CRIMINALES PRÓFUGOS. LA JUSTICIA LOS BUSCA
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UN GENERAL TERRORISTA PRÓFUGO
por Lucia Sepulveda Ruiz - www.elclarin - 14/VI/2007
http://periodismosanador.blogspot.com/
Raul Iturriaga Neumann, general ® de ejercito, no se fugo porque la Corte Suprema le dio cinco años y un dia como condena a firme por el secuestro del estudiante de medicina veterinaria de la Universidad de Chile, ex alumno del Liceo de Aplicacion y miembro del MIR Dagoberto San Martin (21 años al momento de su detencion por los agentes a cargo del terrorista con uniforme del ejercito chileno). El ex general de la republica es en realidad un criminal empedernido que esta desafiando a todas las instituciones democraticas chilenas.
La impunidad es su meta. Por su experiencia en inteligencia y como ex encargado de las empresas DINA, lo hace contando con alguna red de apoyo y recursos a traves de la cual no seria extraño que ya haya salido del pais. Hay dos paises que no puede haber elegido para refugio: Argentina e Italia. En ambos se le busca como terrorista. En el pais europeo fue condenado en ausencia a 18 años de presidio por el atentado a Bernardo Leighton.
Palermo y Operacion Colombo
Iturriaga Neumann, uno de los hombres claves de la DINA, no es responsable de un solo secuestro –que ya es gravisimo- sino de muchisimos otros crimenes de lesa humanidad. La sentencia de cinco años y un dia la habria cumplido sin mayor pena en las comodas cabañas del Penal Cordillera, una carcel cinco estrellas que ya aloja al resto de la plana mayor de la DINA. Pero el profugo tiene pendiente la dictacion de sentencias en causas cuyas condenas deberian ser muy superiores. El ministro en visita Alejandro Solis lo ha procesado "en calidad de autor como miembro de una asociacion ilicita" por el asesinato (con una bomba) del General Carlos Prats, ex comandante en jefe del Ejercito y su esposa Sofia Cuthbert (1974)en Palermo, Buenos Aires. Se sabe que las sentencias, luego de la larga investigacion, se conoceran pronto
La investigacion judicial de la jueza argentina Maria Servini de Cubria -a quien la Corte Suprema le nego el pedido de extradicion del hoy fugado, argumentando que Iturriaga seria juzgado en Chile-permitio establecer que el entonces mayor Iturriaga Neumann viajo a Buenos Aires para preparar en terreno el crimen de Prats, y coordino la Operacion Colombo. El oficial fue el primer responsable del Departamento Exterior de la DINA, cuando la central de ese organismo se hallaba en calle Belgrado 1, en las actuales instalaciones de la FECH. En la capital trasandina se comprobo que conto con el apoyo del agente civil chileno Enrique Arancibia Clavel, hoy condenado por la justicia de ese pais a presidio perpetuo como "participe necesario" en el doble homicidio del general Carlos Prats y su esposa.
Al general terrorista lo esperan condenas por los casos de detenidos desaparecidos en la Operacion Colombo, especificamente en los casos de los hermanos Jorge y Juan Andronico Antequera, Francisco Bravo, Mario Carrasco, Felix de la Jara, Eduardo Duran, Juan Chacon, Maria Cristina Lopez, Jorge Olivares, Vicente Palominos, Stalin Aguilera,Teobaldo Tello, Victor Villarroel, Washington Cid, Zacarias Machuca, Hector Zuñiga, Francisco Aedo, Jaime Buzio, Mario Calderon, Cecilia Castro, Rodolfo Espejo, Albano Fiorazzo, Gregorio Gaete, Mauricio Jorquera, Isidro Pizarro, Marcos Quiñones, Sergio Reyes, Gilberto Urbina, Hector Garay, Ruben Arroyo, Eduardo Miranda, Arturo Barria, Asrael Retamales, Antonio Cabezas, Ariel Salinas y Bernardo de Castro(desaparecidos en 1974), los cuales figuran en la Lista de los 119.
Estos procesos estan ahora en manos del ministro Victor Montiglio y otros jueces, pero la mayoria de las encargatorias de reo fueron hechas por el juez Juan Guzman en los años 2004 y 2005. La Operacion Colombo fue una maniobra mediatica de la DINA, apoyada por sus pares de Argentina y otras dictaduras del Cono Sur, que pretendia encubrirla desaparicion de 119 chilenos y chilenas, la mayoria militantes del MIR, haciendolos aparecer como muertos en Argentina por rencillas internas.
Jefe de la Brigada Puren
El año 74 fue de gran actividad para este sujeto. En ese periodo fue miembro de la plana mayor de Villa Grimaldi y jefe de la Brigada Puren que se encargaba de la represion al Partido Socialista y al Partido Comunista. En el proceso que concluyo con la sentencia de la sala penal de la Corte Suprema –que rebajo de diez a cinco años y un dia la sentencia original del Ministro de fuero Alejandro Solis - eso quedo acreditado por decenas de testimonios no solo de sobrevivientes a la tortura y prision, sino tambien por declaraciones de sus ex subordinados en Grimaldi.
En otros procesos en curso, esta encargado reo por la desaparicion de Victor Olea, uno de los desaparecidos en un intenso operativo desarrollado por la Brigada Puren en septiembre de ese año contra el Partido Socialista de la seccional "Decima comuna", en el que tambien cayeron Bernardo de Castro y Mario Carrasco, incluidos posteriormente en la Lista de los 119. Asimismo ha sido encargado reo por el secuestro y desaparicion de los miristas Luis Mahuida Esquivel y Luis Gonzalez Mella, hechos ocurridos en noviembre de 1974.
Iturriaga Neumann paso a retiro en 1991 y como tal, tiene una generosa pension con "perseguidora", gracias a la prevision excepcional que rige en Chile para los miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Se habran embargado sus cuentas bancarias? En la carta que utiliza para convocar al resto de los criminales a la rebelion contra las decisiones de tribunales, uno de los sufrimientos que describe es el de enfrentar a lo que el llama "falsos testigos" en los careos. Se vio obligado a estar de pie frente a quienes sobrevivieron a la experiencia de la tortura y el horror y fueron capaces de sostener la mirada y relatar las violaciones y vejamenes vividos, asi como el estado deplorable en que quedo Luis Dagoberto San Martin a su paso por el centro de torturas conocido como La Venda Sexy. Una ex detenida declaro en el proceso abierto por el secuestro de Luis, que lo recordaba porque su cara era muy hermosa. Estaban en la Venda Sexy, un antro de tortura de la DINA. El secuestro se pudo acreditar porque -al contrario de lo que dice Iturriaga- muchos sobrevivientes tuvieron el coraje de ir al tribunal y contar como vieron a Luis, que le hicieron y que vivieron ellos mismos. Beatriz Bataszew fue un testigo clave, porque era su polola y tambien estaba detenida.
Los desaparecidos, los sobrevivientes y la democracia chilena necesitamos que el terrorista Iturriaga sea encontrado sin demora, buscandolo dentro del pais y solicitando en los niveles internacionales que se adopten iguales medidas de resguardo.
CARTA ABIERTA AL PRÓFUGO RAÚL ITURRIAGA NEUMANN
AL COBARDE MILITAR QUE SIGUE FIELMENTE LAS TRADICIONES DEL EJERCITO DE CHILE DE HUIR MIENTRAS SE PUEDA
CARTA ABIERTA AL PRÓFUGO RAÚL ITURRIAGA NEUMANN
GENERAL (Retirado) del Ejército de Chile
Raúl Iturriaga Neumann
Oiga usted, Iturriaga:
Me preocupa su salud. Por eso le escribo. Mire usted, general, no se olvide de las costumbres de esa organización mafiosa a la que ha estado vinculado por tantos años. Me refiero al Ejército de Chile.
Es de público y notorio conocimiento que los uniformados de Chile, o sea, sus Fuerzas Aramadas y Carabineros son organizaciones mafiosas que encubren a sus delincuentes y se protegen unos a otros, exactamente igual que la mafia que se ve en las películas, tipo 'El padrino'.
Usted sabe mejor que yo que si se declara enfermo, lo ayudaran a esconderse en el Hospital Militar. Si le echa la culpa a sus subalternos, está muy bien visto por los Altos Mandos, porque esa es la Doctrina Pinochet ... pero usted, hombre, no haga tonterías. No se ponga nervioso, no se esconda... ¿Que no se ha dado cuenta que los que no cuadran en la línea son suicidados? Bueno, son suicidados los que no son abiertamente asesinados, como el general Prats, el General Ludtz, el coronel Cantuarias, el general Bachelet... y tantos otros.
Ahora, en estos últimos años se ha instaurado la costumbre de que se suiciden accidental o involuntariamente los testigos clave, los que son condenados por los Tribunales y los cobardes que se ponen nerviosos, como usted.
Por eso me preocupo. Como defensor de los Derechos Humanos me preocupa la posibilidad de que lo suiciden, General, posiblemente en contra de su voluntad. Asi es que mejor, vaya preso y no haga olitas, que sus compañeros de armas (usted lo sabe muy bien) tienen la mano muy pesada.
Con mi mayor desprecio
Máximo Kinast Avilés
CI 2274418-6 de Iquique
P. D. Publico este email de Búsqueda y captura que circula por las redes, para que quien lo encuentre tenga a bien entregarle mi carta.
¡¡SE BUSCA!!
POR EVADIR LA JUSTICIA
QUE LO CONDENÓ POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD
POR EVADIR LA JUSTICIA
QUE LO CONDENÓ POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD
Raúl Eduardo Iturriaga Neumann
GENOCIDA
GENOCIDA
BUSCADO POR LA JUSTICIA
PRÓFUGO
PRÓFUGO
Ex miembro de la plana mayor de la DINA, general (R).
Ex jefe del Departamento Exterior de la DINA y ex jefe de la Brigada Purén que hizo desaparecer a decenas de prisioneros
desde su centro clandestino de calle Irán 3937 en la comuna de Macul.
desde su centro clandestino de calle Irán 3937 en la comuna de Macul.
Co autor del asesinato del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert en septiembre de 1974 en Buenos Aires.
¡¡COBARDE EX MILITAR, QUE CORRE A ESCONDERSE COMO NIÑITA ASUSTADA!!
¡ NI OLVIDO NI PERDÓN !
¡ JUICIO Y CASTIGO A LOS CRIMINALES !
Por el derecho a la justicia, DIFUNDE esta información!
(Usa la opción Copiar y Pegar)
GRACIAS POR TU AYUDA
MURIÓ EL DOCTOR TORMENTO, OSVALDO PINCETTI
Solo, usando pañales y con demencia senil severa terminó sus tristes días Osvaldo Pincetti. El “doctor tormento” o “Mortis”, como le llamaban, murió ayer en la Posta Central, tras pasar un poco más de un mes internado grave. Desde que fue procesado y condenado, pasó la mayor parte de los días internado en el Hospital Penitenciario de Gendarmería, postrado.
Pincetti estaba involucrado en innumerables causas de violaciones de los derechos humanos ocurridas bajo el gobierno militar. El asesinato de la cúpula del Partido Comunista, caso conocido como Calle Conferenecia, y el homicidio del carpintero Juan Alegría, perpetrado por la CNI para ocultar el crimen del dirigente sindical Tucapel Jiménez.
Este personaje llegó a representar todo el horror que se pudo desatar en los centros de detención y tortura que la DINA y la CNI tuvieron. Osvaldo Pincetti fue reclutado por Marcelo Moren Brito, cuando en 1974 se creo la DINA. Meses antes había escuchado que en La Serena era conocido como un “adivinador”.
Trabajando ya en el organismo represivo, participó en las sesiones de torturas de Londres 38 y luego en Villa Grimaldi, donde decía hipnotizar a las víctimas y les inyectaba pentotal (la droga de la verdad). También inyectó veneno a prisioneros que luego fueron lanzados al mar.
Pincetti Gac, aseguran testigos, no recibía visitas en mucho tiempo. Otros presos internados en el hospital penitenciario lo agredieron en varias oportunidades al saber quién era. Su familia cobraba una pensión militar y no le llevaba nada. El último familiar que concurrió a verlo, sólo lo visitó para saber si estaba vivo.Fuente: La Nación
ROBERTO REVECO DÍAZ, CÓMPLICE DE TORTURAS, FUNADO
Este es un mensaje desde 'Funachile':
Un nuevo chancho fue ubicado por nuestra comisión, esta vez se trato de Roberto Alejandro Reveco Díaz este cumplió funciones como actuario de Fernando Torres Silva, el fiscal militar favorito de Pinochet que tuvo a su cargo decenas de procesos en contra de prisioneros políticos.
Como actuario, Reveco era el vínculo directo de Torres con la CNI, siendo quien interrogaba prisioneros aun en mal estado por efecto de las torturas a que eran sometidos en los cuarteles secretos de dicha organización ilícita terrorista. De hecho, muchos de ellos fueron llevados a interrogatorios en los que recuerdan que Reveco ponía su arma sobre el escritorio y continuaba la intimidación a que eran sometidos en el Cuartel Borgoño. En este mismo recinto, diversos prisioneros políticos aseguran que escucharon su voz en más de una oportunidad.
Para saber que tipo de situaciones es cómplice Roberto Reveco, basta con recordar el caso de Sergio Bushmann, quien además de ser torturado brutalmente sufrió la agresión de decenas de ratones que le fueron metidos entre sus ropas, las que fueron amarradas para que no se escaparan. El tratamiento “normal” en contra de los prisioneros políticos incluía corriente en zonas sensibles como vagina o testículos, ano, senos y pene.
Hoy, este cómplice de torturas, sigue siendo parte de la “Justicia Militar” como Fiscal, mientras trata de limpiar su imagen haciendo clases de Derecho Procesal en la sede de Criminalística Forense de la Universidad Tecnológica Metropolitana UTEM. Lugar en que se presenta como: “Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Diplomado en Reforma Procesal y Litigación Oral. Fiscal Militar”
A los alumnos de este complice de torturas les decimos, no le crean nada, fúnenlo en su clase, exijan que lo remuevan de su cargo.
Pagina Web: http://www.utem.cl/criminalistica/academicos_6.html
Como siempre agradecemos a todos los que nos acompañaron, a multiplicar las funas, los asesinos, torturadores y cómplices no pueden andar tranquilos por las calles deben estar en la carcel, donde pertenecen
Para los torturadores, asesinos y sus cómplices
¡Ni perdón ni olvido!
¡¡ SI NO HAY JUSTICIA, HAY FUNA !!
LA ARMADA SE HUNDE EN LA MENTIRA
En Punto Final del 18 de mayo sale un artículo mío titulado “La Armada se Hunde en la Mentira”, adjunto, que posiblemente les sería de interés. Anteriormente, en el número de la revista del 20 de abril salió otro artículo “Falsificador de la Historia” y en el número del 4 de mayo una carta abierta a las autoridades sobre el mismo tema.
El más reciente artículo afirma que la Armada de Chile sigue recalcitrante, obstruyendo la Justicia y negando toda responsabilidad institucional por sus acciones criminales durante la dictadura. Postula la necesidad de obligar a sus altos mandos a asumir esa responsabilidad y de imponerles claras obligaciones éticas por medio de la reforma del Código de Justicia Militar.
El artículo sugiere, por fin, que si el gobierno no toma medidas adecuadas a este respecto, las naciones suministradoras de armas deben limitar sus ventas a esas ramas de las fuerzas armadas de Chile que comparten sus ideales democráticos.
Cordiales saludos, Fred Bennetts
LA ARMADA SE HUNDE EN LA MENTIRA
La Armada sigue empeñada en obstruir la justicia y en negar toda responsabilidad institucional por su pasado criminal durante la dictadura. El almirante Rodolfo Codina, actual comandante en jefe, es una persona más abierta que sus antecesores en el cargo pero mismo si quisiera admitir la culpabilidad de la Armada, el ambiente dentro de esa institución no lo permitiría.
El almirante Codina insiste en que no puede investigar los crímenes bajo la dictadura porque no tiene autoridad sobre los marinos jubilados. Alega (en las páginas web de la institución) que en la Armada él es el único que estaba en servicio activo en 1973. La realidad es otra: en el cuerpo de almirantes, el comandante en jefe está rodeado de vice-almirantes que iniciaron sus carreras en esa época o antes.
Siguiendo esas pautas, el almirante Codina opina (La Nación, 28 de mayo de 2006) que no fueron muchos los crímenes cometidos por la Armada. Añade que en todo caso, las responsabilidades eran individuales -o sea, de los autores materiales y de los mandos directos que estaban a cargo de algunas unidades específicas-. No eran, enfatiza, de los mandos superiores.
Los marinos siguen recalcitrantes y para que no vuelvan a asesinar algún día, es imprescindible que sean obligados por la ley a asumir sus responsabilidades. Entre otras medidas, el Código de Justicia Militar debe ser reformado profundamente.
LOS CRIMENES INSTITUCIONALES
Donde más reprimió la Armada fue en la V Región. Los datos “oficiales” de víctimas en esa Región reconocidos por el Estado provienen del Informe Rettig y del trabajo de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Dan como detenidas desaparecidas a 36 personas.
Sin embargo, se ha comprobado que la cifra real de detenidos desaparecidos es más elevada. Así se desprende no sólo del hallazgo de cuerpos de personas asesinadas y no “contabilizadas” oficialmente, sino también de las conclusiones de otros informes, declaraciones de testigos y de la propia documentación de la Armada.
Los altos mandos de la Armada, aunque reconocen en privado que existía documentación comprometedora, alegan que todo fue destruido “en la época del almirante Merino”. Sin embargo, les ha traicionado su propia rigurosidad: existen pruebas fehacientes de sus crímenes en sus propios registros, mantenidos meticulosamente por los guardias de instalaciones navales y funcionarios sujetos a disciplina militar.
Abundan pruebas que indican que los mandos superiores estaban involucrados en los crímenes, en muchos casos planificándolos y asegurando la colaboración entre diferentes unidades que incluían la Academia de Guerra, el cuartel Silva Palma, la base aeronaval de El Belloto, isla Riesco, Melinka y los buques Esmeralda, Lebu, y Maipo. Había un flujo constante, desde una instalación a otra, de detenidos y de información resultante de torturas e interrogatorios.
Los interrogadores eran gente experta, procedentes de Inteligencia Naval, Infantería de Marina y de las fuerzas de seguridad. Sus métodos llegaron a extremos de bestialidad: en un caso bien documentado (Simulacro de Muerte, Califa 2005) los marinos de la Academia de Guerra obligaron a miembros de una misma familia a practicar actos de perversión sexual entre ellos.
La Armada, además, creó un tejido de complicidades con otras instituciones. En el caso de la Iglesia Católica, el vicario general de la Diócesis, monseñor Jorge Bosagna, mantuvo estrecha relación con la Armada. Ocupó una “oficina” en el Lebu, buque de torturas amarrado a un molo en que se alineaban hileras de cuerpos de muertos y detenidos. Monseñor Bosagna facilitó información confidencial a los interrogadores, proveniente de los archivos de la Diócesis y estaba presente, él mismo, en al menos el interrogatorio de un sacerdote detenido (Chile. La memoria Prohibida, 1990). Tal grado de colaboración sólo sería posible por medio de acuerdos a alto nivel entre ambas instituciones.
Los cuerpos de los ejecutados y de los detenidos desaparecidos que fueron asesinados por la Armada pasaron, por lo menos, por tres canales distintos. En cada caso, la responsabilidad institucional de la Armada es clara. Eran sistemáticos los atropellos a los derechos humanos y los altos mandos necesariamente estaban involucrados.
EJECUTADOS DEL HOSPITAL NAVAL
Las personas que murieron en el Hospital Naval de Valparaíso tras ser detenidas, estaban registradas en el libro de guardia del hospital y por lo tanto, la Armada tuvo que recurrir a un proceso de falsificación de certificados de defunción y de inscripciones en el Registro Civil. Luego, procedió a la inhumación ilegal de los cuerpos.
En los últimos meses se ha analizado el Registro Civil y se ha consultado con el Instituto Medico Legal de Valparaíso buscando referencias de personas cuya causa de muerte fuese “herida de bala”, o alguna otra causa que pudiera indicar una muerte violenta durante el período de tres meses entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de enero de 1974.
Se encontraron 20 casos de esas características -18 identificados con nombres y apellidos y 2 (procedentes de Los Andes) que eran “desconocidos”-. El registro indica que los cuerpos fueron enviados al Instituto Medico Legal para ser autopsiados y en la mayoría de los casos se especifica que un juzgado civil autorizó su entierro, siendo obligatorios ambos trámites.
En el caso de 10 de esos cuerpos, sin embargo, el actual director regional del Instituto Medico Legal, Dr. Gabriel Zamora Salinas, declaró que, revisados los registros tanatológicos, no habían sido sometidos a autopsia en el Instituto. Por lo tanto, las inscripciones en el Registro Civil con sus referencias al IML y a los juzgados civiles, eran ilegales. De esos 10 certificados falsos, 3 fueron firmados por el Dr. Mario Ibarra y 7 por el Dr. Carlos Costa Canessa. Este último, que no tenía vinculo alguno con el IML, era un pediatra y oficial de reserva de la Armada que ejercía en el Hospital Naval.
Este proceso de falsificación supone que intervinieron miembros de Inteligencia Naval que, se ha comprobado, ocuparon cargos en el Registro Civil. Según el actual director regional, Omar Márquez, las autoridades militares mantuvieron su presencia en esa institución hasta el año 1990, primero con personal de la Armada y más tarde con agentes de la Dina y CNI.
En el caso de uno de esos cuerpos, el del sacerdote anglo-chileno Miguel Woodward, se puede seguir los trazos de las acciones ilegales de la Armada desde su ingreso en el Hospital Naval hasta su inhumación. El padre Woodward, tras ser torturado, fue atendido por un médico naval, Kenneth Gleiser Joo y, por orden del jefe del Estado Mayor de la I Zona Naval, capitán Guillermo Aldoney Hanssen, trasladado desde el buque escuela Esmeralda el 22 de septiembre al Hospital Naval, donde llegó muerto.
Consta en el expediente judicial 140.454 que en el Hospital Naval el Dr. Costa Canessa firmó el certificado de muerte de Miguel Woodward. Sin embargo, ese formulario había sido llenado anteriormente por un funcionario del hospital, sin que el Dr. Costa tuviera pruebas de la identidad del muerto. En el certificado, que indicaba que el cuerpo había sido encontrado en la vía pública, el Dr. Costa indicó que Woodward había muerto de un “TEC agudo cerrado con paro cardio-respiratorio” y que su cuerpo fue enviado al Instituto Médico Legal.
El Dr. Costa, en una declaración policial, reconoció que sabía que el procedimiento era ilegal y consultó al respecto a un fiscal naval de la I Zona. Este le dijo textualmente: “Mire usted, de los muertos no se va a enterar, cumpla sólo con lo que se ha ordenado”. Este fiscal fue identificado más tarde como Enrique Vicente Molina, hoy fiscal procurador del Consejo de Defensa del Estado en la V Región.
El ex-vicario general monseñor Jorge Bosagna, dijo haberse enterado de la muerte de Miguel Woodward por un capellán y haber pedido que el cuerpo fuese entregado a las autoridades eclesiásticas. La Armada se negó. El 25 de septiembre, según el ex administrador del cementerio de Playa Ancha, llegaron en un vehículo naval dos funcionarios del Hospital Naval con un cuerpo envuelto en una sábana. Dijeron que se trataba de un “religioso inglés” y entregaron un certificado de muerte a nombre de Woodward. Su cuerpo fue enterrado en presencia del administrador y de los dos marinos en una sepultura dentro de lo que es hoy el “cuartel en tierra” número 13. El lugar no fue inscrito en el registro del cementerio, sino las palabras “fosa común”. Era un calificativo reservado a los muertos que no tenían nadie que cuidara de sus cuerpos.
ENTIERROS CLANDESTINOS DE DETENIDOS DESAPARECIDOS
En el caso de los detenidos desaparecidos que fueron asesinados, ocultar sus cuerpos resultó más fácil para la Armada. Mantenía un férreo control sobre la zona e indudablemente algunos cuerpos fueron enterrados en lugares eriazos o lanzados al mar: los dueños de las lanchas y pequeños barcos en la bahía fueron advertidos que no debían rescatar ningún cuerpo que encontraran flotando en el mar.
El entonces capitán (hoy senador y ex-comandante en jefe) Jorge Arancibia Reyes, admitió en una declaración judicial que el 17 de septiembre de 1973 vio en el molo de abrigo de Valparaíso una hilera de civiles muertos (se calcula que fueron unos 20), sin denunciar el hecho. Esos muertos no constan en ningún registro oficial.
Lo más expedito hubiera sido enterrarlos clandestinamente en el cementerio de Playa Ancha, ocupado por la Armada el mismo día del golpe. Tres testigos han dejado constancia en los últimos años que vieron a marinos descargando cuerpos desde vehículos navales y enterrándolos en ese cementerio.
Un antiguo sepulturero dio testimonio judicial en enero de 2007: en dos ocasiones fue obligado a acompañar a marinos que descargaron cuerpos de sus vehículos en el cuartel 14 del cementerio. Con marinos apuntándoles con sus armas, el testigo y otros trabajadores enterraron seis personas en dos sepulturas, tres en cada una. Habían muerto por impactos de balas y uno todavía sangraba.
No se ha llevado a cabo ningún intento de exhumación de esos cuerpos. Ocurre, sin embargo, que en enero y febrero de 2006, a unos 20 metros de distancia del sitio señalado por el testigo (todavía en el cuartel 14), durante unas excavaciones aparecieron las osamentas de unos 15 cuerpos sin identificar. Se apreciaba en dos de ellos impacto de bala craneal y se encontró una vainilla.
La policía determinó que era de un calibre utilizado por las fuerzas armadas. Sin embargo, cuando los peritajes forénsicos fueron realizados un año más tarde, ni la vainilla ni el Informe Balístico fueron enviados al Servicio Medico Legal.
LA ARMADA Y LA DINA
El ministro en visita que instruye el caso calle Conferencia sometió a proceso en enero y febrero de 2007 a numerosos agentes de la Dina por el secuestro y muerte del ex-secretario general del Partido Comunista, Víctor Díaz. Entre ellos, a cuatro agentes mujeres de la Armada que operaban con la Dina en la Brigada Lautaro: Celinda Aspeé Rojas, Teresa del Carmen Navarro Navarro, Berta Jiménez Escobar y Adriana Rivas González. También inculpó a cuatro suboficiales (r), entre ellos Marina Bernardo Daza y Sergio Escalona quienes dieron muerte a Víctor Díaz asfixiándolo con una bolsa de plástico. Las indagaciones del magistrado develaron la numerosa participación de agentes de la Marina en la Dina después de 1975, cuando esa institución sostiene que retiró a sus oficiales, suboficiales y cuadros permanentes de esa asociación ilícita criminal.
Otro vinculo de la Armada y la Dina afloró en el proceso A-637 de Valparaíso. Se inició ante la justicia militar a comienzos de 1975 y fue sobreseído temporalmente (en parte) el 29 de marzo de 1976. La sentencia contiene referencias a denuncias emanadas de los servicios de seguridad de la Armada y a informes de los servicios de informaciones de Valparaíso. Entre las 109 personas cuyos nombres constan en el proceso como “inculpados en rebeldía” hay tres que meses más tarde alegadamente fueron encontrados muertos en Argentina, formando parte de las 119 víctimas de la Operación Colombo. Eran Mario Calderón Tapia, periodista, Carlos Gajardo Wolff, arquitecto, Alfredo de García Vega, profesor de la Universidad de Valparaíso.
El proceso sirvió a la Armada, además, para camuflar otros casos de detenidos desaparecidos ya asesinados o destinados a ser asesinados. En cuanto a los primeros, incluían al padre Miguel Woodward. La Dina también aprovechó el proceso de la Armada para encubrir algunos de sus asesinatos. Entre los “inculpados en rebeldía” se encuentra el padre Antonio Llidó, asesinado por la Dina en 1974.
La Nación del 12 de septiembre de 2004 asevera que, entre 1974 y 1975, marinos lanzaron en alta mar, frente a San Antonio, 50 a 100 detenidos desaparecidos desde el remolcador Kiwi, según un expediente judicial instruido en Santiago por el ministro Alejandro Solís. Eran prisioneros que habían sido sacados por la Dina en camiones frigoríficos del campo de Tejas Verdes, en San Antonio, y de los centros de tortura de Londres 38, Villa Gimaldi y José Domingo Cañas, en Santiago. Sus cuerpos fueron entregados a la Armada y lanzados al mar en una operación coordinada desde la gobernación marítima de San Antonio.
ENCUBRIMIENTO EN DEMOCRACIA
No se puede culpar a los miembros de la Comisión Rettig por no identificar públicamente a los responsables de los crímenes: no tenían autorización para ello. Sin embargo, tenían la obligación de denunciar a la justicia a los responsables y eso tampoco lo hicieron. Permitieron, además, que un miembro de la Comisión, Gonzalo Vial Correa, actuara de forma desleal en connivencia con el entonces comandante en jefe de la Armada, almirante Jorge Martínez Busch.
En el Archivo Rettig se ha encontrado un informe preparado por el abogado Pedro Aylwin Chiorrini, responsable del equipo investigador de la comisión en la V Región, que fue sometido a extensas manipulaciones antes de ser publicado en el Informe Rettig. Las anotaciones en el informe original, escritas a mano, fueron de la autoría de Vial Correa (ver PF 637).
Con los años se ha ido extendiendo la evidencia del grave daño causado por estos encubrimientos. Se supo en 2006, por medio de Luis Bork, ex presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) en Valparaíso, que en 1986 ese organismo elaboró un balance de detenidos desaparecidos. Fueron identificadas 89 personas. Una copia del informe fue entregada a la Comisión Rettig en 1990. Las restantes copias fueron robadas desde la oficina de la CCHDH en Valparaíso. También fueron robados los archivos que incluían expedientes de casos que habían pasado por la Fiscalía y los Juzgados Navales. Entonces se sospechó que los responsables estaban vinculadas a la propia CCHDH. Hoy, conociendo la presencia en la comisión Rettig del Comisionado que traicionó su juramento, hay que formularse otra hipótesis.
Las manipulaciones del informe de la Comisión Rettig y de su archivo crearon condiciones propicias para que la Armada pudiera seguir encubriendo sus crímenes. Algunos marinos han sido inculpados pero la Armada sigue sin privarles de sus privilegios, prebendas y honores. En cuanto a los demás imputados por la justicia o involucrados en casos bajo investigación, los altos mandos de la Armada insisten en que no pueden realizar investigaciones internas.
La Armada insiste, además, en que ya ha facilitado toda información de relevancia a las investigaciones judiciales. Sin embargo, la entrega, el año 2006, de la bitácora de la Esmeralda, tras años de negar su existencia, representó un hito decisivo. Dejó claro que las bitácoras, tanto de los buques como de las instalaciones navales en tierra, a cargo de guardias sujetos a disciplina militar, dan fe de todas las personas que entraron y salieron de los sitios donde la Armada interrogaba y torturaba detenidos.
Incluyen, por lo tanto, nombres de interrogadores “profesionales” (normalmente del Servicio de Inteligencia Naval, algunos formados en la Escuela de las Américas) y otros torturadores (entre ellos muchos infantes de Marina) miembros de otras ramas de las Fuerzas Armadas, y civiles (probablemente de Patria y Libertad u organizaciones afines). Habiendo determinado por este medio quiénes estaban presentes en los recintos de tortura, resultaría fácil, si la Armada quisiera, indagar detalles de cada uno por medio de su “hoja de vida” y por los registros de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, Capredena. En este caso habría que averiguar el pago de los sobresueldos que caracterizaba la pertenencia a los servicios de inteligencia.
El encubrimiento ha continuado, obstruyendo a la justicia hasta nuestros días. En 2004 la ministra Gabriela Corti, que instruía entonces el caso de Miguel Woodward, citó a varios miembros de la dotación de la Esmeralda, cuyos nombres le habían sido facilitados por el secretario general de la Armada, almirante Cristián Millar. Antes que fuesen interrogados, las autoridades navales convocaron a aquellas personas, ya jubiladas, para acordar lo que debían testificar. Uno de ellos ha reconocido estas circunstancias judicialmente y ciertas frases han quedado registradas, de forma repetitiva en varias actas, referentes a que los detenidos en la Esmeralda estaban “en tránsito” a otras instalaciones navales, y que “el trato era estricto” pero sin apremios.
Igualmente se ha sabido que el año 2004 la ministra en visita Gabriela Corti recibió a un almirante en servicio quien la convenció que, por cuestiones de imagen, no debía llevarse a cabo una reconstitución de escena en la Esmeralda, hasta que el buque regresara de su crucero anual. En definitiva, nunca se realizó. Este hecho fue denunciado, en enero 2006, por un familiar del padre Woodward al almirante Rodolfo Codina, actual comandante en jefe.
DESOBEDIENCIA LEGITIMA
Los hechos descritos han sido denunciados, en parte o en su totalidad, en altos niveles del gobierno, incluyendo el Ministerio del Interior. En este caso se informó por carta en una primera instancia al ex subsecretario, Jorge Correa Sutil, que fue secretario general de la Comisión Rettig (y es hoy miembro del Tribunal Constitucional).
Correa no contestó y las demás autoridades políticas se limitaron a decir que en democracia sólo la justicia debe actuar. Las denuncias a las autoridades judiciales para que se investiguen las osamentas encontradas en el cuartel 14 del cementerio de Playa Ancha no han dado resultados, ni la petición para que se busquen otros restos en ese lugar.
En este proceso de encubrimiento la falta de reacción inicial probablemente reflejaba un temor a “desestabilizar” la flamante democracia en Chile. Pero fue prolongándose en el tiempo por cambiantes motivos. Finalmente, nadie se atrevió con los culpables o sus encubridores. Lo que algunos admitían en privado no lo repetían públicamente ni ante la justicia.
Hoy son muchos los que sacrificando su propio honor siguen ocultando lo que pasó. Con su silencio condenan a muchas víctimas y a sus familiares a seguir sufriendo la injusticia. Por no desafiar la impunidad arriesgan que, en algún momento, si se repitieran las circunstancias, las Fuerzas Armadas volverían a asesinar.
Los códigos militares modernos establecen una doble prohibición: las órdenes criminales no pueden ser dadas por ningún superior ni pueden ser cumplidas por ningún subordinado. Ello exigirá introducir modificaciones a los artículos 334 y 335 del Código de Justicia Militar chileno cuya esencia es que “el derecho a reclamar de los actos de un superior que conceden las leyes o reglamentos, no dispensa de la obediencia ni suspende el cumplimiento de una orden del servicio”.
Siguiendo las recomendaciones del especialista y sociólogo militar Prudencio García (consultor de la ONU), debería suprimirse la vieja eximente de "obediencia debida", imponiendo el deber de desobediencia legítima a las órdenes criminales, y castigando al subordinado que comete crímenes obedeciendo aquellas órdenes criminales que esté militarmente obligado a desobedecer. También debería imponerse a los mandos la obligación de impedir, denunciar, investigar y sancionar las acciones que sean imputables a sus subordinados, so pena de incurrir ellos mismos en responsabilidad criminal.
Es revelador del actual panorama político chileno que las únicas modificaciones al CJM que están en estudio se refieran a cuestiones de competencia (limitándola a la esfera militar) y de autonomía (de los jueces militares). De normativas para obligar a los militares a asumir sus responsabilidades, no se habla.
Si el gobierno chileno no pone su casa en orden, deberían asumir esa responsabilidad los países que suministran armamentos a Chile. En la mayoría de ellos -Francia, Holanda, Reino Unido, Estados Unidos, España- los códigos de justicia militar imponen a los militares claras obligaciones éticas. Si la venta de sus armas fuese limitada a los países que comparten los ideales democráticos, contribuirían a asegurar que la historia no se repita
FRED BENNETTS (*)
(*) Licenciado en historia por la Universidad de Oxford. Ha trabajado como consultor para la ONU y los gobiernos del Reino Unido, España y Portugal. Su esposa, Patricia, hermana del padre Miguel Woodward asesinado en la Esmeralda, colabora con Amnistía Internacional.
MINISTRO PROCESA A EX JEFE DEL BIE POR DESAPARICIÓN DE FRENTISTAS EN 1987
4 de Mayo de 2007
Juez Haroldo Brito estableció que hubo una completa coordinación entre el Batallón de Inteligencia del Ejército y la disuelta CNI para aclarar el plagio del coronel Carlos Carreño, lo que finalmente derivó en el secuestro y posteriormente de cinco opositores a la dictadura.
El ministro en visita Haroldo Brito procesó este viernes a cinco uniformados por su responsabilidad en la desaparición de cinco miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) en 1987, la última operación de esta naturaleza registrada durante la dictadura militar.
La resolución afecta al general retirado Julio Cerda Carrasco, ex titular del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), y al oficial retirado Fernando Rafael Rojas Tapia, también integrante de la mencionada instancia castrense, que colaboró con la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI).
Ambos fueron encausados como coautores del de los delitos de secuestros calificados de los frentistas Alejandro Pinochet Arenas, Julián Peña Maltés, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola, perpetrados en represalia al secuestro del coronel de Ejército Carlos Carreño en septiembre de 1987.
Como encubridores de las desapariciones, en tanto, fueron encausados Aquiles Navarrete Izarnotegui, Víctor Campos Valladares y Hugo Barría Rogers; el primero por haber sido jefe de la unidad militar desde donde salieron los helicópteros que trasladaron los cuerpos de las víctimas para que fueran arrojados al mar, mientras que los restantes por haber piloteado las naves.
Según el dictamen del magistrado, los antecedentes revelan que efectivamente el BIE, bajo el mando de Cerda Carrasco, estuvo involucrado en el esclarecimiento del rapto del coronel Carreño, para lo cual esta unidad se coordinó oficialmente con la CNE.
"A ésta entidad, precisamente al Cuartel Borgoño hasta donde fueron conducidos los detenidos y desde donde se retiró los cinco cadáveres, fueron asignados dos equipos operativos comandados por oficiales. También, inusualmente, diversos efectivos de inteligencia militar frecuentaron dicho cuartel, y algunos de estos agentes permanecieron varios días en dependencias inmediatas a los calabozos en que fueron recluidas diversas personas", señala el fallo.
Agrega que "tales hechos, por haber tenido lugar en los días en que se practicó las detenciones, constituyen presunciones fundadas en cuanto a que los referidos imputados, Comandante del Batallón de Inteligencia de Ejército y Jefe de Equipo BIE asignado a la Central Nacional de Informaciones, participaron en la decisión de detener y o mantener privados de libertad en dependencias de esta entidad de inteligencia a las cinco personas de que se trata con el resultado de muerte que ha sido declarado en el motivo segundo de esta resolución, porque el primero dirigía la pesquisa del secuestro coordinadamente con los directivos de la Central Nacional de Informaciones que ya se encuentran procesados, y porque el segundo desempeñó funciones operativas junto a los Oficiales que dispusieron y practicaron las detenciones”, añade.
La decisión adoptada por Brito fue la última antes de traspasar el caso al magistrado Mario Carroza, recientemente ascendido a la Corte de Apelaciones de Santiago, reemplazante oficial del ministro Hugo Dolmestch, hoy miembro de la Corte Suprema.
Otros procesados
Ya en septiembre del año pasado el ministro Brito había procesado a un total de doce ex agente de la CNI, entre los que se encuentran el general (R) Hugo Salas Wenzel, y sus subalternos el brigadier (R) Álvaro Corbalán Castilla y Krantz Bauer Donoso, como coautores del secuestro de Sepúlveda Sánchez, Fuenzalida Navarrete y Muñoz Otárola.
El magistrado, además, procesó como coautores de los secuestros de Peña Maltés, Sepúlveda Sánchez, Fuenzalida Navarrete y Muñoz Otárola a los ex agentes Manuel Ángel Morales Acevedo, César Acuña Luengo y René Valdovinos Morales.
En tanto, los ex miembros de la CNI Víctor Ruiz Godoy, Manuel Ramírez Montoya, Luis Sanhueza Ross, Luis Santibáñez Aguilera fueron encausados como coautores de los secuestros de Pinochet Arenas, Sepúlveda Sánchez, Fuenzalida Navarrete, y Muñoz Otárola.
A LOS INVERECUNDOS QUE AÚN SE OCULTAN
Tito Tricot
publicado en giraluna.cl
LOS FANTASMAS DE LA TORTURA
La noche se hizo más oscura en aquel momento preciso en que el cuarto estalló en un millar de llamaradas azules quemando la piel, remeciendo huesos y todas las frágiles certezas. Porque estando allí, desnudo y vendado, no podía haber sonrisas ni océanos turquesa, ni claveles o puestas de sol amaranto. De repente la vida se había transformado en ese febril instante suspendido en un desesperado y denso soplo de aire fresco, despiadadamente perforado por la electricidad. El mundo había sido dolorosamente reducido a ese breve espacio entre tus ojos y la obscena venda, un recuerdo permanente de que una madrugada de triste rocío nos acribillaron el alma cuando los militares chilenos asaltaron el poder e hicieron lo que hacen los militares: matar.
Y mataron, detuvieron y torturaron a miríadas de hombres y mujeres cuyo único crimen fue pensar distinto. Pensar era peligroso para esta moderna inquisición que no permitía críticas y que, de la noche a la mañana, decretó la obsolescencia de la felicidad. Si embargo, gente valiente y obstinada resolvió pensar y sonreír e incluso tratar de ser feliz en medio del horror circundante. Estábamos convencidos que la vida podía conquistar a la muerte. Además, muchos de nosotros no podíamos creer lo que escuchábamos de boca de los amigos o lo que se decía en la calle. Porque, ¿Cómo era posible que seres humanos cometieran tales atrocidades? ¿Cómo era posible que algo así estuviera sucediendo en Chile? ¿Adónde se habían marchado la montañas de nieves eternas, los hermosos bosques sureños, la lluvia nocturna, nuestra legendaria solidaridad?
Simplemente no queríamos creer que chilenos hicieran eso a otros chilenos, a sus amigos, vecinos, parientes. Pero lo hicieron y ahora, de pie, desnudo y amarrado en medio del cuartel, la verdadera dimensión del golpe de estado me fustigaba con la furia del mar. Como los golpes de electricidad en diferentes partes del cuerpo, haciéndome temblar y gritar con tanta fuerza que las venas parecían explotar entre el dolor y la incertidumbre. No puedes domar la electricidad, te doma ti; no puedes luchar contra la electricidad, te domina a ti; no puedes ignorar la electricidad, pues recorre cada pliegue de tu cuerpo. Te quema la carne, el corazón y el alma. Y, por sobre todo, te hace gritar con tal ímpetu que los pelícanos y las mariposas detienen su vuelo perturbados por el agónico alarido. Es como si alguien más estuviera gritando, un sonido gutural que proviene de tu boca, pero no es tu boca. Un golpe metálico que te toma por sorpresa cada vez, pues no importa cuan preparado creas estar, el fulminante latigazo te recuerda que no tienes el control.
Y ellos lo saben, los torturadores saben que ellos tienen el control y se solazan en su espurio poder. Entonces, el vergajazo golpea nuevamente para estremecerte con la indolente frialdad de la muerte mientras ríen de tu sufrimiento y desconcierto. Como probablemente rían cuando llevan a sus hijos a jugar en la plaza local o cuando besan a sus novias después de hacer el amor. Es la horrorosa constatación de que los torturadores son gente común y corriente que tienen vidas también comunes y corrientes durante el día, pero se transforman en fieras durante la noche, porque tienen el poder. Y lo usan para patearte y golpearte, gritarte, atemorizarte. Han sido desprovistos de toda su humanidad y tratan de desproveernos de toda nuestra humanidad. Pero, en la abrumadora soledad y oscuridad de nuestras celdas, aún sonreíamos y llorábamos, recordábamos a nuestros seres queridos y soñábamos en la libertad. Nos negamos a ser deshumanizados, porque nadie tenía el derecho a pensar por nosotros, respirar por nosotros o convertirnos en meros fantasmas. Esto no lo podíamos permitir, entonces, cuando y como podíamos, forzábamos una sonrisa o nos erguíamos en el umbral del dolor para caminar unos centímetros. Era nuestra propia venganza para enfrentar la brutalidad militar.
Los militares libraban una Guerra contra un pueblo inerme, pero nosotros librábamos nuestra propia guerra: la guerra por la supervivencia. No era ni coraje ni heroísmo, sino que simplemente el instinto elemental de vivir. Para ello necesitábamos creer que existía un mañana después del infierno. Podían despojarnos de nuestras ropas, pero jamás de nuestra dignidad; podían quitarnos todas nuestras posesiones, pero jamás nuestra capacidad de soñar. Teníamos que convencernos que un día terminaría esta locura, que más temprano que tarde nuestro país recuperaría la sonrisa Era la única manera de soportar los gritos, los llantos, el dolor y las angustiantes lágrimas de esas mujeres inermes violadas por marinos hijos de putas que hablan de galeones antiguos y estrellas fulgentes mientras hollan la dignidad de las mujeres del pueblo. Y solo podíamos susurrar una palabra de solidaridad por ellas, aunque sabíamos que nada las salvaría de aquel horrendo sino. Entonces, quisiera haber podido hacer más, pero no podía. Quisiera no haber estado ahí, pero estaba; desearía que los militares no hubiesen derrocado al gobierno de Salvador Allende e instalado una dictadura, pero lo hicieron. Desearía no haber sido torturado, pero lo fui. Quisiera que los torturadores hubiesen sido juzgados por sus crímenes, pero no lo fueron.
Así, treinta años después, muere tranquilamente el dictador entre los vítores de sus seguidores y la vergüenza de los gobiernos de la Concertación que nada hicieron por juzgarlo. La muerte le ganó a la justicia, el tiempo a la memoria, la cobardía a la valentía de los caídos, el engaño a la verdad, la complacencia a la implacable dignidad de la verdad. Mientras tanto, continúan desaparecidos los desaparecidos, torturados los torturados, ejecutados los ejecutados, exiliados los exiliados. Así, a la vuelta de cualquier esquina, en otoño o invierno, podemos encontrarnos cara a cara con todos los torturadores del mundo, quizás riendo a carcajadas por vivir en este paisito con vista al mar donde nadie les juzgará por sus crímenes. Pero que no se olviden de la memoria colectiva que, agazapada en algún rincón de la esperanza, pervive para nacer y renacer la verdad y la justicia.