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Se muestran los artículos pertenecientes al tema Cómplices de inverecundos.

Benjamín Núñez Machuca, funcionario de confianza de la Gendarmería

Es sociólogo de la Universidad Católica.

Actualmente en la página de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica figura como profesor del Programa de Criminología de esa Facultad:


Benjamín Núñez era funcionario de confianza de Gendarmería de la dictadura.

En el siguiente link de la biblioteca del Congreso Nacional puedes ver decreto

http://www.leychile.cl/Consulta/m/norma_plana?org=&idNorma=3538&r=3

Sergio González y Helmar Rosenberg son socios en varias empresas siendo la última que se conoce la sociedad "Profesionales e Inversiones Médicos Patólogos Asociados".

Hoy son parte del Departamento de Anatomía Patológica de la Universidad Católica.

Sergio González y Benjamín Nuñez eran compañeros en una residencia universitaria en 1973.

Hoy son parte de los profesores de la Universidad Católica.

Si cree importante denunciar a los cómplices, difúndalo.

Si conoce otro cómplice, mándenos la información para investigarlo y denunciarlo.

SI NO HAY JUSTICIA, HAY DENUNCIA.

20/02/2017 00:16 inverecundos Enlace permanente. Cómplices de inverecundos No hay comentarios. Comentar.

Corte Ratificó Condena Ética Contra Inverecundo Periodista Claudio Sánchez

Inverecundo periodista Claudio Sánchez Venegas, colaborador de la DINA

La Novena Sala del tribunal de alzada decidió por unanimidad dejar sin efecto la apelación del ex reportero de Canal 13, quien apeló a la sanción que el Colegio de Periodistas le aplicó por avalar un montaje de la DINA.

La Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la resolución del Tribunal Nacional de Etica y Disciplina (Trined) del Colegio de Periodistas, que en mayo del año pasado sancionó a Claudio Sánchez por avalar un montaje de la DINA en un caso de secuestro y homicidio en 1975.

El tribunal de alzada emitió un comunicado en el que señala que “por la unanimidad de todos sus miembros”, la sala “rechazó la apelación presentada por el periodista Claudio Sánchez Venegas a la resolución (…) que lo sancionó con una censura pública y un año de suspensión de sus derechos” en el Colegio.

El hecho se refiere a un conjunto de “asesinatos ocurridos en noviembre de 1975, caso que fuera conocido posteriormente como ‘Montaje de video en Rinconada de Maipú’ y que está siendo investigado por la justicia en una causa caratulada ‘Secuestro y Homicidio, Familias Gallardo-Gangas”.

La resolución original, del 10 de mayo de 2007 “sancionó con la expulsión de la Orden al colegiado Roberto Araya Silva, quien a la fecha de los hechos trabajaba en Televisión Nacional de Chile y reconoció haber estado en conocimiento del montaje, ya que participaba activamente como colaborador de la DINA”.

En la ocasión, también fueron amonestados con la suspensión de sus colegiaturas por un año “los periodistas Julio López Blanco, Vicente Pérez Zurita y Manfredo Manyol” -todos de TVN– y “Claudio Sánchez Venegas, quien a la fecha de los homicidios trabajaba en Canal 13 TV y fue quien difundió en esa estación el montaje de la DINA que presentaba las muertes como producto de un enfrentamiento”.

Según detalla el comunicado “Sánchez fue el único de los sancionados que apeló a la instancia ética nacional de los periodistas. Su caso fue revisado por el Trined, el cual, tras efectuar algunas correcciones, terminó confirmando la sanción”, concluye.

Lea También: 

Vea acá en formato PDF el fallo del Tribunal de Ética y Disciplina que lo sanciona de la Orden al Colegio de Periodistas. 

Sepa acá, cuál fue el rol del “periodista” Claudio Sanchez en la dictadura genocida de Augusto Pinochet

 

 

 

 

10/04/2016 11:07 inverecundos Enlace permanente. Cómplices de inverecundos No hay comentarios. Comentar.


INVERECUNDA JUEZA CHEVESICH A LA SUPREMA

La inverecunda Jueza Gloria Ana Chevesich es encubridora y protectora de genocidas como el Mamo Contreras, por eso, Piñera quiere llevarla a la Suprema.

Esta es la noticia:

17 DE JUNIO DE 2013

También se manifestó contraria a indemnización en caso de violación de DD.HH.

El desconocido voto a favor del “Mamo” Contreras que puede complicar la nominación de Chevesich a la Suprema

Escribe MARCELA JIMÉNEZ

Fuente: El Mostrador 

En el caso por la desaparición y asesinato de tres miristas, la magistrada invocó la “irreprochable conducta anterior” del ex jefe de la DINA como atenuante a la hora de fijar la pena. En un segundo fallo del tribunal de alzada, votó por aplicar la prescripción de los delitos y de las acciones civiles (indemnizaciones) a favor de las víctimas.

     Inverecundos unidos para siempre

Este martes la ministra Gloria Ana Chevesich, propuesta por La Moneda para ocupar uno de los cupos abiertos en la Corte Suprema, debe concurrir ante la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado para responder preguntas e inquietudes de los parlamentarios. Luego, en la sala de la Cámara Alta deberá votarse su nombre. Uno de los puntos que la magistrada tendría que explicar en dicha instancia son sus votos disidentes en materia de derechos humanos, tema muy sensible para los senadores de la oposición. Esto, considerando que por su desempeño a favor de la prescripción en causas de crímenes de lesa humanidad fue que se truncó la llegada al máximo tribunal del país del anterior candidato de La Moneda, el magistrado Juan Muñoz Pardo.

Hay dos causas clave de DD.HH. en las que la ministra Chevesich ha dejado plasmado su enfoque jurídico en esta materia, siendo en ambas el voto disidente: una sentencia contra el ex jerarca de la DINA, Manuel “Mamo” Contreras, donde alega a su favor una “irreprochable conducta anterior” como atenuante y un segundo fallo del tribunal de alzada en el cual aboga por la prescripción de los delitos y de las acciones civiles (indemnizaciones) a favor de las víctimas.

Respecto del “Mamo” Contreras, jefe de la represión en la dictadura de Augusto Pinochet —condenado en múltiples causas por los delitos de tortura, secuestro y desaparición de miles de chilenos—, la ministra y candidata a subir a la Suprema, invocó la atenuante de la irreprochable conducta anterior. Ese argumento lo instaló Chevesich en la sentencia del 1 de junio del 2010 de la Corte de Apelaciones en el caso de tres miristas detenidos y desaparecidos desde la población La Bandera en 1974: Antonio Patricio Soto Cerna, Luis Omar Mahuida Esquivel y Luis Genaro González Mella.

En el fallo se condenó a Contreras a una pena de presidio mayor en su grado medio, entiéndase entre diez años y un día a quince años, mientras que como autores de los tres secuestros calificados se condenó a Raúl Iturriaga Neumann, Manuel Carevic Cubillos, Risiere Altez España y Hugo Hernández Vallea con la pena de presidio menor en su grado máximo, es decir entre tres años y un día a cinco años.

En la sentencia se precisa que la Ministro señora Chevesich, que concurre al fallo penal, estuvo por considerar a favor del condenado Contreras Sepúlveda la atenuante de irreprochable conducta anterior, acorde con lo razonado por el a quo”.

La sentencia final en todo caso establece —contrario al argumento de Chevesich— que no se reconocerá al “Mamo” Contreras la atenuante de irreprochable conducta anterior, porque “se estima que a su respecto no concurren los requisitos exigidos para tal reconocimiento, no obstante que a la fecha de los hechos no registra condena ejecutoriada, entre otras razones porque desde que se hizo cargo de la represión mostró una conducta reprochable y poca ética como lo demuestra la existencia de numerosos procesos en su contra relacionados con violación a los derechos humanos; quedando entonces sin atenuantes ni agravantes, manteniéndosele la pena con que viene condenado”.

En la misma sentencia, la Corte de Apelaciones acoge la demanda civil de indemnización por perjuicios por un monto de 25 millones de pesos a favor de la familia de una de las víctimas. Sobre este punto, la ministra Chevesich votó en contra también argumentando que resulta “indudable que la demandante sufrió con motivo de los hechos”, pero que estima que “corresponde aplicar la institución de la prescripción por la finalidad que persigue, obtener la paz social y la certeza jurídica, incluso tratándose de la acción por la que se pretende obtener que se resarzan los perjuicios derivados de la conducta de los agentes del Estado que los provocaron, pues no existe una norma que declare su imprescriptibilidad”.

Es más, la magistrada agregó en el voto disidente que “la acción para hacer efectiva la responsabilidad extracontractual prescribe en cuatro años contados desde la perpetración del hecho que causa el daño, noviembre de 1974”, que por esa razón se inclinó por “acoger la excepción de prescripción invocada por el Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, atendido a la fecha en que fue notificada la demanda” y que cabe la misma conclusión, “si el referido plazo se cuenta desde el advenimiento de la democracia o desde la data en que se dio a conocer a la ciudadanía el denominado Informe Rettig”.

EN LA MISMA LÍNEA

Dos días después del Golpe en 1973, desde su casa en Temuco, fue detenido el estudiante ecuatoriano de medicina de 31 años,  José García Franco, quien hacía su internado en el hospital local. Estuvo hasta la madrugada del 18 de septiembre en la Segunda Comisaría de Carabineros de esa ciudad, de la cual desapareció esa madrugada, mientras que los jefes policiales aseguraron a su esposa que lo habían dejado en la frontera con Argentina.

A través de una querella que presentó su familia, se abrió en el año 2000 la causa que en primera instancia condenó a diez y ocho años al ex suboficial Hugo Opazo Insunza, al mayor (r) Juan Bustamante León y los sargentos (r) Juan Fritz Vega y Omar Burgos Dejean.

La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, rebajó las penas a cinco años y un día y se mantuvo la demanda civil fijada en 30 millones de pesos por daño moral. La defensa de Fritz Vega y de Burgos Dejean presentó recursos de casación en contra de la sentencia de primera instancia, los cuales fueron rechazados por la Corte en la sentencia del 26 de diciembre del 2008.

En dicho falló, redactado por Chevesich, la magistrada nuevamente tuvo un voto disidente en materia civil, ya que una vez más se inclinó por acoger “la excepción de prescripción”, argumentando lo mismo que en la causa del “Mamo” Contreras:

“La institución de la prescripción por la finalidad que persigue, obtener la paz social y la certeza jurídica, tiene aplicación tratándose de la acción por la que se pretende obtener que se resarzan los perjuicios derivados de la conducta de los agentes del Estado que los provocaron, a menos que exista una norma expresa que declare su imprescriptibilidad”, reza textual la sentencia.

Nuevamente apela a que corresponde la prescripción a los cuatro años contados desde la perpetración del hecho y que, por tanto, se debe acoger “la excepción de prescripción por haber transcurrido en exceso el referido plazo contado desde la fecha del hecho y aquella en que se verificó la notificación de la demanda”.

En el 2009 la Corte Suprema dictó sentencia definitiva en este caso. En fallo dividido la segunda sala —Rubén Ballesteros, Jaime Rodríguez, Hugo Dolmesch y Carlos Kümsemüller más el abogado integrante Benito Mauriz— condenó a los cuatro ex policías a cuatro años de presidio, con beneficio de libertad vigilada y se anuló la indemnización por daño moral.



17/06/2013 18:56 inverecundos Enlace permanente. Cómplices de inverecundos No hay comentarios. Comentar.

UNA CONSULTA A LA SOCIEDAD DE ESCRITORES DE CHILE

Señores

Sociedad de Escritores de Chile


Siempre he admirado a esa prestigiosa entidad, aunque hay hechos en su historia y en su actuar diario que me suscitan dudas.

Deseo saber -con todo respeto lo escribo- quiénes deciden el otorgamiento del premio Oreste Plath y cuales son las bases bajo las cuales se otorga.

El otro punto de mi interés -y supongo que es interés de gran número de chilenas y chilenos- es saber los nombres de los escritores miembros del Jurado que otorgó ese galardon a Cristián Labbé.Alcalde de Providencia.

Porque, como es de publico y notorio conocimiento, el Alcalde Labbin no sólo fue Boina Negra del Ejército durante la Dictadura, sino que fue miembro de la tenebrosa y mafiosa institucion conocida como DINA, donde ademas de instructor de torturadores, fue ayudante del criminal -actualmente encarcelado- Manuel Contreras.

Es positivo, para el brillo y prestigio de la Institución, dar a conocer estos hechos y rectificar en la medida de lo posible lo ocurrido. Hay un importante precedente en la historia de la Sociedad de Escritores de Chile, cuando no otorgo el Premio Nacional de Literatura a  Gabriela Mistral; pero tuvo el valor de rectificar y reconocer su error al otorgarle ese galardón al año siguiente...  después de que ella recibiera el Nobel de Literatura.

Estoy publicando esta carta en mis blogs, a efectos de que otros chilenos y chilenas -si sienten las mismas dudas- les escriban solicitando aclarar esta oscura situacion.

Atentamente

Maximo Kinast Avilés
Corresponsal acreditado en Lima

http://MaximoKinast.blogia.com
http://ChileInsolito.blogia.com
http://Inverecundos.blogia.com

NOTA: He recibido esta auto respuesta auntomática:

Gracias por escribir a la Casa del Escritor
Responderemos a la brevedad.

SOCIEDAD DE ESCRITORES DE CHILE
Sede: Casa del Escritor
Almirante Simpson 7, Providencia, Santiago
Teléfono: (56-2) 6347834
Correo: sdeescritores@sech.cl
Visítenos en:

http://www.sech.cl
http://sociedaddeescritoresdechile.blogspot.com/
Prensa y Gestión Cultural:
Ximena Troncoso

contactoconlacultura@yahoo.es

04/08/2009 17:03 inverecundos Enlace permanente. Cómplices de inverecundos No hay comentarios. Comentar.

INVERECUNDOS JUECES DEJAN LIBRES A INVERECUNDOS ASESINOS DE JECAR NEHGME

Santiago, 30 de enero de 2009.-
A la opinión pública:

Somos hermanas de JECAR NEHGME CRISTI, asesinado a los 28 años de edad, un hijo, militante y dirigente Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, connotado dirigente de la izquierda chilena, destacado luchador por la democracia y el socialismo.

Él fue asesinado por los funcionarios de Ejército en servicio: Pedro Guzmán Olivares, Luis Sanhueza Ross, Jaime Norambuena Aguilar, Manuel Allende Tello y Silvio Corssini Escárate quienes, por órdenes del Brigadier Enrique Leddy Araneda y del General Gustavo Abarzúa, le dispararon a mansalva 18 tiros la noche del día 04 de septiembre del año 1989.

Por segunda vez, junto a nuestra madre, debimos enfrentar el crimen de un miembro de nuestra familia en manos de la Dictadura. En efecto, ya en octubre de 1973, los militares habían fusilado a mi padre, JECAR NEHGME CORNEJO, 32 años, 3 hijos, militante y dirigente del Partido Socialista.

El día 28 de enero recién pasado, nuevamente nuestra familia ha sido víctima de un atentado: La sala penal de la Corte Suprema, constituida por los ministros NIBALDO SEGURA, RUBÉN BALLESTEROS, CARLOS KÜNSEMÜLLER y los abogados integrantes JUAN CARLOS CÁRCAMO y ÓSCAR HERRERA, unánimemente, dictaron fallo definitivo otorgando la libertad a los criminales. Les aplicaron las siguientes "penas":

Brigadier Enrrique Leddy Araneda: 5 años LIBERTAD VIGILADA.
Coronel Pedro Javier Guzmán Olivares: 3 años, PENA REMITIDA.
Capitán Luis Arturo Sanhueza Ross: 3 años, PENA REMITIDA.
Coronel Jaime Eduardo Norambuena Aguilar: 2 años, PENA REMITIDA.
Mayor Manuel Allende Tello: 541 días, PENA REMITIDA
Capitán Silvio Corsini Escárate: 2 años, PENA REMITIDA.
General Gustavo Abarzúa Rivadeneira: Sin condena.

Sólo nos queda expresar nuestra indignación, rabia e impotencia con esta decisión que premia a los criminales. Es un fallo definitivo, "divino e inexpugnable" ya que no existe recurso alguno que examine su legalidad. Seguramente el día de hoy estos Ministros recibirán los agradecimientos tácitos o expresos de los asesinos y sus superiores y las felicitaciones de sus abogados por tan preciada "condena".  Además, el fallo será agradecido por la derecha y la concertación por aportar a la "democracia" garantizando la "paz social".

Pero sepan ustedes que la paz social se construye en justicia y el triunfo que hoy celebran es efímero, porque lo han obtenido mediante una determinación injusta que no resiste análisis alguno.

Han transgrediendo normas mínimas de ajusticiamiento, aunque lleve la firma del máximo tribunal. En efecto, los señores Ministros de la Sala Penal, han dictado un fallo carente absolutamente de imparcialidad, privilegiando a los criminales y denegando justicia a los familiares.

Los señores Nibaldo Segura y Rubén Ballesteros, Jueces de la Dictadura que siguen ocupando estos cargos gracias a un anquilosado mecanismo de designación que privilegia las componendas políticas entre la Concertación y la Derecha, por un mínimo de ética debieran abstenerse de intervenir en estas causas. Sin embargo, cada día siguen dejando libres a más asesinos.

Estas decisiones arbitrarias enlodan cada vez mas al Poder Judicial, que goza de escasa credibilidad ante la ciudadanía, pues entre los casos de corrupción y decisiones como estas, que protegen a los más poderosos, están condenando a los afectados a buscar caminos propios de resolución de conflictos.

En esta búsqueda, Jecar y los miles de ejecutados y desaparecidos "gozan de buena salud". Su semblanza se fortalece en la injusticia. Ellos están presentes en las calles, en la fábrica, en las aulas, en las comunidades mapuches, en las luchas de trabajadores y pobladores.

Nuestros muertos son ejemplo de vida, son héroes, son la esperanza de una vida distinta. Y mientras los poderosos se disputan los cargos, las cámaras, los votos y disfrutan de excelentes sueldos, nosotros, miles de hombres y mujeres en distintos lugares de la patria, día a día, silenciosamente, construimos futuro. Y así como ayer tuvimos la capacidad y el coraje para terminar con la Dictadura, mañana seremos capaces de transitar nuevamente unidos para conquistar definitivamente la justicia que se nos ha arrebatado.

A nuestros compañeros, amigos y a todas las personas que nos han acompañado en este largo camino, les confirmamos que nosotras no olvidamos a JECAR, ni perdonamos a los criminales.

Denunciaremos ante a Corte Interamericana esta decisión injusta. Invitamos a todos a no decaer, a convertir esta rabia en denuncia, a seguir adelante, porque tenemos la certeza de que esta situación debe y va a cambiar.

FAMILIA NEHGME CRISTI

04/02/2009 20:55 inverecundos Enlace permanente. Cómplices de inverecundos No hay comentarios. Comentar.

UN CARDENAL INVERECUNDO

Declaración Pública

 

“La Paz es Obra de la Justicia

 

Ante la visita del Cardenal Angelo Sodano que cumplió la función de Nuncio Apostólico en Chile durante 10 años (1978-1988) y que tuvo una amistad íntima con el dictador Augusto Pinochet, además de guardar silencio ante la detención y asesinato de los sacerdotes Joan Alsina, Miguel Woodward, Antonio Llidó, Gerardo Poblete sdb y André Jarlan, expresamos nuestra opinión para que cada persona, desde su conciencia, tenga en cuenta todos los hechos que han rodeado a este polémico Cardenal. Lo hacemos por amor al Evangelio y si calláramos nos haríamos cómplices de episodios graves y dolorosos de nuestra historia reciente. También, por respeto al testimonio y martirio de tantos hermanos nuestros que sufrieron la indiferencia y la persecución.

 

1. El Nuncio Angelo Sodano llegó a Chile como arzobispo titular de Nova di Cesare en marzo de 1978 y una vez presentada sus credenciales al general Pinochet, se inició una profunda amistad que se hizo notar desde ese mismo momento. Es posible que el propio dictador le pidiera interceder para que los obispos de Chile disminuyeran sus críticas por los sistemáticos atropellos a los derechos humanos. Esta acción perturbadora del nuevo Nuncio se hizo notar al interior de la Conferencia Episcopal.

 

2. Cuando los obispos entregaron el documento “El Renacer de Chile” el 17/12/1982 y señalaban proféticamente lo que afectaba al país en plena represión de la dictadura; la crisis económica, social, institucional y moral. Desde la Nunciatura hubo quejas por el modo de exponer el capítulo “crisis moral” que denunciaba; los atropellos a la dignidad humana, la pena del exilio, apremios injustos contra detenidos, el liberalismo económico desenfrenado, especulación en vez de trabajo honrado, el derroche junto a la miseria y la pérdida de valores.

 

3. Como consecuencia de la práctica sistemática de la tortura y ante la inmolación de un obrero como protesta por la detención de sus hijos en Concepción, surge el Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo. Fueron innumerables las protestas y llamados de atención, desde la Nunciatura, hacia las religiosas y sacerdotes que participaban en estas acciones no violentas por la vida y contra la cultura de la muerte.

 

4. Durante su largo período como Nuncio, Sodano cumplió la función de cambiar el rostro a la Conferencia Episcopal. Junto a Jorge Medina logró que se nombraran a obispos poco comprometidos con la causa de los derechos humanos. Más bien se escogieron en esos años, mayoritariamente a sacerdotes conservadores que no estaban en la primera línea de lucha contra la dictadura y por la pronta vuelta a la democracia.

 

5. Preocupación existía entre los obispos y vicarios por los periódicos informes que desde la Nunciatura se enviaban a el Vaticano, dando cuenta del perfil, actividades y escritos del llamado “sector progresista” de la Iglesia. Al respecto, es conocida la intromisión que hacía Sodano cada vez que se reunía en Asamblea Plenaria la Conferencia Episcopal.

 

6. Angelo Sodano, durante toda su gestión en Chile, priorizó a nivel eclesial los contactos y actividades junto a destacados militantes del Opus Dei y Legionarios de Cristo entre otros movimientos emergentes en la Iglesia. De esta forma evidenciaba no solo sus simpatías, sino su clara línea ideológica que después como Secretario de Estado ejerció con energía en contra de religiosos, obispos, pensadores y teólogos de la liberación. Esa ha sido su constante antes con poder en la Curia y ahora como emérito.

7. Fue el promotor del mayor desaire que se le puede hacer a un Cardenal Arzobispo titular pronto a renunciar por su edad; no considerar su opinión para la sucesión. Es lo que hizo Sodano al imponer al sucesor del Cardenal Raúl Silva Henríquez. El propio Arzobispo Fresno dijo en varias oportunidades que “no pidió ni quería ser el nuevo Arzobispo de Santiago”. Y, hoy todos sabemos de la maniobra por medio de una carta a Roma de que fue víctima el respetado Arzobispo José Manuel Santos.

 

8. Durante la visita del Papa Juan Pablo II a nuestro país, la Nunciatura en todo momento trató de suavizar distintos aspectos del programa oficial para que Pinochet no se sintiera agraviado. Más aún, se señala a Sodano como el facilitador para que apareciera el Papa junto al dictador en el balcón de La Moneda. Esa acción estratégica se consumó meses antes del plebiscito. Lo que no hubo fue una Oración por los asesinados del Estadio Nacional, tampoco una condena a la doctrina de la “seguridad nacional” y menos una palabra sobre la persecución que sufrió la Iglesia durante los 17 años de dictadura militar.

 

9.Ya como Secretario de Estado, Sodano jugó un rol importantísimo en lograr que prevalecieran las “razones humanitarias” para que Pinochet volviera de Londres. De esta forma se consolidó la impunidad y la burla ante la comunidad internacional. El propio Arzobispo de Londres, Cardenal Hume se sintió decepcionado de las gestiones que venían desde Roma al ver a Pinochet subiendo al avión en silla de ruedas y bajando en Santiago risueño y con el bastón en ristre. Esa fue una acción de impunidad inaceptable!

 

10. Otra prueba de la íntima amistad entre Sodano y Pinochet, fue la carta oficial que desde el vaticano envío el Secretario de Estado, en nombre del Papa, con motivo de las bodas de oro del matrimonio Pinochet-Hiriart. El tono de la misiva fue extremadamente cariñosa, calificando a la pareja como “ejemplar”. ¿Después de los procesos judiciales y el affaire Riggs, pensará lo mismo su Eminencia?

 

 

"¡Ay de ustedes, maestros de la Ley y fariseos hipócritas! Ustedes
construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los
hombres santos
". Mt. 23, 29.

 

Santiago, 27 de Septiembre de 2007

 

Juan Rodríguez            Hervi Lara Alvaro                Ramis Gonzalo Layseca

Carmen Seeger           Patricia Concha                   Luz Saavedra              

María González            José Frías                          Miguel Salinas  

Patricio Véjar              Carlos Donoso                    Juan Subercaseaux        

Marcos Sánchez          Raúl Ramírez                      Esteban Silva

Carlos Sánchez           Enrique Orellana                 Próspero Talloni          

Jaime Escobar 

 

 

Movimiento También Somos Iglesia – Chile

Comunidad Ecuménica Martín Luther King

Revista “Reflexión y Liberación”

Comunidades Juan XXIII – Cono Sur

Periódico Electrónico “Crónica Digital”

Izquierda Cristiana de Chile

Red Latinoamericana de Derechos Humanos

03/10/2007 16:20 inverecundos Enlace permanente. Cómplices de inverecundos No hay comentarios. Comentar.

HOY ES UN GRAN DÍA: HA MUERTO EL GUATON ROMO

Historial de un torturador

Osvaldo Enrique Romo Mena: Run: 3.674.948-2  Nació en Santiago  el 20 de abril de 1938. Casado, padre de Miriam, Rosa Inés, Tania, Marcia y Simón Osvaldo.

Pasa su niñez en Puente alto y su adolescencia en Recoleta. Es detenido por hurto en 1957. El 61 cae por robo de vehículo y Julio Rada, un avispado detective, lo transforma en su soplón.

En tiempo de la UP aparece como dirigente poblacional de la USOPO en Lo Hermida, concretamente del Campamento “Lulo Pinochet” donde fue conocido como el "Comandante Raúl". Cuando el Gobierno lanza su cacería a los "elenos" en agosto de 1972, tratan de capturar Héctor Prieto Cayupil en ese sector con gran despliegue de efectivos, lo que provoca una batalla campal, donde muere un poblador.

El impacto político de esta acción represiva, lleva a Salvador Allende a presentarse en el sector, lo que es aprovechado por Romo para increparlo públicamente, lo que lo catapulta a las primeras páginas. Allende para aclarar los hechos, forma una comisión integrada entre otros ... por Romo y el Subcomisario Rada Jiménez, quién guarda silencio sobre los antecedentes del guatón y lo presiona por información.

En 1973, la USOPO lleva a Romo, de candidato a diputado por Llanquihue.

En los allanamientos masivos posteriores al Golpe, Romo es detenido y llevado a la Escuela Militar. En ese lugar lo reencuentra Rada, que concurre como adjunto de Baeza a una reunión para recuperar a los ratis detenidos en La Moneda, Rada Jiménez lo saca de la Escuela y lo lleva al subterráneo de General Mackena para que les sonsaque información a los otros detenidos. Realiza esta innoble tarea con singular éxito entre el 22 de sept. y el 21 de diciembre de 1973, cuando es liberado.

En premio a sus servicios lo contrata “para la misma función” el interventor militar de MADECO, Jaime Deichler Guzmán, hermano del oficial DINA Augusto Patricio. En mayo de 1974, en razón de su conocimiento de la gente del MIR, es reclutado por la DINA y lo incorporan a la Brigada Caupolicán, dónde por sus características sicopáticas fue el brazo derecho de Miguel Krassnoff. Su nombre aparece como aprehensor en numerosos casos de detenidos-desaparecidos. Conocido por su trato inhumano, pervertido y cruel hacia los presos políticos.

Por estar demasiado “quemado”, Espinoza lo saca el 16 de julio de 1975, para Brasil con su familia. En 1992 es detenido en Mogi Guazu (pueblito cerca de Sao Paulo) por el Prefecto Luis Henríquez y su equipo del Depto. V de Investigaciones y extraditado a Chile. Fue inicialmente recluido en la Penitenciaría, luego lo tuvieron junto al "Fanta" en Colina II y finalmente lo llevaron a Punta Peuco.

Al anular la Justicia Militar, la condena de 20 años por la desaparición de Gloria Lagos Nilsson, este criminal pudo recuperar su libertad el 6 de octubre del 2000 y abandonar Punta Peuco. El 2001, la presión de sucesivas querellas lo lleva de vuelta a la Penitenciaría de Santiago. El 02 de septiembre de 2004, El Juez Guzmán lo proceso (junto a otros 15 próceres mas) por el secuestro calificado de 34 víctimas de la Operación Cóndor.

En el proceso por la desaparición de la inolvidable Diana Frida Aarón, Romo  ingresó como “rematado” el 14 de junio de 2006.

El 27 de abril, el Ministro Solís condena a Osvaldo Romo  en calidad de autor  del delito de secuestro calificado cometido en la persona de Sergio Humberto Lagos Marín,  a contar del 7 de febrero de 1975, a sufrir la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio.

Recluido en Punta Peuco hasta abril de 2007, en que por su deterioro físico lo trasladaron nuevamente al hospital de la Penitenciaria. Fallece en este lugar a las 04:45 del miércoles 4 de julio de 2007. Su cadáver permanece en ese lugar durante un tiempo... porque no hay un familiar que lo retire.

05/07/2007 04:08 inverecundos Enlace permanente. Cómplices de inverecundos No hay comentarios. Comentar.

LA ARMADA SE HUNDE EN LA MENTIRA

  En  Punto Final del 18 de mayo sale un artículo mío titulado “La Armada se Hunde en la Mentira”, adjunto,  que posiblemente les sería de interés. Anteriormente, en el número de la revista del 20 de abril salió otro artículo “Falsificador de la Historia” y en el número del 4 de mayo una carta abierta a las autoridades sobre el mismo tema.

             El más reciente artículo afirma que la Armada de Chile sigue recalcitrante, obstruyendo la Justicia y negando toda responsabilidad institucional por sus acciones criminales durante la dictadura. Postula la necesidad de obligar a sus altos mandos a asumir esa responsabilidad y de  imponerles claras obligaciones éticas por medio de la reforma del Código de Justicia Militar.

             El artículo sugiere, por fin,  que si el gobierno no toma medidas adecuadas a este respecto, las naciones suministradoras de armas deben limitar sus ventas a esas ramas de las fuerzas armadas de Chile que comparten sus ideales democráticos.

 

                                    Cordiales saludos, Fred Bennetts

 

 

 

LA ARMADA SE HUNDE EN LA MENTIRA

            La Armada sigue empeñada en obstruir la justicia y en negar toda responsabilidad institucional por su pasado criminal durante la dictadura. El almirante Rodolfo Codina, actual comandante en jefe, es una persona más abierta que sus antecesores en el cargo pero mismo si quisiera admitir la culpabilidad de la Armada, el ambiente dentro de esa institución no lo permitiría.

 
            El almirante Codina insiste en que no puede investigar los crímenes bajo la dictadura porque no tiene autoridad sobre los marinos jubilados. Alega (en las páginas web de la institución) que en la Armada él es el único que estaba en servicio activo en 1973. La realidad es otra: en el cuerpo de almirantes, el comandante en jefe está rodeado de vice-almirantes que iniciaron sus carreras en esa época o antes.

 
            Siguiendo esas pautas, el almirante Codina opina (La Nación, 28 de mayo de 2006) que no fueron muchos los crímenes cometidos por la Armada. Añade que en todo caso, las responsabilidades eran individuales -o sea, de los autores materiales y de los mandos directos que estaban a cargo de algunas unidades específicas-. No eran, enfatiza, de los mandos superiores.

 
            Los marinos siguen recalcitrantes y para que no vuelvan a asesinar algún día, es imprescindible que sean obligados por la ley a asumir sus responsabilidades. Entre otras medidas, el Código de Justicia Militar debe ser reformado profundamente.

 

LOS CRIMENES INSTITUCIONALES

             Donde más reprimió la Armada fue en la V Región. Los datos “oficiales” de víctimas en esa Región reconocidos por el Estado provienen del Informe Rettig y del trabajo de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Dan como detenidas desaparecidas a 36 personas.

             Sin embargo, se ha comprobado que la cifra real de detenidos desaparecidos es más elevada. Así se desprende no sólo del hallazgo de cuerpos de personas asesinadas y no “contabilizadas” oficialmente, sino también de las conclusiones de otros informes, declaraciones de testigos y de la propia documentación de la Armada.

             Los altos mandos de la Armada, aunque reconocen en privado que existía documentación comprometedora, alegan que todo fue destruido “en la época del almirante Merino”. Sin embargo, les ha traicionado su propia rigurosidad: existen pruebas fehacientes de sus crímenes en sus propios registros, mantenidos meticulosamente por los guardias de instalaciones navales y funcionarios sujetos a disciplina militar.

             Abundan pruebas que indican que los mandos superiores estaban involucrados en los crímenes, en muchos casos planificándolos y asegurando la colaboración entre diferentes unidades que incluían la Academia de Guerra, el cuartel Silva Palma, la base aeronaval de El Belloto, isla Riesco, Melinka y los buques Esmeralda, Lebu, y Maipo. Había un flujo constante, desde una instalación a otra, de detenidos y de información resultante de torturas e interrogatorios.

             Los interrogadores eran gente experta, procedentes de Inteligencia Naval, Infantería de Marina y de las fuerzas de seguridad. Sus métodos llegaron a extremos de bestialidad: en un caso bien documentado (Simulacro de Muerte, Califa 2005) los marinos de la Academia de Guerra obligaron a miembros de una misma familia a practicar actos de perversión sexual entre ellos.

             La Armada, además, creó un tejido de complicidades con otras instituciones. En el caso de la Iglesia Católica, el vicario general de la Diócesis, monseñor Jorge Bosagna, mantuvo estrecha relación con la Armada. Ocupó una “oficina” en el Lebu, buque de torturas amarrado a un molo en que se alineaban hileras de cuerpos de muertos y detenidos. Monseñor Bosagna facilitó información confidencial a los interrogadores, proveniente de los archivos de la Diócesis y estaba presente, él mismo, en al menos el interrogatorio de un sacerdote detenido (Chile. La memoria Prohibida, 1990). Tal grado de colaboración sólo sería posible por medio de acuerdos a alto nivel entre ambas instituciones.

            Los cuerpos de los ejecutados y de los detenidos desaparecidos que fueron asesinados por la Armada pasaron, por lo menos, por tres canales distintos. En cada caso, la responsabilidad institucional de la Armada es clara. Eran sistemáticos los atropellos a los derechos humanos y los altos mandos necesariamente estaban involucrados.

 

EJECUTADOS DEL HOSPITAL NAVAL

             Las personas que murieron en el Hospital Naval de Valparaíso tras ser detenidas, estaban registradas en el libro de guardia del hospital y por lo tanto, la Armada tuvo que recurrir a un proceso de falsificación de certificados de defunción y de inscripciones en el Registro Civil. Luego, procedió a la inhumación ilegal de los cuerpos.

            En los últimos meses se ha analizado el Registro Civil y se ha consultado con el Instituto Medico Legal de Valparaíso buscando referencias de personas cuya causa de muerte fuese “herida de bala”, o alguna otra causa que pudiera indicar una muerte violenta durante el período de tres meses entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de enero de 1974.

         Se encontraron 20 casos de esas características -18 identificados con nombres y apellidos y 2 (procedentes de Los Andes) que eran “desconocidos”-. El registro indica que los cuerpos fueron enviados al Instituto Medico Legal para ser autopsiados y en la mayoría de los casos se especifica que un juzgado civil autorizó su entierro, siendo obligatorios ambos trámites.

           En el caso de 10 de esos cuerpos, sin embargo, el actual director regional del Instituto Medico Legal, Dr. Gabriel Zamora Salinas, declaró que, revisados los registros tanatológicos, no habían sido sometidos a autopsia en el Instituto. Por lo tanto, las inscripciones en el Registro Civil con sus referencias al IML y a los juzgados civiles, eran ilegales. De esos 10 certificados falsos, 3 fueron firmados por el Dr. Mario Ibarra y 7 por el Dr. Carlos Costa Canessa. Este último, que no tenía vinculo alguno con el IML, era un pediatra y oficial de reserva de la Armada que ejercía en el Hospital Naval.

          Este proceso de falsificación supone que intervinieron miembros de Inteligencia Naval que, se ha comprobado, ocuparon cargos en el Registro Civil. Según el actual director regional, Omar Márquez, las autoridades militares mantuvieron su presencia en esa institución hasta el año 1990, primero con personal de la Armada y más tarde con agentes de la Dina y CNI.

            En el caso de uno de esos cuerpos, el del sacerdote anglo-chileno Miguel Woodward, se puede seguir los trazos de las acciones ilegales de la Armada desde su ingreso en el Hospital Naval hasta su inhumación. El padre Woodward, tras ser torturado, fue atendido por un médico naval, Kenneth Gleiser Joo y, por orden del jefe del Estado Mayor de la I Zona Naval, capitán Guillermo Aldoney Hanssen, trasladado desde el buque escuela Esmeralda el 22 de septiembre al Hospital Naval, donde llegó muerto.

         Consta en el expediente judicial 140.454 que en el Hospital Naval el Dr. Costa Canessa firmó el certificado de muerte de Miguel Woodward. Sin embargo, ese formulario había sido llenado anteriormente por un funcionario del hospital, sin que el Dr. Costa tuviera pruebas de la identidad del muerto. En el certificado, que indicaba que el cuerpo había sido encontrado en la vía pública, el Dr. Costa indicó que Woodward había muerto de un “TEC agudo cerrado con paro cardio-respiratorio” y que su cuerpo fue enviado al Instituto Médico Legal.

El Dr. Costa, en una declaración policial, reconoció que sabía que el procedimiento era ilegal y consultó al respecto a un fiscal naval de la I Zona. Este le dijo textualmente: “Mire usted, de los muertos no se va a enterar, cumpla sólo con lo que se ha ordenado”. Este fiscal fue identificado más tarde como Enrique Vicente Molina, hoy fiscal procurador del Consejo de Defensa del Estado en la V Región.

            El ex-vicario general monseñor Jorge Bosagna, dijo haberse enterado de la muerte de Miguel Woodward por un capellán y haber pedido que el cuerpo fuese entregado a las autoridades eclesiásticas. La Armada se negó. El 25 de septiembre, según el ex administrador del cementerio de Playa Ancha, llegaron en un vehículo naval dos funcionarios del Hospital Naval con un cuerpo envuelto en una sábana. Dijeron que se trataba de un “religioso inglés” y entregaron un certificado de muerte a nombre de Woodward. Su cuerpo fue enterrado en presencia del administrador y de los dos marinos en una sepultura dentro de lo que es hoy el “cuartel en tierra” número 13. El lugar no fue inscrito en el registro del cementerio, sino las palabras “fosa común”. Era un calificativo reservado a los muertos que no tenían nadie que cuidara de sus cuerpos.

 

 ENTIERROS CLANDESTINOS DE DETENIDOS DESAPARECIDOS

     En el caso de los detenidos desaparecidos que fueron asesinados, ocultar sus cuerpos resultó más fácil para la Armada. Mantenía un férreo control sobre la zona e indudablemente algunos cuerpos fueron enterrados en lugares eriazos o lanzados al mar: los dueños de las lanchas y pequeños barcos en la bahía fueron advertidos que no debían rescatar ningún cuerpo que encontraran flotando en el mar.

      El entonces capitán (hoy senador y ex-comandante en jefe) Jorge Arancibia Reyes, admitió en una declaración judicial que el 17 de septiembre de 1973 vio en el molo de abrigo de Valparaíso una hilera de civiles muertos (se calcula que fueron unos 20), sin denunciar el hecho. Esos muertos no constan en ningún registro oficial.

       Lo más expedito hubiera sido enterrarlos clandestinamente en el cementerio de Playa Ancha, ocupado por la Armada el mismo día del golpe. Tres testigos han dejado constancia en los últimos años que vieron a marinos descargando cuerpos desde vehículos navales y enterrándolos en ese cementerio.

      Un antiguo sepulturero dio testimonio judicial en enero de 2007: en dos ocasiones fue obligado a acompañar a marinos que descargaron cuerpos de sus vehículos en el cuartel 14 del cementerio. Con marinos apuntándoles con sus armas, el testigo y otros trabajadores enterraron seis personas en dos sepulturas, tres en cada una. Habían muerto por impactos de balas y uno todavía sangraba.

        No se ha llevado a cabo ningún intento de exhumación de esos cuerpos. Ocurre, sin embargo, que en enero y febrero de 2006, a unos 20 metros de distancia del sitio señalado por el testigo (todavía en el cuartel 14), durante unas excavaciones aparecieron las osamentas de unos 15 cuerpos sin identificar. Se apreciaba en dos de ellos impacto de bala craneal y se encontró una vainilla.

        La policía determinó que era de un calibre utilizado por las fuerzas armadas. Sin embargo, cuando los  peritajes forénsicos fueron realizados un año más tarde, ni la vainilla ni el Informe Balístico fueron enviados al Servicio Medico Legal.

 
LA ARMADA Y
LA DINA

             El ministro en visita que instruye el caso calle Conferencia sometió a proceso en enero y febrero de 2007 a numerosos agentes de la Dina por el secuestro y muerte del ex-secretario general del Partido Comunista, Víctor Díaz. Entre ellos, a cuatro agentes mujeres de la Armada que operaban con la Dina en la Brigada Lautaro: Celinda Aspeé Rojas, Teresa del Carmen Navarro Navarro, Berta Jiménez Escobar y Adriana Rivas González. También inculpó a cuatro suboficiales (r), entre ellos Marina Bernardo Daza y Sergio Escalona quienes dieron muerte a Víctor Díaz asfixiándolo con una bolsa de plástico. Las indagaciones del magistrado develaron la numerosa participación de agentes de la Marina en la Dina después de 1975, cuando esa institución sostiene que retiró a sus oficiales, suboficiales y cuadros permanentes de esa asociación ilícita criminal.

             Otro vinculo de la Armada y la Dina afloró en el proceso A-637 de Valparaíso. Se inició ante la justicia militar a comienzos de 1975 y fue sobreseído temporalmente (en parte) el 29 de marzo de 1976. La sentencia contiene referencias a denuncias emanadas de los servicios de seguridad de la Armada y a informes de los servicios de informaciones de Valparaíso. Entre las 109 personas cuyos nombres constan en el proceso como “inculpados en rebeldía” hay tres que meses más tarde alegadamente fueron encontrados muertos en Argentina, formando parte de las 119 víctimas de la Operación Colombo. Eran Mario Calderón Tapia, periodista, Carlos Gajardo Wolff, arquitecto, Alfredo de García Vega, profesor de la Universidad de Valparaíso.

             El proceso sirvió a la Armada, además, para camuflar otros casos de detenidos desaparecidos ya asesinados o destinados a ser asesinados. En cuanto a los primeros, incluían al padre Miguel Woodward. La Dina también aprovechó el proceso de la Armada para encubrir algunos de sus asesinatos. Entre los “inculpados en rebeldía” se encuentra el padre Antonio Llidó, asesinado por la Dina en 1974.

             La Nación del 12 de septiembre de 2004 asevera que, entre 1974 y 1975, marinos lanzaron en alta mar, frente a San Antonio, 50 a 100 detenidos desaparecidos desde el remolcador Kiwi, según un expediente judicial instruido en Santiago por el ministro Alejandro Solís. Eran prisioneros que habían sido sacados por la Dina en camiones frigoríficos del campo de Tejas Verdes, en San Antonio, y de los centros de tortura de Londres 38, Villa Gimaldi y José Domingo Cañas, en Santiago. Sus cuerpos fueron entregados a la Armada y lanzados al mar en una operación coordinada desde la gobernación marítima de San Antonio.

 
ENCUBRIMIENTO EN DEMOCRACIA

            No se puede culpar a los miembros de la Comisión Rettig por no identificar públicamente a los responsables de los crímenes: no tenían autorización para ello. Sin embargo, tenían la obligación de denunciar a la justicia a los responsables y eso tampoco lo hicieron. Permitieron, además, que un miembro de la Comisión, Gonzalo Vial Correa, actuara de forma desleal en connivencia con el entonces comandante en jefe de la Armada, almirante Jorge Martínez Busch.

             En el Archivo Rettig se ha encontrado un informe preparado por el abogado Pedro Aylwin Chiorrini, responsable del equipo investigador de la comisión en la V Región, que fue sometido a extensas manipulaciones antes de ser publicado en el Informe Rettig. Las anotaciones en el informe original, escritas a mano, fueron de la autoría de Vial Correa (ver PF 637).

           Con los años se ha ido extendiendo la evidencia del grave daño causado por estos encubrimientos. Se supo en 2006, por medio de Luis Bork, ex presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) en Valparaíso, que en 1986 ese organismo elaboró un balance de detenidos desaparecidos. Fueron identificadas 89 personas. Una copia del informe fue entregada a la Comisión Rettig en 1990. Las restantes copias fueron robadas desde la oficina de la CCHDH en Valparaíso. También fueron robados los archivos que incluían expedientes de casos que habían pasado por la Fiscalía y los Juzgados Navales. Entonces se sospechó que los responsables estaban vinculadas a la propia CCHDH. Hoy, conociendo la presencia en la comisión Rettig del Comisionado que traicionó su juramento, hay que formularse otra hipótesis.

            Las manipulaciones del informe de la Comisión Rettig y de su archivo crearon condiciones propicias para que la Armada pudiera seguir encubriendo sus crímenes. Algunos marinos han sido inculpados pero la Armada sigue sin privarles de sus privilegios, prebendas y honores. En cuanto a los demás imputados por la justicia o involucrados en casos bajo investigación, los altos mandos de la Armada insisten en que no pueden realizar investigaciones internas.

            La Armada insiste, además, en que ya ha facilitado toda información de relevancia a las investigaciones judiciales. Sin embargo, la entrega, el año 2006, de la bitácora de la Esmeralda, tras años de negar su existencia, representó un hito decisivo. Dejó claro que las bitácoras, tanto de los buques como de las instalaciones navales en tierra, a cargo de guardias sujetos a disciplina militar, dan fe de todas las personas que entraron y salieron de los sitios donde la Armada interrogaba y torturaba detenidos.

            Incluyen, por lo tanto, nombres de interrogadores “profesionales” (normalmente del Servicio de Inteligencia Naval, algunos formados en la Escuela de las Américas) y otros torturadores (entre ellos muchos infantes de Marina) miembros de otras ramas de las Fuerzas Armadas, y civiles (probablemente de Patria y Libertad u organizaciones afines). Habiendo determinado por este medio quiénes estaban presentes en los recintos de tortura, resultaría fácil, si la Armada quisiera, indagar detalles de cada uno por medio de su “hoja de vida” y por los registros de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, Capredena. En este caso habría que averiguar el pago de los sobresueldos que caracterizaba la pertenencia a los servicios de inteligencia.

           El encubrimiento ha continuado, obstruyendo a la justicia hasta nuestros días. En 2004 la ministra Gabriela Corti, que instruía entonces el caso de Miguel Woodward, citó a varios miembros de la dotación de la Esmeralda, cuyos nombres le habían sido facilitados por el secretario general de la Armada, almirante Cristián Millar. Antes que fuesen interrogados, las autoridades navales convocaron a aquellas personas, ya jubiladas, para acordar lo que debían testificar. Uno de ellos ha reconocido estas circunstancias judicialmente y ciertas frases han quedado registradas, de forma repetitiva en varias actas, referentes a que los detenidos en la Esmeralda estaban “en tránsito” a otras instalaciones navales, y que “el trato era estricto” pero sin apremios.

           Igualmente se ha sabido que el año 2004 la ministra en visita Gabriela Corti recibió a un almirante en servicio quien la convenció que, por cuestiones de imagen, no debía llevarse a cabo una reconstitución de escena en la Esmeralda, hasta que el buque regresara de su crucero anual. En definitiva, nunca se realizó. Este hecho fue denunciado, en enero 2006, por un familiar del padre Woodward al almirante Rodolfo Codina, actual comandante en jefe.

 
DESOBEDIENCIA LEGITIMA

            Los hechos descritos han sido denunciados, en parte o en su totalidad, en altos niveles del gobierno, incluyendo el Ministerio del Interior. En este caso se informó por carta en una primera instancia al ex subsecretario, Jorge Correa Sutil, que fue secretario general de la Comisión Rettig (y es hoy miembro del Tribunal Constitucional).

          Correa no contestó y las demás autoridades políticas se limitaron a decir que en democracia sólo la justicia debe actuar. Las denuncias a las autoridades judiciales para que se investiguen las osamentas encontradas en el cuartel 14 del cementerio de Playa Ancha no han dado resultados, ni la petición para que se busquen otros restos en ese lugar.

            En este proceso de encubrimiento la falta de reacción inicial probablemente reflejaba un temor a “desestabilizar” la flamante democracia en Chile. Pero fue prolongándose en el tiempo por cambiantes motivos. Finalmente, nadie se atrevió con los culpables o sus encubridores. Lo que algunos admitían en privado no lo repetían públicamente ni ante la justicia.

          Hoy son muchos los que sacrificando su propio honor siguen ocultando lo que pasó. Con su silencio condenan a muchas víctimas y a sus familiares a seguir sufriendo la injusticia. Por no desafiar la impunidad arriesgan que, en algún momento, si se repitieran las circunstancias, las Fuerzas Armadas volverían a asesinar.

        Los códigos militares modernos establecen una doble prohibición: las órdenes criminales no pueden ser dadas por ningún superior ni pueden ser cumplidas por ningún subordinado. Ello exigirá introducir modificaciones a los artículos 334 y 335 del Código de Justicia Militar chileno cuya esencia es que “el derecho a reclamar de los actos de un superior que conceden las leyes o reglamentos, no dispensa de la obediencia ni suspende el cumplimiento de una orden del servicio”.

            Siguiendo las recomendaciones del especialista y sociólogo militar Prudencio García (consultor de la ONU), debería suprimirse la vieja eximente de "obediencia debida", imponiendo el deber de desobediencia legítima a las órdenes criminales, y castigando al subordinado que comete crímenes obedeciendo aquellas órdenes criminales que esté militarmente obligado a desobedecer. También debería imponerse a los mandos la obligación de impedir, denunciar, investigar y sancionar las acciones que sean imputables a sus subordinados, so pena de incurrir ellos mismos en responsabilidad criminal.

            Es revelador del actual panorama político chileno que las únicas modificaciones al CJM que están en estudio se refieran a cuestiones de competencia (limitándola a la esfera militar) y de autonomía (de los jueces militares). De normativas para obligar a los militares a asumir sus responsabilidades, no se habla.

          Si el gobierno chileno no pone su casa en orden, deberían asumir esa responsabilidad los países que suministran armamentos a Chile. En la mayoría de ellos -Francia, Holanda, Reino Unido, Estados Unidos, España- los códigos de justicia militar imponen a los militares claras obligaciones éticas. Si la venta de sus armas fuese limitada a los países que comparten los ideales democráticos, contribuirían a asegurar que la historia no se repita

 
FRED BENNETTS (*)

(*) Licenciado en historia por la Universidad de Oxford. Ha trabajado como consultor para la ONU y los gobiernos del Reino Unido, España y Portugal. Su esposa, Patricia, hermana del padre Miguel Woodward asesinado en la Esmeralda, colabora con Amnistía Internacional.

 

19/05/2007 04:10 inverecundos Enlace permanente. Cómplices de inverecundos No hay comentarios. Comentar.


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