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LOS INVERECUNDOS DE CHILE

LOS INVERECUNDOS DE LA 'BRIGADA LAUTARO'

La lista del Juez Montiglio

La siguiente es la nómina de los procesados por los crímenes de Simón Bolívar, todos en situación de retiro:

Del Ejército: El ex ministro de Interior y miembro de la Junta Militar general César Benavides,

los brigadieres Miguel Krassnoff Marchenko, Carlos López Tapia y Antonio Palomo Contreras,

los coroneles Juan Morales Salgado y Carlos Mardones Díaz,

el teniente coronel Federico Chaigneau Sepúlveda,

el mayor Luis Felipe Polanco,

la teniente Gladys Calderón Carreño

y los suboficiales Pedro Bitterlich Jaramillo, Manuel Obreque Henríquez, Eduardo Oyarce Riquelme, Orlando Torrejón Gatica, Elisa Magna Astudillo, Guillermo Ferrán Martínez, Jorge Escobar Fuentes, René Riveros Valderrama, Carlos Marcos Muñoz y Jorge Pichunmán Curiqueo, además del agente civil Eduardo Garea Guzmán.

De la Armada: Los suboficiales (Infantería de Marina) Sergio Escalona Acuña y Bernardo Daza Navarro

los suboficiales Orlando Altamirano Sanhueza y Jorge Manríquez Manterota y

las ex agentes Celinda Aspé Rojas, Teresa Navarro Navarro, Berta Jiménez Escobar y Adriana Rivas González.

De la Fuerza Aérea: Los suboficiales Eduardo Cabezas Mardones, Jorge Díaz Radulovich, Eduardo Díaz Ramírez y Jorge Arraigada Mora,

y la ex agente Ana Vilches Muñoz.

De Carabineros: El teniente coronel Ricardo Lawrence Mires y

los suboficiales Heriberto Acevedo Acevedo, Gustavo Guerrero Aguilera, Claudio Pacheco Fernández, Jorge Sagardía Monje, José Sarmiento Sotelo, Emilio Troncoso Vivallos, Italia Vacarella Giglio, Héctor Valdevenito Araya y Orfa Saavedra Vásquez.

Algunos de ellos también están encausados por el asesinato de la militante comunista Marta Ugarte, la única de las víctimas que el mar devolvió y que apareció varada en la playa La Ballena, en Los Molles, debido a que el trozo de riel se soltó de la amarra.

LA INVERECUNDA 'BRIGADA LAUTARO' DE LA DINA

La justicia descubre el enigma de la misteriosa “Lautaro”


La brigada más cruel de la DINA

La existencia de esta unidad de exterminio, que operaba en un cuartel de La Reina, fue un secreto bien guardado por casi 34 años y que recién hoy comienza a develar la investigación del juez Víctor Montiglio. Dueños de una brutalidad inusitada, fueron los agentes encargados de asesinar a la dirección clandestina del PC en 1976.



La Nación

Jorge Escalante

Fue uno de los mejores secretos guardados del dictador Augusto Pinochet y su hombre en la DINA, Manuel Contreras, tanto que no lo rompieron ni siquiera cuando comenzaron a odiarse. Un pacto de silencio mantenido por casi 34 años. ¿Cómo lograron los hombres y mujeres de la Brigada Lautaro que su misión de exterminio no se conociera sino hasta hace unas pocas semanas? ¿Cómo pudo ocultarse durante tanto tiempo la existencia de la unidad más numerosa de la DINA?

Poco más de un par de meses atrás, medio centenar de ex agentes de la Lautaro hacían sus últimas compras de Navidad y se preparaban para celebrar el Año Nuevo en familia. Cumplían sus labores diarias (algunos con tareas directivas en grandes compañías), visitaban los malls y volvían a casa con los suyos. Pero ninguno sabía lo que se venía encima, ni menos sospechaban que un sencillo ciudadano –a quien, para proteger su identidad, llamaremos “Café para Dos”–, había resuelto contar el horror que había vivido como agente de la represión: la existencia de una unidad especial dedicada a matar comunistas y preparar sus cadáveres para tirarlos al mar.

Poco a poco, con especial discreción, los hombres de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones comenzaron las detenciones durante enero y febrero pasado. Todos fueron llamados a declarar. Todos, por cierto, negaron las acusaciones y alegaron inocencia. Varios, en tono amenazante, protestaron incluso por la “calumnia” que se levantaba en su contra. Pero eso duró algunos días. Pronto, algunos se fueron “ablandando” y empezaron a aportar más y más información al juez Víctor Montiglio.

Reconocieron, por ejemplo, cómo dirigentes y militantes clandestinos del PC habían sido llevados a un cuartel de calle Simón Bolívar 8630, en La Reina, para ser asesinados. Y cómo algunos de ellos estuvieron detenidos durante meses antes de su muerte. Fue el caso de Víctor Díaz, jefe del partido en la clandestinidad hasta mayo de 1976, cuando fue arrestado, y padre de la vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Viviana Díaz.

Los otros comunistas

Los nuevos antecedentes indican que en dicho cuartel, de cuya existencia tampoco se tenían noticias, también fueron exterminados otros dirigentes comunistas. Si bien hasta ahora no hay certeza de sus nombres (debido a hermética forma de operar del juez Montiglio), las pistas apuntan a que corresponden a quienes integraron las direcciones clandestinas del PC de mayo y diciembre de 1976.

Entre ellos, Jorge Muñoz, el esposo de Gladys Marín; Fernando Ortiz, padre de Estela Ortiz; la directora de la Junji, y Waldo Pizarro, esposo de la fallecida dirigenta de la AFDD, Sola Sierra, y padre de su actual presidenta, Lorena Pizarro. Las declaraciones de los ex agentes también coinciden con las señas de Reinalda Pereira.

La investigación del juez Montiglio acerca del episodio conocido como Calle Conferencia no está concluida. Hasta donde se sabe, nadie salió de Simón Bolívar vivo para contarlo.

El comando de exterminio estaba integrado por infantes de Marina, agentes civiles de la Armada, la Fuerza Aérea y Carabineros –entre ellos varias mujeres–, oficiales y suboficiales del Ejército, y decenas de suboficiales de todas estas ramas. Al mando, el jefe de la seguridad de Manuel Contreras, Juan Morales Salgado, entonces con el grado de mayor de Ejército. Treinta y seis ilustres desconocidos, que hasta ahora nunca habían sido procesados, hoy están encausados o presos. Y la lista aumentará en los próximos días. Son los hombres y mujeres de la Brigada Lautaro, la más numerosa y a la vez la más desconocida de la DINA, y a la luz de lo que se sabe de la indagatoria, tal vez la que usó los métodos más crueles para asesinar.

Sumando a otros siete ex agentes que ya habían sido procesados entre los años 2000 y 2005, además del ex ministro de Interior e integrante de la Junta Militar César Benavides, también imputado, la causa de Calle Conferencia acumula hasta hoy 44 procesados, convirtiéndose en el juicio por violaciones a los derechos humanos que más reos tiene hasta ahora.

Curiosamente, y por esas argucias legales a las que suelen echar mano algunos ministros de corte nostálgicos de la dictadura, Manuel Contreras fue beneficiado con un tecnicismo jurídico conocido como “cosa juzgada” y quedó fuera del proceso.

Del sarín al cianuro

La forma de exterminio fue variada. Veamos el caso de Víctor Díaz: primero, los infantes de Marina Sergio Escalona Acuña y Bernardo Daza Navarro le amarraron una bolsa plástica en la cabeza para asfixiarlo, mientras una teniente de Ejército, Gladys Calderón Carreño, le inyectaba cianuro en las venas para acelerar su muerte.

Otros murieron bajo los efectos del gas sarín. Un hecho que se ignoraba, puesto que las víctimas de esta macabra técnica de la DINA se contaban, hasta ahora, con los dedos de una mano.

El mismo Michael Townley, responsable del laboratorio químico que el sindicato criminal de Contreras armó en 1976 en una casa de Lo Curro, estuvo en el cuartel de Simón Bolívar ensayando con sarín fabricado por el químico Eugenio Berríos; ahora se sabe, para también matar comunistas. Según confesó uno de los ex agentes al juez Montiglio, un día tuvieron que sacar de ahí a Townley “porque resultó afectado por el gas”.

Otros testimonios hablan asimismo de prisioneros asesinados a golpes o con refinadas formas de tortura. Las órdenes de exterminio emanaban directamente de Contreras, jefe operativo de la DINA, y eran transmitidas a Morales Salgado, entonces su leal subordinado y ahora uno de los que comenzó a aportar información del caso.

En la investigación hay antecedentes que, inequívocamente, permiten concluir que cada uno de estos crímenes fue perpetrado con el conocimiento y la anuencia de Augusto Pinochet. Fue el mismísimo dictador el que decidió la suerte de las víctimas de Simón Bolívar, convertido en un cuartel altamente selectivo.

Pinochet, señalan los testimonios, siempre estuvo interesado personalmente en el destino final de los líderes comunistas. Tanto así que, según relató el agente Ricardo Lawrence, visitó personalmente a Víctor Díaz cuando éste estuvo detenido en la Casa de Piedra en el Cajón del Maipo, antes de ser trasladado al cuartel de La Reina.

Del Puma al mar

Uno de los procesados es el ex comandante del Comando de Aviación del Ejército (CAE) coronel (R) Carlos Mardones Díaz. La razón, que recién ahora sale a la luz, es que los cargamentos con los cuerpos de los prisioneros asesinados que salieron del cuartel de Simón Bolívar tuvieron como su siguiente destino los helicópteros Puma del CAE, que solían operar desde los terrenos de campaña que el Ejército tenía en la zona de Peldehue, al norte de Santiago.

La “preparación” para este último viaje fue la misma que la DINA utilizó cada vez que hizo desaparecer los cadáveres. Los envolvieron con sacos paperos, les amarraron con alambre un trozo de riel al cuerpo, volvieron a ponerlos en sacos –que ataron con más alambre– y los transportaron en camionetas hasta el lugar donde esperaba el helicóptero. Éstos despegaban con su carga macabra, enfilaban hacia la costa de la V Región y se internaban mar adentro para soltar su carga. Así desaparecieron Díaz y el resto de sus compañeros.

Otro de los procesados es el ex piloto de los Puma brigadier (R) Antonio Palomo Contreras, uno de los que condujo los vuelos de la muerte. Soberbio y arrogante, Palomo era el piloto preferido de Pinochet y por largo tiempo condujo el Puma destinado a su uso personal. El 15 de septiembre, Palomo recibió de Pinochet la misión de trasladar en helicóptero al general Carlos Prats hasta la frontera con Argentina, cuando el recién instalado dictador mandó a su antecesor al exilio, antes de ordenar su muerte. También piloteó el Puma de la Caravana de la Muerte, al igual que Luis Felipe Polanco, otro de los procesados. LND

OTRO INVERECUNDO QUE SE ESCAPA DE LA JUSTICIA

El Mercurio de hoy dia Miercoles 27 de diciembre de 2006, aparece la noticia del fallecimiento de Andres Rigoberto Pacheco Cardenas.

 
Andres Pacheco Cardenas (hermano del tristemente celebre Coronel de Carabineros Conrado Pacheco Cardenas, comandante del Campo de Detenidos Politicos de Tres Alamos, quien acostumbraba a golpear a los prisioneros previo a enviarlos "al chucho"), fue Coronel de Aviacion y Comandante de la Base Aerea de Maquehua, en Temuco, al momento del golpe de estado de 1973.  Como tal, responsable de los desaparecidos, ejecutados, y torturados en ese recinto militar, en los dias posteriores al golpe. Ademas, co responsable de la represion politica en el area de Temuco y en la totalidad de la Provincia de Cautin, (entre ellos, las comunidades mapuches del area), como representante de la Junta Militar de Gobierno en la Provincia de Cautin, en compañia del Intendente designado, Coronel de Ejercito Hernan Ramirez Ramirez (ya fallecido); del Coronel de Ejercito y Comandante del Regimiento Tucapel Pablo Iturriaga Marchese (ya fallecido); y del Coronel de Carabineros Jose San Martin (ya fallecido).   
 
Andres Pacheco Cardenas ha muerto en libertad e impune (tal como los anteriores), como es la norma y la costumbre para la inmensa mayoria de los violadores de derechos humanos en Chile.  Su unica molestia judicial fue haber sido objeto de una orden de arresto internacional, emitida por los Tribunales de Justicia de Francia, para responder sobre su responsabilidad en el desaparecimiento del sacerdote catolico de nacionalidad francesa Etienne Pesle de Menil, detenido por efectivos de la Fuerza Aerea de Chile el 19 de septiembre de 1973 y llevado detenido a la Base Aerea de Maquehua, en Temuco, desde donde desaparecio.  Esa orden de arresto internacional, emitida por la Justicia de Francia, le significo a Andres Pacheco no poder salir de Chile y viajar al exterior en los ultimos cinco años de su vida..., y fue el unico castigo que recibio por su accionar en Temuco y Cautin despues del golpe de estado.
 
Texto de Pedro Alejandro Matta.

¿Y LOS OTROS INVERECUNDOS?

¿Y LOS OTROS INVERECUNDOS?

Maximo Kinast - 20 de enero de 2005

 

Todo parece ir bien en el mejor de los mundos posibles. Chile es (o lo parece) la copia feliz del Edén. El pasado domingo 16 de enero (2005) la Televisión Nacional ofreció un reportaje denuncia sobre la tortura como política del Estado bajo la Dictadura. Incluso pasaron entero el reportaje filmado por los alemanes orientales sobre Pisagua y otros campos de concentración y exterminio. Que se haya hecho con unos 30 años de retraso no le resta merito. Es bueno conocer la verdad, aunque sea en una pequeña parte.

 

Pero hay algo perverso y malsano cuando la verdad se utiliza para ocultar, para falsear, para mentir. Quiero explicarme y lo intentare. Mi tesis es que hay demasiados intentos de tapar el sol con un dedo.

 

Por ejemplo, el General Cheyre reconoce (así como al pasar, como que no quiere la cosa) en un comunicado sobre la disolución de un cuerpo del Ejercito, que la tortura fue una Política de Estado; pero (y el pero es la madre del cordero) achaca los hechos al contexto de la Guerra Fría, con lo que mantiene impoluta la falsa Teoría de los Dos Demonios.

 

Su Excelencia, Don Ricardo Lagos, el Presidente de la Republica, se apresura a reconocer el hecho, alaba el valor del General Comandante en Jefe, ofrece pagar una magra pensión a algunas victimas, pide respeto a las instituciones armadas y consigue aprobar en tiempo record una ley de Olvido y Silencio por 50 años, con la excusa de no ofender a las victimas, pero que en la practica favorece a los victimarios.

 

El hallazgo de las cuentas de Augusto Pinochet (tiene tantos alias, que ahora  es mejor llamarlo por su verdadero nombre) en varios bancos de Estados Unidos demuestra que robó y recibió grandes coimas, producto del tráfico de armas y/o narcotráfico o del patrimonio de Chile. (Hace años que lo vengo diciendo públicamente y ahora se confirma).

 

Y aquí viene lo más malsano de todo. Lo aberrante. Lo increíblemente sutil que puede ser la mentira vestida con los ropajes de la verdad.

Ahora se deja solo al ‘Salvador de la Patria’ (es otro de sus alias) y todo Chile se centra en las investigaciones al patrimonio de Pinochet, como único responsable, como si hubiese actuado solo. No se está investigando a los otros Inverecundos, los que también tuvieron su cuota de poder durante la Dictadura 

 

Todos sabemos que en las instituciones no se roba en solitario. Si Pinochet recibió coimas por compra de armas o por tráfico de drogas o por ambas cosas, aunque solo haya sido por ‘privatizar’ las áreas de propiedad social,  es obvio que los jefes militares y altos cargos de su Gobierno también las recibieron.

 

Por ejemplo, se sabe que Pinochet hizo que fueran transferidos a sus cuentas personales fondos del ejército de Chile. Esto tuvo que haber sido hecho con conocimiento de algunos subordinados, incluyendo al Jefe de Tesorería. Estas transferencias de fondos de propiedad del ejército de Chile a sus cuentas personales demuestran que Pinochet contó con la venia del Ejército y con la complicidad de sus más altas autoridades. Es obvio que Pinochet no robó solo.

 

Si el dinero ilícito proviene del tráfico de armas o tráfico de drogas o de bienes nacionales, entonces hay que exigir que se levante el secreto bancario y que sean investigados:

- los otros miembros de la Junta Militar

- los ideólogos

- los altos jefes de las Fuerzas Armadas

- los altos jefes de Carabineros

- todos los ministros, especialmente de defensa y del interior y sus subsecretarios

- los ministros de economía y sus subsecretarios (que tuvieron que saber del desvío de fondos del ejercito)

- los ministros de obras publicas y sus subsecretarios (donde obviamente también han de existir jugosas coimas).

- los embajadores y agregados militares, entre otros

 

Que quede en claro que Pinochet no actuó solo. Así como la práctica de la tortura fue institucionalizada, así mismo la coima forzosamente ha de haberlo sido. Esa complicidad explica la ‘lealtad’ de las Fuerzas Armadas con Pinochet

 

El Gobierno Militar se constituyó en asociación ilícita para delinquir:

 

a) Siguiendo instrucciones y órdenes impartidas desde el Gobierno de los Estados Unidos de América.

 

b) Con el propósito de apoderarse de los cien mil millones de dólares de propiedad de todos los chilenos en calidad de bienes del área de propiedad social y del área de propiedad mixta.

 

c) Un objetivo secundario –mas bien una forma de encubrir el robo- fue el exterminio de izquierdistas

 

d) Como justificación se inventaron una guerra sucia, que les permitió traficar impunemente con armas, drogas y bienes nacionales, además de pagarse a si mismos un doble sueldo por peligrosidad durante 17 años.

 

De esa Asociación Ilícita formaron parte los altos jefes militares y de carabineros; junto a altos funcionarios de los ministerios. Y no se les esta investigando. Hay incluso varios Senadores de la Republica que tuvieron altos cargos en el Gobierno Militar, a los que aparte de alguna tímida acusación de pedofilia, nadie les pide cuentas de sus ingresos.

 

Por eso me parece una cortina de humo, una burla de la Televisión Nacional al hacer estos reportajes tan trasnochados y tan vilmente orientados a acusar solo y como único culpable al General Augusto Pinochet Ugarte.

 

Es necesario que no solamente se investigue a Pinochet, como el Inverecundo Mayor, sino que se inicie una campaña exigiendo que sean investigados todos los altos miembros del gobierno militar chileno. Hemos de exigir que se les levante el secreto bancario, no sólo en Chile, sino en el mundo. El que no la debe no la teme, todos deberían pedir voluntariamente que se les levante el secreto bancario, pero no lo harán, porque son inverecundos contumaces.

 

Una verdadera reconciliación implica el reconocimiento público de que la Dictadura fue corrupta y el robo fue la única motivación de la Fuerzas Armadas y de sus adláteres e ideólogos. El resultado esta a la vista. El patrimonio de Chile ha sido ‘privatizado’ que es una forma elegante de llamar al robo de los bienes nacionales.

 

¿Quién está investigando por ejemplo al general del ejército que autorizó que se transfirieran dineros a las cuentas de pinochet? ¿Quien está investigando al tesorero del Ejército en ese momento? ¿Y a los embajadores chilenos o agregados militares de ese entonces? Nada, solo una cortina de humo y de silencio se alza sobre los otros inverecundos.

 

Maximo Kinast

CI 2274418-6