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Se muestran los artículos pertenecientes al tema Encubridores de inverecundos.

Sergio González Bombardieri, encubridor del homicidio de Frei Montalva

Es médico de la Universidad Católica, actualmente, en la información de la Facultad de Medicina lo tiene como profesor titular de Anatomía Patológica, como se ve a continuación:

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Además figura como Jefe de Departamento del Post-Título de Anatomía Patológica:

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Además es parte de la Red de Salud de la Universidad Católica:Mostrando SergioGonzálezRedSaludUC.JPG

Sergio González fue sometido a proceso el 7 de diciembre de 2009 como encubridor del homicidio del ex presidente Eduardo Frei Montalva, abogado de la misma Universidad Católica.

Lea la información de CiperChile en el siguiente link:

http://ciperchile.cl/2009/03/06/la-autopsia-de-frei-paso-a-paso/

SI NO HAY JUSTICIA, HAY DENUNCIA.

Helmar Rosenberg Gómez encubridor del asesinato de Frei Montalva

Este inverecundo es profesor honorario de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica.

Fue sometido a proceso el 7 de diciembre de 2009 como encubridor del homicidio del ex presidente Eduardo Frei Montalva, abogado de la misma Universidad Católica.

Lea la información de CiperChile en el siguiente link:

http://ciperchile.cl/2009/03/06/la-autopsia-de-frei-paso-a-paso/

En una ceremonia efectuada el 30 de octubre de 2015 fue homenajeado por la Universidad con motivo de los 70 años del Departamento de Anatomía Patológica.

Pueden ver la información en el siguiente link:

 http://medicina.uc.cl/noviembre-2015/laboratorio-de-anatomia-patologica-uc-cumplio-70-anos

SI NO HAY JUSTICIA, HAY DENUNCIA.



LORENA FRIES LEÓN, encubridora de inverecundos asesinos

Lorena Fries Monleón es una encubridora de inverecundos genocidas. 

Esta inverecunda desalmada quiere "debatir un indulto general para los violadores de Derechos Humanos", o sea, quiere dejar en libertad a los asesinos, ladrones, violadores, torturadores y criminales de las Fuerzas Armadas.

Es una vergüenza para un país, como Chile, que ha sufriudo demasiadas vergüenzas.

Año 2016: Inverecunda Presidente Bachelet encubre a pesqueros inverecundos

¿Es verdad que el último acto de gobierno de Misia Bachelet fue privatizar el mar océano, azul y chileno, en el Sur, para dárselo a los inverecundos y quebrados empresarios atuneros para que pagaran sus deudas a los bancos? ¿Es verdad que lo hizo perjudicando al noble pueblo nación Mapuche? 

Podría haber error en lo anterior, pero su silencio antes esta grave denuncia que copiamos a continuación sólo peude ser tildada como complicidad o encubrimiento. Y ninguna de esas dos actividades deberían relacionarse con la Primera Magsitratura del país.

Fuente: http://kaosenlared.net/chile-feroz-denuncia-sernapesca-sii-corte-suprema-y-otros-pescando-a-rio-revuelto/

La Presidenta ha sido informada:

Carta Pesca Bachelet 3

Carta Pesca Bachelet 5

RESCINDIDO NOMBRAMIENTO AL INVERECUNDO JAMES SINCLAIR

Inverecundo encubridor James Sinclair

Este es un momento histórico para la comunidad chilena en Australia y los familiares de los detenidos desaparecidos.

James Sinclair no será nombrado Embajador de Chile en Australia.

El papel de Sinclair en la destrucción de los archivos secretos de la policía secreta de Chile  durante la dictadura, la CNI (Central Intelligence Agency) se detalla en el libro Los Archivos Secretos de la Dictadura (El Ceibo, 2012) por los periodistas Carlos Dorat y Mauiritus Weibel.

Se  mencióna a James Sinclair como responsable de la destrucción de 31 documentos clasificados en marzo de 1987. En abril del año siguiente, el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo García, escribió al director de la CNI adjuntando una carta donde el  llamado "acto de la destrucción ". Se menciona en detalle la destrucción de documentos clasificados y fue firmado por James Sinclair. 

La  Sociedad de Amistad Australia Chile y todos los grupos de los derechos Humanos para Chile y simpatizantes australianos que escribieron a las autoriades chilenas  y protestaron aca en Australia por este nombramiento celebran esta decisión importante e histórica. 

Es un gran avance en términos de no dejar que un diplomático quede impune por su participación y responsabilidad en la destrucción de los archivos secretos de la Agencia Central de Inteligencia represiva

(Infomación enviada por Victor Marillanca, CISCM, CICM, JP, President)

 

INVERECUNDO RAUL MERA MUÑOZ PROPUESTO A LA SUPREMA

Ministro Raúl Mera Muñoz, es el actual presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua.

ASESINATO DE RAÚL PELLEGRIN Y CECILIA MAGNI QUEDÓ EN LA IMPUNIDAD 

Fuente: 

 www.defensadelcobre.info/modules.php?name=News&file=article&sid=10913

El Ministro en Visita, Raúl Mera Muñoz, absolvió, en su fallo de primera instancia, a los acusados de los asesinatos de Raúl Pellegrin y Cecilia Magni, los oficiales de Carabineros en retiro, Julio Verne Acosta Chávez, Carlos Mauricio Bezmalinovic Hidalgo, Juan Ernesto Rivera Iratchet Y Walther Soto Medina.

Así, salvo que los tribunales de alzada lo impidan, este caso amena entrar a la triste categoría de la impunidad. 

Concluye así una etapa en que los familiares de las víctimas han debido librar una ruda batalla para lograr justicia, toda vez que el magistrado no mostró voluntad de esclarecer el caso. 

Pese a la evidencia, el proceso fue cerrado en siete oportunidades, desde que se inició la investigación. 

"El último cierre, lo decretó el Ministro en Visita Raúl Mera Muñoz, pese a que en el proceso consta que se trató de "homicidio calificado por torturas en manos de carabineros. 

El magistrado no logró individualizar a los culpables, porque los inculpados han mantenido un pacto de silencio que constituye una verdadera obstrucción a la justicia", denuncia Carla Pellegrín, hermana de Raúl. 

Existe evidencia que ambos fueron detenidos, brutalmente torturados, asesinados y posteriormente arrojados al río Tinguiririca por personal de Fuerzas Especiales de Carabineros, asegura. 

De hecho, el ministro Raúl Mera, de la Corte de Apelaciones de Rancagua, logró individualizar a 59 uniformados que participaron en el operativo para detener a los dirigentes del FPMR, quienes fueron sometidos a proceso en calidad de inculpados. 

No obstante, al no lograr individualizar a los culpables, procedió a cerrar el caso una vez más, sin establecer responsabilidades. 

El crimen de los ex integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) Raúl Pellegrin Friedmann y Cecilia Magni Camino, ocurrió en una fecha indeterminada, entre el 25 y el 27 de octubre de 1988 en la zona cordillerana de San Fernando. 

El juez determinó que no existen elementos de convicción, más allá de toda duda razonable, que permitan determinar que Pellegrin y Magni fueron víctimas de homicidio por parte de los ex uniformados. 

El fallo establece que no es posible dar por establecida la existencia de los delitos de homicidio que se trata. Invoca el artículo 456 bis de nuestro Código de Procedimiento Penal, que exige para condenar, que se haya adquirido, por los medios de prueba legales, la convicción de que realmente se haya cometido un hecho punible. 

Al respecto, el juez precisa en su sentencia que esto es, lo que tiene que probarse es la existencia del delito y, entonces, basta la sola duda o, dicho de otro modo, basta que la convicción no se forme, para que no pueda concluirse sino con la absolución debido a faltar esta primera exigencia. 

Esta fórmula es equivalente, aunque esté expresada en términos distintos, a la que contiene el artículo 340 del Código Procesal Penal, al exigir que la convicción de que se hubiere cometido el delito se haya adquirido más allá de toda duda razonable. 

Por ello, explica el magistrado en el dictamen en el cas de los homicidios (en general) no bastará, pues, que la muerte sea sospechosa o que algunos elementos de la causa apunten a la conclusión de que pudo ser provocada, sino que se requiere un grado de certeza mayor, lo que implica que la prueba seria sea unánime, que no haya contradicciones insalvables o que pueda descartarse, por razones claras y fundadas, la que contradiga a la de cargo. 

En suma, es la calidad de provocada de la muerte, y no la calidad de natural o accidental, la que tiene que probarse. 

Ahora bien, es difícil que un juez llegue a una convicción de esa naturaleza, si durante toda la investigación evadió llegar a ella. 

La parte querellante deberá continuar su brega para obtener justicia en los tribunales de alzada.

 


Nueva querella criminal contra (inverecundo) Agustín Edwards presentaron familiares de detenidos desaparecidos

Publicado el 11 Diciembre 2013

ESCRITO POR ERNESTO CARMONA*

FUENTE: HTTP://GOO.GL/2JHVBE 

Inverecundo Agustín Edwards, traidor a la Patria

En el Día Internacional de los Derechos Humanos y, por coincidencia, 7º aniversario de la muerte de Pinochet, fue presentada hoy una querella colectiva por “asociación ilícita genocida” contra Agustín Edwards Eastman, el dueño de la cadena El Mercurio, y otros personajes vinculados al periodismo.

La demanda fue introducida ante la Secretaría Criminal de la Corte de Apelaciones de Santiago por el abogado Hiram Villagra Castro y familiares de 119 detenidos desaparecidos en Chile que en 1975 la llamada Operación Colombo de la DINA presentó como muertos en “pugnas internas” o enfrentamientos con fuerzas de seguridad de Argentina.

La demanda invoca los artículos 292 y 293 del Código Penal para procesar a Edwards, la periodista Mercedes Garrido, en 1975 editora del diario La Segunda de la cadena El Mercurio; Beatriz Undurraga Gómez, en esos tiempos cronista policial de El Mercurio de Santiago; Álvaro Puga, “Alexis”, asesor en comunicación y propaganda de la dictadura cívico-militar encabezada por Pinochet, “y de todos los que además resulten responsables” del mismo delito de “asociación ilícita genocida”.

El libelo acusador de 16 páginas, suscrito por 16 familiares de otras tantas víctimas entre Los 119, relata a la Corte que “a pretexto de una situación de guerra se produjeron graves violaciones a los derechos más fundamentales de la persona humana establecidos en tratados internacionales vigentes en la Constitución y en las leyes”, y explica que “para encubrir los hechos se diseñó la llamada ‘Operación Colombo’, una vasta operación de encubrimiento desarrollada por la DINA y sus colaboradores civiles en una operación de guerra psicológica”.

La demanda judicial describe que a partir de junio de 1975 comenzó una vasta campaña de propaganda mediática en que “diversos medios nacionales de comunicación reprodujeron profusa y ampliamente una información que daba cuenta de la supuesta muerte de 119 hombres y mujeres chilenos, a manos de sus propios compañeros, producto de pugnas internas o en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad de diversos países.

En realidad, las personas mencionadas por las listas habían sido detenidas en Chile por la DINA y se encontraban, en esos momentos y hasta hoy, desaparecidas. Como se supo entonces, y tal como lo estableciera posteriormente el Informe Rettig, dicha publicación fue producto de la Operación Colombo, una maniobra destinada a encubrir la detención de cientos de chilenos y que había comenzado en junio de ese año, con la difusión en la prensa chilena de una información que alertaba sobre la presencia de ‘grupos guerrilleros’, integrados por ciudadanos chilenos, que se preparaban en territorio argentino para ingresar al país”, señala la demanda judicial.

Coincidentemente con lo anterior, las autoridades de la época comenzaron a afirmar que muchos de los ‘supuestos detenidos” estaban en realidad en la clandestinidad”, prosigue el libelo acusatorio. “Como parte de esa política de negación, el 4 de julio el general Pinochet anunció su decisión de no permitir el ingreso al país de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, anunciada para el día 10 del mismo mes”.

A los pocos días, y como respuesta a la presión internacional, se sucedieron diversas informaciones en la prensa argentina y chilena sobre detenidos desaparecidos chilenos cuyos cuerpos habrían sido encontrados en el país transandino. Tal fue el caso de Luis Guendelman, Jaime Robotham y, luego, Juan Carlos Perelman. Incluso se llegó a informar que la verdadera identidad del ‘terrorista Carlos’ [el venezolano Ilich Ramírez Sánchez, llamado también ‘el Chacal’] correspondía a la del chileno detenido y desaparecido Néstor Gallardo Agüero”. Es decir, “encontraron” cadáveres de ciudadanos desconocidos que aparecieron calcinados en Argentina con documentos de identidad de personas detenidas y desaparecidas en Chile.

Exterminados como ratones”

La falsedad de estas y otras informaciones burdamente fabricadas, que fueron difundidas, entre otras, por las agencias United Press International y Associated Press y reproducidas en Chile por los diarios de Agustín Edwards, y el matutino La Tercera, entre otros, quedó al descubierto una vez que se dieron a conocer las listas con los 119 nombres, el 22 y 24 de julio de 1975 en dos publicaciones fantasmas de Argentina y Brasil, en la revista argentina “Lea”, que salió por una sola vez, y enseguida en el diario Novo O’Dia, de Curitiba, que también tuvo una edición única.

El 24 de julio de 1975, el vespertino La Segunda, de Agustín Edwards, tituló en portada “Exterminan  como ratas a miristas” [miembros del MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria]. La Tercera inauguró un género informativo-editorial, mezclando la “noticia” con interpretación propia: “Habían sido presentados recursos de amparo [habeas corpus] a favor de los miristas muertos o evadidos en Argentina y otros países, con lo cual quiere decir que habría existido una operación malintencionada de los padres, madres, o hijos o cónyuges de los desaparecidos, para procurar el desprestigio del gobierno y de la justicia chilena”, escribió un cronista anónimo.

El Mercurio del 25 de julio de 1975 editorializó: “Los políticos y periodistas extranjeros que tantas veces se preguntaron por la suerte de estos miembros del MIRF y culparon al gobierno chileno de la desaparición de muchos de ellos, tienen ahora la explicación que rehusaron aceptar. Víctimas de sus propios métodos, exterminados por sus propios camaradas…”, etcétera, haciendo notar malestar “por el hecho de que los extremistas y una serie de organizaciones que alegan defender los derechos humanos hubieran utilizado a los jueces en el sucio juego de desprestigiar a Chile”, explica la querella.

Los cerebros de esta trama de “inteligencia mediática” fueron los asesores comunicacionales de la dictadura, aunque la querella sólo identifica a Álvaro Puga (“Alexis”), “y todos los demás que resulten responsables”. El trabajo de “inteligencia” en Argentina, para el “hallazgo” policial de cadáveres de ciudadanos desconocidos portando documentos de identidad chilenos, fue coordinado por Enrique Arancibia Clavel, chileno, agente DINA, ex bailarín, partícipe del asesinato del general Carlos Prats González en septiembre de 1974, quien terminó sus días asesinado de 34 puñaladas por un explotador de homosexuales, el 29 de abril 2011 en Buenos Aires, después de pasar 11 años en la cárcel.

Los periodistas pidieron perdón

Los demandantes quisieran que los diarios que mintieron sobre sus familiares pidieran perdón en títulos de primera página tan destacados como los publicados en 1975, dijo Roberto D’Orival Briceño, hermano del desaparecido Jorge D’Orival Briceño y uno de los firmantes de la querella. En un extraño incidente, la guardia del Palacio de los Tribunales impidió el acceso a los demandantes que deseaban firmar la querella. La Justicia sólo permitió el ingreso de cinco familiares para impetrar justicia.

El Colegio de Periodistas realizó un juicio interno para procesar, según el Código de Ética de la orden, a los periodistas que participaron en esta tramoya periodística. Algunos de los procesados por el Tribunal de sus pares resultaron sancionados o expulsados y más de uno se desempeñaba como “profesor de ética periodística” en escuelas de periodismo de universidades privadas. En junio de 2008, el Colegio cerró este capítulo deshonroso para la profesión pidiéndole perdón a los familiares de los dos casos más relevantes tratados por sus instancias éticas, el de Los 119 y el de la Rinconada de Maipú, entonces sector rural de Santiago donde 5 miembros de la familia Gallardo Moreno y 3 personas más fueron presentadas como “terroristas caídos en un enfrentamiento con fuerzas de seguridad” que nunca existió. Fue una puesta en escena transmitida in situ por “rostros” de los principales noticiarios de TV de aquella época, en coproducción con la DINA.

 

La familia Gallardo, incluido el padre, Alberto Gallardo Pacheco, tornero de 62 años, fue exterminada en calabozos secretos de Villa Grimaldi entre el 18 y el 19 de noviembre de 1975. Entre los sobrevivientes se encuentra Alberto Rodríguez Gallardo, Beto para sus amigos y familiares, quien también fue detenido en 1975, cuando apenas tenía 6 meses de edad, y concurrió hoy a los tribunales a respaldar esta querella por crímenes de asociación ilícita genocida cometidos bajo dictadura, como el asesinato encubierto de su madre, Catalina Gallardo Moreno, de 29 años. En rigor, los Gallardo fueron 6, y no 5, porque Mónica Pacheco Sánchez, de 25 años, profesora de inglés y esposa de Roberto Gallardo Moreno, de 25 años, estaba embarazada de tres meses.

Fabricación rutinaria de “enfrentamientos”

El quinto miembro victimado de esta familia Gallardo fue el padre de Beto, Juan Rolando Rodríguez Cordero, pero el crimen ocurrió al año siguiente, el 20 de octubre de 1976, cuando fue herido en un “enfrentamiento” falso en la vía pública y trasladado por agentes de la DINA a un hospital, de donde salió muerto. Y es que el encubrimiento noticioso por la vía del “enfrentamiento” falso fue el pan informativo que cada día hacían comer a los chilenos los grandes medios como El Mercurio, La Tercera y los canales de TV. Los cientos de casos no caben en una crónica, quizás en un libro de unas 500 páginas, como el del periodista Augusto Carmona Acevedo, asesinado por la espalda el 7 de diciembre de 1977, en Santiago, y presentado casi como un héroe que resistió el arresto por la Central Nacional de Información (CNI), sucesora de la DINA desde 1977.

Por ejemplo, la Operación Alfa Carbón, que exterminó a 7 personas el 23 y 24 de agosto de 1984, movilizó a 60 agentes de la CNI para matar en Concepción, Los Ángeles y Valdivia, cumplió su tarea llevando consigo a un equipo de TVN, a cargo del periodista policial Esteban Montero, quien “cubrió” en exclusiva los “enfrentamientos”, obtuvo “información privilegiada” –pero inventada– e hizo despachos tipo flash “en vivo” que irritaron a los verdaderos periodistas locales, a quienes la CNI les impidió el acceso y cobertura. Otro periodista vinculado al MIR, Juan Elías Espinoza Parra, de Concepción, murió acribillado con 22 disparos, la mayoría por la espalda, el 29 de diciembre de 1985, en otro "enfrentamiento" al sorprendérsele "poniendo una bomba" a plena luz del día, en una concurrida esquina del sector Quinta Normal, Santiago.

La querella de los familiares de los 119 pide citar a los imputados, despachar “orden amplia de investigación” a la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI), oficiar al Colegio de Periodistas para que remita copias, anexos y materiales del sumario ético realizado por la Operación Colombo y solicitar al cinematografista Ignacio Agüero copia del material no editado de su documental “El Diario de Agustín”.

*) Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno

 


ALMIRANTES INVERECUNDOS Y FELONES EN LA ARMADA DE CHILE

Después de todo quedó claro que el inverecundo Almirante Arancibia es un cobarde y un mentiroso, como se lo dije numerosas veces por email y en varios artículos que he escrito sobre la cobardía habitual de la Armada de Chile. Una vez, aprovechando un viaje a Viña, fui al Congreso Nacional acompañando al padre de Marcela Rodríguez e intenté visitar al Almirante Arancibia. Tengo la impresión de que se negó a recibirme y se escondió en su escritorio. Al menos eso decía el lenguaje facial del rostro de su ayudante. El siguiente articulo demuestra que Arancibia es un felón, mentiroso e inverecundo, al igual que otros pares suyos en la Armada de Chile.

Máximo Kinast

El Archivo Secreto de la Armada

Fred Bennetts

Pese a una campaña orquestada que trata de poner en duda los procesos de calificación de detenidos desaparecidos y exonerados, es cada día más evidente que en la base de los errores cometidos está la falta de cooperación  de las Fuerzas Armadas. Un caso flagrante es lo de la Armada.

Hace tiempo se sabía que en 2006 la Armada, por orden de su Comandante en Jefe Rodolfo Codina, entregó la bitácora de la Esmeralda “voluntariamente” a la Ministro Eliana Quezada, que instruye el caso Miguel Woodward, - escenario de torturas, violaciones, y asesinatos de al menos 110 personas. Lo que no se supo por entonces era que la Armada, al entregar la bitácora, no dio explicación alguna de la demora, tras casi 33 años de silencio, en cumplir con su obligación legal de hacer conocer a la Justicia “hechos que podrían constituir un delito”. Tan poco reveló donde se había guardado la bitácora durante ese tiempo.

Las respuestas a estas preguntas se han conocido en los últimos días gracias a una orden policial emitida por la Ministro Quezada. Han revelado la existencia de un Archivo secreto  ubicado en la bóveda del Estado Mayor General de la Armada donde existen todos los documentos sobre los crímenes de la Armada durante la dictadura y han confirmado que en concreto la bitácora de la Esmeralda fue ocultada deliberadamente.  Los responsables de esta interferencia con, y obstaculización de la justicia son tres ex-Comandantes en Jefe de la Armada: Jorge Martínez Busch, Jorge Arancibia, y Miguel Vergara.

Fue el Almirante, y Senador de la República, Arancibia quien, en un descuido durante un interrogatorio por la policía el 13 de agosto de 2007, reveló lo siguiente: “Hago presente que, durante el Gobierno Militar el Archivo de la documentación secreta y reservada de la Armada dependía del Estado Mayor General de la Armada y dicha documentación se custodiaba en una  bóveda de sus dependencias.”

Se le había mostrado al Almirante Arancibia una “Guía de Entrega” del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), dando fe del traslado de la bitácora de la Esmeralda de esa institución a la EMGA en julio de 1987. El  Almirante Arancibia comentó que suponía que hubiera sido custodiado en el EMGA “por orden de”  los Almirantes Toribio Merino, Comandante en Jefe en 1987, y su sucesor el Almirante (R) y ex-Senador Jorge Martínez Busch. Sin hacer referencia a una posible responsabilidad suya  en el asunto, dado que sucedió al Alm. Martínez Busch, añadió con su cinismo  habitual “nunca vi la Bitácora del Buque Escuela Esmeralda y nunca consulté por ella, por no tratarse de un tema transcendental o de importancia para mí”.

El significado de esta declaración del Senador viene del hecho de que la Ministro Quezada ha requerido en múltiples ocasiones la entrega de información que la Armada alegó no encontrar en los archivos de sus instalaciones. Así, para el periodo de 1973 en adelante, la Ministro pidió las “bitácoras terrestres” de cuatro instalaciones navales donde se había torturado y asesinado: la Escuela de Operaciones de Las Salinas, Academia Naval, Cuartel Silva Palma y Hospital Naval. En otro Oficio también requirió para el mismo periodo las bitácoras de la unidad de la  Escuela de Operaciones que había operado en la Universidad Federico Santa María, y de las unidades de Inteligencia Naval Ancla II y SICAJSI. 

El Secretario General de la Armada, Almirante Carlos de la Maza en su  carta de contestación a la Ministro, del 23 de julio de 2007,  afirmó que, en el caso de las bitácoras del año 1973, no fue posible encontrarlas  en los archivos que se habían consultado. Esos archivos, sin embargo, eran las de las propias instituciones involucradas: Academia Politécnica Naval, Academia de Guerra Naval, Guarnición IM “Orden y Seguridad” (ex. Cuartel Silva Palma) y Hospital Naval. El Alm. de la Maza no hizo referencia alguna a los archivos de la EMGA.

Es en ese archivo secreto custodiado en la bóveda del EMGA  que debe buscarse ahora el material entonces requerido. ¿Y que pasará con la demás documentación secreta que pueda existir en ese Archivo sobre otros casos de ejecutados y desaparecidos?

Lógicamente debería el Ministro de Defensa, igual que hizo su homólogo en Argentina hace tiempo, obligar a la Armada hacer público todo el contenido de su Archivo de documentación secreta y reservada. Si se alegara que el material fue destruido, deben requerirse las Actas de Incineración correspondientes. Según fuentes de la Armada, éstas identificarían quienes destruyeron la documentación, quienes ordenaron su destrucción, y la naturaleza de lo que se destruyó.

En todo caso, deben procesarse los ex – Comandantes en Jefe ya. Como máximo responsables de la ocultación en un Archivo secreto de la bitácora de la Esmeralda, infringieron la Ley Penal que les obligaba a hacerla conocer a las autoridades judiciales.

La ocultación se inició en los años ´80, cuando el Capitán de Navío Eduardo Barison (ex - Segundo Comandante de la Esmeralda) era Director del Instituto Hidrográfico y Oceanográfico, actual SHOA, y su Sub-Director le consultó sobre  la bitácora de la Esmeralda, entonces custodiada por esa institucion. En opinión del Sub-Director, contenía descripciones que “comprometerían la Armada”.

Más tarde, en Julio 1987, el nuevo Director del SHOA, Capitán de Navío Fernando Espinosa Simonetti  (también había servido en la Esmeralda en 1973) recibió una llamada del  Comandante en Jefe Almirante Toribio Merino quién le ordenó entregar la bitácora de la Esmeralda a él personalmente en Santiago. Se trasladó el próximo día a la capital y, según él, en ausencia del Comandante en Jefe, entregó la bitácora al Jefe del EMGA, Vice -Almirante Hernán Rivera Calderón

Posteriormente sucesivos Comandantes en Jefe de la Armada, desde 1987 hasta 2006, alegaron reiteradamente ante las peticiones  de los familiares de Miguel Woodward no poder encontrar la bitácora. Aún más significativo, la existencia de la bitácora de la Esmeralda no fue revelada por cualquiera de los dos Comandantes en Jefe –Almirantes Jorge Arancibia y Miguel Vergara– de  la época en que se preparó y realizó la “Mesa del Dialogo”. Iniciativa ésta promovida por la Armada de Chile en que cada rama de las  fuerzas armadas  se comprometió ante las demás instituciones del Estado a hacer conocer cualquier delito cometido por ellos durante la dictadura.

En estas circunstancias tiene un valor muy relativo el hecho de que el Senador Jorge Arancibia alega en su declaración policial no haberse enterado de que se custodiaba la bitácora en el EMGA durante el periodo de  su Comandancia en Jefe de la Armada. Según  ex-oficiales de Inteligencia Naval,  en todos los cambios de mando en la Comandancia en Jefe se firman a distintos niveles “actos de entrega” de documentación entre los equipos entrantes y salientes en la presencia de un “interventor” (un oficial de mayor rango).

La responsabilidad  directa de custodiar el Archivo secreto dentro de la bóveda del EMGA hubiera sido de un suboficial mayor, entregándolo al suboficial mayor del equipo entrante. El próximo escalafón sería del Departamento del EMGA que custodiaba el Archivo y los responsables que firmarían el acto de entrega a ese nivel tendrían el rango de Capitán de Fragata o Capitán de Navío. Siguiendo la misma lógica, el último escalafón en que se practicaría un “acto de entrega” sería de los Jefes del EMGA, entrante y saliente, con el Comandante en Jefe actuando como interventor.

Por lo tanto, cada nuevo Comandante en Jefe de la democracia asumía las responsabilidades y los compromisos de su antecesor. Entre ellos, ese que sabiendo que la Armada guardaba “secretos” sobre los crímenes que se habían cometido durante la dictadura, consideraba que no se trataba de un tema “transcendental o de importancia”...

Para remediar este desafío permanente por parte de la Armada hacen falta acciones contundentes por parte de las autoridades judiciales y políticas. Hasta entonces  el país seguirá desprestigiándose y las victimas de la dictadura no serán reivindicadas. 


Interferencia con, y obstaculización de,

la investigación judicial

del caso Miguel Woodward

Según declaró el 14 de mayo de 2007 el Almirante (R) José Antonio Galván Bernabeu,  ante la Ministro instructora Eliana Quezada en dos ocasiones, siendo Auditor General de la Armada, y actuando al requerimiento de sus mandos superiores, realizó actos que podrían ser constitutivos de interferencia con, y obstaculización de, la investigación judicial del caso Miguel Woodward. Las órdenes que recibió al respecto eran, en el Año 2004, del Comandante en Jefe Miguel Ángel Vergara y, en 2006, de su sucesor como Comandante en Jefe, el Almirante Rodolfo Codina.

En cuanto al primero de estos casos, los altos mandos de la Armada se habían enterado (no se sabe por que canales) a principios de 2004 que la Ministro Gabriela Corti, instructora de la causa Miguel Woodward, proponía realizar una inspección ocular a bordo de la Esmeralda poco antes de que el buque zarpara en su crucero anual en que cumpliría con el papel de “embajadora de Chile” en varios puertos extranjeros. 

En consecuencia, el Almirante Galván, siguiendo órdenes del Almirante Vergara, pidió audiencia con la  Ministro Gabriela Corti, por entonces instructora del caso Miguel Woodward, y le pidió que postergara la inspección ocular hasta que el buque hubiera regresado a puerto dentro de seis meses. Como resultado de dicha gestión la reconstitución no se realizó antes de la salida del buque y, por fin, la Ministro Corti nunca la llevó a cabo.

Fue casi tres años más tarde, en diciembre de 2007, que la autoridad judicial competente, por entonces la Ministro Eliana Quezada, subió a bordo de la Esmeralda, para realizar una inspección ocular. En esa ocasión fue acompañada por varios ex altos mandos de la Armada algunos de los cuales fueron sometidos a proceso posteriormente. Ningún argumento de “obediencia debida” a un superior tendría justificación: el Almirante Galván tenía que ser plenamente consciente de la gravedad de su actuación.

Los hechos y sus consecuencias son gravísimos en sí y adquieren aún más relevancia por haber sido perpetrados por la máxima autoridad de la Armada y por el máximo responsable jurídico de la institución. El Alm. Galván, además de haber ocupado ese último cargo es un conocido abogado y Profesor de Derecho de la Pontifica Universidad Católica de Valparaíso,

Al enterarnos más tarde de los hechos los denunciamos, primero al Almirante Rodolfo Codina, que ya había asumido como Comandante en Jefe quien, consternado, dio instrucciones al Almirante Cristian Millar, por entonces Secretario General de la Armada para investigarlos. Después de algunos meses sin recibir noticias al respecto, denunciamos el asunto a La Nación que, tras consultarlo con la Armada, publicó el 15 de marzo de 2006 un artículo con el titular Armada niega haber evitado diligencia en la“Esmeralda”.  seguido del siguiente texto:

El contralmirante Millar manifestó “como secretario general de la Armada he acompañando estos casos muy de cerca, y digo que no ha estado en la mente de la institución interferir en ninguna diligencia que estén haciendo los jueces. No nos parece justo una denuncia de esta naturaleza, a no ser que, realmente, la ministra Corti se haya juntado con alguien ajeno al quehacer de la Marina, o informalmente con alguien que lo hizo por su propia cuenta y sin instrucciones. No tenemos antecedentes de que, institucionalmente, haya existido alguna gestión para impedir o retrasar esa diligencia”.

En cuanto al Almirante Codina, según el Alm. Galván le había ordenado informar de la entrega de la bitácora de la Esmeralda a tres de los marinos referidos en la misma antes de que fuesen interrogados judicialmente. De esa forma, les dio la oportunidad de coludir entre ellos o preparar  una coartada – lo que efectivamente parece haber pasado, alegando uno de los tres que la Armada había falsificado la bitacora.

 

INVERECUNDO Y CONTUMAZ ENCUBRIDOR VA DE CANDIDATO A PRESIDENCIA MUNDIAL DE LA INTERPOL

EL PASADO QUE INCOMODA AL DIRECTOR
DE LA POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

Por Mónica González y Cristóbal Peña, www.ciperchile.cl, 23 Mayo, 2008.

Arturo Herrera desarrolló casi la mitad de su carrera policial en dictadura. Primero trabajó en Policía Internacional y fue escolta y ayudante del general Ernesto Baeza, quien dirigió Investigaciones hasta 1980 y prestó estrecha colaboración a las actividades de la DINA en el exterior.

Después se transformó en uno de los hombres de mayor confianza del general Fernando Paredes, sucesor de Baeza y promotor de una férrea política represiva en la institución. Fue Paredes quien le enseñó a jugar golf y le confió el cuartel Papudo, creado con el propósito de cautelar y atender los descansos del antiguo director en ese balneario. Dos décadas después, el pasado sigue presente en el mando del actual jefe de la policía civil.

A juzgar por su currículo laboral, la carrera que realmente importa de Arturo Herrera Verdugo parece haber arrancado recién a comienzos de los '90. Desde entonces sus actividades aparecen perfectamente detalladas en el portal institucional, año por año, misión por misión.

De los años previos al retorno de la democracia, el director de la Policía de Investigaciones consigna únicamente que ingresó a la institución en marzo de 1971, con 19 años, y que a partir de entonces, sin señalar fechas ni funciones específicas, "ha servido en diferentes zonas del país y en importantes reparticiones policiales, tales como: Extranjería, Inteligencia, Homicidios, Dirección General, entre otras".

Con casi 37 años de servicio, cinco y medio de los cuales ha dirigido a la Policía civil, la trayectoria de Herrera Verdugo tiene bastantes más claroscuros y matices de los oficiales y de los que sugirió hace una semana el Presidente venezolano. 

Basándose en lo que calificó como simple información disponible en Internet, Hugo Chávez acusó al jefe de la policía chilena de estar involucrado en la operación "Retiro de Televisores", ordenada por Pinochet en 1979 después del descubrimiento un año antes de los cuerpos de desaparecidos enterrados en los hornos de Lonquén. La operación estaba destinada a exhumar los restos de ejecutados políticos en todo el país para lanzarlos al mar y así borrar toda huella de sus asesinatos.

Chávez aludió a la supuesta intervención que habría tenido Herrera para beneficiar en 2005 al entonces jefe de la II división de Ejército y juez militar de Santiago, general Miguel Trincado Araneda, quien en un informe de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos de Investigaciones fue señalado como el responsable de la exhumación ilegal de 26 de los cadáveres de los desaparecidos de Calama, enterrados secretamente en 1973. El hecho trascendió a la opinión pública y provocó el retiro obligado del general Trincado.

Lo que está claro es que, a partir del golpe de Estado, recién egresado de la Escuela de Investigaciones, el actual jefe de la policía civil desarrolló una carrera silenciosa y de bajo perfil, ligada directamente a los dos generales de Ejército que encabezaron la institución bajo el régimen militar.

En un principio fue escolta y ayudante del general (r) Ernesto Baeza, y a contar de 1981, cuando éste debió entregar el mando por el asesinato del estudiante de periodismo José Eduardo Jara a manos de un comando de detectives (Comando de Vengadores de Mártires, COVEMA), se convirtió en ayudante y hombre de confianza del general (r) Fernando Paredes. Ambas administraciones estuvieron marcadas por acusaciones de torturas, asesinatos y obstrucción a la justicia en casos de derechos humanos.

Pese a haber desarrollado casi la mitad de su carrera en dictadura, ninguna de esas funciones se consigna en la trayectoria del hombre que hoy ostenta la jefatura interina de Interpol y que aspira a ser confirmado definitivamente en el cargo en la elección que se llevará a cabo en octubre de este año en San Petersburgo, Rusia.

La amenaza de Iturriaga

Ahora fue Hugo Chávez quien reactivó la curiosidad por el pasado de Herrera. Pero hace un año, cuando el ex jefe del Departamento Exterior de la DINA, general (r) Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, se dio a la fuga para evitar ingresar a la cárcel y cumplir una condena a 5 años por el secuestro del estudiante Luis San Martín, aún desaparecido, detectives antiguos –activos y en retiro- recordaron con preocupación la relación del prófugo con el actual director de Investigaciones.

Una relación que el propio Iturriaga Neumann se encargó de recordar 52 días después de darse a la fuga. Al ser detenido en Viña del Mar por un grupo de detectives, el retirado militar comentó a sus captores: "Yo conozco bien a su jefe".  Iturriaga Neumann se refería a una relación surgida tres décadas atrás cuando poco después del golpe de Estado, y siendo ya un alto oficial de la DINA, comenzó a viajar al extranjero en misiones de terrorismo internacional. Muchas veces lo hizo con Michael Townley, como quedó acreditado en el juicio por el asesinato del general Prats. Y en múltiples oportunidades lo hizo con pasaporte falso, identidades que también quedaron registradas en su prontuario.

También quedó consignado el modus operandi que utilizaba Iturriaga, que ya dirigía el Departamento Exterior de la DINA, tanto para sus viajes como para el de los agentes que enviaba al exterior con distintas misiones.

"Gigio (sobrenombre de Iturriaga) llamaba por teléfono a la dirección general de Investigaciones y partía con su gente al aeropuerto. Allá ya todo estaba arreglado. A medida que los viajes se hicieron más frecuentes, los policías del aeropuerto ya nos conocían", dijo Michael Townley en una de sus declaraciones.

Fue entonces que el joven Arturo Herrera, destinado a Policía Internacional desde 1973, comenzó a familiarizarse con Iturriaga y los desplazamientos de los agentes de la DINA así como con las detenciones practicadas en el mismo terminal internacional y de las cuales no quedaba registro.

Puesto de confianza

A juzgar por cómo continuó su carrera el joven Arturo Herrera, su desempeño en el Departamento de Extranjería a principios de la dictadura debe haber sido óptimo. Porque en 1976 fue promovido a un puesto de absoluta confianza: al gabinete del director de Investigaciones de la época, general de Ejército Ernesto Baeza Michaelsen.

Fue un año después de que la DINA echara a andar la Operación Cóndor, la coordinación con los servicios represivos de las dictaduras del Cono Sur para la eliminación de opositores. También, el momento en que Manuel Contreras incrementó el despliegue de sus agentes por distintos países, ya sea para el seguimiento de opositores o para su eliminación, como ocurrió con el asesinato de Orlando Letelier en Washington, en septiembre de 1976.

De allí que surgiera como una necesidad prioritaria para el Departamento Exterior de la DINA una estrecha coordinación con Investigaciones para que sus agentes no fueran interceptados ni retenidos al salir o entrar del aeropuerto con identidades falsas. También, para que no quedara huella de sus pasos.

En 1976, en la fase operativa más importante de la DINA, Manuel Contreras escogió a uno de sus oficiales de elite para la función de enlace con la dirección de Investigaciones: Raúl Eduardo Iturriaga Neumann. El mismo oficial procesado como autor del asesinato del general Carlos Prats en Buenos Aires y por la desaparición de 119 chilenos detenidos en Chile y hechos aparecer como asesinados por sus propios compañeros en el extranjero, entre otros.

Iturriaga, oficial formado en la Escuela de las Américas, era la mejor carta: estaba casado con Mireya, la hija regalona del general Baeza, director de Investigaciones. Una de sus funciones mas delicadas la cumplió entre enero y abril de 1978, cuando Estados Unidos pidió la extradición de Michael Townley por su implicancia en el crimen de Orlando Letelier, y Manuel Contreras se resistía a entregarlo. Iturriaga era amigo de Townley y obtuvo la ayuda de Investigaciones para esconderlo y ayudarlo hasta que finalmente, en abril de 1978, ya no pudo evitar su expulsión.

En muchas oportunidades su interlocutor en el gabinete de Baeza fue Arturo Herrera.


Ayudante del general Paredes

El actual jefe de la policía chilena no asistió a la caída del general Baeza. En 1978, dos años antes de que éste fuera arrastrado por la muerte del estudiante José Eduardo Jara, Herrera fue destinado a la comisaría de Las Condes. Fue una destinación feliz. Allá conoció a quienes se convertirían en dos de sus principales amigos y hombres de confianza: Luis Alarcón y Rafael Castillo.

El primero es hoy subdirector Administrativo de Investigaciones y tercero en la línea de mando; el segundo fue hasta el año pasado jefe de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos. Lo ocurrido con el general Trincado terminó con la amistad entre ambos policías, que llegarían a tener una relación de compadrazgo y destinos encontrados: a Castillo le corresponderá investigar un caso en que Herrera se vería involucrado de manera indirecta a principios de los '80, cuando estando en la Brigada de Homicidios fue llamado nuevamente al centro del poder de la policía civil como ayudante del general de Ejército Fernando Paredes, sucesor de Baeza en la dirección de Investigaciones.

Durante el desarrollo de la última etapa en la investigación judicial del crimen del líder sindical Tucapel Jiménez, asesinado por un comando CNI-DINE en febrero de 1982, quedó en evidencia –con pruebas documentales- la estrecha colaboración y coordinación entre la Policía de Investigaciones, la CNI, la DINE y el equipo antisubversivo del régimen militar encabezado por el fiscal Fernando Torres Silva en lo que se llamó la "Comunidad de Inteligencia". Una acción enfocada tanto a la obstaculización de la acción de la justicia en los procesos sobre asesinatos y tortura de opositores como para acciones represivas.

En una maniobra claramente ilícita –sancionada en el artículo 246 del Código Penal-, el entonces director de Investigaciones informaba a sus pares, antes que al juez que llevaba la causa, de los resultados de las diligencias que obtenían los detectives asignados a la investigación como también de las pruebas que aportaba la parte querellante.

La acción buscaba impedir a como diera lugar que la investigación avanzara en la identificación de los verdaderos autores del crimen de Jiménez así como del asesinato del carpintero Juan Alegría, ideado y perpetrado por agentes de la DINE para intentar sepultar sus huellas a través de una supuesta carta póstuma en donde Alegría se declaraba culpable del crimen de Jiménez.

En una de esas minutas "confidenciales" que la investigación judicial de los '90 pudo recuperar, enviada desde la ayudantía del despacho del director Paredes, donde actuaba Arturo Herrera, se adjuntan dos retratos hablados de los asesinos y fotografías de la huella dactilar revelada en la parte interna de la aletilla de una puerta del automóvil de Jiménez y reloj marca Jaeger Le–Coultre, sustraído a la víctima e identificado con el Nº 882747.

La minuta, así como otras similares incluidas en el expediente por el crimen de Tucapel Jiménez (foja 333 del Tomo VI), va dirigida a todos los jefes de la que llamaron "Comunidad de Inteligencia", integrada entonces por el general Humberto Gordon, director de la CNI; el general Arturo Alvarez Scoglia, director de Inteligencia del Ejército; el vice-Almirante Ronald Mac-Intyre, jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional; el general Vicente Rodríguez, director de Inteligencia de la Fuerza Aérea; el general Mario Mac-Kay, subdirector de Carabineros, y el comandante Raúl Monsalve, director del Servicio de Inteligencia Naval.

Los mismos antecedentes fueron entregados mucho después al juez que instruía la causa, Sergio Valenzuela Patiño, en un parte oficial fechado el 12 de abril de 1984. La investigación judicial reveló también la llamada "Operación Prueba", para el conocimiento de todos los elementos del proceso, lo que incluyó seguimientos al ministro en visita extraordinaria, intervención de sus teléfonos y acceso permanente al expediente.

El ilícito en que incurrió Paredes como quienes lo ayudaron en el envío de esos antecedentes a quienes aparecían como sospechosos del crimen no fue sancionado en virtud de la prescripción.  La misma estrecha colaboración operativa y de obstaculización a la justicia entre Investigaciones y la CNI quedó demostrada en el juicio por el asesinato de 12 personas en la llamada "Operación Albania".

La buena vida en Papudo

La función de ayudante del director era motivo de envidia al interior de la institución. Aparte de comodidades y estatus con que contaban los asistentes de Paredes, éstos no habituaban cumplir turnos ni tareas operativas. Para los tiempos que se vivían, intensos en materia de lucha antisubversiva, no era poca cosa. Pero si Herrera ya podía sentirse afortunado, a mediados de los '80, después de su paso por la Jefatura de Inteligencia Policial, recibió una designación que significó un premio aún mayor, además de una muestra de confianza excepcional. Paredes le confió la jefatura del nuevo cuartel policial de Papudo.

Según coinciden diversas fuentes, el cuartel de Papudo fue abierto por Paredes por una razón muy personal. Aparte de que su hermano Julio era alcalde designado del balneario, el propio director de la policía civil tenía una casa de descanso en ese lugar. De hecho, el cuartel fue levantado frente a la casa de Fernando Paredes, quien al tiempo de la apertura del cuartel gestionó la construcción de cabañas para el descanso del personal.

En Papudo había poco y nada que hacer en materia estrictamente policial. De acuerdo con las mismas fuentes, la tarea de Herrera y la decena de hombres asignados al cuartel –sin contar cocineros y jardineros- consistía en cuidar y mantener la casa del jefe policial, además de atenderlo en sus habituales visitas de fin de semana.

En esos días era común que Paredes coincidiera en Papudo con el jefe de la Brigada Investigadora de Asaltos, Sergio 'Chueco' Oviedo, que tenía familiares en la zona y una panadería de nombre "Su Majestad", y con el comandante del cuartel Borgoño de la CNI, Álvaro Corbalán, visitante frecuente del club de yates del lugar.

Fue en Papudo que Arturo Herrera cultivó amistad con Fernando Paredes, la que se mantiene hasta hoy. Las visitas familiares entre ambos aún son frecuentes. Es probable que Herrera no olvide que quien le enseñó a jugar golf fue el propio Paredes, un deporte que le abrió las puertas de Cachagua y que le ha permitido practicarlo con empresarios y celebridades como el padre del 'Chino' Ríos.

La vuelta de mano no se hizo esperar. Herrera fue el primer jefe de Investigaciones designado en democracia que facilitó el retorno del ex general a los actos oficiales de la institución. Atendiendo a sus oscuros antecedentes –que se arrastran desde que estuvo al mando de la Escuela de Caballería de Quillota en 1973, donde ocurrieron ejecuciones políticas-, tanto Horacio Toro como Nelson Mery prefirieron apartarlo del protocolo institucional.

Hubo un segundo gesto de Herrera hacia Paredes. En febrero del año pasado el actual jefe policial reabrió el cuartel de Papudo, que había sido cerrado en la administración de Toro.

En la decisión pudo haber influido un hecho personal: tras su designación, Herrera compró un departamento en Papudo que aún conserva.

El manto de la Masonería

Tras el fin del gobierno militar, Arturo Herrera ascendió en una carrera académica sin sobresaltos. A fines de los '80, como vivía en La Florida e ingresó al Instituto Superior para optar al grado de subprefecto, fue destinado en media jornada a la comisaría de esa comuna. Después seguiría en cargos académicos hasta que, en 1997, fue designado director de la Escuela de Investigaciones y tres años después quedó al frente de la Academia Superior de Estudios Policiales, ASEPOL. Ambas designaciones fueron interpretadas como una jugada que Nelson Mery, ex director de la policía, ejecutó para preparar el ascenso de su sucesor a la dirección, lo que obligó al retiro de los siete mandos que lo antecedían. Ambos compartían filiación en la Masonería.

Arturo Herrera pertenece a la Logia "Lealtad Nª 156″. Fue allí donde hizo amistad con el abogado Andrés de la Maza, esposo de la ministra Gloria Ana Chevesich, fallecido en 2004. Una relación que le provocó más de un llamado de atención desde La Moneda en tiempos de Ricardo Lagos, cuando se supo de reuniones que ambos sostenían en el momento más álgido del proceso por las irregularidades en el ministerio de Obras Públicas.

Cuando Herrera llegaba a la reunión del grupo en la casa de la Masonería de calle Marcoleta, dejaba sus presillas y reconocía el liderazgo de Andrés de la Maza. El ex esposo de la jueza Chevesich ostentaba el grado de maestro y era secretario de la Logia.

La masonería ha seguido gravitando en el alto mando de Investigaciones. Los dos subdirectores de la institución, René Castellón y Luis Alarcón Adrián (segundo y tercero en el mando) son también masones. Pero no solo comparten ese lazo férreo y secreto. También una historia en común.

Castellón perteneció a la Brigada Especial, la fuerza de elite que Fernando Paredes creó en 1982 para combatir la "amenaza subversiva" y cuidar de la seguridad personal del director y su familia. En esos mismos años duros Alarcón formó parte de la Brigada Investigadora de Asaltos, BIA, la otra fuerza creada para ayudar al combate a la subversión, en estrecho contacto con la CNI. Desde entonces Alarcón es cercano al 'Chueco' Oviedo, ex jefe de la BIA a quien le DEA acusó de tráfico de cocaína, lo que no fue impedimento para que llegara al tercer mando de la institución en democracia.

Puede que su antigua amistad con Herrera, iniciada en la Comisaría de Las Condes en 1978, justifique el meteórico ascenso de Alarcón. Apenas Herrera llegó la dirección de Investigaciones, lo nombró jefe de gabinete. De allí pasó a la jefatura nacional de Inteligencia y luego a inspector general. Hoy es subdirector administrativo y controla un área tan sensible como las finanzas de Investigaciones. Y todo eso en cinco años.

Las complicidades por el pasado no terminan ahí en el alto mando policial. La cuarta antigüedad, Óscar Gutiérrez, jefe de la Región Policial Metropolitana, integró también la Brigada Especial de Paredes. Lo mismo ocurre con el actual jefe de Inteligencia, prefecto inspector Héctor Puga, quien ha permanecido gran parte de su carrera en esta área, pasando sin contratiempos desde la dictadura a la democracia.

Y en el estratégico cargo de Jefe Nacional de Comunicaciones figura el prefecto Carlos González, quien fuera uno de los escoltas favoritos del general Fernando Paredes.

La influencia de este grupo en el mando es el que ha posibilitado que uno de los detectives vinculado al asesinato del estudiante de Periodismo Eduardo Jara a manos del Covema, José Marchant, sea hoy instructor del curso especial que creó Arturo Herrera para alumnos que teniendo una carrera profesional han optado por insertarse como oficiales de la policía.
Todo eso es pasado. Para Herrera, que a los 57 años se acerca al fin de su mando, lo único que importa es la elección de presidente de la INTERPOL. Cinco meses lo separan de la meta.

Arturo Herrera y los derechos humanos

Desde sus primeros pasos en la dirección de la Escuela de Investigaciones, Herrera decidió dictar clases de Ética y también de Derechos Humanos, cursos que sigue impartiendo hasta hoy. Su decisión respecto del segundo curso causó extrañeza entre quienes lo conocen bien. Y es que el caballo de batalla de Herrera ha sido siempre la modernización, en una línea de acción que implicó, desde que asumió la dirección de Investigaciones el 2 de octubre de 2003, reducir a su mínima expresión la dotación y los recursos destinados a terminar las investigaciones judiciales de los crímenes cometidos en dictadura.

Si bien la tarea había sido acotada por su antecesor Nelson Mery a un pequeño equipo de excelencia, su decisión significó desarmar al equipo policial con la mayor experiencia, conocimiento y rigurosidad alcanzado por un país del Cono Sur en la materia una vez terminadas las dictaduras. Y lo hizo en la fase más delicada del proceso, el momento en que los ministros con dedicación exclusiva a juicios de derechos humanos asumían el fin de sus investigaciones para determinar con exactitud cómo ocurrió el secuestro de la víctima, su ejecución y el paradero de restos de desaparecidos así como de los responsables de cada una de esas etapas y de su exhumación ilegal.

Era la etapa final, la de la preparación del cierre de los juicios para dictar los procesamientos. Y en el medio, al menos cuatro juicios en pleno desarrollo y con consecuencias relevantes para los institutos armados y para el país.

Esa fue la situación que debieron asumir el ministro Víctor Montiglio, quien lleva el juicio por el secuestro y desaparición de la dirección del Partido Comunista desde la casa de calle Conferencia; el ministro Claudio Pavez, que investigaba la muerte del ex coronel de la DINA, Gerardo Huber, implicado en el hasta ahora no aclarado enriquecimiento ilícito de oficiales de Ejército por la venta de armas al exterior, entre los que se cuenta el tráfico de armas a Croacia; el ministro Alejandro Madrid, con el juicio por el secuestro y muerte del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos, y los cinco procesos laterales por asesinato de chilenos con utilización de armas químicas, lo que incluye la investigación de la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva; y el proceso que sigue en Valparaíso la jueza Eliana Quezada por el asesinato del sacerdote Michael Woodward, que por primera vez llevó a prisión a altos oficiales en retiro de la Armada.

La preocupación de Herrera por el desarrollo del juicio en Valparaíso, que constató judicialmente que en el buque escuela Esmeralda efectivamente se torturó, lo que durante 34 años había negado la Armada, podría adjudicarse a la incorporación de su hijo a la Escuela Naval. No así su actitud respecto a la investigación de la verdadera causal de muerte de Frei Montalva.

Este último puede que sea el caso más controversial de todos para la seguridad nacional del país. Y ello, porque además de tener como meta dilucidar si efectivamente se utilizaron armas químicas para provocar su muerte, la investigación del ministro Madrid está develando que durante la dictadura Chile fabricó armas químicas, las vendió al extranjero y urge saber su paradero actual. Fue el propio Pinochet quien firmó un tratado internacional por el cual se comprometió a no fabricar esas armas prohibidas por la ONU.

Aún así, el equipo que trabajaba en el caso se vio reducido a su mínima expresión. Y fue el propio senador Eduardo Frei quien debió apelar a su cooperación en entrevista personal para que las pesquisas no se debilitaran. Cuando el ministro Alejandro Madrid pidió a Uruguay la extradición de los tres militares de ese país vinculados al secuestro y muerte de Berríos, Herrera no ocultó entre su grupo más cercano su rechazo a la decisión del juez y su escepticismo. Y cuando finalmente la Corte Suprema uruguaya aprobó las extradiciones, ocurrió un hecho insólito: Arturo Herrera coordinó directamente con el Ejército el traslado y llegada de los inculpados, pasando por alto al ministro Madrid, quien se enteró por la prensa que los tres uruguayos ya estaban en Chile.

Un segundo hecho cuestionable ocurrió poco después de que el estudio jurídico en el que trabaja el abogado Carlos Castro Vargas asumiera la defensa de los militares uruguayos en la Causa 7.981 del 6º Juzgado del Crimen. Nadie hasta hoy ha representado la incongruencia de que el abogado Castro, contratado por Herrera como asesor jurídico personal e institucional, además de hacer clases en la Escuela Policial, defienda a los tres militares uruguayos procesados por el secuestro y muerte de Eugenio Berríos y cuya complicidad con los mandos de Pinochet en la Operación Cóndor y otras materias de seguridad nacional está comprobada.

De La Florida a Los Dominicos

Poco después asumir la dirección de Investigaciones, Arturo Herrera abandonó su casa de los últimos años en La Florida para trasladarse al barrio alto de Santiago. Lo natural habría sido que habitara la casa institucional en calle Juan de Austria, en Las Condes, la misma que ocupó Nelson Mery durante su gestión. Pero no fue así. El nuevo director prefirió arrendar a costa de la institución una amplia propiedad en Camino del Alba, en Los Dominicos, la que tiene el estatus de cuartel. A lo anterior se sumó la adquisición de dos vehículos institucionales por $ 150 millones. La compra de fines de 2005 fue objetada por Contraloría al no contar con la toma de razón.

No ha sido el único problema que ha tenido el director general de Investigaciones con los autos institucionales.

El menor de sus hijos, el cadete naval Arturo Herrera Riveros, quien practica motocross, chocó una camioneta nueva del cuartel de Lo Barnechea, la cual le fue facilitada para que trasladara su moto de competencia. El director de la policía pagó de su cuenta personal los daños del vehículo fiscal. Herrera Riveros es uno de los cuatro hijos que tiene el director de la policía civil. Su hija menor siguió sus pasos y hoy es subcomisaria en la XI Región.
 

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COMUNICADO

El Comité Memoria y Justicia de Ginebra critica la postulación de un policía chileno, ex-funcionario del régimen de Pinochet, a la Presidencia de INTERPOL

Ante la candidatura al puesto de Presidente de Interpol del señor Arturo Herrera Verdugo, actual Director de la Policía de Investigaciones de Chile, quien ocupa actualmente el cargo de Vicepresidente del Comité Ejecutivo de Interpol, el Comité Memoria y Justicia de Ginebra declara:

Nuestra asociación se hace eco del repudio que esta candidatura ha provocado en muchos medios Chile y en el extranjero. Compartimos la opinión de muchos medios, de que dicho funcionario no da las garantías necesarias, desde el punto de vista de su compromiso con los Derechos Humanos.

El funcionario Herrera Verdugo ha tenido participación directa en el encubrimiento de una situación de violación de derechos humanos (caso del general Trincado), para sustraerlo a la acción de los Tribunales. Asimismo, ha tenido un rol activo en el desmantelamiento del Dpto. Quinto de Investigaciones (Derechos Humanos), alejando a funcionarios meritorios cuyo compromiso en la investigación de casos de asesinatos y desapariciones durante la dictadura ha permitido a la Justicia avanzar.

Nos parece grave que el Gobierno de Chile promueva la candidatura de un funcionario (Herrera Verdugo) cuya conducta aparece poco afín con lo que se espera de un Estado que ha sido admitido recientemente en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Esperamos que el Gobierno de Chile haya tomado en cuenta los problemas que le puede acarrear un nombramiento en tales condiciones.

Por otra parte, la historia de Interpol nos muestra que este organismo ha sido, en algunos períodos recientes, dirigido por personeros de ideología contraria a los derechos humanos. Entre sus Presidentes encontramos a los jerarcas nazis: Heydrich (1938-1940), Nebe (1940-1942), y Kaltenbrunner (1942-1943). No está en nuestro ánimo comparar al Sr. Herrera con dichos criminales, pero cualquiera puede comprender que se trata de un contexto delicado, en el cual no sería conveniente, ni para Chile ni para la Interpol, que un Directivo suscitara dudas respecto de su probidad en el campo de los Derechos Humanos.

Nuestra Asociación ha dirigido una carta a los representantes de todas las Misiones diplomáticas acreditadas ante Naciones Unidas en Ginebra, informándolos de nuestra posición frente a esta postulación.

Al mismo tiempo, pedimos al Gobierno de Chile que se anule la candidatura de este funcionario policial, como manera de mostrar que Chile no transige con la imagen internacional de sus representantes, sobre este punto. Esperamos que el Gobierno redoble su vigilancia, para evitar las bochornosas situaciones que se producen cada cierto tiempo, en que representantes de Chile son cuestionados por sus implicaciones en casos de violación de los derechos humanos.
 
Ginebra (Suiza) 30 de septiembre de 2008

 

INVERECUNDO CODINA MIENTE CUANDO DICE LA VERDAD

Fuente:

http://maximokinast.blogia.com/2008/090503-codina-miente-cuando-dice-la-verdad.php

Por Máximo Kinast

DNI 2274418-6

En relación al desmentido o corrección sobre lo declarado por el Director de Amnistía Internacional a lo dicho por el Almirante Codina, pienso, opino que CODINA MIENTE USANDO LA VERDAD.

Codina es un inverecundo y un cahuinero. Esta emborrachando la perdiz y diciendo puras cabezas de pescado. A ver si nos entendemos:

 

a) Estoy convencido de que es verdad -como dice Codina- que el 11 de Septiembre de 1973, la Armada disponía de unos 30 mil efectivos, entre oficiales y clases, a los que hay que descontar los marinos democrátas asesinados en agosto de 1973. 

b) Estoy convencido de que de esos 30 mil efectivos, sólo unos mil cometieron físicamente violaciones a los Derechos Humanos, tal como dice Codina. O sea, que quede bien claro, en la Armada hubo unos mil criminales ejecutores de crímenes contra la Humanidad.

c) Los dos hechos citados como a) y como b) son verdades y al mismo tiempo son una muestra del cinismo con que se miente en Chile diciendo la verdad. Porque esas dos afirmaciones ocultan y falsean un hecho más importante: No se trató de mil marinos locos que salieron a torturar y a asesinar gente, por su cuenta y riesgo.

No, señores, no fue así. El hecho verídico, claro y puro, que se oculta con dos verdades, es que la Armada de Chile adoptó (hizo suya) una Política de Terrorismo de Estado y autorizó y ordenó los hechos delictivos que cometieron unos mil miembros de la Institución. Y no sólo autorizó y ordenó, sino que además premió, alabó y protegió hasta el día de hoy a los hechores.

POR LO TANTO,

ES LA ARMADA DE CHILE, COMO INSTITUCIÓN, LA RESPONSABLE DE AUTORÍA, DE FELONÍA, DE COMPLICIDAD Y DE ENCUBRIMIENTO DE DELITOS CONTRA LA HUMANIDAD.

Echarle la culpa y achacarle la responsabilidad a unos mil pelafustanes, es un acto de cobardía, muy propio de la política personal de Daniel López (alias Ramón Ugarte, Alias El Innombrable, alias El Loco Vitalicio, alias Augusto Pinochet), que para sacarle el poto a la jeringa, o sea, para eludir la Justicia se declaraba enfermo y culpaba a sus subordinados. Eso se llama cobardía.

Señor Almirante Codina, usted es un cobarde y un mentiroso.

PARA UNA MEJOR COMPRENSIÓN DEL TEXTO, COPIO LA NOTA DIFUNDIDA POR AMNISTÍA INTERNACIONAL:

 

Noticias de Derechos Humanos en los medios

En relación a la nota publicada por La Nación que se cita, es importante aclarar que

El Director Ejecutivo de Amnistía Internacional Sergio Laurenti ha requerido a La Nación que rectifique la entrevista donde se lo cita al respecto de dichos del Almte. Codina. Dijo claramente –en dos ocasiones durante la entrevista- que: “cuando se consideraba la cantidad de efectivos de la Armada que podrían haber estado involucrados en violaciones de Derechos Humanos, el Almte. Codina indicó que en un contexto de 30.000 efectivos estimaba que el total de efectivos en las dotaciones donde podrían haberse registrado hechos no superaba los 1.000 efectivos, incluyendo al personal auxiliar y no que todos habrían cometidos violaciones de DDHH”.

El director de La Nación, Sr. Marcelo Castillo, en conversación telefónica, indicó que publicará dicha aclaración.

Codina “admitió” que mil marinos violaron DDHH

Por Claudio Leiva / La Nación

Según informó el secretario ejecutivo de Amnistía Internacional-Chile quien contó detalles de la inédita reunión del comandante en jefe de la Armada con organizaciones de derechos humanos.

Mil efectivos de la Armada, de los 30.000 que estaban activos en septiembre de 1973, participaron en la represión tras el golpe militar, según reconoció el comandante en jefe naval, almirante Rodolfo Codina, en la reunión que sostuvo el miércoles con organizaciones de derechos humanos (DDHH).

Detalles de la entrevista los entregó el secretario ejecutivo de Amnistía Internacional-Chile, Sergio Laurenti. "Fue una instancia de diálogo que no se había dado antes y en ella se tocaron temas que habían sido soslayados, como el reconocimiento institucional a las violaciones de los DDHH, dijo.

El encuentro se realizó en la "neutral" Municipalidad de Valparaíso y también asistieron el vicealmirante Cristián Millar, la Comisión de Derechos Humanos, ex marinos constitucionalistas, familiares de detenidos desaparecidos de la V Región y amigos del sacerdote Miguel Woodward, muerto por torturas en el buque-escuela "Esmeralda".

Los representantes de las organizaciones de DDHH exigieron que la Armada entregue los antecedentes de "los crímenes cometidos por la institución en las dependencias a su cargo, a partir de 1973, en particular en la V Región, donde hay más de 80 detenidos desaparecidos.

Laurenti dijo que le plantearon al almirante Codina un trabajo de búsqueda de la verdad entre el personal en retiro que debe tener información acerca de las violaciones de los derechos humanos.

El máximo jefe naval les respondió que "eso es un problema para la Armada, porque no podía imponer acciones sobre un grupo que ya no tiene responsabilidades institucionales, aunque haría el intento".

Según el secretario ejecutivo de Amnistía, el almirante Codina también admitió que cuatro miembros del actual alto mando naval estaban activos para el golpe y no sólo él, como se ha informado.

También estaban en funciones en esa época los hoy vicealmirantes Mariano Sarraeta, Cristián Gantes y Sergio Robinson.

¿EXIGENCIAS O RECOMENDACIONES?

Laurenti se mostró "muy conforme" con este encuentro y anunció que podrían efectuarse otras reuniones. Sin embargo, otros asistentes, como el Grupo de Amigos de Miguel Woodward, se manifestaron menos satisfechos.

Según la agrupación que recuerda al sacerdote chileno-británico, el vicealmirante Millar puso reparos al uso del término "exigencia", a lo cual el grupo respondió que "no somos nosotros los que exigimos, sino que la verdad y la justicia misma son las que exigen ciertas medidas y conductas de la Armada para hacer verdad y justicia".

En vez de "exigencias", Amnistía prefirió hacer "recomendaciones", entre ellas, que la Armada diga públicamente cuáles han sido sus contribuciones a la justicia ordinaria en los casos de violaciones de los DDHH que se investigan. También "recomendó" un fondo para actos concretos de reparación a los familiares de las víctimas.

Finalmente, aunque el almirante Codina dijo que estimaba "legítimas todas las demandas" que se le plantearon, el vicealmirante Millar comentó que "uno siente que estamos súper lejos aún".

INVERECUNDOS MARINOS CHILENOS REPUDIADOS POR ATORRANTES

REPUDIO A LA ESMERALDA EN 'EL PAIS'

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NO PASARÁN

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Fuente: El País, 21 de agosto de 2008

Prudencio García

Investigador y consultor internacional del Instituto Ciencia y Sociedad

“Hoy me apodero de Rusia; ¿qué ropa me pongo?”, preguntó la futura Catalina la Grande a su doncella de cámara, horas antes de asestar el audaz golpe palaciego que le permitió aca­pa­rar, para sí misma, todo el poder imperial. Seguro que el teniente coronel Antonio Tejero lo tuvo más claro a la hora de elegir su indumentaria para su propio golpe de 1981. En cualquier caso, es evidente que quien va a salvar una patria o adjudicarse un imperio no puede vestirse de cualquier forma. Son ocasiones históricas de gran trascendencia, cuya excepcionalidad exige una cierta prestancia for­mal.

Sin embargo, este detalle fue groseramente ignorado por los oficiales y guardiamarinas del buque escuela Esmeralda de la Armada de Chile, en otra ocasión histórica: el golpe pino­chetista del 11 de septiembre de 1973. Su forma de salvar a la patria en aquella destacada ocasión consistió en enfundarse las ásperas prendas de faena y dedicarse a golpear, vejar y torturar desde aquel mismo día, a bordo del buque, atracado en el área militar del puerto de Valparaíso, a muy numerosos detenidos, hombres y mujeres, acusados de algún tipo de militancia favorable al gobierno socialista que aquella misma mañana aca­baba de ser sangrientamente derrocado.

Entre las víctimas llevadas al buque en aquellas primeras horas se hallaba el alcalde de la misma ciudad de Valparaíso, Sergio Vusko­vitz, y el letrado del ministerio de Interior Luis Vega. El trato recibido por las mujeres fue particularmente infame. La entonces universitaria María Eliana Comené resultó contagiada de gonorrea tras las repetidas violaciones que allí sufrió. Días después era también arrestado y conducido al buque el sacer­dote anglochileno Miguel Woodward, que –como ya comentamos en su día en estas páginas- resultaría muerto como consecuen­cia de las torturas que allí recibió. Instituciones tan dispares como Amnistía Interna­cional y el Senado norteamericano, además de las dos comisiones investigadoras oficiales (Rettig y Valech), de­nun­ciaron en su día los crimi­nales excesos cometidos a bordo del buque en cuestión.

Los recluidos en la nave el mismo día del golpe atestiguan que, al llegar a ella, fueron obli­gados a pasar entre una doble fila de guardia­ma­rinas en ropa de faena, que les golpeaban brutal­mente y les sometían a toda clase de atropellos físicos y psíquicos.

Atención al detalle: ‘en ropa de faena’. Qué zafiedad. Qué ignorancia del decoro estamental y de las exigencias formales de un hono­rable golpe de Estado que se precie. Craso error histórico y social. Se empieza vistiendo de forma demasiado infor­mal y se acaba torturando curas, violando mujeres, asesinando demócra­tas, y causando horror incluso a ese mismo mundo occidental al que supuesta­mente se pre­tende sal­var. La Historia nunca perdona este tipo de deslices.

Prescindiendo ya de toda jocosa ironía sobre las indumentarias adecuadas para las grandes acciones patrióticas, y refiriéndonos únicamente al núcleo de la cuestión, entremos en el área, mucho más seria, de los comportamientos instituciona­les. Los oficiales y alumnos guardiama­rinas que hoy viajan a bordo del Esmeralda en su gira de instrucción anual número 53 no son, obviamente, las mis­mas personas que incurrieron en tales aberraciones tantos años atrás. Pero la ins­titución sí es la misma. La misma que durante tres décadas ha negado lo sucedido y ha en­torpecido toda investigación. La misma institución -la Armada de Chile- cuya presión corporativa, a lo largo de tanto tiem­po, ha im­pe­dido el juicio y castigo de los que sí cometieron aquellos crímenes. Se trata del mismo esta­mento que se ha escanda­lizado hace apenas cuatro meses, al ver finalmente procesados por la insoborna­ble jueza Eliana Quezada a los cuatro altos jefes (hoy almiran­tes retirados) que ejercieron el mando en aquellos puestos opera­tivos desde los que se ordenaron las acciones perpetra­das en la zona marítima de Valparaíso, en aquellas jornadas luctuosas de septiembre de 1973.

No resulta extraño, por tanto, que las visitas del buque a puertos como Río de Janeiro, Buenos Aires, Tokio, Sidney, Wellington y tantos otros hayan ido acompañadas, en distintos años, de diversos tipos de protestas, sin olvidar la suspensión de las visitas a Estocolmo, El Ferrol, Las Palmas y otros puertos europeos en 2003. Tales protestas se siguen produciendo en nuestros días. Y este mismo verano de 2008, al visitar Cádiz (en cuyos astilleros la nave fue fabricada), su llegada fue deliberada­mente precedida por la proyección, por Amnistía Interna­cional, del documental El lado oscuro de la Dama Blanca, del cineasta chileno Patricio Henrí­quez, reportaje que recordó a la pobla­ción gaditana el historial, no precisamente inmacu­lado, del hermoso na­vío visitan­te.

El pasado 22 de julio, el Esmeralda llegaba al puerto griego de El Pi­reo. En el muelle le aguar­daba una manifestación, encabezada por conocidos miembros del Parla­men­to heleno, que protes­taban por la visita. A bordo del buque, la embajadora de Chile en Ate­nas, en su alocu­ción oficial de saludo a los oficiales y alumnos, subrayaba el siniestro significado de la dictadura pinochetista. Ella tenía sobrada autoridad y conocimiento para proclamarlo, pues tal embajadora no era otra que Sofía Prats, hija del general Carlos Prats, el jefe del Ejército de Chile que precedió a Pinochet, y que fue asesinado por orden del dictador.

A su vez, en la visita del buque al puerto de Split (Croacia), también fue reci­bido con mani­fes­taciones hos­tiles, cuyas pan­cartas decían:Pinochet y Esme­ralda no pa­sa­­rán”.

AGRADECIMIENTOS: Gracias Prudencio García por tan excelente artículo. Gracias diario 'El País' por publicarlo. Gracias a todas las personas de buena voluntad que ayuden a cerrar los puertos a la nave maldita, hasta que los cobardes marinos chilenos confiesen toda la verdad ante la Justicia y pidan perdón por las víctimas de su infamia. Hasta entonces no habrá olvido ni perdón. Máximo Kinast

EL INVERECUNDO EJÉRCITO DE CHILE TODAVÍA NO CONFIESA QUIENES FUERON LOS ASESINOS DE VÍCTOR JARA

Fuente: www.larepublica.com.pe/content/view/222624/

El rastro de los asesinos

Por Raúl Mendoza

 

 
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Ícono. Desde su muerte, en 1973, Víctor Jara se convirtió en figura eterna de la canción social latinoamericana.
 

El 11 de setiembre de 1973, el día del golpe militar en Chile, Víctor Jara llegó con su guitarra a la Universidad Técnica del Estado para cantar en la inauguración de una exposición donde también iba a estar el presidente Salvador Allende.

Ahí se encontró con amigos, estudiantes, profesores y se enteró del ataque a La Moneda. Eran otros tiempos. Y los presentes, contestatarios, socialistas, antifascistas, decidieron quedarse en la universidad para resistir la represión que se venía. Pero la resistencia no tenía futuro. A la mañana siguiente los militares rodearon el recinto y detuvieron a los que encontraron adentro, incluido el cantautor chileno. Tres días después fue asesinado.

Los detalles de su muerte han quedado como símbolo de lo que fue la dictadura chilena que encabezó Augusto Pinochet. A Víctor Jara lo llevaron al Estadio Nacional de Chile y ahí lo torturaron, le destrozaron las manos a culatazos y, cuando estaba muy malherido, lo asesinaron de 44 balazos. Era el 15 de setiembre. Su cuerpo fue encontrado tres días después cerca de un cementerio. La ‘versión oficial’ fue que se había enfrentado a tiros contra un grupo de soldados y murió en la refriega.

 
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El estadio de Chile donde él y cientos de chilenos murieron.
 
Habría que esperar hasta el 2001, con Pinochet fuera del poder y acusado de miles de crímenes, para que la justicia iniciara una investigación por el crimen de Víctor Jara, autor de ese himno a la ausencia que es "Te recuerdo Amanda" y decenas de temas populares con alto contenido político y social. Recién en el 2004 se pudo identificar al jefe militar del Estadio de Chile, porque el Ejército se negó a proporcionar el nombre: era el coronel (r) Mario Manríquez Bravo.

El abogado de la familia Jara, Nelson Caucoto, cuenta que incluso tuvo que hacer un llamado público para identificar al oficial a través de testimonios de detenidos que estuvieron en el estadio.

El oficial Manríquez Bravo era comandante y a fines de 1973 fue ascendido a coronel. Según declaró en el proceso, ese año se retiró de las fuerzas armadas. Entre los muchos que lo reconocieron está el actual senador chileno Nelson Ávila, que también fue recluido en el estadio. "(A Manríquez) Lo había tratado con anterioridad.

Era una persona muy atenta, con una personalidad afable (…). En el estadio lo reconocí inmediatamente. Incluso me acerqué, pero hizo como que no me conoció. Era la persona de más alto rango en el recinto" contó Ávila a un diario de Santiago.

No se trata del único militar involucrado en la muerte de Víctor Jara. Las investigaciones iniciadas contra él en el 2004 continuaron hasta el presente año a fin de identificar a otros oficiales. En el proceso se probó la jefatura de Manríquez en el estadio y se citó nombres de otros oficiales.

Pero hace unos días el juez Juan Fuentes Belmar cerró la investigación sin acusar a nadie más. A Joan y Amanda Jara, viuda e hija de la víctima, la conclusión les ha sabido a muy poco. "Estoy muy preocupada, porque se cierra un caso que, se supone, es emblemático. Qué pasa ahora con todos los otros casos del Estadio de Chile", dijo la viuda a la radio Cooperativa.

Para el abogado Nelson Caucoto nada está perdido. "Es seguro que vamos a reabrir la causa y avanzaremos en la identificación de otros implicados. El coronel Manríquez trata de aminorar su responsabilidad indicando que no conocía a Víctor Jara. Pero una persona encargada de un recinto de prisioneros tiene el papel de garante de la seguridad, la integridad y la vida de todos en el lugar", dijo a DOMINGO.

Si se prueba la participación directa de Manríquez en el crimen durante el juicio que vendrá, le aguardarían no menos de 15 años de reclusión de acuerdo con otros fallos.


"EL PRÍNCIPE" Y OTROS MÁS

 
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Rostros del terror. Arriba, Edwin Dimter, ex oficial del Ejército. Se sospecha que es “El Príncipe”, autor del asesinato de Jara, pero no está probado. Abajo, imagen de TV del coronel (r) Mario Manríquez, único acusado por el crimen.
 
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¿Quiénes son las otras personas involucradas en el crimen del célebre cantor? En la prensa y en la propia investigación surgieron otras pistas. Muchos detenidos recuerdan a un joven teniente que era el más sanguinario de cuantos se encargaron de mantener bajo control a los prisioneros en el estadio.

Le decían "El Príncipe" y, según publicó el diario La Nación, "era alto, rubio, de ojos azules, pelo engominado hacia atrás: un perfecto pije que se paseaba en los pasillos superiores del estadio como pavo real (…) permanentemente amenazando e insultando a los prisioneros".

"¿Me escucha la cloaca marxista? ¿Me oyen los comemierda? ¡Ahora se acabaron los discursos, chuchas de su madre! Ahora van a tener que trabajar. A los que se nieguen a trabajar, los fusilaremos. ¿Me escuchan los vendepatria?... ¡Tengo voz de Príncipe!", se le escuchaba decir. Y ¿quién era –y es– El Príncipe? Era un oficial de 23 años entonces. Muchos de los testigos que han declarado ante la justicia lo identifican como el teniente (r) Edwin Dimter Bianchi.

En mayo del 2006 organizaciones de derechos humanos lo ubicaron trabajando para la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones (SAFP) en Santiago. Citado a declarar, Dimter aceptó que estuvo destacado en el Estadio de Chile, pero no aceptó ser "El Príncipe". Y no se pudo probar lo contrario.

Ningún oficial acepta ser "El Príncipe" porque según muchos testimonios este oficial sí tuvo injerencia directa en las torturas y muerte de Víctor Jara. Hay testigos que afirman que estaba en las golpizas que le propinaban. Y en las de muchos otros. Se cuenta que una vez tropezó con la pierna de un prisionero tendido en el suelo y, de la rabia, ordenó que lo mataran a culatazos. Un nazi completo.

Otros oficiales que estuvieron en el Estadio de Chile ya identificados son el teniente coronel Roberto Souper y el teniente Raúl Jofré Gonzales. Junto a Dimter habían participado en un alzamiento contra el gobierno de Allende y estuvieron presos varios meses hasta que fueran liberados el día del golpe.

Al día siguiente los destacaron al estadio. "Dimter y Jofré fueron los más ‘perros’ en el Estadio. Tenían sangre en el ojo. Venían con mucha odiosidad por haber estado presos. (…) El ensañamiento para con los presos se explica por el estado psicológico con que venían," contó un oficial del Ejército, citado en un artículo de la página web PiensaChile.com.

 
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Represión. Tras el golpe en Chile las detenciones de universitarios y activistas de izquierda como Víctor Jara eran comunes. Aquí un grupo de mujeres llegando al Estadio de Chile.
 
¿Pueden ser estos oficiales los asesinos de Jara? Eso debía establecerse en la investigación que se ha cerrado, pero no se los incluyó. "Hay nombres y sobre eso se está trabajando, pero nos falta un mayor cúmulo de información y por eso apelaremos para la reapertura de la investigación", dice Nelson Caucoto, el abogado de la familia Jara.

También señala que como el Ejército se ha negado a informar sobre los otros oficiales del estadio insistirá en su llamamiento público a los cinco mil detenidos que hubo en el lugar, a los oficiales retirados y a los conscriptos que sirvieron ahí para lograr la identificación de los responsables directos o indirectos.

No parece estar solo en este empeño: los parlamentarios oficialistas Antonio Leal, Ximena Vidal y Tucapel Jiménez han pedido la reapertura del proceso indagatorio y afirman que el Ejército conoce el nombre actual del oficial apodado "El Príncipe", por lo que deberían proporcionarlo.

"No se puede actuar con complicidad respecto de un grupo de oficiales que torturaron, quebraron las manos y asesinaron de 44 balazos al más grande de los cantautores nacionales", dijo Leal. Todo indica que se reabrirá la investigación. Mañana lunes Joan Jara encabezará una manifestación frente a los tribunales de Santiago para hacer el pedido. Treinta y cinco años después la sombra de Jara sigue pidiendo justicia, como en sus canciones.

EL CANTOR POPULAR

 
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Foto del recuerdo. Siguen peleando para que procesen a los asesinos del cantautor.
 
Víctor Jara fue asesinado pocos días antes de cumplir 41 años. Vivió relativamente poco, pero dejó una obra ya considerada parte de la historia musical-cultural chilena y latinoamericana. Estudió en un seminario católico y allí aprendió canto impulsado por su fascinación por la música, pues nunca tuvo formación académica.

Antes de hacerse cantautor se interesó en el teatro e hizo una carrera destacadísima en este rubro. Se vinculó al mundo del folklore como director artístico e intérprete. En 1966 apareció su primer long play como solista: "Víctor Jara". También se hizo director artístico del grupo Quillapayun y grabó con ellos "Canciones folklóricas de América"

 
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FAMILIA. Joan y Amanda Jara, viuda e hija de Víctor Jara, en un acto cultural reciente.
 
En 1969 ganó el Primer Festival de la Nueva Canción Chilena con el tema "Plegaria a un labrador". A partir de ahí llegarían nuevos discos y se convertiría en un ícono de la canción de protesta, de alto contenido social en Latinoamérica. Su tema más recordado es "Te recuerdo Amanda", pero también la "Zamba del Ché", o "El derecho de vivir en paz".

Cuando Salvador Allende llegó al gobierno en Chile, apoyó el proyecto socialista de Jara en el ámbito cultural. Fue detenido el 12 de setiembre de 1973 y asesinado en el Estadio de Chile. Su esposa pidió una investigación en 1974, pero el caso fue sobreseído. Treinta años después –en el 2003, sin dictadura– el estadio se rebautizó con su nombre.

Una placa con un poema suyo se colocó en una de las puertas. Dicen que por ahí salió su cuerpo sin vida el día que lo mataron.

LA INVERECUNDA ARMADA DE CHILE: FUNADA

Este es un email de ’Funachile’ Mensaje:

FUNA A LA ARMADA DE CHILE

UNA VEZ MAS NUESTRA ORGANIZACIÓN REALIZÓ

UNA ACCIÓN DE DENUNCIA,

ESTA VEZ SE TRATO DE UNA FUNA A LA ARMADA DE CHILE,

A PESAR DE LA REPRESIÓN DE QUE FUIMOS OBJETO

SE LOGRÓ EL OBJETIVO DE DESENMASCARAR

A ESTOS "VALIENTES MARINOS"

QUE SE ESCONDEN TRAS SUS ROPAJES DEMOCRATICOS

 

SEPAN QUE NADA NOS DETIENE

UNA Y MIL VECES LES GRITAREMOS EN LA CARA

¡¡ SI NO HAY JUSTICIA, HAY FUNA !!

 

MAS INFO EN

http://www.funachile.cl

 

 

Los crímenes cometidos por la ARMADA DE CHILE a lo largo de nuestra historia, muchos de ellos en defensa de los intereses de las clases dominantes y denunciamos su participación institucional en la violación sistemática de los derechos humanos durante la dictadura militar, habilitando en sus dependencias centros de tortura y externinio como: la Academia de Guerra Naval y el Cuartel Silva Palma, los buques Maipo y Lebu de la Compañía Sud Americana de Vapores y el Buque Escuela Esmeralda.

 

Hechos en los que participaron, entre otros, los actualmente procesados por el asesinato del sacerdote Miguel Woodward


Fotografía Jorge Zuñiga http://trincheradelaimagen.blogspot.com/

 

Vicealmirante (R) Adolfo Walbaum Wieber Ex Jefe de la I Zona Naval y primer intendente de Valparaíso nombrado por la Junta Militar, actualmente procesado por el asesinado y desaparición del sacerdote Andrés W

Vicealmirante (R) Guillermo Adoney Hansen Ex Jefe de Estado Mayor de la I Zona Naval

Vicealmirante (R) Juan Mackay Barriga, hoy vicepresidente del Consejo de Almirantes y Generales en retiro de Valparaíso.

Capitán de Navío (R) Sergio Barra Von Kretschmann Ex Jefe de Inteligencia Naval y posteriormente Segundo Jefe de la DINA.

Capitán de Navio (R) Ricardo Riesgo Cornejo, quien trabajó bajo las ordenes directas del Capitán Barra

Dr. Carlos Costa Canessa, acusado de emitir un certificado de defunción para el sacerdote Woodward, sin haber visto su cuerpo.

 

LA ARMADA AMPARÓ CRIMINALES

Porque, a partir del 11 de septiembre de 1973 efectivos de las fuerzas navales, ponen en marcha un plan preparado en los meses anteriores al Golpe de Estado, y habilitan en sus dependencias varios centros en los que miles de hombres y mujeres padecieron la tortura y el exterminio.


LA ARMADA AMPARA CRIMINALES

Durante más de tres décadas la Armada ha pretendido negar, tanto las responsabilidades institucionales en las violaciones a los derechos humanos como la intervención en ellas de sus altos mandos, versión que ha sido corroborada por su actual Comandante en Jefe Almirante Rodolfo Codina, sin embargo, hoy la investigación ha comprobado lo contrario.


EXIGIMOS que la armada deje de ocultar información y asuma ante la comunidad nacional e internacional sus responsabilidades institucionales en las violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante la dictadura militar.

 


Fotografía Jorge Zuñiga

http://trincheradelaimagen.blogspot.com/

¡¡ASESINOS DE LA ARMADA DE CHILE!!

¡¡ ESTAN FUNADOS !!

MÁS FOTOGRAFÍAS

WWW.FUNACHILE.CL

CARTA ABIERTA AL INVERECUNDO ALMIRANTE CODINA

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NOTA DE MAXIMO KINAST: Hay marinos (ex marinos) que conservan la dignidad y el valor, a pesar de que la formación impartida a los miembros de las Armada de Chile incluye el arte de mentir, la infame ley de la 'omerta' y otras materias más propias de la Mafia que de una institución destinada a la defensa del país. Esta carta de los marinos torturados y expulsados de la Armada en Agosto de 1973, por los 'delitos' de defender la legalidad, la constitución y el honor de la Armada, deja bien claro que el Almirante Rodolfo Codina es un inverecundo mentiroso, un encubridor contumaz y fue un traidor a la Patria y a su institución.

ESTE ES EL TEXTO DE LA CARTA ABIERTA:

Coordinadora del Personal Exonerado de la Armada
Avenida Ing. Eduardo Domínguez 1021, Maipú, Santiago;

Fono –Fax : (02) 4914825;
Celular 09-5790545


CARTA ABIERTA A LA OPINION PUBLICA DE CHILE

En relación con las declaraciones del Sr. Almirante, Rodolfo Codina Díaz, Comandante en Jefe de la Amada, publicadas en el diario La Nación, el día sábado 26 del presente, los ex - funcionarios de la Armada de Chile, exonerados el año 1973, por oponerse a la conspiración de los oficiales de la Institución, que finalmente culminó en el golpe de estado, nos permitimos precisar lo siguiente:

Señor Almirante Codina, su apreciación, respecto a que la Armada ha cumplido con los requerimientos de la Jueza Eliana Quezada, en relación con los oficiales procesados por el homicidio y desaparecimiento (la Institución todavía mantiene secuestrado su cadáver) del sacerdote Miguel Woodward, no es consistente con la realidad, por tanto no se puede exigir a la ciudadanía lo que Ud. indica en esa declaración: “.

El comandante en jefe de la Armada, almirante Rodolfo Codina, afirmó el viernes que tras el proceso que se lleva contra seis oficiales en retiro de la institución por el secuestro y posterior desaparición del sacerdote inglés Miguel Woodward en 1973, deberían acabar las protestas contra el buque escuela Esmeralda”

Señor Almirante, las miles de víctimas de las torturas que pasaron por los diferentes centros de detención e interrogatorios (léase centros de torturas) institucionales, no aceptarán jamás un lavado de imagen semejante, cuando los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Cuartel Silva Palma, la Academia de Guerra Naval, el Buque Escuela Esmeralda, las naves mercantes Lebu y Maipú, la isla Quiriquina, el Fuerte Borgoño, el cuartel Rodríguez, el gimnasio de la Base Naval de Talcahuano y la Isla Dawson, por no mencionar los centros de detención y trabajos forzados de Isla Riesco y Colliguay, de los cuales fuimos involuntarios huéspedes, tienen la misma connotación y gravedad que el crimen cometido contra el sacerdote Woodward y Jaime Aldoney, claman por la debida
justicia.

Por tanto, mientras la Institución no entregue el listado de todo su personal involucrado en crímenes de lesa humanidad, tendrán la misma credibilidad que las palabras del General Cheyre cuando decía que el Ejército no tenía antecedentes de violaciones a los derechos humanos, sin embargo, uno de sus más connotados generales fue quién llevó al paredón a ciudadanos inocentes y además indefensos, para ser ejecutados a mansalva por la tenebrosa caravana de la muerte. Hechos reconocidos treinta años después y sólo cuando se vio enfrentado a las acusaciones de un Juez de la República.

Por otra parte, Señor Almirante Codina, en aras de la democracia, la reconciliación nacional y la paz social, en definitiva, por el bien de nuestra patria, sincerémonos de una vez por todas. La Marinería Constitucionalista reconoce hidalgamente que sobrepasamos los reglamentos militares para poder cumplir con nuestro deber, organizándonos en defensa de la Constitución y el Gobierno legítimo de la República, vigente hasta la fecha del infausto golpe de estado del año 1973.

Sin embargo, Ud., jamás ha reconocido que fue uno de los oficiales de la Escuadra que conspiró abiertamente para romper con el estado de derecho, (le recomendamos leer su carta, firmada por puño y letra, en el libro Bitácora de un Almirante) dirigida al Vicealmirante Merino, a quien Ud., y los suyos denominaron arbitrariamente Comandante en Jefe de la Armada, demostrando con ello, un bajísimo respeto por las Instituciones del Estado de Chile, a las cuales todos los militares nos debemos subordinar.

Es doloroso constatar que quienes conspiraron contra el estado de derecho y finalmente dieron el golpe de estado, terminaron su carrera militar con el pecho lleno de medallas y una suculenta jubilación otorgada por el estado de Chile, (incluidos los recientemente declarados reos por la muerte de Jaime Aldoney y el sacerdote Woordward), sin embargo, los militares democráticos que se mantuvieron fieles a su juramento militar, en consecuencia, estuvieron por el lado de la constitución y de las leyes, denunciando y tratando de frenar la conspiración golpista que se gestaba en los cuarteles, se les truncó su carrera militar y se le han conculcado sus derechos previsionales.

Es un principio de justicia preguntar, ¿Dónde están nuestras medallas y el merecido reconocimientos de parte del estado de Chile?. Llevamos 35 años tratando de que las Instituciones también funcionen en beneficio de quienes “tuvieron el coraje para alzar la voz
disidente en esos momento en que se imponía la fuerza y la sinrazón”. (Carta del
Ex – Presidente Lagos a nuestros representados).

En relación con vuestra aseveración: “Lo que hemos hecho es colaborar, al contrario de perturbar la Justicia", le debemos recordar que sus expresiones públicas no se condicen con las reales actitudes de vuestra institución. En causa rol 8.217 del año 2002, por secuestro calificado, asociación ilícita y apremios ilegítimos contra quienes resulten responsables, interpuesta por nosotros ante la Ministra de Fuero, Sra. Corti, con fecha 24 de abril de 2003, ésta magistrado se declaró incompetente (¿?) porque los delitos habían ocurrido en recintos militares, ordenando remitir los antecedentes al Juzgado Naval de la
Iª Zona Naval.

Con fecha 9 de octubre, ese Juzgado aceptó la competencia y con fecha 27 de octubre del mismo año, es decir, en menos de 20 días, el Sr. Juez Naval, Contralmirante Francisco Martínez Villarroel, se formó la convicción y resolvió que “el hecho denunciado es un simple delito que prescribe en el plazo de cinco años”.

Sería interesante recordar, quién, en esa fecha, era el Comandante en Jefe de la Armada y Jefe del Sr. Juez naval. También sería interesante confrontar la convicción de ese Juez Naval, con la legalidad vigente, en la cual se considera la tortura (dicho en términos elegantes, apremios ilegítimos), como un crimen de lesa humanidad y por tanto, imprescriptible.

También sería pertinente aclarar el impasse expuesto hace algunos días por el diario La Nación, en el cual el Almirante Millar dice que un Almirante, “a título  personal” fue a hablar con la Ministra Corti para que dilatara los procesos en contra de oficiales de la Armada. ¿De que estamos hablando Sr. Codina?,

Como último, recordamos una vieja costumbre marinera para castigar a los subordinados que habían cometido graves infracciones a la disciplina. Se les colgaba un albatros muerto al cuello y debían llevarlo hasta que éste se cayera despedazado por la putrefacción. Hasta que el alto mando de la Armada no decida enfrentar en forma franca y transparente las violaciones a los derechos humanos en las reparticiones institucionales que hemos señalado, el tema de las violaciones a los derechos humanos en nuestro país, seguirá siendo un albatros pestilente, colgado al cuello de nuestra querida Institución.

Por la Coordinadora del Personal Exonerado de la Armada de Chile, en agosto de
1973

José Díaz D. Víctor Martínez
Ex – Mro. 1º El. Ic., U - 2180 Ex – Op 3º El., U - 1607
Cl. O´higgins Asmar (T)

Víctor Reiman C. Sergio Fuentes P.
Ex – Op. 3º., U - 4734 Ex – Mro. 1º Ar. Tl., U - 4734
Asmar (T) D.D. Blanco Encalada

Sergio Villar V. Oscar Carvajal G.
Ex - Op. 2º E. Rf., U - 1030 Ex -Mro 1º Mc. El, U - 3286
Asmar (T) D.D. Cochrane

Juan Roldán B Guillermo Castillo E.
Ex – Cabo 2º Ar. Ap , V - 154 Mro. 1º Af. El., U - 4223
D.D. Blanco Encalada Cl. Prat

Víctor López Z. Luís E. Rojo G.
Ex – Mro. 1º Mc. El., U - 4393 Ex – Mro. 1º Mc. El., U - 3755
Cl. Prat D.D. Blanco Encalada

Luís Jorquera Bernardo Flores V.
Ex – Cabo 2º Mc. El., T - 4465 Ex – Mro 1º Tp.Os., U - 4267
Base Aeronaval El Belloto D.D. Blanco Encalada

Julio Gajardo N. Tomás Alonso M.
Ex – Cabo 2º Mc. El . Av., T - 4535 Ex – Mro 1º Af. Mq., U - 2061
Base Aeronaval El Belloto Esc. De Ingeniería Naval

Mariano Ramírez R. Ricardo Tobar T.
Ex – Cabo 1º El., T - 1810 Ex – Cabo 2º Cf. Ms., T - 4477
Esc. De Ingeniería Naval Esc. De Armamentos

Jaime Salazar José Velásquez M.
Ex – Mro. 1º Mc. Art., U – 4631 Ex – Mro. 1º Me. Cf., U - 4652
D.D. Blanco Encalada D.D. Blanco Encalada

Guillermo Vergara D. Juan Segovia A.
Ex – Op. 1º Ab., T - 3502 Ex – Mro 1º Art., V - 1473
Esc. de Ingeniería Naval D.D. Blanco Encalada

Luís Jiménez C. Carlos Alvarado G.
Ex – Mro 1º Me. Av., U - 2134 Ex – Cabo 1º Mc.; T - 2427
Base Aeronaval El Belloto Esc. de Ingeniería Naval

Pedro Blaset C. Bernardo Carvajal S.
Ex – Cabo 2º El. Ic., U - 1077 Ex – Mro 1º El., U – 1090
Cl Alm. Latorre Cl Prat

Luís Aguirre R. Jaime Espinoza
Ex – Mro 1º Mc. El., U - 4109 Ex –Mro. 2º Mr.; V - 1485
C. Silva Palma R.E. Quinta Normal

Claudio Espinoza T. Jaime Balladares C.
Ex - Mro 1º El.; U - 2207 Ex – Mro 1º Art.; U - 2089
D.D. Blanco Encalada Cl. O´higgins

Nelson Córdoba P Pedro Lagos C.
Ex – Mro. 1º Mq., U - 3431 Ex – Cabo 1º Rt., T - 2999
Esc. de Ingeniería Naval D.D Blanco Encalada

Roberto Fuentes F. Santiago Rojas C.
Ex – Mro. 1º El. Ic.; U - 2226 Ex – Cabo 2º Cf., U – 584
D.D. Blanco Encalada Cl. O´higgins

Rodolfo Claro C. Carlos García H.
Ex – Mro 1º art. V – 885 Ex – Mro 1º Mc. El. , U – 4308
Cl. Latorre Cl. Prat

LA ARMADA SIGUE INVERECUNDA Y CARADURA

NOTA DE MAXIMO KINAST: Los muy sinvergüenzas marinos chilenos han bautizado un barco con el nombre del inverecundo golpista y genocida -autoproclamado Almirante- Merino. El mismo que se saltó el escalafón, deshonró a la Armada, asesinó a marinos demócratas y se juntó con el Innombrable para robarse los bienes de Chile en beneficio de su propio bolsillo y de las transnacionales, obedeciéndo la política que le dictaba Nixon y Kissinger desde la Casa Blanca. Infórmese, lea este excelente artículo:

 

LOS MARTES DE MERINO

Por Álvaro Cuadra*

En estos días de verano, muchos chilenos contemplan despreocupados el horizonte infinito de nuestro océano. La televisión nos entrega imágenes alegres de playas y caletas donde se realizan fiestas y regatas. De algún modo, nos invade la sensación de vivir en un país que va encontrando los caminos para construir un mañana democrático y más justo.

Los medios se encargan de construir cotidianamente esta nueva realidad: una atmósfera soleada y optimista. Todo se ha naturalizado a tal punto que una regata en Chiloé ha sido supervisada por un buque de la Armada de Chile, el Buque Madre de Submarinos Almirante José Toribio Merino Castro: “Construido en los astilleros Karlskrona, Suecia e incorporado al servicio a contar del 7 de febrero de 1997, según Resolución C.J.A. Nº4520/12 de 12 de marzo de 1997. Zarpó a Chile el 24 de marzo del mismo año, recalando a Valparaíso el 4 de mayo”.

Ese nombre resulta penosamente familiar para un gran número de compatriotas. A los más jóvenes habría que recordarles que fue este personaje uno de los instigadores del golpe de 1973, el mismo que se autodesignó Comandante en Jefe y que prestó las instalaciones y buques de la Armada de Chile para que se cometieran atroces violaciones a los Derechos Humanos.

Los buques de la Armada de Chile tradicionalmente ostentan el nombre de héroes de la patria, por lo que resulta paradojal e inadmisible que se haya autorizado a bautizar una embarcación con el nombre de un golpista. No es necesario recordarles a los señores oficiales de dicha rama de las FFAA que, más allá de sus ínfulas aristocráticas, son empleados fiscales y que los buques son de propiedad de todos los chilenos.

Es de lamentar que en Chile, tras cuatro gobiernos democráticos, todavía persistan obstinadas estas trampas de la memoria que pretenden naturalizar hechos y personajes deleznables en nombres de avenidas y barcos. Haber bautizado a un buque de la Armada con el nombre del extinto miembro de la Junta Militar de 1973 es una grave ofensa a todos los chilenos y a su gobierno. Si no fuera una triste realidad bien pudiera parecer un chiste de los “martes de Merino”.

_____________
*Investigador y consultor en comunicaciones/IDEES

Difundido por Política Cono Sur 

LAS MENTIRAS DE LA ARMADA

Difundido por Políticica Cono Sur 

Francisco Marín

Valparaíso, 14 de enero (apro).- La pretendida inocencia de la Armada de Chile sobre las brutales violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura militar (1973-1990), se está revelando como una gran mentira.

Diversos procesos judiciales, entre los que destacan los llevados por la jueza, María Eliana Quezada, están dejando absolutamente claro que la Marina torturó, dio muerte e hizo desaparecer a prisioneros con posterioridad al golpe militar de 1973.

Los juicios conducidos por la jueza Quezada son: El que se origina en la querella presentada en octubre de 2005 por seis expresos políticos que fueron torturados en el Buque Escuela Esmeralda. Y, el que indaga el secuestro, torturas y asesinatos de Michael Woodward, sacerdote católico chileno /  británico que desarrolló un prolífico trabajo social en los barrios pobres de Valparaíso y quien se caracterizó por su notable carisma y por su militancia allendista. Murió el 22 de septiembre de 1973, en el Hospital Naval de esta ciudad-puerto, como consecuencia de las torturas recibidas en La Esmeralda.

Al margen de estas causas, personal activo y en retiro de la Armada está siendo juzgado por su participación en la temida Brigada Lautaro, grupo de exterminio de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) que integró a agentes de las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden, y que operó en los años 1975 y 1976. Entre otros crímenes, este grupo tiene a su haber el asesinato de dos directivas completas del Partido Comunista en el transcurso de 1976.

Así mismo, existen claras evidencias de la participación de la Brigada Lautaro en el secuestro y desaparición de un grupo de 119 militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), ocurrido a mediados de 1975, caso conocido como Operación Colombo.

Como consecuencia de las indagaciones judiciales respecto de los actos de la Brigada Lautaro, que es seguida por el juez Víctor Montiglio, fueron procesados en el transcurso de 2007 ocho agentes de la Armada. Pero, dados los antecedentes contenidos en el sumario, es de esperar que los enjuiciamientos a miembros de esta rama castrense aumenten considerablemente.

Por otra parte, en noviembre pasado, cuatro oficiales de la Armada fueron condenados por el secuestro y desaparición del estudiante de periodismo, Jaime Aldoney, ocurrido el 12 de septiembre de 1973.

También existen procesos por torturas y muertes que involucran a la Academia de Guerra de esta institución y a su cuartel Silva Palma.

Este conjunto de causas judiciales, todas de muy reciente avance, han destruido el mito construido por la propia Armada, en el sentido que ellos no tuvieron participación en el genocidio desencadenado tras el derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular encabezado por Salvador Allende.

Según el vocero de la Agrupación de Ex Presos Políticos de Valparaíso, Enrique Núñez, el ocultamiento de los crímenes cometidos respondió a una cuidadosa planificación. En entrevista con Apro, el dirigente expresó que, como parte de esta política de ?lavarse las manos?, la Marina anunció en repetidas ocasiones en el transcurso de 1975, el retiro de sus hombres de la principal agencia represiva del régimen: la DINA. Los procesos antes reseñados han demostrado que tal inocencia es absolutamente falsa.

De hecho, desde el mismo 11 de septiembre de 1973, el buque la Esmeralda se convirtió en un centro de detención y torturas. Esta situación, denunciada en aquel tiempo por familiares y víctimas, fue ratificada en la década de 1970 a través de sendos informes de la Organización de Estados Americanos, del Senado de Estados Unidos y de Amnistía Internacional.

En Chile, esta situación sería reconocida institucionalmente mucho más tarde, a través de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que fue creada una vez retornada la democracia (1990). El abultado informe de la citada Comisión (dado a conocer el 9 de febrero de 1991), no incluyó la identidad de los criminales, ni derivó --sino hasta tiempo muy reciente-- en la apertura de juicios.

A pesar de todos estos antecedentes, la Armada negó hasta hace muy poco su participación en la violación de derechos humanos cometidos por la dictadura. En diciembre de 1999, el entonces comandante en jefe de la Armada, Jorge Arancibia*, dijo que su organización "jamás torturó".

Ante las recientes evidencias judiciales, esta actitud comenzó a cambiar. En septiembre de 2006, el comandante en jefe de la Armada, almirante Rodolfo Codina, entregó a la jueza Quezada la bitácora de
La Esmeralda del año 1973. En ella se confirma el ingreso del sacerdote Woodward y de otros detenidos a este barco. Este es el único gesto que podría considerarse como un reconocimiento de lo sucedido.

Justicia a bordo


El pasado 9 de diciembre, cuando La Esmeralda volvía a Valparaíso de su viaje anual de instrucción militar, unos 50 manifestantes protestaron, como cada año, por los crímenes allí cometidos. Tres
días después la jueza Quezada, se presentó en La Esmeralda. Era la primera vez que un juez se subía a un barco de la Armada con el fin de investigar violaciones a los derechos humanos. En la diligencia participaron policías, sobrevivientes de las torturas allí realizadas y cinco exfuncionarios de la Armada. También iba Patricia Woodward y Fred Bennets, hermana y cuñado del sacerdote muerto por torturas.

El objetivo de la diligencia era realizar una inspección ocular en la nave, corroborar declaraciones y realizar nuevos interrogatorios.  "Fue impresionante ver como la juez convirtió la Cámara de los Oficiales en un verdadero tribunal, puesto que aparte de las víctimas, sentó en hilera a cinco oficiales retirados a quienes tomó declaraciones", comentó a Apro Patricia Woodward, quien estuvo presente en este histórico momento.

Ella relató que la comitiva de la juez recorrió la enfermería, los camarotes y parte de la cubierta. Lo que más le llamó la atención fue que los detenidos pudieron reconocer bien la distribución interna del buque. La expresa María Eliana Comené recordó que en La Esmeralda ?había violencia las 24 horas del día: sacaban a los compañeros, los golpeaban, los torturaban, volvían morados y vomitando sangre?.

Esta investigación está avanzando rápidamente y se espera que en los próximos días se inicien los primeros procesamientos.

Revelaciones
 
En la Armada existe preocupación. Sus mandos temen que la jueza Quezada logre descifrar por completo el organigrama, los agentes y el modus operando represivo de la Armada en el periodo previo y posterior al golpe militar.

Apro tuvo acceso a documentos y relatos de la Agrupación de Ex Presos Políticos de Valparaíso, los cuales revelan la manera en que operaron las agencias represivas de la Armada en la década de los 70. Las investigaciones de esta Agrupación fueron realizadas durante 20 años.
Incluyen entrevistas a afectados por la represión y a agentes de la propia Armada que, arrepentidos de sus crímenes, decidieron acercarse a sus víctimas para calmar sus conciencias o para alcanzar su perdón.

La información entregada por la mencionada agrupación ha sido cotejada por el reportero con la información histórica y judicial disponible.

Así, se puede establecer que a partir de 1972, con la promulgación de la Ley de Control de Armas, se formó un grupo de inteligencia dependiente del Estado Mayor de la 1ª Zona Naval, bajo el mando el
almirante José Toribio Merino. Éste tuvo como función sistematizar la información de organizaciones y personas de la Unidad Popular y el MIR. Es lo que se conoció internamente como el Plan Cochayuyo, que tenía por objeto, además, el control territorial y la neutralización de estos grupos. Esto aparece mencionado por el propio Merino en sus memorias.

La promulgación de la mencionada Ley, permitió durante el gobierno de la Unidad Popular la coordinación de oficiales de distintas ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros, quienes hicieron innumerables allanamientos a empresas estatizadas o bajo control obrero, así como a diversas poblaciones. Según Enrique Núñez, esto se hizo ?con el pretexto de buscar armas, pero en realidad lo que estaban haciendo es un mapeo de las organizaciones políticas más activas de la región?.

Este dirigente señaló también que desde fines de 1972 personal de la
Armada fue destinado a infiltrar organizaciones de izquierda. ?Es
muy
conocida la historia de un señor que se dedicaba a vender pan
amasado
al exterior de la empresa rusa de casas prefabricadas KPD y que
después del golpe resultó que era un alto oficial de la Armada que
dirige la represión al interior de esta fábrica. Y así hay muchos
casos?, señala Núñez.

A partir del 11 de septiembre de 1973, se crea un grupo denominado
Servicio de Inteligencia de la Comandancia de Área Jurisdiccional de
Seguridad Interior (SICAJSI), en el que participan funcionarios de
la
Armada y del Cuerpo de Carabineros (policía uniformada). A fines de
1974 pasó a llamarse Servicio de Inteligencia Regional (Sire).

El SICAJSI dependía directamente de la 1ª Zona Naval --con sede en
Valparaíso-- y se hizo cargo tanto del material recopilado desde
antes
del 11 de septiembre de 1973 como de lo obtenido en los
interrogatorios y allanamientos realizados en la zona de Valparaíso
a
partir de esa fecha.

El jefe de SICAJSI fue el capitán de navío Sergio Barra Von
Kreitshman, quien era secundado por Hector Trobok, coronel de
Carabineros. Éstos reportaban al jefe de Estado Mayor de la Armada,
Guillermo Aldoney.

El servicio de inteligencia de la Armada Ancla 2, se incorporó al
SICAJSI, lo que se habría hecho efectivo en octubre de 1973. Operó
desde las dependencias de la Academia de Guerra Naval (con sede en
cerro Playa Ancha, Valparaíso), donde los detenidos eran enviados a
distintos centros de reclusión dependientes de la Armada,
Carabineros
y Ejército.

El SICAJSI estaba conformado por un grupo de Análisis que
confeccionaba un resumen con las conclusiones y opiniones acerca de
la
información obtenida de los grupos políticos, personas y ubicación
de
armas. De acuerdo con la valía de lo obtenido, se enviaba
información
al grupo de operaciones, éste definía la forma y ocasión en que se
verificarían detenciones, allanamientos y otras misiones.

Las personas identificadas y detenidas eran entregadas a un equipo
de
interrogadores formado por unos 30 hombres y mujeres. Los varones
eran
en su mayoría Infantes de Marina con especialidad de comandos
provenientes del Regimiento IM Miller. Las mujeres, por su parte,
provenían del personal femenino de la Armada y Carabineros.

Según Núñez, en la primera etapa del golpe ?la represión era masiva
y
los interrogatorios también?. Agrega: ?En la medida que torturaban,
hay gente que entregó información y otra que no?.

Núñez dice que después vino una etapa más selectiva, ?en que los
servicios de represión se han hecho de un grupo eficiente de
interrogadores y han logrado construir un cuadro y un organigrama de
cada organización. Después es cosa de empezar a llenar los
casilleros
no más?, afirma.

Núñez señala que los interrogadores de la Armada fueron formados por
personal de la Policía de Investigaciones (donde operaba una policía
política) y de Carabineros ?que eran quienes tenían experiencia en
realizar interrogatorios?. La realización de torturas a delincuentes
comunes, en los cuarteles de Carabineros e Investigaciones, era una
práctica muy habitual hasta hace poco tiempo.

Núñez dice que de acuerdo con información que han recopilado, la
Dina
siempre tuvo como segundo hombre a alguien de la Armada. A entender
de
Núñez, esta tesis estaría siendo probada en el proceso que investiga
las actividades de la Brigada Lautaro, de exterminio de las cúpulas
partidistas de la izquierda, en los que han sido procesados seis
agentes de la Armada junto con 20 miembros de la Dina, la mayoría de
ellos del ejército.

La Armada chilena fue fundamental en la planeación del golpe militar
contra el gobierno de Allende. Coordinó y cobijó el accionar
conspirativo de agrupaciones de la derecha económica y política, del
diario El Mercurio y del gobierno de Estados Unidos.

Clave en este trabajo fue la creación de la Cofradía Náutica del
Pacífico Austral --fundada en Valparaíso en 1968--, que bajo la
excusa
de confraternizar en torno a materias de navegación, congregaba a
altos mandos de las Fuerzas Armadas y destacados dirigentes de la
derecha política y económica, que serían los principales artífices
del
golpe. Entre éstos destacó el empresario y director de El Mercurio,
Hernán Cubillos, el dueño de este diario, Agustín Edwards, el
capitán
de navío Roberto Kelly, el almirante Patricio Carvajal y el general
de
ejército Sergio Arellano. (14 de enero de 2008)



SUPREMA DEJA LIBRES A AUTORES DE VEINTIDOS SECUESTROS

Por Jorge Escalante

 

Sala Penal de la Suprema dejó libres a autores de 22 secuestros de Parral, VII Región

Caso de quemados con fósforo en Dignidad quedó impune

Resolución del tribunal dejó sin sanción uno de los crímenes más espeluznantes cometidos durante la dictadura y provocó desesperanza e indignación entre los familiares de las víctimas.

 

El último "regalo de Pascua" de la Sala Penal de la Corte Suprema tiene a los familiares de los 22 desaparecidos de Parral con la sensación de que lucharon 30 años para buscar justicia, pero no lo lograron.

 

NOTA DE MAXIMO KINAST: El encubridor inverecundo, Rubén Ballesteros, fue nombrado miembro de la Corte Suprema por el inverecundo Ricardo Lagos Escobar, el mejor presidente que han tenido en Chile las transnacionales y los muy, pero muy ricos 

 

El ministro Alejandro Solís había condenado a presidio a los autores de los secuestros con desaparición -17 años al coronel de Ejército (R) Hugo Cardemil Valenzuela, 10 años al coronel (R) de Carabineros Pablo Caulier Grant y 7 años al suboficial (R) de Carabineros Luis Alberto Hidalgo-, pero los cinco ministros de la Sala Penal rebajaron las condenas iniciales y los dejaron libres.

 

Pese a que a Cardemil lo sentenciaron a 5 años y a Caulier a 4 años -Hidalgo había sido absuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago-, la Sala Penal les concedió "libertad vigilada".

 

La nueva "rebaja Suprema" -como ha sido calificada la sistemática reducción de condenas a los violadores de derechos humanos- tiene una especial connotación pues fue aplicada en uno de los casos más espeluznantes.

 

EN EL FUNDO

 

Los 22 detenidos fueron sacados, entre septiembre y octubre de 1973, desde la cárcel de Parral y el retén de Catillo en la VII Región, conducidos a la Escuela de Artillería de Linares, donde servía Cardemil, y desde allí llevados a Colonia Dignidad.

 

Allí los mataron con ayuda de los alemanes y los sepultaron en una fosa clandestina. A fines de 1978, por instrucción de Pinochet, Paul Sch fer ordenó "limpiar el fundo". Los cuerpos fueron desenterrados, metidos en sacos, quemados con fósforo químico y las cenizas arrojadas al río Perquilauquén. La operación la encabezó Gerhard Mücke, como el mismo lo reconoció ante el ministro Jorge Zepeda.

 

LOS OTROS AUTORES

 

De esta manera, los ministros de la Sala Penal, principalmente los magistrados Rubén Ballesteros y Nibaldo Segura -jueces partidarios del perdón absoluto a los criminales del régimen de Pinochet-, dejaron en total impunidad uno de los episodios más conmovedores y masivo del pasado sistema opresor.

 

Los jueces Hugo Dolmetsch, Jaime Rodríguez y el abogado integrante Juan Carlos Cárcamo dejaron las condenas para Cardemil y Caulier en 5 y 4 años respectivamente, pero les concedieron la libertad vigilada.

 

Ballesteros y Segura estuvieron por absolver totalmente a los autores, pues son partidarios de la amnistía y la prescripción por el paso del tiempo y de desconocer tratados y convenciones de la legislación penal internacional que condena los delitos de lesa humanidad.

 

Agrupaciones nacionales de familiares de desaparecidos y ejecutados, abogados querellantes y los parientes de las víctimas de Parral han comenzado a manifestar su indignación por esta nueva resolución de la Sala Penal.

 

Ya anteriormente lo hicieron, protestando ruidosamente por otros casos ante las puertas de este tribunal.

 

Familiares de las víctimas de Parral viajarán a Santiago en los próximos días para protestar por esta decisión, en contra de la que ya no caben más recursos.

 

La ola de rebajas a las condenas en este tipo de juicios tendrá todavía su punto más álgido cuando el presidente de esta sala, Alberto Chaigneau, se retire en enero próximo al cumplir 75 años. En muchas oportunidades Chaigneau ha inclinado con su voto la balanza a favor de hacer justicia real por los crímenes del régimen militar, aunque también ha dado su visto bueno para rebajar sustancialmente algunas condenas.

 

Quien suceda a Chaigneau será vital para brindar mayoría en uno u otro sentido.


NIBALDO SEGURA, RUBÉN BALLESTEROS Y PATRICIO VALDÉS, INVERECUNDOS MINISTROS DE LA CORTE SUPREMA

Segunda Sala de la Corte Suprema

dicta tres sentencias en causas

por violaciones a los Derechos Humanos

Fuente: www.cortesuprema.cl/index2.php?pagina1=noticias.php?cod=1250

La Segunda Sala de la Corte Suprema dio a conocer este jueves 27 de diciembre tres fallos por casos de violaciones a los Derechos Humanos, investigados en primera instancia por ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, designados especialmente para estas causas.

En el proceso conocido como “Episodio Parral”, la sala integrada por los ministros Nibaldo Segura, Rubén Ballesteros, Jaime Rodríguez, Hugo Dolmestch y el abogado integrante Juan Carlos Cárcamo, confirmó la sentencia condenatoria en contra de Hugo Cardemil Valenzuela y Paulo Caulier Grant, dictada el 4 de agosto de 2003 por el ministro Alejandro Solís. Sin embargo, acogiendo la figura de la media prescripción, se determinó reducir la sentencia a Cardemil Valenzuela de 15 años y un día a 5 años, y de Caulier Grant de 7 años a 4 años, concediéndose a ambos sentenciados el beneficio de la libertad vigilada.

La decisión condenatoria fue respaldada por los ministros Rodríguez, Dolmestch y el abogado integrante Cárcamo quienes consideraron que ambos sentenciados eran responsables de los delitos de secuestro calificado. En tanto, los magistrados Segura y Ballesteros fueron partidarios de aplicar el principio de la prescripción de la acción penal y absolver a los imputados de los delitos.

En la segunda causa, conocida como “Episodio Puente Bulnes” la misma Sala, pero esta vez integrada por los ministros titulares Alberto Chaigneau, Nibaldo Segura, Rubén Ballesteros, Jaime Rodríguez y Hugo Dolmestch, confirmó la sentencia a Rubén Osvaldo Barría Igor por el delito de homicidio calificado en contra de 6 jóvenes, quienes fueron acribillados en el Puente Bulnes de Santiago, el 12 de octubre de 1973. Asimismo, se sentenció por el delito de homicidio frustrado de Luis Abraham González Plaza, quien sobrevivió al fusilamiento.

Barría Igor fue sentenciado a 10 años y un día de presidio, sin beneficios, en un fallo de mayoría dictado por los ministros Chaigneau, Rodríguez y Dolmestch y el voto en contra de los magistrados Segura y Ballesteros, quienes fueron del parecer de aplicar la prescripción.

Finalmente, en el proceso conocido como “Episodio Río Negro” la Sala -integrada por los ministros Nibaldo Segura, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch, Patricio Valdés y Héctor Carreño- dictó absolución en favor de Hans Eduart Schernberger Valdivia, José Hernán Godoy Barrientos, Robert Santiago Teylor Escobar, Quintiliano Rogel Alvarado, Pedro Segundo Soto Godoy y José Rómulo Catalán Oyarzún.

Los ministros Segura, Ballesteros y Valdés fueron partidarios de aplicar la figura de la prescripción; mientras que los magistrados Dolmestch y Carreño fueron partidarios de condenar a los antes indicados por el delito de secuestro calificado, y ratificar la decisión del ministro Alejandro Solís dictada el 3 de abril de 2004.

Cabe señalar que las tres causas se alegaron en días distintos por lo que la composición de Sala varía según la presencia o ausencia de magistrados.

HAY INVERECUNDOS AL MANDO DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES

NOTA DE MÁXIMO KINAST: Los inverecundos Arturo Herrera, actual Director de la Policía de Investigaciones y el nuevo jefe de la Brigada de Asuntos Especiales y DDHH, José Cabión, están destrozando las investigaciones con el objetivo de encubrir a los asesinos, como se puede ver claramente en este artículo denuncia de Pedro Alejandro Matta.

 

Las instituciones funcionan...,

para desarticular los equipos eficientes

(Policia de Investigaciones de Chile)  

 
Durante el periodo posterior a la detencion de Pinochet en Londres, su regreso a Chile, y posteriores procesamientos por su responsabilidad en delitos de distinta indole, incluidos crimenes vinculados a graves violaciones a los Derechos Humanos, uno de los factores fundamentales en el avance de estos procesos fue el compromiso, capacidad profesional, y sensibilidad humana del equipo de personas que conformaron el Departamento V de la Policia de Investigaciones y, posteriormente, la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos.
 
Bajo la direccion del Prefecto Rafael Castillo y de los Comisarios Sandro Gaete y Abel Lizama, esta brigada fue sustancial en resolver crimenes, identificar y ubicar a victimarios, y proveer oportuna y relevante información a los tribunales para el avance de los procesos.
 
Durante la realizacion de estas tareas estos funcionarios sufrieron presiones, recibieron amenazas de muerte, e incluso fueron tratados de traidores por personal de la Policia de Investigaciones que aun permanece comprometido con la herencia dictatorial.
 
Es mas, a estos funcionarios el Director de la Policía de Investigaciones les solicito la modificación de un informe tecnico que indicaba la responsabilidad del general, entonces en servicio activo, Miguel Trincado, en la destruccion y en el lanzamiento al mar de los restos de 26 prisioneros politicos asesinados en Calama.
 
La negativa a modificar ese informe técnico, que determinó el pase a retiro de Trincado y su posterior procesamiento, influyo en el reciente pase a retiro del propio Prefecto Rafael Castillo, siendo reemplazado por el Prefecto José Cabión.  
 
El nuevo jefe de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos, Prefecto José Cabión, sin contemplaciones ni mayores consideraciones, ha procedido a desarmar la estructura y a dispersar a sus antiguos integrantes, de tal modo que el Comisario Sandro Gaete fue enviado a la seccion archivo (en funcion de poco menos que un bibliotecario), separándolo de la investigación propiamente tal, y el Comisario Abel Lizama ha sido hoy dia notificado de su envio a la Comisaria de Investigaciones de Colina. El envío de Lizama a Colina rompe un acuerdo que había sido alcanzado con organismos e instituciones de DD HH en el sentido de que Lizama, despues de su paso por la Escuela Técnica de la Institución, regresaría a la Brigada de Derechos Humanos.
 
Con esto se da un paso mas en la desintegración de una estructura que cumplio con las expectativas y aspiraciones de la inmensa mayoria del pais, y particularmente de las victimas de violación de DD HH: poder acceder a mayores cuotas de verdad y de justicia en relación al pasado reciente de Chile.
 
Es tambien indicativo del rumbo que tomara el tema DD HH en la Policía de Investigaciones bajo la atenta vigilancia del Sr. Arturo Herrera, su actual Director, y del nuevo jefe de la Brigada de Asuntos Especiales y DDHH, el Sr. José Cabión.
 
Parecen proféticas las palabras del Prefecto Rafel Castillo al momento de su retiro: "Las causas de Derechos Humanos se van a resentir".
 
Pedro Alejandro Matta.
Santiago de Chile.
 

PROMOCIÓN DE LA IMPUNIDAD

Por Felipe Portales, sociólogo

Fuente: www.elmostrador.cl

Difundido por Pedro Alejandro Matta

El rechazo de la mayoría senatorial de la Concertación al proyecto presentado en 2005 –y reflotado reciente y subrepticiamente por el gobierno- destinado a rebajar sustancialmente las penas a los autores de crímenes contra la humanidad, constituye un triunfo para las perspectivas de la vigencia de una mínima justicia en nuestro país.

Sin embargo, las recientes iniciativas gubernamentales a favor de la impunidad –que además de ella, incluye la de dejar sin facultades litigiosas al futuro Instituto Nacional de Derechos Humanos- representan una ominosa advertencia. Más aún, cuando en ellas se aprecia, directa o indirectamente, la influencia de un dirigente concertacionista que persistentemente ha abogado por la promoción de la impunidad. Se trata del ex presidente de la Cámara, ex senador y actual ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo.

En efecto, Viera Gallo ha efectuado, desde 1990, múltiples declaraciones y acciones destinadas a promover diversas formas de impunidad. Entre ellas se destacan:

1.- A fines de 1991, como presidente de la Cámara de Diputados promovió una amnistía en dos fases. Primero, a los presos políticos remanentes de la dictadura que todavía no eran indultados por Aylwin (facultad que le había concedido una reforma constitucional de comienzos de año) y luego a ex funcionarios de la DINA y la CNI, con la excepción de “los asesinatos más graves cometidos en los últimos años, entre ellos, el caso Letelier, caso de los degollados, Operación Albania, Tucapel Jiménez y otros de similar magnitud” (“El Mercurio”; 17-12-1991). Esta propuesta seguía las mismas aguas de una análoga hecha por el presidente del Senado, Gabriel Valdés, el día anterior. Ambas nacieron muertas ya que no solo contaron con el más rotundo rechazo del conjunto de la Concertación, sino también de RN y la UDI. Así, el diputado Andrés Chadwick señaló que la UDI “no promoverá una nueva ley de amnistía, porque no es indispensable ni urgente para la paz social” (“El Mercurio”; 17-12-1991).

2.- Con ocasión del proyecto de ley Aylwin de 1993, propuesto para avalar el decreto-ley de autoamnistía de 1978, a cambio de la entrega de información sobre el destino final de las personas desaparecidas; Viera Gallo logró transitoriamente convencer a los diputados del PS de apoyarlo, reconociendo posteriormente que “aquí no se va a saber quienes son los responsables, y ese es el precio que se pagaría abriendo esta puerta para que esas personas entreguen la verdad que hasta ahora se han negado a consignar” (“La Epoca”; 12-8-1993). El profundo malestar que estas declaraciones provocaron en el PS; en las organizaciones de derechos humanos; y en la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) -que incluso reaccionó con una huelga de hambre- liquidó el proyecto.

3.- Cuando en 1995 la propia Concertación había aprobado en la Cámara una reforma que eliminaba el privilegio que tenían los militares condenados de evitar el cumplimiento de su pena en una cárcel, si tenían otros procesos pendientes; y Allamand había comprometido, como presidente de RN, su apoyo en el Senado para confirmar lo anterior; se acercó a él Viera Gallo, justo antes de la votación final, y le preguntó: “¿Estás seguro de lo que estás haciendo? -¿Por qué me lo preguntas? –contesté un tanto sorprendido –Debes saber que no te lo van a perdonar nunca” (Andrés Allamand.- “La travesía del desierto”; Edic. Aguilar, 1999; p. 401) Efectivamente, al desoír la “advertencia” de Viera Gallo –entre otros factores- Allamand sufrió por varios años el “castigo” de los poderes fácticos.

4.- Luego de la detención de Pinochet en Londres, la Comisión de Derechos Humanos del Senado presentó a fines de 1998 un proyecto de ley que, en la práctica, avalaba el decreto-ley de autoamnistía. Dicha comisión estaba formada por Viera Gallo (PS), Jorge Lavandero (PDC), Enrique Silva (PR), Beltrán Urenda (UDI) y Mario Ríos (RN). El proyecto fue abortado por la fuerte oposición que suscitó en las organizaciones de derechos humanos y en el PS. Así, la vicepresidente de la AFDD, Viviana Díaz lo consideró “una nueva ley de punto final” (“La Nación”; 6-3-1999). Y los diputados del PS Juan Bustos, Fanny Pollarolo y Sergio Aguiló lo consideraron “inaceptable”, ya que ”una moción que restringe el derecho a la verdad, que construye una verdad secreta y que vulnera el derecho a la justicia constituiría, en caso de aprobarse, una violación de las obligaciones internacionales de Chile” (“La Nación”; 17-7-1999).

5.- Ante la emergencia –a comienzos de esta década- de varias querellas por torturas aplicadas bajo la dictadura, Viera Gallo planteó su contrariedad señalando que “si se multiplicaran los procesos por tortura se produciría un atochamiento judicial imposible de sobrellevar porque los casos son miles” y que “abrir hoy día en Chile un debate judicial sobre las torturas es verdaderamente inconducente” (“El Mercurio”; 14-2-2001).

Todo lo anterior explica la satisfacción expresada por las máximas dirigentes de la AFDD, al enterarse de que su interlocutor en el Gobierno dejaba de ser el ministro Viera Gallo (Ver “El Mercurio”; 2-11-2007). Esperemos que esto provoque una enmienda en él a favor de la justicia y que, en todo caso, el gobierno de Bachelet deje de seguir promoviendo la impunidad.

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NOTA DE MÁXIMO KINAST: Al inverecundo
José Antonio Viera Gallo, encubridor y promotor de la impunidad, la insidia le viene por familia. En efecto, un antepasado suyo -Secretario de la Intendencia de Tarapacá, de su mismo apellido- fue el promotor e inductor de la matantza de la Escuela Santa María en Iquique.

DR. EDGARDO CONDEZA EMPLAZA AL INVERECUNDO RICARDO LAGOS, ENCUBRIDOR DE GENOCIDAS*

CONDUCTA DEL EX PRESIDENTE RICARDO LAGOS ESCOBAR

 

* Un representante elegido y servidor público, debe respetar a los representados.

* No es admisible que el ex Presidente, sea irreverente con los ciudadanos: se le requiere que informe y no lo hace en forma debida y completa.

* Toda persona debe comprometerse con sus acciones. Con mayor razón al tratarse del principal servidor público. El ex Presidente Ricardo Lagos debe responsabilizarse, frente a la nación, de las acciones realizadas durante su mandato. Pero, también de las consecuencias de lo realizado.

* La Cámara de Diputados tiene como función principal fiscalizar.

Ha constituido una Comisión para investigar el Transantiago, que comenzó en el gobierno del ex Presidente. Este medio de movilización ha sido un desastre y ha tenido gravísimas consecuencias para la vida de millones de personas.

 

Ante la citación de la Cámara el ex Presidente debe asistir. Es su obligación. Como lo sería para cualquier ciudadano.

 

No concurrir es pasar a llevar las funciones del Parlamento.

 

* Es una irresponsabilidad trasladar su responsabilidad al gobierno de la Presidenta Bachelet.

* El ex Presidente Lagos tiene el deber de corregir esta conducta. Aún es tiempo.

* Los ciudadanos tienen el derecho a esperar que, con altura de miras, se ponga a disposición y colabore con el gobierno actual para corregir los errores que derivan de su administración.

* El ex Presidente tiene el derecho de ser respetado y tratado con consideración. Respeto y consideración que él debe tener con los ciudadanos y ciudadanas.

 

Atenta y cordialmente:
Dr. Edgardo Condeza Vaccaro
Presidente.

 

MOVIMIENTO POR LA CONSULTA Y LOS DERECHOS CIUDADANOS
edgardocondeza@vtr.net 09/8867508

 

 

*El título de este artículo es de mi autoría y responsabilidad. Máximo Kinast

FUNADO VICENTE PÉREZ ZURITA EN LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

Este es un mensaje desde 'Funachile':

Una vez más nuestra organización repudió a un nuevo chancho que pasaba sus días en forma tranquila, esta vez se trato de VICENTE PEREZ ZURITA, este pseudo periodista tiene el siguiente historial:

 

Fue sancionado por el Colegio de Periodistas por su participación, como jefe de Prensa de Televisión Nacional, en el montaje de falsos enfrentamientos para ocultar horrendos crímenes cometidos por la DINA.

En este caso específico, la DINA preparó el ardid para que se informara a la ciudadanía que seis “terroristas” del MIR y el Partido Comunista asesinados en las horas previas al 19 de noviembre de 1975 en el centro clandestino de Villa Grimaldi, en realidad habían muerto la mañana de ese 19 de novimebre en el sector de Rinconada de Maipú al sur de Santiago, enfrentados con agentes de la DINA y funcionarios de la policía civíl.

Los seis compañeros murieron en Villa Grimaldi a manos de agentes de la DINA que, antes de dispararles, quemaron sus cuerpos con agua y aceite caliente, mientras que a Catalina Gallardo Moreno le sacaron los ojos. Mónica del Carmen Pacheco Sanchéz, estaba embarazada de tres meses. Los otro compañeros caídos son: Manuel Reyes Garrido, Alberto Gallardo Pacheco, Luis Andrés Ganga Torres y Pedro Cortés Jeldres.

Por este crimen, el ministro Alejandro Solís sometió a proceso a Manuel Contreras Sepúlveda, jefe de la DINA, y a sus subalternos Marcelo Luis Moren Brito, Miguel Krassnoff Martchenko, Basclay Zapata Reyes, Francisco Maximiliano Ferrer y Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo.

 

Los montajes fueron de uso habitual por parte de los aparatos represivos de Pinochet y en esto simpre prestaron colaboración agentes civiles. Por este caso, también fueron sancionados por el Colegio de Periodistas Roberto Araya , Julio Lopez Blanco y Claudio Sánchez Venegas, ambos trabajando en Megavisión, y Manfredo Mayor Durán, hoy flamante directivo de la Universidad de las Américas

VICENTE PEREZ ZURITA

ENCUBRIDOR DE CRÍMENES

¡¡ REPÚDIELO !!

Como jefe de prensa de TVN ayudo a la DINA a contruir falsos enfrentamientos.

Fue sancionado por el colegio de periodistas

Hoy es director de periodismo de la Universidad Santo Tomas

La dirección es Ejercito 146, Santiago Chile su teléfono es 362 50 00

¡¡ PARA LOS TORTURADORES, ASESINOS Y SUS CÓMPLICES !!

¡¡ SI NO HAY JUSTICIA !!

¡¡ HAY FUNA !!

FOTOGRAFÌAS DE LA ACCIÓN

 

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