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LOS INVERECUNDOS DE CHILE

Encubridores de inverecundos

Sergio González Bombardieri, encubridor del homicidio de Frei Montalva

Es médico de la Universidad Católica, actualmente, en la información de la Facultad de Medicina lo tiene como profesor titular de Anatomía Patológica, como se ve a continuación:

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Además figura como Jefe de Departamento del Post-Título de Anatomía Patológica:

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Además es parte de la Red de Salud de la Universidad Católica:Mostrando SergioGonzálezRedSaludUC.JPG

Sergio González fue sometido a proceso el 7 de diciembre de 2009 como encubridor del homicidio del ex presidente Eduardo Frei Montalva, abogado de la misma Universidad Católica.

Lea la información de CiperChile en el siguiente link:

http://ciperchile.cl/2009/03/06/la-autopsia-de-frei-paso-a-paso/

SI NO HAY JUSTICIA, HAY DENUNCIA.

Helmar Rosenberg Gómez encubridor del asesinato de Frei Montalva

Este inverecundo es profesor honorario de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica.

Fue sometido a proceso el 7 de diciembre de 2009 como encubridor del homicidio del ex presidente Eduardo Frei Montalva, abogado de la misma Universidad Católica.

Lea la información de CiperChile en el siguiente link:

http://ciperchile.cl/2009/03/06/la-autopsia-de-frei-paso-a-paso/

En una ceremonia efectuada el 30 de octubre de 2015 fue homenajeado por la Universidad con motivo de los 70 años del Departamento de Anatomía Patológica.

Pueden ver la información en el siguiente link:

 http://medicina.uc.cl/noviembre-2015/laboratorio-de-anatomia-patologica-uc-cumplio-70-anos

SI NO HAY JUSTICIA, HAY DENUNCIA.

LORENA FRIES LEÓN, encubridora de inverecundos asesinos

Lorena Fries Monleón es una encubridora de inverecundos genocidas. 

Esta inverecunda desalmada quiere "debatir un indulto general para los violadores de Derechos Humanos", o sea, quiere dejar en libertad a los asesinos, ladrones, violadores, torturadores y criminales de las Fuerzas Armadas.

Es una vergüenza para un país, como Chile, que ha sufriudo demasiadas vergüenzas.

Año 2016: Inverecunda Presidente Bachelet encubre a pesqueros inverecundos

¿Es verdad que el último acto de gobierno de Misia Bachelet fue privatizar el mar océano, azul y chileno, en el Sur, para dárselo a los inverecundos y quebrados empresarios atuneros para que pagaran sus deudas a los bancos? ¿Es verdad que lo hizo perjudicando al noble pueblo nación Mapuche? 

Podría haber error en lo anterior, pero su silencio antes esta grave denuncia que copiamos a continuación sólo peude ser tildada como complicidad o encubrimiento. Y ninguna de esas dos actividades deberían relacionarse con la Primera Magsitratura del país.

Fuente: http://kaosenlared.net/chile-feroz-denuncia-sernapesca-sii-corte-suprema-y-otros-pescando-a-rio-revuelto/

La Presidenta ha sido informada:

Carta Pesca Bachelet 3

Carta Pesca Bachelet 5

RESCINDIDO NOMBRAMIENTO AL INVERECUNDO JAMES SINCLAIR

Inverecundo encubridor James Sinclair

Este es un momento histórico para la comunidad chilena en Australia y los familiares de los detenidos desaparecidos.

James Sinclair no será nombrado Embajador de Chile en Australia.

El papel de Sinclair en la destrucción de los archivos secretos de la policía secreta de Chile  durante la dictadura, la CNI (Central Intelligence Agency) se detalla en el libro Los Archivos Secretos de la Dictadura (El Ceibo, 2012) por los periodistas Carlos Dorat y Mauiritus Weibel.

Se  mencióna a James Sinclair como responsable de la destrucción de 31 documentos clasificados en marzo de 1987. En abril del año siguiente, el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo García, escribió al director de la CNI adjuntando una carta donde el  llamado "acto de la destrucción ". Se menciona en detalle la destrucción de documentos clasificados y fue firmado por James Sinclair. 

La  Sociedad de Amistad Australia Chile y todos los grupos de los derechos Humanos para Chile y simpatizantes australianos que escribieron a las autoriades chilenas  y protestaron aca en Australia por este nombramiento celebran esta decisión importante e histórica. 

Es un gran avance en términos de no dejar que un diplomático quede impune por su participación y responsabilidad en la destrucción de los archivos secretos de la Agencia Central de Inteligencia represiva

(Infomación enviada por Victor Marillanca, CISCM, CICM, JP, President)

 

INVERECUNDO RAUL MERA MUÑOZ PROPUESTO A LA SUPREMA

Ministro Raúl Mera Muñoz, es el actual presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua.

ASESINATO DE RAÚL PELLEGRIN Y CECILIA MAGNI QUEDÓ EN LA IMPUNIDAD 

Fuente: 

 www.defensadelcobre.info/modules.php?name=News&file=article&sid=10913

El Ministro en Visita, Raúl Mera Muñoz, absolvió, en su fallo de primera instancia, a los acusados de los asesinatos de Raúl Pellegrin y Cecilia Magni, los oficiales de Carabineros en retiro, Julio Verne Acosta Chávez, Carlos Mauricio Bezmalinovic Hidalgo, Juan Ernesto Rivera Iratchet Y Walther Soto Medina.

Así, salvo que los tribunales de alzada lo impidan, este caso amena entrar a la triste categoría de la impunidad. 

Concluye así una etapa en que los familiares de las víctimas han debido librar una ruda batalla para lograr justicia, toda vez que el magistrado no mostró voluntad de esclarecer el caso. 

Pese a la evidencia, el proceso fue cerrado en siete oportunidades, desde que se inició la investigación. 

"El último cierre, lo decretó el Ministro en Visita Raúl Mera Muñoz, pese a que en el proceso consta que se trató de "homicidio calificado por torturas en manos de carabineros. 

El magistrado no logró individualizar a los culpables, porque los inculpados han mantenido un pacto de silencio que constituye una verdadera obstrucción a la justicia", denuncia Carla Pellegrín, hermana de Raúl. 

Existe evidencia que ambos fueron detenidos, brutalmente torturados, asesinados y posteriormente arrojados al río Tinguiririca por personal de Fuerzas Especiales de Carabineros, asegura. 

De hecho, el ministro Raúl Mera, de la Corte de Apelaciones de Rancagua, logró individualizar a 59 uniformados que participaron en el operativo para detener a los dirigentes del FPMR, quienes fueron sometidos a proceso en calidad de inculpados. 

No obstante, al no lograr individualizar a los culpables, procedió a cerrar el caso una vez más, sin establecer responsabilidades. 

El crimen de los ex integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) Raúl Pellegrin Friedmann y Cecilia Magni Camino, ocurrió en una fecha indeterminada, entre el 25 y el 27 de octubre de 1988 en la zona cordillerana de San Fernando. 

El juez determinó que no existen elementos de convicción, más allá de toda duda razonable, que permitan determinar que Pellegrin y Magni fueron víctimas de homicidio por parte de los ex uniformados. 

El fallo establece que no es posible dar por establecida la existencia de los delitos de homicidio que se trata. Invoca el artículo 456 bis de nuestro Código de Procedimiento Penal, que exige para condenar, que se haya adquirido, por los medios de prueba legales, la convicción de que realmente se haya cometido un hecho punible. 

Al respecto, el juez precisa en su sentencia que esto es, lo que tiene que probarse es la existencia del delito y, entonces, basta la sola duda o, dicho de otro modo, basta que la convicción no se forme, para que no pueda concluirse sino con la absolución debido a faltar esta primera exigencia. 

Esta fórmula es equivalente, aunque esté expresada en términos distintos, a la que contiene el artículo 340 del Código Procesal Penal, al exigir que la convicción de que se hubiere cometido el delito se haya adquirido más allá de toda duda razonable. 

Por ello, explica el magistrado en el dictamen en el cas de los homicidios (en general) no bastará, pues, que la muerte sea sospechosa o que algunos elementos de la causa apunten a la conclusión de que pudo ser provocada, sino que se requiere un grado de certeza mayor, lo que implica que la prueba seria sea unánime, que no haya contradicciones insalvables o que pueda descartarse, por razones claras y fundadas, la que contradiga a la de cargo. 

En suma, es la calidad de provocada de la muerte, y no la calidad de natural o accidental, la que tiene que probarse. 

Ahora bien, es difícil que un juez llegue a una convicción de esa naturaleza, si durante toda la investigación evadió llegar a ella. 

La parte querellante deberá continuar su brega para obtener justicia en los tribunales de alzada.

 


Nueva querella criminal contra (inverecundo) Agustín Edwards presentaron familiares de detenidos desaparecidos

Publicado el 11 Diciembre 2013

ESCRITO POR ERNESTO CARMONA*

FUENTE: HTTP://GOO.GL/2JHVBE 

Inverecundo Agustín Edwards, traidor a la Patria

En el Día Internacional de los Derechos Humanos y, por coincidencia, 7º aniversario de la muerte de Pinochet, fue presentada hoy una querella colectiva por “asociación ilícita genocida” contra Agustín Edwards Eastman, el dueño de la cadena El Mercurio, y otros personajes vinculados al periodismo.

La demanda fue introducida ante la Secretaría Criminal de la Corte de Apelaciones de Santiago por el abogado Hiram Villagra Castro y familiares de 119 detenidos desaparecidos en Chile que en 1975 la llamada Operación Colombo de la DINA presentó como muertos en “pugnas internas” o enfrentamientos con fuerzas de seguridad de Argentina.

La demanda invoca los artículos 292 y 293 del Código Penal para procesar a Edwards, la periodista Mercedes Garrido, en 1975 editora del diario La Segunda de la cadena El Mercurio; Beatriz Undurraga Gómez, en esos tiempos cronista policial de El Mercurio de Santiago; Álvaro Puga, “Alexis”, asesor en comunicación y propaganda de la dictadura cívico-militar encabezada por Pinochet, “y de todos los que además resulten responsables” del mismo delito de “asociación ilícita genocida”.

El libelo acusador de 16 páginas, suscrito por 16 familiares de otras tantas víctimas entre Los 119, relata a la Corte que “a pretexto de una situación de guerra se produjeron graves violaciones a los derechos más fundamentales de la persona humana establecidos en tratados internacionales vigentes en la Constitución y en las leyes”, y explica que “para encubrir los hechos se diseñó la llamada ‘Operación Colombo’, una vasta operación de encubrimiento desarrollada por la DINA y sus colaboradores civiles en una operación de guerra psicológica”.

La demanda judicial describe que a partir de junio de 1975 comenzó una vasta campaña de propaganda mediática en que “diversos medios nacionales de comunicación reprodujeron profusa y ampliamente una información que daba cuenta de la supuesta muerte de 119 hombres y mujeres chilenos, a manos de sus propios compañeros, producto de pugnas internas o en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad de diversos países.

En realidad, las personas mencionadas por las listas habían sido detenidas en Chile por la DINA y se encontraban, en esos momentos y hasta hoy, desaparecidas. Como se supo entonces, y tal como lo estableciera posteriormente el Informe Rettig, dicha publicación fue producto de la Operación Colombo, una maniobra destinada a encubrir la detención de cientos de chilenos y que había comenzado en junio de ese año, con la difusión en la prensa chilena de una información que alertaba sobre la presencia de ‘grupos guerrilleros’, integrados por ciudadanos chilenos, que se preparaban en territorio argentino para ingresar al país”, señala la demanda judicial.

Coincidentemente con lo anterior, las autoridades de la época comenzaron a afirmar que muchos de los ‘supuestos detenidos” estaban en realidad en la clandestinidad”, prosigue el libelo acusatorio. “Como parte de esa política de negación, el 4 de julio el general Pinochet anunció su decisión de no permitir el ingreso al país de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, anunciada para el día 10 del mismo mes”.

A los pocos días, y como respuesta a la presión internacional, se sucedieron diversas informaciones en la prensa argentina y chilena sobre detenidos desaparecidos chilenos cuyos cuerpos habrían sido encontrados en el país transandino. Tal fue el caso de Luis Guendelman, Jaime Robotham y, luego, Juan Carlos Perelman. Incluso se llegó a informar que la verdadera identidad del ‘terrorista Carlos’ [el venezolano Ilich Ramírez Sánchez, llamado también ‘el Chacal’] correspondía a la del chileno detenido y desaparecido Néstor Gallardo Agüero”. Es decir, “encontraron” cadáveres de ciudadanos desconocidos que aparecieron calcinados en Argentina con documentos de identidad de personas detenidas y desaparecidas en Chile.

Exterminados como ratones”

La falsedad de estas y otras informaciones burdamente fabricadas, que fueron difundidas, entre otras, por las agencias United Press International y Associated Press y reproducidas en Chile por los diarios de Agustín Edwards, y el matutino La Tercera, entre otros, quedó al descubierto una vez que se dieron a conocer las listas con los 119 nombres, el 22 y 24 de julio de 1975 en dos publicaciones fantasmas de Argentina y Brasil, en la revista argentina “Lea”, que salió por una sola vez, y enseguida en el diario Novo O’Dia, de Curitiba, que también tuvo una edición única.

El 24 de julio de 1975, el vespertino La Segunda, de Agustín Edwards, tituló en portada “Exterminan  como ratas a miristas” [miembros del MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria]. La Tercera inauguró un género informativo-editorial, mezclando la “noticia” con interpretación propia: “Habían sido presentados recursos de amparo [habeas corpus] a favor de los miristas muertos o evadidos en Argentina y otros países, con lo cual quiere decir que habría existido una operación malintencionada de los padres, madres, o hijos o cónyuges de los desaparecidos, para procurar el desprestigio del gobierno y de la justicia chilena”, escribió un cronista anónimo.

El Mercurio del 25 de julio de 1975 editorializó: “Los políticos y periodistas extranjeros que tantas veces se preguntaron por la suerte de estos miembros del MIRF y culparon al gobierno chileno de la desaparición de muchos de ellos, tienen ahora la explicación que rehusaron aceptar. Víctimas de sus propios métodos, exterminados por sus propios camaradas…”, etcétera, haciendo notar malestar “por el hecho de que los extremistas y una serie de organizaciones que alegan defender los derechos humanos hubieran utilizado a los jueces en el sucio juego de desprestigiar a Chile”, explica la querella.

Los cerebros de esta trama de “inteligencia mediática” fueron los asesores comunicacionales de la dictadura, aunque la querella sólo identifica a Álvaro Puga (“Alexis”), “y todos los demás que resulten responsables”. El trabajo de “inteligencia” en Argentina, para el “hallazgo” policial de cadáveres de ciudadanos desconocidos portando documentos de identidad chilenos, fue coordinado por Enrique Arancibia Clavel, chileno, agente DINA, ex bailarín, partícipe del asesinato del general Carlos Prats González en septiembre de 1974, quien terminó sus días asesinado de 34 puñaladas por un explotador de homosexuales, el 29 de abril 2011 en Buenos Aires, después de pasar 11 años en la cárcel.

Los periodistas pidieron perdón

Los demandantes quisieran que los diarios que mintieron sobre sus familiares pidieran perdón en títulos de primera página tan destacados como los publicados en 1975, dijo Roberto D’Orival Briceño, hermano del desaparecido Jorge D’Orival Briceño y uno de los firmantes de la querella. En un extraño incidente, la guardia del Palacio de los Tribunales impidió el acceso a los demandantes que deseaban firmar la querella. La Justicia sólo permitió el ingreso de cinco familiares para impetrar justicia.

El Colegio de Periodistas realizó un juicio interno para procesar, según el Código de Ética de la orden, a los periodistas que participaron en esta tramoya periodística. Algunos de los procesados por el Tribunal de sus pares resultaron sancionados o expulsados y más de uno se desempeñaba como “profesor de ética periodística” en escuelas de periodismo de universidades privadas. En junio de 2008, el Colegio cerró este capítulo deshonroso para la profesión pidiéndole perdón a los familiares de los dos casos más relevantes tratados por sus instancias éticas, el de Los 119 y el de la Rinconada de Maipú, entonces sector rural de Santiago donde 5 miembros de la familia Gallardo Moreno y 3 personas más fueron presentadas como “terroristas caídos en un enfrentamiento con fuerzas de seguridad” que nunca existió. Fue una puesta en escena transmitida in situ por “rostros” de los principales noticiarios de TV de aquella época, en coproducción con la DINA.

 

La familia Gallardo, incluido el padre, Alberto Gallardo Pacheco, tornero de 62 años, fue exterminada en calabozos secretos de Villa Grimaldi entre el 18 y el 19 de noviembre de 1975. Entre los sobrevivientes se encuentra Alberto Rodríguez Gallardo, Beto para sus amigos y familiares, quien también fue detenido en 1975, cuando apenas tenía 6 meses de edad, y concurrió hoy a los tribunales a respaldar esta querella por crímenes de asociación ilícita genocida cometidos bajo dictadura, como el asesinato encubierto de su madre, Catalina Gallardo Moreno, de 29 años. En rigor, los Gallardo fueron 6, y no 5, porque Mónica Pacheco Sánchez, de 25 años, profesora de inglés y esposa de Roberto Gallardo Moreno, de 25 años, estaba embarazada de tres meses.

Fabricación rutinaria de “enfrentamientos”

El quinto miembro victimado de esta familia Gallardo fue el padre de Beto, Juan Rolando Rodríguez Cordero, pero el crimen ocurrió al año siguiente, el 20 de octubre de 1976, cuando fue herido en un “enfrentamiento” falso en la vía pública y trasladado por agentes de la DINA a un hospital, de donde salió muerto. Y es que el encubrimiento noticioso por la vía del “enfrentamiento” falso fue el pan informativo que cada día hacían comer a los chilenos los grandes medios como El Mercurio, La Tercera y los canales de TV. Los cientos de casos no caben en una crónica, quizás en un libro de unas 500 páginas, como el del periodista Augusto Carmona Acevedo, asesinado por la espalda el 7 de diciembre de 1977, en Santiago, y presentado casi como un héroe que resistió el arresto por la Central Nacional de Información (CNI), sucesora de la DINA desde 1977.

Por ejemplo, la Operación Alfa Carbón, que exterminó a 7 personas el 23 y 24 de agosto de 1984, movilizó a 60 agentes de la CNI para matar en Concepción, Los Ángeles y Valdivia, cumplió su tarea llevando consigo a un equipo de TVN, a cargo del periodista policial Esteban Montero, quien “cubrió” en exclusiva los “enfrentamientos”, obtuvo “información privilegiada” –pero inventada– e hizo despachos tipo flash “en vivo” que irritaron a los verdaderos periodistas locales, a quienes la CNI les impidió el acceso y cobertura. Otro periodista vinculado al MIR, Juan Elías Espinoza Parra, de Concepción, murió acribillado con 22 disparos, la mayoría por la espalda, el 29 de diciembre de 1985, en otro "enfrentamiento" al sorprendérsele "poniendo una bomba" a plena luz del día, en una concurrida esquina del sector Quinta Normal, Santiago.

La querella de los familiares de los 119 pide citar a los imputados, despachar “orden amplia de investigación” a la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI), oficiar al Colegio de Periodistas para que remita copias, anexos y materiales del sumario ético realizado por la Operación Colombo y solicitar al cinematografista Ignacio Agüero copia del material no editado de su documental “El Diario de Agustín”.

*) Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno

 


ALMIRANTES INVERECUNDOS Y FELONES EN LA ARMADA DE CHILE

Después de todo quedó claro que el inverecundo Almirante Arancibia es un cobarde y un mentiroso, como se lo dije numerosas veces por email y en varios artículos que he escrito sobre la cobardía habitual de la Armada de Chile. Una vez, aprovechando un viaje a Viña, fui al Congreso Nacional acompañando al padre de Marcela Rodríguez e intenté visitar al Almirante Arancibia. Tengo la impresión de que se negó a recibirme y se escondió en su escritorio. Al menos eso decía el lenguaje facial del rostro de su ayudante. El siguiente articulo demuestra que Arancibia es un felón, mentiroso e inverecundo, al igual que otros pares suyos en la Armada de Chile.

Máximo Kinast

El Archivo Secreto de la Armada

Fred Bennetts

Pese a una campaña orquestada que trata de poner en duda los procesos de calificación de detenidos desaparecidos y exonerados, es cada día más evidente que en la base de los errores cometidos está la falta de cooperación  de las Fuerzas Armadas. Un caso flagrante es lo de la Armada.

Hace tiempo se sabía que en 2006 la Armada, por orden de su Comandante en Jefe Rodolfo Codina, entregó la bitácora de la Esmeralda “voluntariamente” a la Ministro Eliana Quezada, que instruye el caso Miguel Woodward, - escenario de torturas, violaciones, y asesinatos de al menos 110 personas. Lo que no se supo por entonces era que la Armada, al entregar la bitácora, no dio explicación alguna de la demora, tras casi 33 años de silencio, en cumplir con su obligación legal de hacer conocer a la Justicia “hechos que podrían constituir un delito”. Tan poco reveló donde se había guardado la bitácora durante ese tiempo.

Las respuestas a estas preguntas se han conocido en los últimos días gracias a una orden policial emitida por la Ministro Quezada. Han revelado la existencia de un Archivo secreto  ubicado en la bóveda del Estado Mayor General de la Armada donde existen todos los documentos sobre los crímenes de la Armada durante la dictadura y han confirmado que en concreto la bitácora de la Esmeralda fue ocultada deliberadamente.  Los responsables de esta interferencia con, y obstaculización de la justicia son tres ex-Comandantes en Jefe de la Armada: Jorge Martínez Busch, Jorge Arancibia, y Miguel Vergara.

Fue el Almirante, y Senador de la República, Arancibia quien, en un descuido durante un interrogatorio por la policía el 13 de agosto de 2007, reveló lo siguiente: “Hago presente que, durante el Gobierno Militar el Archivo de la documentación secreta y reservada de la Armada dependía del Estado Mayor General de la Armada y dicha documentación se custodiaba en una  bóveda de sus dependencias.”

Se le había mostrado al Almirante Arancibia una “Guía de Entrega” del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), dando fe del traslado de la bitácora de la Esmeralda de esa institución a la EMGA en julio de 1987. El  Almirante Arancibia comentó que suponía que hubiera sido custodiado en el EMGA “por orden de”  los Almirantes Toribio Merino, Comandante en Jefe en 1987, y su sucesor el Almirante (R) y ex-Senador Jorge Martínez Busch. Sin hacer referencia a una posible responsabilidad suya  en el asunto, dado que sucedió al Alm. Martínez Busch, añadió con su cinismo  habitual “nunca vi la Bitácora del Buque Escuela Esmeralda y nunca consulté por ella, por no tratarse de un tema transcendental o de importancia para mí”.

El significado de esta declaración del Senador viene del hecho de que la Ministro Quezada ha requerido en múltiples ocasiones la entrega de información que la Armada alegó no encontrar en los archivos de sus instalaciones. Así, para el periodo de 1973 en adelante, la Ministro pidió las “bitácoras terrestres” de cuatro instalaciones navales donde se había torturado y asesinado: la Escuela de Operaciones de Las Salinas, Academia Naval, Cuartel Silva Palma y Hospital Naval. En otro Oficio también requirió para el mismo periodo las bitácoras de la unidad de la  Escuela de Operaciones que había operado en la Universidad Federico Santa María, y de las unidades de Inteligencia Naval Ancla II y SICAJSI. 

El Secretario General de la Armada, Almirante Carlos de la Maza en su  carta de contestación a la Ministro, del 23 de julio de 2007,  afirmó que, en el caso de las bitácoras del año 1973, no fue posible encontrarlas  en los archivos que se habían consultado. Esos archivos, sin embargo, eran las de las propias instituciones involucradas: Academia Politécnica Naval, Academia de Guerra Naval, Guarnición IM “Orden y Seguridad” (ex. Cuartel Silva Palma) y Hospital Naval. El Alm. de la Maza no hizo referencia alguna a los archivos de la EMGA.

Es en ese archivo secreto custodiado en la bóveda del EMGA  que debe buscarse ahora el material entonces requerido. ¿Y que pasará con la demás documentación secreta que pueda existir en ese Archivo sobre otros casos de ejecutados y desaparecidos?

Lógicamente debería el Ministro de Defensa, igual que hizo su homólogo en Argentina hace tiempo, obligar a la Armada hacer público todo el contenido de su Archivo de documentación secreta y reservada. Si se alegara que el material fue destruido, deben requerirse las Actas de Incineración correspondientes. Según fuentes de la Armada, éstas identificarían quienes destruyeron la documentación, quienes ordenaron su destrucción, y la naturaleza de lo que se destruyó.

En todo caso, deben procesarse los ex – Comandantes en Jefe ya. Como máximo responsables de la ocultación en un Archivo secreto de la bitácora de la Esmeralda, infringieron la Ley Penal que les obligaba a hacerla conocer a las autoridades judiciales.

La ocultación se inició en los años ´80, cuando el Capitán de Navío Eduardo Barison (ex - Segundo Comandante de la Esmeralda) era Director del Instituto Hidrográfico y Oceanográfico, actual SHOA, y su Sub-Director le consultó sobre  la bitácora de la Esmeralda, entonces custodiada por esa institucion. En opinión del Sub-Director, contenía descripciones que “comprometerían la Armada”.

Más tarde, en Julio 1987, el nuevo Director del SHOA, Capitán de Navío Fernando Espinosa Simonetti  (también había servido en la Esmeralda en 1973) recibió una llamada del  Comandante en Jefe Almirante Toribio Merino quién le ordenó entregar la bitácora de la Esmeralda a él personalmente en Santiago. Se trasladó el próximo día a la capital y, según él, en ausencia del Comandante en Jefe, entregó la bitácora al Jefe del EMGA, Vice -Almirante Hernán Rivera Calderón

Posteriormente sucesivos Comandantes en Jefe de la Armada, desde 1987 hasta 2006, alegaron reiteradamente ante las peticiones  de los familiares de Miguel Woodward no poder encontrar la bitácora. Aún más significativo, la existencia de la bitácora de la Esmeralda no fue revelada por cualquiera de los dos Comandantes en Jefe –Almirantes Jorge Arancibia y Miguel Vergara– de  la época en que se preparó y realizó la “Mesa del Dialogo”. Iniciativa ésta promovida por la Armada de Chile en que cada rama de las  fuerzas armadas  se comprometió ante las demás instituciones del Estado a hacer conocer cualquier delito cometido por ellos durante la dictadura.

En estas circunstancias tiene un valor muy relativo el hecho de que el Senador Jorge Arancibia alega en su declaración policial no haberse enterado de que se custodiaba la bitácora en el EMGA durante el periodo de  su Comandancia en Jefe de la Armada. Según  ex-oficiales de Inteligencia Naval,  en todos los cambios de mando en la Comandancia en Jefe se firman a distintos niveles “actos de entrega” de documentación entre los equipos entrantes y salientes en la presencia de un “interventor” (un oficial de mayor rango).

La responsabilidad  directa de custodiar el Archivo secreto dentro de la bóveda del EMGA hubiera sido de un suboficial mayor, entregándolo al suboficial mayor del equipo entrante. El próximo escalafón sería del Departamento del EMGA que custodiaba el Archivo y los responsables que firmarían el acto de entrega a ese nivel tendrían el rango de Capitán de Fragata o Capitán de Navío. Siguiendo la misma lógica, el último escalafón en que se practicaría un “acto de entrega” sería de los Jefes del EMGA, entrante y saliente, con el Comandante en Jefe actuando como interventor.

Por lo tanto, cada nuevo Comandante en Jefe de la democracia asumía las responsabilidades y los compromisos de su antecesor. Entre ellos, ese que sabiendo que la Armada guardaba “secretos” sobre los crímenes que se habían cometido durante la dictadura, consideraba que no se trataba de un tema “transcendental o de importancia”...

Para remediar este desafío permanente por parte de la Armada hacen falta acciones contundentes por parte de las autoridades judiciales y políticas. Hasta entonces  el país seguirá desprestigiándose y las victimas de la dictadura no serán reivindicadas. 


Interferencia con, y obstaculización de,

la investigación judicial

del caso Miguel Woodward

Según declaró el 14 de mayo de 2007 el Almirante (R) José Antonio Galván Bernabeu,  ante la Ministro instructora Eliana Quezada en dos ocasiones, siendo Auditor General de la Armada, y actuando al requerimiento de sus mandos superiores, realizó actos que podrían ser constitutivos de interferencia con, y obstaculización de, la investigación judicial del caso Miguel Woodward. Las órdenes que recibió al respecto eran, en el Año 2004, del Comandante en Jefe Miguel Ángel Vergara y, en 2006, de su sucesor como Comandante en Jefe, el Almirante Rodolfo Codina.

En cuanto al primero de estos casos, los altos mandos de la Armada se habían enterado (no se sabe por que canales) a principios de 2004 que la Ministro Gabriela Corti, instructora de la causa Miguel Woodward, proponía realizar una inspección ocular a bordo de la Esmeralda poco antes de que el buque zarpara en su crucero anual en que cumpliría con el papel de “embajadora de Chile” en varios puertos extranjeros. 

En consecuencia, el Almirante Galván, siguiendo órdenes del Almirante Vergara, pidió audiencia con la  Ministro Gabriela Corti, por entonces instructora del caso Miguel Woodward, y le pidió que postergara la inspección ocular hasta que el buque hubiera regresado a puerto dentro de seis meses. Como resultado de dicha gestión la reconstitución no se realizó antes de la salida del buque y, por fin, la Ministro Corti nunca la llevó a cabo.

Fue casi tres años más tarde, en diciembre de 2007, que la autoridad judicial competente, por entonces la Ministro Eliana Quezada, subió a bordo de la Esmeralda, para realizar una inspección ocular. En esa ocasión fue acompañada por varios ex altos mandos de la Armada algunos de los cuales fueron sometidos a proceso posteriormente. Ningún argumento de “obediencia debida” a un superior tendría justificación: el Almirante Galván tenía que ser plenamente consciente de la gravedad de su actuación.

Los hechos y sus consecuencias son gravísimos en sí y adquieren aún más relevancia por haber sido perpetrados por la máxima autoridad de la Armada y por el máximo responsable jurídico de la institución. El Alm. Galván, además de haber ocupado ese último cargo es un conocido abogado y Profesor de Derecho de la Pontifica Universidad Católica de Valparaíso,

Al enterarnos más tarde de los hechos los denunciamos, primero al Almirante Rodolfo Codina, que ya había asumido como Comandante en Jefe quien, consternado, dio instrucciones al Almirante Cristian Millar, por entonces Secretario General de la Armada para investigarlos. Después de algunos meses sin recibir noticias al respecto, denunciamos el asunto a La Nación que, tras consultarlo con la Armada, publicó el 15 de marzo de 2006 un artículo con el titular Armada niega haber evitado diligencia en la“Esmeralda”.  seguido del siguiente texto:

El contralmirante Millar manifestó “como secretario general de la Armada he acompañando estos casos muy de cerca, y digo que no ha estado en la mente de la institución interferir en ninguna diligencia que estén haciendo los jueces. No nos parece justo una denuncia de esta naturaleza, a no ser que, realmente, la ministra Corti se haya juntado con alguien ajeno al quehacer de la Marina, o informalmente con alguien que lo hizo por su propia cuenta y sin instrucciones. No tenemos antecedentes de que, institucionalmente, haya existido alguna gestión para impedir o retrasar esa diligencia”.

En cuanto al Almirante Codina, según el Alm. Galván le había ordenado informar de la entrega de la bitácora de la Esmeralda a tres de los marinos referidos en la misma antes de que fuesen interrogados judicialmente. De esa forma, les dio la oportunidad de coludir entre ellos o preparar  una coartada – lo que efectivamente parece haber pasado, alegando uno de los tres que la Armada había falsificado la bitacora.