tres de cinco agentes de la dictadura condenados por la desaparición de los hermanos Mario y Nilda Peña Solari, ocurrida a fines de 1974. 

La resolución de las juezas Dobra Lusic, Adelita Ravanales y María Teresa Figueroa modificó la sentencia de primera instancia, dictada el 30 de marzo de 2012 por el juez especial Joaquín Billard a los autores de los secuestros, ocurridos el 9 y 10 de diciembre de 1974 en la capital chilena.

Los nombres de los hermanos Peña Solari fueron incluidos en 1975 en la llamada Operación Colombo, que consistió en un montaje para encubrir la desaparición de 119 presos políticos, en su mayoría militantes del MIR. 

Durante la dictadura de Pinochet, según documentos oficiales, unos 2300 chilenos murieron a manos de agentes del Estado y de ellos, 1192 permanecen aún como desaparecidos.

En diversas indagaciones judiciales se ha establecido que la dictadura militar utilizó también gas sarín y talio en contra de opositores.